En los Países Bajos, un país que presume de su liberalismo,
una propuesta para legalizar el suicidio asistido de ancianos con buena salud
pero que sientan que ya han vivido lo suficiente ha desatado una tormenta ética
en algunos círculos. En 2001, los Países Bajos se convirtieron en el primer
país del mundo en legalizar la eutanasia para pacientes que sufrían gran dolor
y no tenían posibilidades de cura.
Ahora algunos críticos sostienen que el país ha ido
demasiado lejos con una propuesta de ley que permitiría a personas que no
sufren ningún padecimiento médico buscar el suicidio asistido si sienten que
“ya terminaron de vivir”. Quienes proponen la ley argumentan que limitar la
eutanasia a los pacientes con enfermedades terminales ya no es suficiente, y
que los ancianos tienen derecho a terminar su vida con dignidad y cuando lo
elijan.
Edith Schippers, la ministra de salud, leyó una carta ante
el parlamento de los Países Bajos la semana pasada en la que defiende la
medida. Es necesario, afirmó, atender las necesidades de “los ancianos que
carecen de la posibilidad de continuar su vida de manera significativa, que
luchan con la pérdida de su independencia y una movilidad reducida, y que se
sienten solos, en parte por la pérdida de seres queridos, y que cargan con el
peso de una fatiga generalizada, su deterioro y la pérdida de su dignidad
personal”.
Mientras que el suicidio asistido por el Estado es muy
controvertido en muchos países, la práctica ha ganado una gran aceptación en
los Países Bajos. En 2015, la eutanasia fue la causa de 5516 muertes, o casi el
4 por ciento de todas las muertes en el país, según una agencia gubernamental.
Sin embargo, hay quienes se oponen y afirman que esta última
propuesta amenaza con llevar al país hacia una peligrosa pendiente ética y
moral. Señalan que la propuesta ni siquiera especifica la edad mínima a la que
podría aplicarse la ley.
Algunos grupos cristianos también se manifestaron
fuertemente contra la propuesta de ley, pues afirman que promovería lo que
llamaron asesinato sancionado por el Estado.
“El mito es que se trata de una decisión meramente personal,
pero siempre afecta también a la familia, la comunidad, los profesionales de la
salud y, en última instancia, a la sociedad”, dijo Gert-Jan Segers, el líder de
un partido cristiano parlamentario.
