¿Más segura “la guerra del centavo”?

15 vehículos del SITP se accidentan Diariamente en Bogotá El Representante Carlos Eduardo Guevara del Movimiento Político MIRA, reveló que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, en 2015 se accidentaron 5.364 vehículos del SITP con 9.567 buses vinculados, es decir, el 56% de la flota.

“Podemos concluir que diariamente se accidentan 15 vehículos del SITP en Bogotá, siendo la cifra más alta por accidentalidad en Bogotá, lo que refleja que el servicio que presta el SITP, no es tan seguro como se dijo en el momento de su implementación. Más alarmante aún son los accidentes que sufrieron los articulados de Transmilenio, TM, pues de los 1.993 vehículos que circulan en la ciudad con carril preferencial y exclusivo, cerca del 30% se accidentaron en 2015. El servicio anterior, conocido como “la guerra del centavo”, del que circulan 7.751 vehículos en la ciudad, registró un número mucho menor, con el 32% de accidentes en 2015, correspondiente a 2.442 accidentes, es decir casi la mitad de los buses del SITP”, aseguró el Representante de MIRA.

“Respeto en la convivencia de los Colombianos”

Con el nuevo Código de Policía, cambia la historia del tema policial y la armonía de los ciudadanos en el país, Representante Telésforo Pedraza. El Representante por Bogotá, Telésforo Pedraza O., expresó su satisfacción con la aprobación en la tarde de hoy del proyecto por la cual se expide el nuevo de Código Nacional de Policía y Convivencia, “con esta ley se va cambiar la historia frente al tema policial y la armonía de los ciudadanos en el país. La Policía a partir de ahora tendrá todos los instrumentos legales y jurídicos para resolver las conductas que se presentan a diario, esta actualización del Código era necesaria y urgente, los colombianos estaban exigiendo una reforma que no se realizaba desde el año 1970, expreso el Congresista Conservador y ponente de la iniciativa.

Con este proyecto de ley 256 de 2016 Cámara- 099 de 2014 Senado, se solucionarán problemas como el ruido en las viviendas, los colados en TransMilenio, protección de los niños en lugares donde se consuman bebidas alcohólicas y tabaco, las asonadas, robo de celulares, la minería ilegal, en fin son muchas las conductas que se reglamentan, añadió Pedraza. “Se tendrá prevención, educación y protección de los derechos fundamentales con este nuevo código, la Policía Nacional deberá mostrar los resultados en la aplicación con los nuevos procedimientos en las faltas leves y graves que beneficiarían a todos los ciudadanos, concluyó el Parlamentario de la Comisión Primera de Cámara.

Senadora Nohora Tovar denuncia reclutamiento de menores por parte de las Farc en el Guaviare

El 1º de septiembre del año 2014 en la vereda Bella Vista de San José del Guaviare, el frente séptimo de las Farc reclutó a Yulmer Gemay Gómez González de apenas 14 años de edad. El pasado 28 de mayo cumplió 16 años en manos de este grupo terrorista. Su madre, la señora María Eugenia González quién llena de dolor e impotencia nos permitió conocer el caso de su hijo Yulmer, hoy pide al grupo de las Farc su pronta liberación.

Ante el tercer anuncio por parte de los negociadores de no reclutar y entregar menores, las familias tienen la ilusión de recibir a sus hijos que hoy están en poder de las Farc contra su voluntad. “Las Farc han utilizado el reclutamiento ilegal como arma de guerra en una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, el mismo que hoy usan como herramienta para blindar jurídicamente mediante la figura de acuerdo especial”, puntualizó la senadora Nohora Tovar del Centro Democrático. Finalmente, Tovar exigió a las Farc la entrega de todos los menores reclutados y en especial la entrega de Yulmer Gómez a su familia. “El país ha sido paciente con una negociación que inició en una fase pública desde el mes de febrero de 2012, por eso espera y merece un gesto real y contundente que indique que no estamos sometidos a una burla”.

Estamos concentrados en los proyectos, no en los insultos como forma "pobre" de hacer política’: senador Alfredo Rangel

Durante la exposición del Informe de Ponencia primer debate sobre sanciones a congresistas, el senador Alfredo Rangel enfatizó que el Centro Democrático presenta la iniciativa para que se castigue monetariamente a quienes no asistan a las sesiones, porque hay múltiples actividades dentro de ellas como presentación de constancias, presentación de proyectos de ley, control político, etc.

En medio de su intervención explicó a los televidentes una de las modalidades de participación que la democracia occidental contempla, como retirarse de una sesión cuando no se está de acuerdo con lo que se está votando o cuando no se quiere que se apruebe un determinado proyecto que se considere lesivo para los intereses del país, de la institucionalidad y la democracia. “Entonces, el hecho de que uno se salga cuando se va a votar, no significa robarse el sueldo. En principio es una estupidez seguir con esas frases demagógicas. Reiterar esa estupidez como si los colombianos fueran estúpidos me parece algo denigrante para el nivel de intelectualidad que debería primar en estas sesiones”, señaló el senador Rangel. Agregó, en presencia de la senadora Claudia López del Partido Verde, que hay personas que han hecho del insulto, de la infamia, de la calumnia y del escándalo una forma de hacer política. “Nosotros no nos vamos a rebajar a eso. Allá ellos o allá ella. Nosotros no estamos concentrados en los escándalos ni en los insultos sino en los proyectos”. Sostuvo el senador Rangel que la bancada del Centro Democrático ha presentado decenas de proyectos de ley sobre mucho temas: sociales, económicos, políticos, de justicia, etc. “Es una bancada reconocida como la más puntual, la más laboriosa, la más disciplinada del país”. Insistió Rangel que el Centro Democrático tiene ocupaciones serias, no está armando escándalos, ni se la pasa rebajando a nadie. “No estamos para insultos ni para arrebatos simplemente en una actitud tranquila decimos lo que tenemos que decir al pueblo colombiano sin rebajarnos a esos niveles de irrespeto”. El senador Rangel retomó el tema del Informe expresando que el Partido insistirá en el proyecto de ley en el que se endurecen las sanciones para los congresistas inasistentes, porque considera necesario establecer mayor rigor en la asistencia al comienzo y al final de las sesiones. “Consideramos que debe hacerse efectiva la sanción monetaria que hay en la ley pero que nunca se cumple. Pasando por encima de cualquier insulto y cualquier señalamiento, el Centro Democrático cree que lo fundamental, lo principal es que se le envíe un mensaje a la opinión pública de que el Congreso quiere y puede mejorar”.

Un canto grande de paz cambió el ritmo de la Plenaria del Senado

Al recibir la condecoración del Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, Leonor Gonzalez Mina, la Negra Grande de Colombia, cantó a capela con un mensaje de paz para que “los niños puedan dormir en sus cunas sonriendo de amor”. Bogotá, D.C, junio 7 de 2016 (Prensa-Senado).- La Plenaria del Senado de la República vibró este martes 7 de junio con el canto a capela de no más a la “maldita violencia” en la voz de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, quien rompió la rutina de los debates, constancias y proposiciones, en el pleno de la corporación, con un canto que reclama el dolor de la violencia y solicita “que reine la paz”.

Al recibir la condecoración del senado por parte del presidente del Congreso Luis Fernando Velasco, La Negra Grande de Colombia, no sólo agradeció dicho reconocimiento por su trayectoria artística, cultural y labor social en beneficio del país, sino que sorprendió a la audiencia al interpretar la canción Violencia de Gabriel Romero, lo que conmovió a los senadores, asistentes y televidentes, porque nunca fue más pertinente esa suplica a la violencia como en este momento, donde Colombia construye su camino a la reconciliación nacional. La interpretación de la Negra Grande llenó de emoción el recinto del Senado, donde las mayorías apoyan el proceso de paz, liderado por el Presidente Juan Manuel Santos; se pusieron de pie y aplaudieron con optimismo y entusiasmo el mensaje del canto: “violencia por qué no permites que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor”. El Presidente del Congreso Luis Fernando Velasco, al exaltar la obra de Leonor González Mina resaltó que: “desde muy pequeños oír hablar de la Negra Grande, ha sido algo muy especial para los colombianos, por lo que usted significa. Usted no sólo representa el folclor de nuestro país, sino la capacidad que tuvo para vencer prejuicios y llegar con su talento desde muy temprano, cuando salió de su casa natal en Jamundí y sin pedir permiso, recorriendo el mundo y llevando la voz de los que se hicieron escuchar con su arte: los negros del pacifico y de toda Colombia”. Agregó Velasco que “no se pudo conseguir un afrodescendiente para que fuera embajador en algún lugar del mundo y por ello usted ha sido nuestra afrodescendiente embajadora. Negra Grande, gracias por hacer grande a este país”. Después del canto a la no violencia, la homenajeada, la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina, rompió los aplausos y se despidió diciendo que seguirá luchando “como lo he hecho porque esta es Colombia, somos seres que sentimos, vivimos y que nos queremos, hemos tenido problemas, pero seguimos luchando por unirnos y hacer que Colombia sea más grande que nunca”.

Hipocresía tributaria José Roberto Acosta.

La aparición de sociedades en Panamá que involucran a Darío Arizmendi y a otros directores de noticias, así como a exministros de Hacienda como Carrasquilla y Echeverry, constituye un grave precedente difícil de digerir éticamente en una coyuntura como la actual, en la que se busca justificar una dizque “inevitable” reforma tributaria “estructural”, pero que ellos saben terminará reducida al aumento del IVA y a su ampliación a bienes de primera necesidad, mientras que la elusión y evasión fiscal en paraísos fiscales no es atacada para recoger los impuestos necesarios para cubrir el hueco fiscal. Aunque les cabe el beneficio de la duda, justificar esas sociedades por cuestiones de seguridad es ocultar que el esquema de protección de estas personalidades públicas es pagado con los impuestos de los colombianos, o decir que es por los engorrosos trámites en Colombia es ignorar que para dar vida jurídica a esas entelequias en Panamá también exigen de muchos trámites para darles una fachada funcional con extraños propósitos, esos sí no muy fáciles de explicar.

Decir que lo clave no es quién tiene sociedades en Panamá sino quién evadió impuestos es otro distractor, pues si la DIAN decidiera investigarlos lo más probable es que cualquier implicado en evasión se allane a reconocer rápidamente sus pecados, pague las multas correspondientes y se acoja de inmediato al beneficio de reserva tributaria, con lo que nunca se conocerían sus entuertos fiscales. El silencio de los medios en este tema es sospechoso, pero también es prueba irrefutable de que lo que nos informan es lo que conviene a los intereses privados que representan y no a los intereses públicos que dicen defender. Un “sistema radial acusatorio” parcializado que nos recuerda a Marat y a Robespierre, ese sí incorruptible, pero ambientado con humoristas funcionales, mientras la guillotina mediática parcializada cae a gusto de la pauta publicitaria, salpicando con la víctima de turno a un pueblo ignorante que aplaude entre chiste y rechifla, sin darse cuenta de que le sacan del bolsillo más impuestos bajo el argumento falso de que no hay alternativa distinta, mientras los verdugos sí tuvieron alternativa y posibilidad de decidir entre registrar sus negocios en un paraíso fiscal o hacerlo en el país que los escucha diariamente o los nombra en altos cargos públicos.

Los propósitos inconfesables de la ley de licores Jorge Enrique Robledo

Es difícil encontrar un proyecto de ley sobre las industrias licoreras peor que el que hace trámite en el Congreso. Porque no apunta a mejorar su operación ni a aumentar los ingresos de los departamentos ni a perseguir el enorme contrabando de licores que carcome al país, sino a violar la Constitución para mejorarles el negocio a las trasnacionales productoras de trago, todo tan presionado desde la Casa de Nariño que lograron que gobernadores pasaran de rechazar el proyecto a respaldarlo y que ahora su trámite se mueva de afán. Explica una publicación pagada por Acodil, la vocera de Diageo y Pernod Ricard, las mayores trasnacionales de licores del mundo: “Con la eliminación del monopolio sobre la introducción y ventas de alcohol (…) las empresas importadoras de licores destilados tendrían un mayor acceso a todo el mercado nacional, lo que les permitirá ofrecer sus productos a menores precios, aumentando sus ganancias y su participación en la torta”. Queda en ridículo quien diga que el objetivo de la ley es servirle al interés de los departamentos y del país. Y el aumento del consumo en Colombia de licores europeos y norteamericanos, por norma con mayores grados de alcohol que los nacionales, además agravará los problemas de salud pública, porque a más alcohol en el trago, más estragos en el organismo, daños que pagaremos los colombianos y no los gobiernos ni los negociantes extranjeros.

El gobierno justifica el proyecto aduciendo que es una exigencia de los TLC. Pero es falso. Porque los artículos 13.5 y 13.6 del acuerdo con Estados Unidos y del Capítulo I, Título III del pactado con la Unión Europea autorizan el monopolio rentístico que establece el artículo 336 de la Constitución de Colombia. Cuando de milagro en un TLC se les pasa algo favorable a Colombia, se desviven por eliminarlo, en este caso siguiendo las exigencias de la OCDE, el nuevo centro de poder global de gringos y europeos al que Santos le está aceptando este, más otros cambios en las normas colombianas que ni siquiera pasan por el Congreso. Como Santos y Mauricio Cárdenas no se atreven a proponer que se modifique la Constitución para acabar con el monopolio rentístico, que es lo que desean, lo hacen por la puerta de atrás, mediante esta ley de evidente inconstitucionalidad. Y ello, además, por la confusión normativa que crean para ocultarlo, estimulará la corrupción entre gobernadores y diputados, quienes quedan con la facultad, ilegal, de destruir el monopolio que tienen el deber de defender. Uno de los aspectos más repudiables es que el proyecto no contempla nada contra el contrabando de licores, que tiene tomado 1,76 billones de pesos del mercado nacional y que aumentará, una vez sea aprobada la ley. A esto hay que sumarle que en 2012 el gobierno nacional retiró de una corte en Nueva York una demanda suya y de las gobernaciones contra Diageo (Johnnie Walker, Buchanan’s, Smirnoff, Tanqueray y Zacapa) y Pernod Ricard (Chivas Reagal, Beefeater y Absolut), interpuesta porque, según los departamentos, estas “conspiraron con contrabandistas para lavar dinero y timar las rentas colombianas” (http://bit.ly/1gz3b6A). Si la ley en debate obliga a marcar en la planta de producción cada botella de licor nacional que se venda en San Andrés, para impedir que se reintroduzca ilegalmente al país, ¿por qué, para combatir el contrabando, no le exige lo mismo al trago extranjero? Que estas medidas son de gran interés para Santos también se demuestra porque intentó aprobarlas como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana y como mico en el Plan de Desarrollo. Y con otros hechos bochornosos: el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, fue hasta hace poco el representante legal de Acodil –¿ya se declaró impedido?–, la vocera de las trasnacionales de los licores. E-Concept, la firma que produjo el texto al servicio de Acodil le pertenece a Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Y lo redactó Mauricio Santa María, quien fuera ministro de Salud de Santos. ¿Un exministro de Salud promoviendo el aumento del consumo de licores más dañinos? Qué combito. El cuento de que a los departamentos y a Colombia les va a ir mejor porque aumentarán sus ingresos por mayores impuestos no pasa de ser la carnada que oculta el anzuelo de los intereses de los extranjeros y de sus intermediarios. Que no echen cuentos con cifras que no pueden demostrar y que seguramente resultarán al revés de lo que dicen, mientras que las pérdidas para el país las reconocen ellos mismos. Gobernadores y diputados, en vez rendirse ante el cabildeo de las trasnacionales y las presiones de ese dispensador de mermelada en el que terminó convertido el ministro de Hacienda, deberían unirse con sus ciudadanos, a los que dicen representar, y, con dignidad, decirle no a una ley que nada bueno le dejará al interés departamental y al nacional.

En Brasil, “vuelo ciego hacia la guerra civil”

Leonardo Boff, el prominente teólogo de la liberación, describe la crisis que atraviesa hoy su país, Brasil, como “un vuelo ciego”. Califica la destitución temporal de la presidenta Dilma Rousseff no como un simple proceso de desafuero, sino directamente como un “un doble golpe de Estado: parlamentario y policiaco”. Y externa su temor a que esta fractura del sistema democrático pueda desembocar en “una especie de guerra civil”. Explica: “Hay grupos radicalizados entre los movimientos de los Sin Tierra y Sin Techo, que se sienten humillados y pueden pasar a la violencia armada. Y eso está en la lógica de Estados Unidos, generar esa violencia, introducir los grupos de acción que rompen ventanas de bancos, de tiendas. Y luego entra la policía con violencia extrema. Esas son tácticas que ya han usado en el pasado”. En Brasil, sostiene Boff, se ha puesto en evidencia algo que hasta hace poco no estaba tan claro: en el gigante sudamericano “se libra una verdadera lucha de clases, donde la clase privilegiada no acepta a los negros, a los mulatos, a los pobres”. Donde, para lograr su exclusión definitiva, era preciso “destruir el carisma de Lula da Silva y cerrar el paso para su regreso a la presidencia”. En esta lucha, se enfrenta un gobierno de facto, integrado exclusivamente por viejos conservadores representantes de los grandes corporativos; un impopular presidente interino (Michel Temer, 3% de aceptación en las encuestas) dispuesto a desmontar los logros sociales construidos durante 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y un mosaico de movimientos populares articulados en resistencia. Como muchos otros intelectuales y activistas brasileños hoy en día, Leonardo Boff deposita toda su esperanza en que la solución a la actual crisis “vendrá de la calle”. Porque, subraya, no hay un solo día en que no salgan en las principales ciudades miles y miles de manifestantes para protestar y reclamar la restitución de la presidenta Dilma Rousseff. “Hay potencial. Brasil es el país con mayor número de organizaciones populares, y todas están articuladas en una gran base social. Pueden parar el país de un día a otro. Por eso es que es muy difícil para la derecha gobernar Brasil. Los grupos poderosos le tienen pavor a esas organizaciones”, asegura el ex sacerdote, quien hace 30 años fue sometido a un juicio canónigo en el Vaticano por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, luego papa Benedicto XVI, quien lo “condenó al silencio” por sus avanzadas posturas en el camino de la teología de la liberación. Es decir, en los años 80 se le prohibió enseñar, predicar, escribir y hablar en público. Eso lo orilló a renunciar al sacerdocio y a su congregación, los Franciscanos Menores. En la vida laica desde entonces, dedicado a la enseñanza de ética y filosofía e impulsor de la teología ecológica, Boff hace una pausa en una intensa gira de trabajo por México para conceder una entrevista a La Jornada. Decide hablar sólo de Brasil. La mano de EEUU –Fue muy elocuente la primera fotografía del gabinete del presidente golpista Michel Temer: ni un negro ni una mujer ni un joven. Cero cultura, cero derechos humanos. ¿Qué vio usted ahí? –Estamos en presencia del ascenso de las derechas, no sólo en Brasil, sino en todo el mundo. Hay razones internas, externas y geopolíticas. Pero, sobre todo, no podemos dejar de ver ahí la mano de Estados Unidos. Sabemos que la CIA, los organismos de seguridad y cientos de ONG financiadas por ellos acompañan a las fuerzas golpistas. Washington eligió Brasil porque es el eslabón más débil de los Brics (el bloque de potencias en ascenso integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). “Estos estados hacen todas sus transacciones con sus monedas nacionales, sin pasar por el dólar. Para Washington esto es inadmisible. El Pentágono tiene un lema: un mundo, un poder. Desde esa visión no se puede permitir que Brasil, que tiene la séptima economía del mundo, siga un camino propio, no alineado. Ya lo dijo Noam Chomsky, quien definió la situación actual como una nueva confrontación entre Estados Unidos y China, que está penetrando enormemente en América Latina. Brasil, que es un país-continente, es ahora el territorio de esa confrontación”. Odio y desigualdad La decisión de los sectores y partidos de derecha de ejecutar el golpe parlamentario contra Rousseff, analiza Boff, se alimenta de un profundo odio de clase y transcurre en un trasfondo de profunda inequidad. Brasil, recuerda el teólogo, es uno de los países con mayor tasa de acumulación de riquezas. Según el Banco Mundial, registra la más alta acumulación en las clases más altas, 0,05%, cuando en Estados Unidos, también muy inequitativo, constituye 1%. “Esos ricos nunca aceptaron a un presidente obrero ni a una presidenta mujer. Pero reaccionan ahora, cuando se han dado cuenta de que, debido a las políticas sociales que en los pasados 13 años sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza, ellos nunca iban a recuperar el poder por la vía electoral. No tienen un solo líder con el carisma que pueda superar a Lula”. Boff habla largamente y con admiración de los programas sociales de los gobiernos petistas. Pero, acota, también cometieron errores: “Perdieron la conexión con las bases, con el movimiento popular. Se dejaron enredar por el poder”. De la política popular a la política palaciega –¿No es un error frecuente en las izquierdas que han gobernado en América Latina? –Lo es. Y es muy grave cuando se distancian del pueblo, porque las bases son las que educan a los políticos. Y cuando éstos se dedican únicamente a la política palaciega, entonces todo ese compromiso se pierde de vista. Eso ocurrió, desgraciadamente. La gran bandera del PT era la ética. “Otro error fue que el gobierno hizo de esas masas grandes consumidores: más de 36 millones entraron a la sociedad de consumo. Pero no son ciudadanos. Faltó el momento de educación, de prepararlos al pensamiento crítico, a la conciencia de la desigualdad. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Aun con toda su riqueza, es un país de pobres; África es mucho más pobre, pero menos desigual. Con 62% de población de color, es el país negro más grande del mundo después de Nigeria. “Desigualdad implica injusticia, negación de derechos, pobreza de la mayoría. En suma, una democracia deficitaria, como la define Boaventura de Sousa”. –¿Qué tipo de gobierno se puede esperar de esta clase privilegiada que usted describe? –Por lo pronto, el interino Temer emprendió una política de ajuste tajante. Redujo el salario mínimo –que Lula consiguió aumentar a niveles decorosos–, porque el empresariado lo consideró “demasiado alto”. Elevó la edad de la jubilación de 65 a 75 años. Ocurre que en el nordeste, la región más pobre del país, la expectativa de vida es de 63 años. Abolió las leyes de protección a los trabajadores, que vienen desde los años de Getulio Vargas, para que los patrones puedan negociar directamente los contratos colectivos sin pasar por los sindicatos. Cerró uno de los mejores proyectos sociales, Mi casa mi vida, que permitía a los trabajadores tener una vivienda propia. Suspendió el sistema universal de salud pública, que va a ser “revisado” para permitir su privatización. “Ante esto hay una reacción de inconformidad muy fuerte. Todos los días, en alguna ciudad y otra, hay protestas. Por todo esto, a mi juicio, en los dos próximos meses, cuando mucho, el golpe será revertido: o se anula todo el proceso o sin más se restituye a Dilma al poder”. Añade: “El contraste entre ella y Temer no puede ser mayor. A donde quiera que ella vaya, la gente la aclama, la arropa. En cambio, su ex vicepresidente sólo puede salir de su casa en helicóptero”. La autocrítica –Los grandes medios de comunicación no dan esa impresión… –Son sus grandes aliados. Hay que entender que en Brasil la verdadera oposición no viene de los partidos políticos, sino de los tres principales grupos mediáticos, que son un verdadero poder. O Globo, de la familia Marinho, que tiene la televisora, la radio, el periódico y el medio digital más grandes del país. Folha de Sao Paulo, muy fuerte en prensa, Internet y radio, y O Estado de Sao Paulo, tradicional conservador. Y dos semanarios, Isto E y Veja, una revista que trabaja directamente con la deformación y la mentira. –A diferencia de otros gobiernos populares sudamericanos, Lula nunca quiso reformar la ley de medios… –Y fue uno de sus grandes errores… porque podía hacerlo, tenía el poder y el carisma. No hizo ninguna de las grandes reformas que el pueblo reclama: la de medios, la política, la fiscal y la reforma agraria. Lo suyo fue buscar el equilibrio, la reconciliación de clases. Eso funcionó mientras lo ricos veían que los proyectos sociales no afectaban en nada su estilo de acumulación. Pero cuando se dieron cuenta de que la popularidad de Lula y la articulación con la base social les iba a impedir a ellos volver al poder central, concluyeron que era necesario cortarle el camino. “Ahora Lula ha hecho la autocrítica. Y sigue en campaña. Estoy seguro de que sobre estos grandes pendientes él ha reflexionado mucho últimamente”. Por. Blanche Petrich Por.

El Gobierno sigue incumpliendo al movimiento agrario

La incertidumbre para los manifestantes que participan en el paro nacional agrario sigue creciendo. En este domingo, el Gobierno de Juan Manuel Santos demostró la poca seriedad que le está poniendo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. El sábado, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; de su colega de Agricultura, Aurelio Iragorri; y del alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo; se comprometió a disminuir las tensiones en el Cauca, apartando un poco de los lugares de concentración popular al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) y el Ejército. Esto, según el vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas (Anzorc), no se cumplió, pues este domingo, según él, se han estado presentando enfrentamientos entre el Esmad y manifestantes en el municipio de Cajibío, a la altura del sitio conocido como El Túnel.

Jerez asegura que la Defensoría del Pueblo tampoco ha hecho presencia en la región, por lo que no se ha podido avanzar en los preparativos para instalar la mesa única de diálogo. Jerez desvirtuó algunas versiones de la prensa masiva e insistió en que “la Cumbre está unida, es de carácter nacional. Tiene 80 puntos de movilización y mantiene cuatro bloqueos en el país: Carretera Panamericana, dos en Chocó y uno en Bolívar”. Finalmente hizo un llamado a la sociedad colombiana para estar de lado de las comunidades que hoy están movilizadas, porque de lo que se trata es defender la soberanía del país.

Anulada elección de la gobernadora de La Guajira

Hernán Durango La elección de Pinto fue demandada por haber violado el régimen de inhabilidades al inscribirse como candidata a la gobernación de La Guajira 11 meses después de haber renunciado a la alcaldía de Albania. El Consejo de Estado anuló la tarde de este martes la elección de Oneida Pinto como gobernadora de La Guajira luego de que fuera demandada por violación al régimen de inhabilidades. Pinto inscribió su candidatura a la Gobernación de La Guajira 11 meses después de que renunciara de la alcaldía de Albania.

La gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, es aliada política del ex gobernador Kico Gómez, preso en la cárcel La Picota. Pinto fue elegida como ficha clave del partido Cambio Radical y del charismo, fuerzas de la politiquería en la Costa Caribe. Según el texto del fallo del Consejo de Estado, Oneida Pinto, quien había sido elegida alcaldesa del municipio de Albania el 30 de octubre de 2011 para el período 2012-2015, renunció al cargo el 21 de julio de 2014. Según el reporte del diario El Heraldo, Pinto se inscribió luego el 15 de junio de 2015 como candidata a la Gobernación de La Guajira para el período 2016-2019 con el aval del partido Cambio Radical. Es decir, la actual gobernadora de La Guajira habría violado el régimen de inhabilidades que establece que un alcalde no puede inscribirse para otro cargo de elección popular durante los años que comprende el periodo para el que fue elegido. De igual forma, la ley establece una incompatibilidad de 24 meses con respecto a la nueva inscripción. “No he sido notificada del fallo aún, pero seré respetuosa de la ley”, dijo Oneida Pinto a El Heraldo minutos después de que se conociera la noticia. Pinto se encontraba atendiendo la crisis por el bloqueo de vías por parte de los camioneros en el sur de La Guajira. A mediados de mayo la Procuraduría había solicitado al Consejo de Estado que dejara en firme la elección de Pinto.

Bogotá aún puede derrotar la privatización de ETB, su empresa de telecomunicaciones.

H.C. Manuel José Sarmiento Contrariando argumentos técnicos; distintas leyes; las advertencias de la Contraloría Distrital y pasando por encima del Consejo Territorial de Planeación y de los reclamos de miles de ciudadanos y trabajadores, en un procedimiento antidemocrático en las sesiones de Comisión y plenarias respectivas y mediante argucias, que han sido puestas en conocimiento ante la Fiscalía, los concejales santistas, uribistas y vargalleristas, aprobaron la autorización al proyecto de venta de la ETB presentado por Enrique Peñalosa.

Veamos. De manera ilegal, Peñalosa incluyó la privatización de ETB en el Plan de Desarrollo, astucia calculada para evadir el debate democrático. Y a pesar de ello, en apenas un mes quedaron en evidencia las mentiras con las que el Alcalde y el Presidente de la Empresa, Jorge Castellanos, justificaron el despropósito de entregarle el patrimonio público de la ciudad a alguna compañía trasnacional (http://bit.ly/1OavP5E). Se demostró que ETB no son “los zapatos viejos de Bogotá”, que es un conglomerado de comunicaciones , construido por más de 130 años, que cuenta , entre otras, con la red de fibra óptica más moderna del país, que presta servicios muy superiores a los de la competencia como Claro. El debate probó el enorme potencial de ETB, que incluye también una poderosa red de cobre y otros negocios TIC, tanto que un estudio de la Universidad EAFIT calcula que en los próximos años el retorno sobre la inversión podría ser hasta del 18%. Peñalosa y Castellanos, ya en apuros en la discusión, empezaron a propalar que ETB no tenía el músculo financiero para aprovecharlo, por lo que la única opción era privatizar. Dicha tesis también fue desmentida por la propia Contraloría Distrital cuando, mediante comunicado oficial y en carta al Alcalde, señaló que la propuesta de la administración “no cuenta con el correspondiente estudio técnico” (http://bit.ly/1PutaEf). Un banquero de inversión, consultado por el portal La Silla Vacía, afirmó que el informe de Castellanos “debió ser hecho a la carrera, con un montón de información fusilada y no pertinente al comienzo, y sin otro montón de información sectorial que hubiera sido interesante. El diagnóstico técnico es superficial” (http://bit.ly/1WwSnjH). La privatización de ETB, autorizada con este cúmulo de atropellos e ilícitos, puede ser derrotada. Hay que ampliar las ejemplares movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas que incluyeron cacerolazos, marchas y plantones de más de 12 horas en el Concejo de Bogotá. En todas partes se deben conformar Comités en Defensa de ETB para vincular a todas las personas interesadas en contender contra este abuso. Si se incrementa el nivel de organización y de la protesta pública y pacífica, se puede evitar el regalo del patrimonio público que Peñalosa quiere darles a inversionistas extranjeros. A estas tareas se deben sumar las acciones jurídicas. El afán del Alcalde y el de sus mayorías en el Concejo los llevaron, como se avisó, a violar la Ley para autorizar la venta. Peñalosa vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana, pues al Consejo Territorial de Planeación Distrital le entregó un anteproyecto que no incluía la privatización de ETB, lo que impidió que la sociedad civil se pronunciara sobre esta propuesta (http://bit.ly/1RtIHOS). El mandatario incurrió en una falsa motivación, pues la autorización de la venta no tiene un sustento técnico y, además, violó los principios de legalidad y de unidad de materia debido a que la enajenación de acciones no podía meterse como un orangután en el Plan de Desarrollo. La historia enseña que en 1998 el Concejo le dio una autorización a Peñalosa para que vendiera la ETB, pero la movilización social y las acciones jurídicas se lo impidieron. Esta generación puede repetir esa acción, para ello, la lucha civil y democrática, que debe ser liderada por los trabajadores de la empresa y que cuenta con el decidido respaldo del Polo Democrático Alternativo y de otros partidos y colectividades, puede darle de nuevo otra lección de democracia y patriotismo a Peñalosa. Coletilla: Respaldo el rechazo del Polo a la conducta de Venus Albeiro Silva (http://bit.ly/25HE4dK), quien terminó salvando el plan neoliberal de Peñalosa. Además, el gobierno distrital debe explicar los gravísimos hechos expuestos por Aurelio Suárez en la denuncia penal que radicó en la Fiscalía (http://bit.ly/1PAtNMu).

Resultados de la Administración de Peñaloza en Bogotá.

Esta es la estrategia para apoyar el campo de Enrique Peñaloza.