sábado, 11 de marzo de 2017

Al 30 de enero del 2017 / diecisiete (17) líderes sociales han sido asesinados desde refrendación del Acuerdo de Paz

 
Alan Jara,
Director de la Unidad para las Víctimas
Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, calificó de "masacre" los continuos asesinatos de personas interesadas en que prospere lo negociado entre Gobierno y Farc en La Habana.
  
En Colombia, 17 líderes sociales fueron asesinados en los últimos dos meses, cuando se aprobó el acuerdo de paz con las FARC que busca superar más de medio siglo de conflicto armado, según informó  el gobierno.

"Ya son 17 los líderes sociales asesinados desde el pasado 1 de diciembre, fecha en la que el Congreso de la República refrendó el Acuerdo de Paz", indicó la Unidad para las Víctimas en un comunicado.

"Estamos sumamente preocupados por la ocurrencia de estos hechos, porque la verdad es que están masacrando a los líderes sociales", dijo Alan Jara, director de esa entidad, citado en el texto.
 
Porfirio Jaramillo,
 asesinado el 28 de enero 2017 

La última víctima fue el líder de restitución de tierras Porfirio Jaramillo, asesinado el 28 de enero 2017 en el municipio de Turbo, departamento de Antioaquia, cuando cuatro hombres armados llegaron a su vivienda y se lo llevaron por la fuerza en una motocicleta.

La Policía halló el cadáver de Jaramillo, que reclamaba la devolución de un terreno ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el domingo 29 de enero de los corrientes en la madrugada en área rural de Turbo.

Jara instó a la fiscalía a priorizar las investigaciones de estos homicidios y pidió a las autoridades a que brinden a los líderes "medidas de protección pertinentes".

Las FARC han denunciado con insistencia los homicidios. El miedo de las FARC a que la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil genere violencia y muerte remite al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en 1984. 

Entonces, unos 3.000 miembros de ese movimiento político de influencia comunista, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
 

Las FARC, principal y más antigua del país, firmó en noviembre un acuerdo para terminar 52 años de conflagración, que fue refrendado por el Congreso tras el rechazo en octubre en un plebiscito al pacto original, lo que obligó a la renegociación de lo convenido luego de cuatro años de diálogos en Cuba.

Tanto las FARC como organizaciones sociales señalan a grupos paramilitares de extrema derecha como los responsables de los ataques, una versión desestimada por el gobierno, que atribuye esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha en 2006.


Según el movimiento izquierdista Marcha Patriótica, en lo que va de 2017 han sido asesinados 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos contabilizó 64 homicidios en 2016.

Mapeo de asesinatos de lideres en Colombia -2017- Observar, Analizar,Reflexionar y actuar



viernes, 10 de marzo de 2017

El Polo exige protección para Juan Yangana Palechor, gobernador del Resguardo Rio Blanco-Sotará

Juan Yangana Palechor,
Dirigente indígena del Polo Democratico
Nuestro dirigente Juan Yangana Palechor, delegado indígena al IV Congreso Nacional del PDA y gobernador del Resguardo Indígena Río Blanco-Soratá, en el departamento de Cauca, ha sido amenazado de muerte por desconocidos, junto al Vicegobernador Wilmer Narváez y al vigilante de la casa del cabildo.

Los criminales presionan para que se ponga fin a la investigación que busca esclarecer el asesinato del anterior gobernador Alexander Oime q.e.p.d. Este hecho constriñe el ejercicio democrático de construir y fortalecer las organizaciones poblacionales. El Polo Democrático Alternativo rechaza estas amenazas y le exige al gobierno nacional y las autoridades regionales garantías concretas para garantizar la vida de los dirigentes indígenas.


Juan Yangana es un hombre honesto, comprometido con las luchas reivindicativas de indígenas y campesinos y un hombre público de nuestro partido en el departamento de Cauca.

jueves, 9 de marzo de 2017

Se redujo en un 55 % el número de delitos en Cundinamarca

En desarrollo del tercer consejo de Seguridad de Cundinamarca las autoridades departamentales y de seguridad presentaron las cifras correspondientes al primer bimestre del año en relación con los delitos de mayor impacto en el departamento, así como los avances en las estrategias de reducción y control de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, territorios de paz, sistema integrado de video-vigilancia y unidades móviles para zonas de intervención.

En un balance positivo, el departamento presentó una significativa reducción del 55 % de los delitos comunes, con una diferencia de 1.216 casos menos con respecto al mismo periodo del año anterior.
En ocho de 12 delitos, los índices descendieron entre -12 y -100 puntos, encontrándose una mayor reducción en la extorsión (-83 %), el abigeato (- 89 %) y la piratería (- 100 %), seguidos de las lesiones (-82 %), el hurto al comercio (-12 %) y las lesiones por accidentes de tránsito (-14 %). Además, 97 municipios del departamento cuentan con cero homicidios.
A pesar de los esfuerzos, delitos como el hurto a residencias presentó un incremento del 19 % y aunque en todo el departamento el homicidio se redujo en 5 %, causa especial preocupación Soacha donde aumentó, pasando de 18 casos en 2016 a 32 en 2017.

“Hemos venido evaluando con las instituciones de seguridad y justicia del departamento cómo vienen dándose las cifras en materia delictiva, encontrando  importantes reducciones, lo que nos garantiza que durante estos primeros meses del año estamos haciendo las cosas bien, sin embargo vamos a hacer un plan integral más fuerte al que hemos venido desarrollando, de manera especial en Soacha, donde la tasa delictiva impacta muy fuerte las estadísticas del departamento”, explicó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Mediante un trabajo permanente en articulación con la Policía, el Ejército Nacional, la Fiscalía, unidades de investigación y otros organismos de seguridad, así como la cooperación ciudadana, se desarrollan acciones tendientes a garantiza la seguridad en el departamento, dando duros golpes a la delincuencia y en especial al microtráfico.
En cuanto a las cifras a marzo, comparando el 2017 con el año inmediatamente anterior, se redujeron las tasas de homicidio, pasando de 73 a 69 casos; 73 % en las lesiones personales, pasando de 1.499 a 407 casos y 73 % en delitos sexuales, con un reporte de 44 casos de los 164 reportados en 2016. 
Adicionalmente, la Policía departamental ha realizado 2.572 capturas, incautado 347 armas de fuego, 25.508 armas blancas y más de 525 kg de sustancias psicoactivas, además de recuperar 140 vehículos y 881 celulares.

El consejo de seguridad terminó con la presentación del contrato entre la Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Gobierno y el Fondeo de Desarrollo de Cundinamarca, Fondecuún, el cual permitirá gerenciar el sistema integral de vigilancia, que incluye alarmas comunitarias con botones de pánico, desarrollo de software para el observatorio de seguridad y convivencia del departamento, lo que garantizará el monitoreo permanente que permita la acción y respuesta inmediata de las autorizadas competentes, ampliando la cobertura a 33 municipios, con una inversión de más de $5.270 millones.


Adicionalmente, el Gobernador solicitó monitoreo sobre la percepción de seguridad de los cundinamarqueses, para orientar acciones que permitan seguir presentando resultados positivos en materia de seguridad.

Estudio revela las cuatro formas de violencia económica y patrimonial más frecuentes en mujeres


 La negación de la manutención o cuota alimentaria a la mujer, los hijos e hijas; negar a la mujer lo correspondiente a los bienes adquiridos durante la unión conyugal o marital de hecho (incluso ocultar bienes); desconocer el salario justo por el trabajo realizado y retener los documentos personales de identificación de la mujer como visas y pasaportes (en estratos altos), son las cuatro formas de violencia económica y patrimonial más frecuentes según la investigación “Violencia Económica y Patrimonial: Una aproximación a través de la atención en los municipios de Riohacha, Buenaventura y Distrito de Cartagena” liderada por Marcela Sánchez y presentada en el Foro Derechos Económicos de las Mujeres, Retos y Desafíos, organizado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, las Agencia de Cooperación Internacional de España y Korea, y la Universidad de La Salle.

Dentro de las grandes conclusiones hay una alerta a las comisarías de familia que, por desconocimiento de este tipo de violencia económica y patrimonial, pueden convertirse en entes permisivos, ya que generalmente concentran su atención en la violencia física y psicológica cerrando procesos en donde no hay garantías de los derechos de las víctimas, que en la mayoría de los casos son mujeres.



La investigación también revela que el acceso a la justicia es casi nulo con muy pocas denuncias alrededor del tema por ser un tipo de violencia desconocida para las víctimas, como para los funcionarios que deben atender las mismas. Una de las conclusiones afirma que la población no cuenta con la información suficiente frente a las rutas de atención y competencias gubernamentales, sumado a lo anterior es insuficiente la capacidad institucional para dar respuestas a las demandas frente a la problemática de las violencias contra las mujeres.

En Colombia según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el 51.6% de pobres en el país son mujeres, realidad que se complica si se tiene en cuenta que “las mujeres siguen teniendo peores indicadores que los hombres en aspectos como empleo, desempleo, subempleo; así mismo, las colombianas trabajan 10.8 horas más que los hombres (trabajo remunerado y no remunerado). Sin embargo, ganan en promedio 20% menos que los hombres cuando desempeñan la misma actividad. Las cifras demuestran la cruda realidad alrededor de la violencia económica y patrimonial para las mujeres, pero la atención aun es precaria ya que persisten practicas desde las entidades en donde re-victimizan y se convierten en barreras para una efectiva denuncia y restablecimiento de los derechos

Alcaldía Peñalosa inicia trabajos de mantenimiento en el Instituto Materno Infantil

La Alcaldía de Enrique Peñalosa inició los trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Instituto Materno Infantil en el centro de la ciudad.

Los trabajos iniciarán después de que el juzgado 37 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, ordenara a los ocupantes del complejo hospitalario que permanecen en el lugar permitir el desarrollo de las labores.
“Gracias al fallo podremos avanzar en los trabajos de saneamiento de las instalaciones del Instituto Materno Infantil. Arreglo de cubiertas, ascensor y fachadas serán algunas de las labores que se adelantarán”, señaló el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay.


AUDIO. Miguel Turbay Scretario de Gobieno 
Clip al Link  para oir el audio

https://drive.google.com/drive/my-drive



El juzgado recalcó que ellos no pueden impedir el desarrollo el proceso de remodelación que se viene adelantando en el complejo hospitalario y que beneficiará a más de 250 mujeres en estado de embarazo que asisten al lugar mensualmente.
Durante 2016 la Alcaldía de Bogotá intentó en varias oportunidades concertar con los ocupantes para adelantar las obras, pero se negaron a conversar e incluso aseguraron que no permitirían la ejecución de los trabajos.
Materno Infantil en el centro de la ciudad.
El mantenimiento de este lugar es vital para la atención de las pacientes, ya que varias zonas del instituto que habían sido clausuradas, así como los equipos que permanecen allí, presentan daños en su estructura, producto del paso del tiempo.
“Los trabajos pueden iniciar ya que después de un arduo trabajo de saneamiento predial de más de un año, se logró obtener la titularidad del complejo hospitalario para su desarrollo y el fallo del juzgado permite adelantar las obras necesarias para el mejoramiento de los servicios de salud”, afirmó Eduardo Aguirre Monroy, gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
La Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, con personal femenino de la Policía, la Personería de Bogotá y gestores de convivencia acudieron al lugar para socializar la decisión del juzgado con los ocupantes y poder iniciar las labores.

Para adelantar este trabajo sin inconvenientes la Secretaría de Gobierno hará un monitoreo permanente a las obras que estarán listas en dos meses aproximadamente.

El Escalofriante Dossier de Alvaro Uribe Velez

Clip en el Link para conocer el Dossier elaborado por: Santiago Romero.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite_la37.htm