Gobierno tras las rejas

Francisco Bompadre * – Esta es una crónica del tiempo en que el grupo guerrillero Sendero Luminoso atacó a sus propias bases de sustento: a dirigentes y grupos campesinos pobres de Perú. Entre los años 1980 y 1992 -cuando cayó detenido su máximo dirigente Abimael Guzmán Reinoso y la mayor parte de la dirección nacional-, el grupo guerrillero Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (en adelante, PCP-SL), llevó a cabo una serie de atentados dinamiteros contra sedes bancarias y partidos políticos, quema de urnas y padrones electorales, enfrentamientos y asaltos a seccionales de policía y prefectura, reclutamiento de niños soldados, secuestros y homicidios colectivos en diversas regiones del Perú. Los inicios de la llamada por el PCP-SL “guerra popular”, tuvieron su epicentro en las provincias de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, en el suroeste del país andino.

Increíblemente, el grupo guerrillero de origen maoísta atacó las propias bases de sustentación sobre las que pretendía apoyarse: dirigentes y grupos de campesinos pobres que se oponían a la violencia desmesurada del PCP-SL, que fueron eliminados sin piedad. Se trató del conflicto más violento de la historia moderna de Perú, que dejó al menos un saldo aterrador de 31.331 personas muertas en doce años de combates y atentados. El grupo, conocido más popularmente como Sendero Luminoso a secas, fue un largo desprendimiento vanguardista y sectario del socialismo peruano fundado por el gran intelectual andino José Carlos Mariátegui. En el medio, asistimos a sucesos políticos y sociales que van, desde la revolución cultural de la China de Mao, hasta las idas y vueltas del Partido Comunista Soviético, sin olvidar el triunfo de la revolución cubana. Y de todo ello se nutrió el pequeñísimo grupo de12 militantes que, liderados por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, dieron inicio en las pequeñas aulas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, al movimiento guerrillero más desopilante de América del Sur.

Equilibrio inestable. El sentido común sostiene que, en general, las prisiones son manejadas y controladas por los agentes del servicio penitenciario o guardiacárceles. Si bien es notoria la desproporción de poder existente entre los agentes penitenciarios y los detenidos, lo cierto es que la regulación y gestión de cualquier cárcel es siempre una suerte de equilibrio inestable entre los dos grupos. El orden de un presidio, en general, nunca se impone de manera unilateral, ni de arriba hacia abajo: lo que la sociología de las prisiones describe es menos la estrategia del garrote que la de la zanahoria en el gobierno de las cárceles. Para decirlo un tanto esquemáticamente, los detenidos padecen ciertos dolores, frustraciones y privaciones dentro de la vida en prisión (en las áreas de la aceptación social, de las posesiones materiales, en relación a las relaciones heterosexuales, en la autonomía y en la seguridad personal), que llevan a que los internos ofrezcan distintos tipos de adaptaciones a estas circunstancias, englobadas en la llamada “cultura carcelaria”. La mayoría de las respuestas son de tipo alienantes, en el sentido de que el preso pretende reducir los rigores de la vida en prisión a expensas de los demás presos, persiguiendo sus propios intereses y sus propias necesidades, sin consideración a los derechos y opiniones de los demás internos. El rol que encarna la respuesta adecuada a las privaciones de la vida en la cárcel es la que el argot carcelario denomina la del “preso que sabe caminar” o “el preso con códigos”, es decir, aquel preso cuya conducta tiende a conducirse con lealtad, generosidad, restricción sexual y a la minimización de las fricciones con los demás internos, quien brinda una respuesta de tipo cohesiva frente a las duras condiciones de vida en la prisión. Desde este punto de vista, entonces, el colectivo de los presos no presenta la homogeneidad que a veces se le pretende otorgar: disputan y compiten entre ellos, en diferentes sectores, grupos o “ranchadas”. Y aun cuando no se enfrentan entre ellos, en muchísimas ocasiones los distintos grupos presentan actitudes y reacciones disímiles y oscilantes. Incluso también están a la orden del día las alianzas entre guardiacárceles y grupos de presos para diversos objetivos: contrabando de bienes, obtención de privilegios, reparto de las mejores celdas, etc.

La hegemonía de SL. Muchos militantes de Sendero Luminoso, con el tiempo, fueron apresados y detenidos en los distintos penales del Perú. Esta situación llevó al jefe y a la dirección nacional del grupo a tomar una decisión respecto a la política a seguir en las cárceles estatales con sus militantes detenidos. De esta manera, Sendero Luminoso convirtió la vida en prisión en una escuela de adoctrinamiento y de nuevos reclutamientos de militantes. Si en la sociedad el grupo actuaba de manera clandestina, dentro de los presidios la estrategia sería totalmente contraria: visibilizar el poder de la organización frente a los demás presos comunes y a las autoridades penitenciarias. En efecto, los militantes senderistas presos tienen una serie de ventajas respecto del resto de los detenidos: formación política, adiestramiento militar y recursos que les llegan desde afuera a través del partido, lo que les permitió entre 1980 y 1992 crear un orden cultural que establecía qué tipo de conductas eran las correctas y cuáles no, sin la interferencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). A este contexto, se deben sumar además los motines, las toma de rehenes (siempre agentes penitenciarios) y los copamientos armados que Sendero Luminoso llevó a cabo en los presidios para liberar a sus militantes detenidos. Una rápida conclusión nos lleva a sostener que si en el afuera el Estado peruano ganaba la partida frente a Sendero Luminoso, en el adentro de las cárceles, otra fue la historia: los presos senderistas fueron quienes construyeron la autoridad política, en buena medida beneficiados por la precariedad de las condiciones de detención en las cárceles del país andino. Ni solo, ni esperando. Cuando un militante político es encarcelado no por ello deja de pensar o de organizarse. Desconocer esto fue uno de los mayores errores del Estado peruano, que lo comprendió demasiado tarde. Si el Estado peruano había producido un vacío en la política pública penitenciaria, dejándola a la ley del más fuerte dentro de la cárcel; los senderistas, por el contrario, llenaron ese espacio de contenido: la revolución comunista en Perú. Pero ésta no fue la única equivocación estatal. En efecto, luego del copamiento del Centro de Readaptación Social (CRAS) de la ciudad de Huamanga, donde los senderistas liberaron a más de 200 militantes presos (incluidos todos sus cuadros políticos regionales), las autoridades nacionales decidieron agrupar al resto de los senderistas presos en las cárceles de Lima, más vigiladas y controladas que las del resto del país. Como suele suceder en estas ocasiones, el poder de los militantes presos -ahora, todos juntos- se potenció y multiplicó, redundando en una mayor hegemonía de Sendero Luminoso, que paulatinamente se encargaba de organizar el tiempo y el espacio carcelarios. Los militantes presos ponían a disposición de la línea ideológica del partido no sólo su pensamiento, sino también el cuerpo mismo y -en el extremo- la propia vida. La disposición a entregar la vida por el partido o sus dirigentes era literal y se ponía en práctica en cada motín o copamiento: los casi 300 senderistas muertos en los motines del 18 y 19 de junio de 1986 dan cuenta de lo dicho.

¿Todo preso, es político? Esta es una crónica sobre la violencia política en las cárceles del Perú por parte de los militantes detenidos de Sendero Luminoso. Pero es también al mismo tiempo y en un sentido más general, la de esa distinción que recorrió las cárceles de nuestra América Latina: aquella que diferencia entre presos políticos y presos comunes. Sin embargo, nunca debemos dejar de preguntarnos si todo preso no es acaso un preso político. * Abogado, docente de la UNLPam.