Autor: Antonio Romero
El 20 de julio de 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decretaban desde Marquetalia el Programa Agrario de los Guerrilleros que en su Artículo Primero decía:
“A la reforma agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efectiva Reforma Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quisieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. La Reforma Agraria Revolucionaria entregará a los campesinos las herramientas, animales de labor, equipos y construcciones para su debida explotación económica. La reforma agraria es la condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, del hambre y del analfabetismo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Reforma Agraria confiscará las tierras ocupadas por los imperialistas yanquis a cualquier título y cualquiera que sea la actividad a la cual están dedicadas”.
Cincuenta y dos años después, las FARC anuncian el acuerdo con el Gobierno de Colombia para un cese del fuego bilateral y definitivo, además de un acuerdo acerca de las condiciones para la entrega de armas, como último paso al “Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”.
Este acuerdo contiene seis puntos que –contrario a lo que sostiene la extrema derecha representada en el ex presidente Uribe Vélez– nada tiene que ver con el programa liberal radical que levantara las FARC en Marquetalia hace más de medio siglo, ni con la reforma agraria en defensa del mercado interno que defendieran en los últimos años, lo acordado hasta ahora se parece más al programa de gobierno ‘Prosperidad para todos’ de Juan Manuel Santos.
Basta hacer el ejercicio de revisar los textos acordados e ir a las páginas de las distintas instituciones estatales, para mirar que en los seis puntos no hay una sola modificación del régimen en Colombia y que lo nuevo será que las FARC estarán haciendo política, con un programa regresivo con relación al que levantaron aquel 20 de julio en Marquetalia.
Primer punto: Política de desarrollo agrario integral
El primer punto acordado en la agenda fue la otrora llamada cuestión agraria, que ha sido el motor de la confrontación armada en el país. Pero contrario a lo que se pensaba, fue el más fácil de firmar, porque las FARC aceptaron el llamado desarrollo agrario integral con enfoque territorial, que no es más que la política del liquidado Incoder de entrega de baldíos tanto a campesinos como a empresarios y la entrega de unas zonas de reserva campesina.
En el documento ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral’, se manifiesta que se reconoce “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo… Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural”.
Es decir, que las zonas de reserva campesinas coexistirán con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), pues advierten que esta reforma “se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria”.
Segundo punto: Participación política
Dos grandes aspectos constituyen este punto, por una parte las garantías para la oposición política y por otra los mecanismos de participación en política.
En el primero, el acuerdo es la elaboración de un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana. Este proyecto contará “con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos”, que serán elegidos en un acuerdo entre las FARC y el Gobierno. Es decir, las organizaciones políticas y sociales que han soportado el rigor de la guerra, que deberían tener por derecho propio participación en todos los espacios, estarán supeditados a la buena voluntad de los firmantes de los acuerdos.
En el segundo, que apunta a promover el pluralismo político, los acuerdos dicen que se deben “hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para su constitución; y diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional”.
Este reclamo, que vienen haciendo muchas organizaciones políticas de izquierda que fueron víctimas de la Reforma Política de 2003, que creó el umbral para mantener la personería jurídica y por ende el derecho a participación política, es contemplado en los acuerdos, al igual que una circunscripción especial de paz que le daría un número de curules directas a las FARC.
Tercer punto: Fin del conflicto
Este tercer punto fue uno de los más difíciles de acordar pues se trataba del cese bilateral del fuego, de las condiciones del armisticio de las FARC, de la entrega de las armas y de las zonas en las que se concentrarán los guerrilleros para su desmovilización.
Pero lo que debemos advertir en este punto no son los mecanismos, sino el trasfondo, pues dicen los acuerdos que: “El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales”.
Con esto la idea de que las FARC desmovilizadas se convertirán en una fuerza política que desde la institucionalidad promoverá las transformaciones que no pudo promover como grupo armado queda desvirtuada. Lo que queda claro en este acuerdo es que el nuevo movimiento se dedicará a defender su pacto con la burguesía, con las patronales, con el establecimiento.
Cuarto punto: Solución al problema de las drogas ilícitas
Este punto fue de fácil acuerdo en la agenda y lo que se firmó tampoco es nada nuevo: programas de sustitución de cultivos ilícitos, programas de prevención del consumo y solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos a través de la “intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo”, es decir, seguimos en los mismo: la política de la zanahoria y el garrote, solo que las FARC esta vez harán parte del garrote.
Quinto punto: Víctimas
Poco se habla de las víctimas en las sesenta páginas del quinto punto. Al contrario lo que se establecen son los mecanismos para que la guerrilla pueda resolver sus problemas judiciales con el régimen a través de la implementación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Este es uno de los puntos que más afectará a las víctimas, porque detrás de esta amnistía a las FARC estará la amnistía para los militares, los paramilitares y sus financiadores (terratenientes, ganaderos, empresarios nacionales y extranjeros, y políticos) que se podrán acoger a este sistema y así dejar en la impunidad los crímenes cometidos contra 4.744.476 personas desplazadas, 25.007 desaparecidas y 218.094 asesinadas.
Para las víctimas, se propone dar continuidad a la Ley de Víctimas que prevé reparación individual y colectiva, con los resultados conocidos en la aplicación de esta norma. La reparación individual que además de tener bajos montos, solo ha indemnizado a 500 mil de las nueves millones de víctimas registradas, cuando van transcurrido cinco de los diez años previstos para tal fin. La reparación colectiva que apunta a restituir los derechos violentados, pero que depende de una precaria justicia transicional en manos de alcaldías y gobernaciones, la mayoría de ellas en manos de los victimarios.
Sexto punto: Implementación, verificación y refrendación
El último punto se centra en el mecanismo de refrendación de estos acuerdos. Un punto crucial para las organizaciones revolucionarias que por más de medio siglo han criticado la táctica guerrillera y que entienden la legítima aspiración de los trabajadores y los pobres de que se acabe una guerra que los ha afectado y que no los ha beneficiado, pero que están en contra de la propaganda del Frente Amplio por la Paz y de la Unidad Nacional que promueven estos acuerdos como los que harán las transformaciones políticas y sociales que se requieren.
Todo parece indicar que el referendo tendrá dos opciones: sí o no. Que el Frente Amplio por la Paz y la Unidad Nacional actuarán juntos por el Sí y que el Centro Democrático de Uribe Vélez votará por el No. Como siempre, nos crearán una falsa encrucijada, como en las pasadas elecciones, entre Santos y Zuluaga. Pero debemos entender que en este mecanismo de refrendación no solo votaremos si queremos o no una guerrilla desmovilizada, haciendo política con su programa reformista, sino que votaremos por estos seis puntos que están lejos de transformar el régimen político en Colombia.
