Una tormenta académica en la U. Distrital En el centro de la crisis que vive la Universidad Distrital, y al paro que los estudiantes mantienen en varias sedes, está la cuestionada gestión del rector encargado Roberto Vergara.

Desde el lunes pasado un grupo importante de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Distrital comenzó un paro general para pedir que se derogue la reforma estructural impuesta por el Consejo Superior en 2009, y exigir la salida del rector encargado, Roberto Vergara Portela y de algunos de los directivos. Los señalan de ser los responsables del caos y el desgreño administrativo que vive este centro superior. El paro es el capítulo más reciente de la anormalidad académica que comenzó hace varias semanas, cuando las facultades Tecnológica y de Medioambiente suspendieron sus clases porque decenas de estudiantes y profesores comenzaron un bloqueo para frenar la reforma, lo que hoy tiene a más de 30.000 estudiantes, en su mayoría de estratos bajos de Bogotá, al borde de que se les cancele el semestre. La reforma busca fusionar algunas facultades y eliminar la posibilidad de que los alumnos graduados de tecnólogos puedan obtener título universitario con estudiar cuatro semestres más. Sus críticos consideran que no soluciona los problemas reales de la universidad, como el déficit de profesores o la mala calidad de las carreras, y por el contrario permite más burocracia. Ante estas críticas el rector encargado dijo a SEMANA que “la reforma, –de la que no hizo parte–, no elimina ninguna carrera y fue pensada para mejorar la actividad académica del claustro”.

Para tratar de resolver la crisis, el propio alcalde Gustavo Petro convocó el jueves al consejo superior al Palacio Liévano. Al final, se abrió la posibilidad de congelar la reforma hasta que se adelante una consulta en la comunidad. Sin embargo, la decisión se postergó hasta la próxima semana. No obstante, más allá de que se levante el paro y se salve el semestre académico, lo que quedó de nuevo en evidencia es que esta institución, que maneja más de 250.000 millones de pesos al año, está sumida en un desgreño administrativo desde que algunos sectores históricos, como los exrectores, pensionados y políticos se tomaron el consejo superior y la administración para gobernarla a su antojo. Ni el alcalde ni el Ministerio de Educación, que la financian y tienen asiento en el consejo, han podido reorientarla y han visto sus propuestas derrotadas por estos grupos. Entre las numerosas denuncias de corrupción sobresale lo ocurrido con la obra de la nueva sede en Bosa. Meses antes de abrirse la licitación por 70.000 millones de pesos, el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, advirtió que se estaba manipulando el proceso en favor del Consorcio ZGC El Porvenir. Y pese a que varios concejales y algunos medios demostraron esas y otras supuestas irregularidades, las directivas adjudicaron la obra al proponente cuestionado. Ahora el tema está en manos de la Fiscalía. En el centro de todos los conflictos que aquejan a la Distrital está el consejo superior y en especial el rector encargado Roberto Vergara, que desde 1986 viene ocupando posiciones en el plantel: ha sido decano, director de planeación, vicerrector administrativo, y varias veces vicerrector y rector encargado, entre otros. Su carrera solo fue interrumpida en noviembre de 2005 cuando la Procuraduría lo sancionó con dos años y seis meses sin ejercer funciones públicas y con cinco años sin firmar contratos con el Estado. En septiembre de 2010 Vergara asumió la rectoría en calidad de encargado y el 11 de octubre de 2010 firmó un contrato con la Secretaría de Integración de Bogotá por 2.200 millones de pesos. Sus contradictores señalan que estaba impedido, pues le faltaban siete días para culminar su inhabilidad, lo que le abriría nuevas sanciones. Frente a esto, el rector dijo a SEMANA que “no estaba inhabilitado, pues no firmó a título personal sino como representante legal de la universidad”. También dijo que la Contraloría Distrital había avalado esas actuaciones. Si algo está claro es que la crisis de la universidad no es de recursos sino de una administración que desde hace años, amparada en la autonomía universitaria, la ha gobernado sin control alguno. La polémica está abierta y el único que puede hacer algo es el Ministerio de Educación.