jueves, 9 de marzo de 2017

El Escalofriante Dossier de Alvaro Uribe Velez

Clip en el Link para conocer el Dossier elaborado por: Santiago Romero.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite_la37.htm

Pa ra no olvidar lideres politicos comprometidos en casos de corrupción el caso de la Hacienda Carimagua es un predio en Colombia, en la población de Puerto Gaitán (departamento del Meta).


La Hacienda fue adjudicada a desplazados por la violencia generada por el conflicto armado colombiano, pero tras cuatro años, el 11 de febrero de 2008, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intento cambiar la adjudicación y dársela a inversionistas privados alegando que darían mejor uso a la tierra y eso representaría mayores dividendos para el estado y a su vez a los desplazados.  Los inversionistas privados pretendían cultivar Palma africana para el desarrollo de biocombustibles.
Carimagua inicialmente fue una hacienda modelo desarrollada por Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para estudiar y mejorar las técnicas de sembradíos y el impacto en el medio ambiente.

La hacienda está localizada en un humedal tipo sabana de aproximadamente 6 mil hectáreas donde nace el río Tomo (600 km de long.). El río Tomo vierte hacia el oriente, desembocando en el río Orinoco. El predio también contiene la laguna de Carimagua, que posee una diversa población de peces, anfibios y mamíferos. Carimagua además mantiene 6 mil hectáreas de bosques que bordean los caños Carimagua, Cararabo y el río Muco.




Para el año 1987, y según un estudio de la Universidad de Antioquia, el Centro de Investigación mantenía estudios exitosos sobre ganadería y agricultura pero que estaban enfocados para terrenos de aproximadamente 300 hectáreas, catalogadas Unidad familiar, pero que beneficiarían más a empresas productoras. Durante este año grupos armados irrumpieron en Carimagua y robaron recursos asignados al programa, además de asesinar empleados.
La adjudicación produjo un escándalo político en Colombia ya que un grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Incoder que incluyó al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, estaban involucrados.
Arias explicó que decidió cambiar la destinación de los beneficiarios de las 17.000 hectáreas de tierras de la hacienda Carimagua adjudicadas cuatro años atrás por el ICA al Incoder para la reubicación de desplazados por el conflicto armado colombiano. El terreno en cambio iba a ser cedido en concesión por 50 años a inversionistas privados.
El Ministro dijo inicialmente que el predio estaba muy alejado de cualquier casco urbano, sin servicios públicos ni infraestructura que permita a los desplazados desarrollar proyectos productivos. Contradictorio con lo que alegaban miembros del partido Liberal y el Polo Democrático, ya que el predio se encontraba contiguo al río Meta, uno de los principales recursos hídricos de Colombia y cerca al municipio de Orocué, que mantiene una infraestructura en transporte apta para comunicarse con el resto del país, como el aeropuerto y la carretera que lo une con Yopal, departamento del Casanare.

El entonces ministro Arias alego que en "manos privadas el predio generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados... ...es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio, porque no son tierras fértiles, solo caben 80 familias" y "con darle 11 hectáreas a una familia no se hace nada".

Para no olvidar. líderes políticos comprometido en actos de corrupción en Colombia

En octubre de 2009, la revista Cambio de Colombia, denunció que el programa AGRO INGRESO SEGURO había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes, prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la ex señorita Colombia Valerie Domínguez, su novio, su cuñada y sus suegros.

Se conoció que una vasta cantidad de tierras que recibieron los subsidios de AIS pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de Valerie Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario). Solo la familia Dávila Jimeno sumó subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de "riego y drenaje". Según un consultor que conoce el programa, "lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito". Al verse envuelta en la polémica por ser figura pública, Valerie Domínguez renunció al subsidio.

Entre las otras prestantes familias beneficiadas por los subsidios, están los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200.000.000 por el mismo concepto.

El gobierno ordenó la devolución de los dineros, sólo luego de que se desatara el escándalo y ante las evidentes "argucias" que habían utilizado para apoderarse de más subsidios, como el caso de la familia Dávila Jimeno. Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda de Colombia, también ha cuestionado la equidad del programa del gobierno de Uribe para el campo y argumenta que está en contravía de las investigaciones de la reciente premio nóbel de Economía Elinor Ostrom.

Andres Felipe Arias condenado por la justicia colombiana a
 17 años y 4 meses de prisión por peculado a favor de terceros
 en compañía de su jefe el actual Senador de La República de Colombia
 Alvaro Uribe Velez

Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura del gobierno de Alvaro Uribe y precandidato del Partido Conservador Colombiano, ha respondido ante todos estos cuestionamientos argumentando que los beneficiarios del programa AIS eran gente honesta, sin problemas con la justicia y que era falso que la mayoría de beneficiados fueron aportantes a la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez.


 Sin embargo, el periodista Daniel Coronell, y un artículo del diario El Espectador1 refutaron dichas afirmaciones.

Durante la segunda semana del mes de noviembre de 2009 el congreso de la república citó al Ministro de Agricultura para realizarle una moción de censura, la cual finalmente no prosperó.

El 12 de octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Arias y contra el ex ministro Andrés Fernández, por "haber incurrido en falta gravísima al no haber adoptado medidas para evitar que esos dineros públicos fueran entregados a personas que, en realidad, no correspondía.". El 19 de julio de 2011 la Procuraduría encontró culpable a Arias, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ejercer cargos públicos.

El 3 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros por lo cual el 17 de julio lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión.



Actualmente y luego de estar prófugo de la justicia, fue capturado por la Policía migratoria de Estados Unidos, donde se le procesa y estudia la viabilidad o no de extradición.


miércoles, 8 de marzo de 2017

Tristana | Benito Pérez (Mi novela favorita) Poterlesen Poterlesen

Benito Pérez Galdos
10 de mayo de 1843, Las Palmas de Gran Canaria, España
Fecha de la muerte: 4 de enero de 1920, Madrid, España


El talento de Benito Pérez Galdós (1843-1920) para la creación de personajes, a la vez reflejo social de la pequeña burguesía madrileña y agudo análisis psicológico de la condición humana, desplegó en TRISTANA todas sus potencialidades. 
La protagonista de la novela trata de rebelarse contra las circunstancias familiares y sociales que le impiden alcanzar la independencia y la felicidad; su fracaso es la triste victoria de una sociedad sórdida y represiva que refuerza la estabilidad a costa del sometimiento y de la destrucción de quienes se alzan contra sus dictados.


martes, 7 de marzo de 2017

El Ex- Presidente de la Corte Constitucional Jaime Araujo Renteria le explica a Editson Romero A. en entrevista radial porque se debe ir mas halla de la habana

Ex- Presidente de la Corte Constitucional
Jaime Araujo Renteria

Editson Romero Angulo
Periodista













CLIP PARA ESCUCHAR EL AUDIO:

https://drive.google.com/open?id=0B3WeaaHpTo_xZXRwMW9qSkFFcW8

Claudia Lopez y Enrique Peñaloza.


Wlliam Cardona.

Clip para ver video: https://www.youtube.com/watch?v=XoOUvTWhMls

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. DECLARACION POLITICA A QUIENES PROPONEN MI NOMBRE PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

         JAIME ARAUJO RENTERIA
Desde hace algún tiempo, muchas personas integrantes de la sociedad civil me sugieren que sea su portavoz, en defensa de las ideas que realmente protegen sus derechos y las ampare durante el próximo debate Presidencial.
Me preguntan ¿Qué hacer? Frente a la estrategia de la oligarquía colombiana de volverlos a dividir, en el 2018, entre Uribistas o Santistas-Farianos, que defienden el mismo modelo económico. ¿Qué hacer, contra la guerra perpetua e idéntica de Uribe, Santos y sus aliados contra los derechos del pueblo, que cada día se restringen mas, para que se amplíen para todos los miembros de la sociedad civil?. ¿Qué hacer, para haya una verdadera PAZ con JUSTICIA SOCIAL y no una mera cesación de un conflicto armado? ¿Qué hacer, para que las víctimas de la violencia de la sociedad civil, tengan sus derechos a la reparación, a la verdad, a la justicia y la garantía de no repetición y no un tráfico de impunidades entre victimarios del estado y del no estado?. ¿Qué hacer para que no lleguen los mismos con las mismas, la clase política en su mayoría corrupta, o quienes negando su pertenencia a ella o vociferando contra ella, sin embargo, reproducen sus vicios, corrompen veladamente la constitución y la ley; y desde el congreso de la republica usurparon ya la soberanía del pueblo y su poder constituyente, cometieron Soberanicidio al no respetar el resultado del plebiscito, con lo que demostraron su desprecio por el pueblo, al que hoy acuden para que los elijan creyendo subestimarlo, sin poder lograrlo, pues el pueblo soberano y constituyente sabe que quien no acepta su soberanía no es un verdadero demócrata; como no lo es aunque se coloque el apelativo de demócrata, quien no acepte que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Sólo se puede llamar demócrata, quien acepte que el pueblo es el titular de la soberanía y del poder constituyente y que quienes lo integran son libres e iguales en derechos?.
Los miembros de la sociedad civil me interrogan sobre ¿Que hacer para que el debate electoral no sea un diálogo de sordos entre los Uribistas y sus aliados que se oponen a todo lo pactado en la Habana y la Alianza Santos-Farc, cuyo programa se reduce al respaldo total a la habana, sin aceptar ninguna crítica y la ejecución de estos acuerdos; esto es una cesación de un conflicto armado, sin una verdadera Paz con justicia social, es decir una PAZ CON DERECHOS PARA TODOS, comenzando por los derechos de los miembros de la sociedad civil?. Los acuerdos de La Habana, NO cambian el modelo económico, sino que lo perpetúa; NO defiende la soberanía nacional. NO le da a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad a la justicia a la reparación ni la garantía de no repetición; NO le da los colombianos la verdadera paz con justicia social ni la paz con la naturaleza, NO está la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. En la Habana NO existe un compromiso sobre las Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial. En los acuerdos de la Habana brillan por su ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos, la Creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá del acuerdo de La Habana. Como debemos pensar en llevar estos temas a una verdadera constituyente democrática, con refrendación posterior del pueblo.
Muchas personas de la sociedad civil me interpelan sobre ¿Qué hacer para que los corruptos y las mafias del delito, comenzando por las de contratistas, no se sigan apoderando de la política, la sociedad y el estado?. Esas personas saben que el tema de la corrupción va más allá de un tema de buenos y malos. Que pasa por el tema del modelo económico, que defienden por igual Uribe y Santos, que las FARC aceptaron no negociar en La Habana, que deshumaniza al hombre, lo cosifica y convierte en mercancía, tenemos que cambiarlo, si queremos atacar una de las causas objetivas de la corrupción. La sociedad civil sabe que la lucha contra la corrupción pasa fundamentalmente por la lucha para darle derechos humanos a todos los colombianos; la corrupción es grave, porque trastoca todos los valores de una sociedad y de los individuos que la integran; porque envilece el alma de las personas; pero lo es más, porque priva a las personas de una serie de derechos humanos: los corruptos le quitan la salud al pueblo; la educación a los jóvenes; el empleo a los trabajadores; las oportunidades de progreso a las mujeres y de vivienda a quien no la tiene; etcétera. La corrupción es una de las mayores fuentes de violación de derechos humanos y la falta de derechos humanos, es un caldo de cultivo para la corrupción: cuando todas las personas no tienen asegurada la educación, como un derecho humano, aparece el político corrupto, que controla los cupos en los colegios o las becas en las universidades y obliga a los padres de familia a que voten por él, a cambio de darles la beca o escupo en el colegio para sus hijos. Cuando no está garantizado el derecho al trabajo, o no se respeta el concurso de méritos, se le da al político corrupto que maneja puestos o contratos, la oportunidad de obtener votos a cambio de los puestos o contratos. Cuando sólo una minoría tiene garantizado el derecho a la salud, se vuelve importante el político corrupto que maneja la salud y que puede obtener votos a cambio de darle un poco de salud al pueblo.
Por esta razón, si de verdad queremos combatir a la corrupción, debemos darle, como dice la carta de la ONU en su preámbulo, a todos los colombianos, todos sus derechos humanos, para de esta manera hacer desaparecer los intermediarios corruptos, que juegan un papel fundamental, cuando hay escasez de derechos humanos y pueden de esta manera traficar con las necesidades del pueblo y perpetuar el círculo de la corrupción. La lucha contra la corrupción, pasa por el otorgamiento de los derechos humanos a todos los colombianos; a más derechos menos corrupción y a menos derechos más corrupción. Son causas de la corrupción la pobreza, la falta de salarios decentes. Sirve para combatirla, hacer realidad el derecho a la educación universal, educar en ética y en valores; repudiar el maquiavelismo de que el fin justifica los medios y de que todo se vale; por el contrario enseñar con Kant que en toda esfera de la actividad del hombre, incluida la esfera política, la mejor política es la corrección; que la fuente de la riqueza de los hombres y de las sociedades debe ser su trabajo, es necesario la transformación del régimen económico y político capitalista, que ha hecho del dinero un Dios,  que lo correcto es mejor que lo bueno; que es necesario darle derechos a todos los colombianos, ya que la falta de derechos es la que permite a los corruptos traficar con las necesidades del pueblo; que son necesarias instituciones como la revocatoria del mandato de todos los elegidos, comenzando por el presidente de la republica y los congresistas y el voto en blanco, que de manera rápida, en un solo día, sin violencia, y sin largos procesos judiciales, permita barrer a los corruptos, pero en la versión original perfeccionada y no en la degenerada y corrompida en que la convirtió la corte constitucional.
Miembros de la sociedad civil me inquieren ¿Cómo hacer un programa que nos unifique y defienda nuestros derechos?. Y les respondo que la sociedad civil democrática debe tener un programa de acción social y un programa de acción política mínimo. Es un programa mínimo, ya que nadie puede imponer la totalidad de su concesión de sociedad y estado al resto de los demócratas, por lo que es necesario que recoja los temas y enfoques fundamentales en los que existe coincidencia, como por ejemplo la verdadera paz con justicia social, la defensa de la soberanía nacional, las reformas agraria, urbana y financiera; el apoyo a las luchas campesinas, indígenas y de los afro descendientes, la defensa y ampliación de todos los derechos humanos.
Esa organización de la sociedad civil democrática tiene como finalidad propagar educar y organizar al pueblo colombiano, para que éste llegue al poder político, pues no podrá realizar su ideal de sociedad o estado, concretado en su programa socio-político, si no llega al poder político y desde ahí transformar la sociedad colombiana. En esta tarea, la sociedad civil democrática, no puede dejar ningún espacio, tema o tiempo libre a la oligarquía colombiana. Allí donde esté la oligarquía y la mentalidad oligárquica en cada espacio, grande o pequeño, en el barrio, en la vereda, en la ciudad o en el campo, en los organismos de representación social o política, tiene que hacer presencia del frente. No hay que dejarle a la oligarquía ningún escenario libre o tema vacante; ya que los demócratas hemos aprendido, que entre marcha y marcha, entre huelga y huelga, entre paro y paro, desde las gobernaciones, las asambleas, el Congreso, desde los ministerios y la presidencia, con proceso de paz o sin proceso de paz, cada día que pasa, desde esas instituciones, se producen actos, leyes y decretos que les quitan los derechos a los colombianos. No se trata de abandonar las luchas de las organizaciones sociales y de la social civil en las calles y en la plaza; sino por el contrario reforzarla, fortalecerla y hacerlas viables desde esas instituciones. Por esa razón el programa mínimo, que como hemos dicho debe ser de acción social y acción política, debe respaldar tanto la lucha económico-social por fuera de esas instituciones, en la sociedad civil, como la lucha político-ideológica dentro de esas instituciones.
La sociedad civil democrática debe contribuir individual o colectivamente a establecer el programa mínimo y una vez planteada las propuestas y votadas las propuestas, las que obtengan mayoría deben ser respaldadas por todos nosotros, propagadas en todos los escenarios y nos organizamos y educamos en torno a ellas.
Miembros de la sociedad civil me preguntan: ¿Quiénes deben ser parte de este proyecto? El pueblo colombiano, comenzando por la sociedad civil democrática, integrada por mujeres y hombres demócratas, indígenas demócratas, afro descendientes demócratas, jóvenes demócratas; campesinos y obreros demócratas; víctimas del conflicto armado demócratas; trabajadores e intelectuales independientes; simpatizantes del voto en blanco y de organizaciones políticas y sociales de base; decididos a organizarse, para tomar nuestro destino en nuestras propias manos; ser sujetos y no objeto, de nuestro proceso histórico, tanto en el ámbito económico, social, cultural, ideológico y político de Colombia.
Llegó la hora, en que la sociedad civil, haga oír su voz y ejercer el poder de su mayoría, hasta ahora silenciosa; que ha sido objeto de la violencia por parte del Estado y del no estado; de la violencia armada y de la económica, de la política y de la jurídica; de la social y de la cultural; de la violencia contra todos los derechos de los colombianos: violencia contra su vida y su trabajo; contra su salud y su educación; contra su integridad física y la integridad del medio ambiente que lo rodea; violencia contra su libertad y su seguridad; violencia contra su derecho al desarrollo y a la paz con justicia social; en una palabra violencia contra todos los derechos de la sociedad civil.
decimos claramente, que los demócratas de la sociedad civil, no somos inferiores a nuestro pueblo y a nuestro momento histórico, ni eludimos nuestro compromiso con el futuro, que vamos a luchar por la unidad de todas las personas demócratas, sin distinción de partidos políticos u organizaciones sociales, sin diferencia de sexo, raza, religión, edad, etc.; unidos también con el pueblo campesino y obrero, constituyendo una organización con los estudiantes, con todos los trabajadores de los distintos sectores de la economía, desde el área de la salud, pasando por la educación hasta el sector minero; unidos con todos los luchadores y luchadoras por la defensa de los derechos humanos de la sociedad civil. Ese frente nos garantiza el triunfo de las fuerzas democráticas y la transformación de las instituciones y las estructuras del Estado y la sociedad colombiana, en una sociedad más justa, donde los colombianos vivan en paz con justicia social, esto es, con más derechos. No podemos dejarnos distraer por razones politiqueras, o por los que han recorrido todo el arcoíris político: antier rojos o azules; ayer verdes o amarillos, hoy negros o morados genéticas o por los prejuicios entre miembros de distintas regiones: las víctimas de la violencia son de todas las regiones de Colombia; los desplazados son parias en toda Colombia. La falta de derechos afecta por igual a todos los Colombianos humildes. La pobreza no tiene regiones o azota por igual todas las regiones de Colombia; los jóvenes no tienen trabajo en todo el territorio nacional. La discriminación contra las mujeres o por razones sexuales o económicas no tiene fronteras. La desigualdad campea por todo el país; la corrupción afecta todos los colombianos honestos. Como nos enseñara Gaitán: El hambre no es liberal o conservadora. Ya conocemos la receta de los Maquiavelos Uribe y Santos: Divide y reinaras. El país nacional no se va a dejar dividir del país político.
Miembros de la sociedad civil me interrogan ¿Si deben presentar un único candidato o varios candidatos, para definir un único candidato en una consulta popular?. Considero que deben existir varios precandidatos, pues todas las aspiraciones de los demócratas de la sociedad civil, ya probados en la defensa de sus derechos fundamentales, son legítimas y todos los nombres de los demócratas son importantes. Lo fundamental es definir unas reglas de juego claras, y quien gane la consulta popular, será apoyado por todos nosotros y de esta manera podremos enfrentar las candidaturas de los santistas, de los uribistas y sus aliados y de todos los que usurparon desde el congreso la soberanía popular. Si un elector no tiene varias ideas para escoger no es libre, y es más libre si tiene más ideas para escoger; por eso debemos presentarle muchas ideas. Porque las mafias secuestraron parte de los partidos o parte de sus dirigentes o por qué no defienden los derechos del pueblo, es que no podemos presentar nuestras ideas al interno de los partidos y debemos presentarlas directamente al pueblo Colombiano. Debemos aclarar que la mayoría de las bases o simpatizantes de todos los partidos no se han dejado secuestrar o capturar por las mafias y ante ellas también presentaremos nuestras ideas. Es el deber de los candidatos de la sociedad civil asumir su responsabilidad histórica, demostrar que son personas de ideas y principios claros, luchar por ellos en las condiciones más adversas y defenderlos-si es del caso- contra todo y contra todos. Como dijera Gandhi parangonando a Tagore cuando su propio partido lo abandono y lo dejo solo: Si tengo que caminar por un camino, por una causa justa y nadie acude a mi llamado, caminare  solitario, con mi conciencia, pero no abandonare ni mis ideas, ni MI CAUSA JUSTA. Necesitamos candidatos que no tengan, como dijera Adela Cortina, la ética del camaleón, que a todo se acomodan y que pasan sin ruborizarse de ser ministros en el Gobierno de la paz a ser ministros en el gobierno de la guerra, o que ayudaron a crear el engendro uribista, o desconocieron los derechos de las víctimas de la violencia de la sociedad civil a la reparación, la verdad o la justicia o la garantía de no repetición o usurparon la soberanía y el poder constituyente del pueblo y ahora nos quieren hacer creer que no tienen ninguna responsabilidad en los sufrimientos del pueblo y en su falta de derechos.
Necesitamos candidatos que crean que la mejor política es la corrección y la verdad; que la justicia social es el camino correcto para una mejor sociedad, donde los hombres pueden ser más iguales y libres. Candidatos que estén convencidos que, aun dentro de nuestra pobreza, podemos vivir mejor, si no somos corruptos y somos trabajadores. Candidatos que tengan la certeza que los colombianos no son una cosa que se les puede utilizar; que los hombres son un fin en sí mismo y que por lo mismo todos deben disfrutar plenamente de todos sus derechos, porque todos son igualmente dignos.
Candidatos independientes que crean, en síntesis, que el futuro siempre puede ser mejor que el presente; que podemos vivir mejor y con más derechos.
Integrantes de la sociedad civil me dicen: ¿Qué hacer frente a poderes económicos, políticos, en medios de comunicación y mafiosos tan fortísimos?; y les respondo que sabemos lo difícil de nuestra misión; coincido con quienes hablaron que el debate electoral es inequitativo y desigual, que nuestros adversarios detentan ya el poder político y económico. Los medios de comunicación oficiales o no; la fuerza material utilizada políticamente y como dijera el poeta, “poderoso caballero es don dinero” oficial.
Coincido con los que me expusieron la idea de que los Goebbels criollos creen que repitiendo una mentira mil veces esta se convierte en una verdad, y la peor de sus mentiras es que son invencibles. Que nada de lo que hagamos sirve para derrotar su proyecto político. Que antes de actuar ya estamos condenados al fracaso. Que pueden violar todos los derechos de todos los colombianos durante todo el tiempo y que nada pasa. Que pueden obtener con la corrupción, la mermelada y el delito una y otra reelección y que nada sucede.
A quienes creen que los regímenes de terror, hambre, miseria, violación masiva de derechos son eternos, debemos recordarles que la última vez que un dictador quiso declararlo así, fue durante el régimen nazi, que según su fautor, Hitler, el III reich debía durar mínimo mil años, y doce años después se encontraba en cenizas, y el dictador se había suicidado para no responder por sus crímenes de lesa humanidad y genocidio y se restableció el estado social de derecho.
A quienes por intermedio de los medios de comunicación y de las encuestas quieren introducirnos este fatalismo, con el propósito abyecto de desmoralizar al pueblo y matarle la esperanza, queremos decirles que no se lo vamos a permitir, porque somos hombres y mujeres libres, dispuestos a tomar nuestro destino como dijera Kant en nuestras propias manos. Decididos a asumir nuestros deberes y nuestras responsabilidades históricas, incluida la de presentar otras ideas para abrirle los ojos al pueblo, y no votar por las suyas.
En mi caso particular, debo responderles que en el 2010 asumí mi responsabilidad histórica de defender los derechos de los colombianos y que fui el único candidato, que me opuse a la guerra y defendí la paz con justicia social entre colombianos y la paz con nuestros hermanos latinoamericanos; que como dijera José Martí, la mejor manera de decir es hacer y que como ya defendí los derechos del pueblo es seguro que continuare defendiéndolos: Les di, por primera vez, en el 2001, a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición; a las mujeres sus derechos como madres cabeza de familia, en su licencia de maternidad, o la libertad para que decidieran autónomamente que hacer cuando resultaban embarazadas al sufrir la tragedia de la violación. A los trabajadores y pensionados les di el derecho a conservar el valor adquisitivo de su salario; a los pensionados su derecho a que no les quitaran su salario si previamente no los incluían en la nomina de pensionados. Defendí los derechos de los niños para que prevalecieran sobre los demás; defendí a los jóvenes, a las afrodecendientes cuando las discriminaron para que no entraran a una discoteca en Cartagena; a los indígenas cuando les fumigaban o quitaban sus territorios ancestrales o les quitaban su saber milenario las trasnacionales farmacéuticas.  Luche contra la discriminación por razones de  raza, religión, opinión política o filosófica, para que todos tuvieran iguales derechos incluidos quienes tienen preferencias sexuales distintas a las mías y pudieran darle a sus parejas la seguridad social, los alimentos, la sustitución pensional. Defendí a los consumidores para que no les pusieran más impuestos de IVA cuando la situación económica se había empeorado; defendí a las víctimas del Upac-Uvr, para que no les quitaran su vivienda a 2 millones de colombianos. Defendí la autonomía regional para que las personas donde viven, puedan darse sus autoridades, manejar sus recursos y resolver sus propios asuntos. Defendí la autonomía universitaria y más recursos para las universidades públicas; el aumento de la cantidad y la calidad en la  educación y la salud; la creación de empleo y los derechos de los trabajadores, que no les quitaran sus conquistas laborales. Me opuse al TLC con estados unidos y a la reelección de Uribe. Como abogado independiente recupere (con 3 personas) la personería jurídica de la Unión Patriótica y antes había logrado que se anulara la nota diplomática, por medio de la cual la oligarquía colombiana le regalo a Venezuela los Monjes, lugar donde se concentran las mayores reservas de petróleo del mundo. Estas son solo algunos de los derechos que he defendido. Como dijera José Martí: hacer es la mejor manera de decir e hice desde la Corte Constitucional, o como abogado independiente, por los derechos de mis hermanas y hermanos colombianos.


Quiero responder a las miles de personas que por uno u otro medio, verbal o escrito, me hicieron esas reflexiones, que me comprometo a ser portavoz de una parte de la sociedad civil, con estas, sus ideas y de otras; que las defenderé hasta el final del debate por la Presidencia de la República y mas allá si fuera necesario, hasta el fin de mi existencia, porque creo en ellas Y SON UNA CAUSA JUSTA.