En foro público, Clara López alerta sobre manipulación oficial para desmontar avances de salud en Bogotá

Con lleno total del auditorio de Codema se realizó el pasado jueves 18 de febrero el Foro el Derecho a la Salud en Bogotá, en el que se hizo un detallado análisis de la situación real del sector y se hicieron varias propuestas para frenar las políticas públicas que la administración Peñalosa busca ejecutar con miras a retroceder los avances logrados en esta área fundamental durante los últimos doce años. El evento académico coordinado por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, fue convocado por la Veeduría Ciudadana conformada por integrantes de la coalición alternativa que acompañó su nombre en la pasada campaña política por la Alcaldía de Bogotá.

López Obregón al hacer el resumen del foro, alertó a la ciudadanía de la capital frente a los serios riesgos que representa la política en salud de la administración Peñalosa por cuanto está dirigida a manipular la opinión para echar para atrás los avances logrados en las últimas tres administraciones de la ciudad. La presidenta del Polo fue enfática en señalar que la causa de la crisis de la salud pública se debe a la intermediación financiera, cuya deuda con los hospitales de la ciudad asciende a más de 800 mil millones de pesos, así como a las barreras de acceso a los servicios impuestas por el desaforado ánimo de lucro. Por su parte, los panelistas, Mario Hernández, Román Vega y Claudia Naranjo, hicieron un diagnóstico del sector salud en la capital de la Repúblicas y formularon algunas propuestas. El médico salubrista y catedrático universitario, Mario Hernández, explicó que la nueva política del gobierno de Peñalosa está sustentada en la lógica del mercado y la competencia de las EPS, siguiendo los parámetros del gobierno nacional. Ello hace prever que dicha política no va a funcionar ni en Bogotá ni en ninguna parte del país porque está demostrado que con filosofía mercantilista es imposible generar un buen servicio a la ciudadanía y menos mejorar las condiciones de los servicios de salud. Por su parte, el exsecretario de Salud de Bogotá, Román Vega, destacó que durante las tres últimas administraciones en la capital se logró fortalecer el derecho a la salubridad con políticas y programas de alto impacto social a pesar de la mercantilización de la atención promovida por la Ley 100 de 1993 y las leyes 1122 del 2007 y 1438 del 2014. Explicó que gracias a los gobiernos alternativos en Bogotá se han desarrollado medidas que han mejorado el acceso a los servicios de salud, rompiendo las barreras administrativas, geográficas y culturales de las EPS, cuyo fin solo es garantizar sus ganancias económicas por encima de las necesidades de salud de la población. Se fortaleció la red pública de hospitales construyendo nuevas instituciones, ampliándolas y dotándolas de mejor equipamiento y recurso humano. Se ha impedido la privatización de los hospitales desde que en acuerdo con las comunidades se decidió en el año 2004 que los Hospitales de Suba y Engativá continuarían en manos del Distrito evitando su entrega en concesión a privados; y se han hecho esfuerzos por refinanciar los hospitales públicos con recursos de la ciudad para evitar su quiebra. Vega planteó la necesidad de defender y promover la ampliación del programa Territorios Saludables a toda la población, mejorando su calidad y capacidad resolutiva y obligando a las EPS a invertir los recursos de atención primaria que manejan en los equipos de salud para que ningún ciudadano se quede sin atención cuando la necesite. Impulsar simultáneamente la modernización y ampliación de la red de atención primaria de la ciudad (UPAS, UBAS y CAMIS), su integración con la atención hospitalaria y especializada y, sobre todo, la cualificación de las capacidades de sus trabajadores para que puedan cumplir su misión de trabajar con un enfoque familiar y comunitario. A su turno, Claudia Naranjo del Movimiento Nacional por la Salud, describió la manera progresiva como en los últimos doce años se inició en Bogotá la consolidación de un modelo alternativo en el sector sentando las bases además para proyectarlo a nivel nacional con el propósito de contrarrestar el esquema mercantilista que impuso la Ley 100 de 1993. Los avances logrados en materia de salud, dijo Naranjo, están siendo desmantelados por la administración Peñalosa con el licenciamiento de los equipos de atención primaria de los bogotanos que llegó a la totalidad en los estratos 1 y 2 y a parte importante del estrato 3. Durante el foro se hicieron varias propuestas, como las siguientes: participar activamente en las discusiones del proyecto de acuerdo que se propone reorganizar el sector salud en Bogotá que presentará a consideración del Concejo de Bogotá el gobierno de Peñalosa para desmantelar el actual sistema. Promover un cabildo abierto en el Concejo con participación de todos los sectores interesados. Coordinar todas las iniciativas que salgan de la Mesa por la Salud integrada por diversas organizaciones sociales para articular un solo movimiento en defensa de la salud en Bogotá. Atender el llamado del presidente de Anthoc, Yesid Camacho, para preparar un planteamiento unificado frente al vencimiento de la Ley 715 del Sistema General de Participación que se vence este año.