CIUDAD ¿Por qué revocar a Peñalosa? Profile photo of Editor Bogotá
ByEditor BogotáPublicado el 05/30/2016
Muchas razones justifican el clamor de buena parte de los bogotanos para revocar al Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Los engaños en su gestión de Gobierno van desde mentir a la ciudadanía acerca sus estudios y formación profesional hasta justificar el cambio del uso del suelo en reservas estratégicas con argumentos vagos. Presentamos algunos de los puntos estratégicos que motivan a la ciudadanía a exigir la cabeza del mandatario.
“Si se acaba el patrimonio público, se acaba la soberanía”
La venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB- divide opiniones en varios sectores de la población colombiana, incluso desde antes de la posesión de Enrique Peñalosa como Alcalde de la capital del país.
Según Gustavo Merchan, fiscal de Sintratelefonos, sindicato de la ETB, “la venta del patrimonio público de los colombianos es pegarle un mordisco al mapa, porque no sólo son los postes o cables de la ETB, es toda la infraestructura física que se ha construido en 132 años de historia. La ETB hace parte de las raíces de Colombia, venderla a capital extranjero es desconocer lo nuestro”.
La empresa genera ingresos anuales por más de $350 mil millones, la financiación de la Universidad Distrital y sus estudiantes por mas de $41 mil millones, además de asegurar 74 zonas wi-fi gratuitas en Bogotá y llevar fibra óptica vía satélite al departamento del Amazonas; por último, la ETB es la reguladora natural de los costos de las facturas ya que por ser empresa pública da el margen del precio a las tarifas. Si la ETB se vende a capital privado jugarán con las tarifas de internet, televisión, telefonía celular y fija, “porque ellos vienen es a sacar provecho”, como sentenció Merchan.
La Van Der Hammen con futuro incierto
Desde que Enrique Peñalosa anunció en el mes de febrero adelantar el proyecto urbanístico Ciudad Norte en los terrenos que constituyen la reserva ambiental Van Der Hammen, el conjunto de voces de expertos, ambientalistas y habitantes de la capital, ha resaltado los impactos negativos del proyecto. Los efectos de la conurbación municipal y la carente articulación con los intereses de los municipios cercanos a Bogotá se suman a la catástrofe ambiental para la biodiversidad de los ecosistemas que sobreviven en los terrenos declarados como suelos de interés público.
La riqueza del suelo y la alta cantidad de agua podrán ser convertidas en una ”ciudad dormitorio”, según afirmó Mario Noriega, arquitecto y urbanista de la Universidad de los Andes, al analizar el proyecto que hace parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, manifestó que para “Mitigar el impacto del cambio climático y tener un efecto positivo para la ciudad y los municipios del norte se debe implementar el plan de manejo ambiental que estipula el acuerdo 021 del 2014 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- y así convertir a la Van Der Hammen en un pulmón para la región”.
Transmilenio, SITP y el Plan Maestro de Movilidad
Al iniciar el año el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, manifestó que en junio la ciudadanía podría ver el SITP funcionando al 100%. El plazo terminó y tal como lo dijo Alexandra Rojas, gerente de la empresa Transmilenio S.A., responsable de la integración del SITP, serán otros 12 años para que esta empresa y el SITP sean eficientes y funcionen al 100%. Por lo que vive la ciudad actualmente la movilidad no funcionará en el futuro cercano, a pesar que las tarifas sí aumentaron en febrero de este año de $1800 a $2000 cada pasaje.
Se calcula que diariamente son recaudados entre siete mil millones y ocho mil millones de pesos por Transmilenio y SITP. De las ganancias de Transmilenio, el 90% queda en manos de los dueños de los buses, el 5% va a parar a manos de las empresas recaudadoras; el distrito de Bogotá sólo recibe el 5% restante. Así que de los $ 2.000 que vale un pasaje de Transmilenio, $1.800 van a manos de los privados, 100 pesos a la empresa recaudadora, también de privados, y 100 pesos para la ciudad. Con este 5% que recibe Bogotá, la capital debe garantizar el mantenimiento de la malla vial, la infraestructura, la seguridad en el sistema y la operación de las estaciones de Transmilenio; los privados sólo asumen el mantenimiento de los buses y algunos gastos de funcionamiento.
Varias han sido las protestas, así como sus causas: largas filas, robos, demora en la llegada de los buses, abusos contra las mujeres, hacinamiento y congestiones (hasta seis y siete personas por metro cuadrado). Los reclamos cotidianos de la ciudadanía contra el servicio que brinda Transmilenio destacan que “El alza de los precios para los usuarios no tiene ninguna justificación, este servicio no sirve para nada. La verdad nos están robando en la cara y nos sacan plata y plata por un metro que ahora nos lo mandan por el aire”.
Mínimos vitales
El gobierno de Gustavo Petro adoptó en el año 2012 la política de mínimo vital de agua para familias pobres de estrato 2 y 3, al otorgar de forma gratuita 6 metros cúbicos mensuales para cada una de estas. Los estudios del distrito daban el respaldo fiscal a la implementación del decreto, aunque en el año 2015 la Superintendencia de Servicios diera a conocer un informe donde explicaba los límites que había superado la política del mínimo vital y los problemas que podría traer para el abastecimiento de agua en Bogotá. A pesar de esto, el proyecto puede financiarse con la potencia tributaria de una ciudad con industria y comercio como Bogotá, pero la actual administración de Enrique Peñalosa ha considerado este gasto en derechos sociales como “exagerado” e “insostenible”.
El reconocimiento de la dignidad humana era la principal motivación para expedir el decreto que ponía en funcionamiento el subsidio por el agua. Garantizar ese mínimo vital permitiría a las familias mejorar su ingreso disponible para otras necesidades, lo que a su vez buscaba equiparar las condiciones de existencia de la ciudadanía. Mientras tanto, la administración Peñalosa tumba paulatinamente algunos de los derechos sociales que había ganado la ciudad en los últimos años: subsidios de agua, subsidios de transporte, jardines comunitarios, atención a poblaciones vulnerables como las que habitan las calles, en el Bronx, por ejemplo.
Mientras las familias pobres de la ciudad utilizan un 7,5% de sus ingresos en el pago de los servicios, las familias con recursos gastan apenas un 3,3% para cubrir el mismo rubro según estudios de las secretarías distritales. Si el gobierno de Peñalosa sigue profundizando el modelo urbanístico y empresarial de ciudad, la desigualdad y la injusticia social seguirán estando presentes en Bogotá.
Ahora bien, la oportunidad de que los bogotanos cambien esto para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en Bogotá se encuentra respaldada por la Constitución Política y se justifica desde movilización social. El mecanismo de participación política de la revocatoria del mandato es una manifestación del poder que tiene el pueblo; la capacidad de otorgar el mandato de Alcalde Mayor se responde con la oportunidad de revocarlo, así que Enrique Peñalosa terminará su mandato cuando la población bogotana lo desee.
Se calcula que diariamente son recaudados entre siete mil millones y ocho mil millones de pesos por Transmilenio y SITP. De las ganancias de Transmilenio, el 90% queda en manos de los dueños de los buses, el 5% va a parar a manos de las empresas recaudadoras; el distrito de Bogotá sólo recibe el 5% restante. Así que de los $ 2.000 que vale un pasaje de Transmilenio, $1.800 van a manos de los privados, 100 pesos a la empresa recaudadora, también de privados, y 100 pesos para la ciudad. Con este 5% que recibe Bogotá, la capital debe garantizar el mantenimiento de la malla vial, la infraestructura, la seguridad en el sistema y la operación de las estaciones de Transmilenio; los privados sólo asumen el mantenimiento de los buses y algunos gastos de funcionamiento.
Varias han sido las protestas, así como sus causas: largas filas, robos, demora en la llegada de los buses, abusos contra las mujeres, hacinamiento y congestiones (hasta seis y siete personas por metro cuadrado). Los reclamos cotidianos de la ciudadanía contra el servicio que brinda Transmilenio destacan que “El alza de los precios para los usuarios no tiene ninguna justificación, este servicio no sirve para nada. La verdad nos están robando en la cara y nos sacan plata y plata por un metro que ahora nos lo mandan por el aire”.
Mínimos vitales
El gobierno de Gustavo Petro adoptó en el año 2012 la política de mínimo vital de agua para familias pobres de estrato 2 y 3, al otorgar de forma gratuita 6 metros cúbicos mensuales para cada una de estas. Los estudios del distrito daban el respaldo fiscal a la implementación del decreto, aunque en el año 2015 la Superintendencia de Servicios diera a conocer un informe donde explicaba los límites que había superado la política del mínimo vital y los problemas que podría traer para el abastecimiento de agua en Bogotá. A pesar de esto, el proyecto puede financiarse con la potencia tributaria de una ciudad con industria y comercio como Bogotá, pero la actual administración de Enrique Peñalosa ha considerado este gasto en derechos sociales como “exagerado” e “insostenible”.
El reconocimiento de la dignidad humana era la principal motivación para expedir el decreto que ponía en funcionamiento el subsidio por el agua. Garantizar ese mínimo vital permitiría a las familias mejorar su ingreso disponible para otras necesidades, lo que a su vez buscaba equiparar las condiciones de existencia de la ciudadanía. Mientras tanto, la administración Peñalosa tumba paulatinamente algunos de los derechos sociales que había ganado la ciudad en los últimos años: subsidios de agua, subsidios de transporte, jardines comunitarios, atención a poblaciones vulnerables como las que habitan las calles, en el Bronx, por ejemplo.
