Los abajo firmantes, quienes depositamos votos nulos en el pasado plebiscito, o nos abstuvimos de votar, o votamos sí, miembros todos de la sociedad civil, y como tales, por mandato del artículo 22 de la constitución Colombiana, titulares del derecho a la Paz, que es mucho más amplio que la mera cesación parcial de un conflicto armado, como el que se firmo en La Habana, pues no es sólo la falta de violencia física sino también la ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; sabiendo que no es posible la paz si no existe, coetáneamente, el respeto y realización plena para todos los miembros de la sociedad civil, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (ONU).
Conscientes de que las negociaciones con la insurgencia, si bien pueden suprimir un importante factor de violencia, no resuelve los graves problemas fundamentales de la sociedad que afecta principalmente al pueblo, quien no cuenta con plenas libertades democrática, ni lo derechos esenciales como el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda, y los servicios públicos son negados o recortados configurándose una profunda desigualdad social.
Seguros de la necesidad de hacer profundos cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad y distribución de la riqueza, requerimos de una nueva Constitución Política, por lo que proponemos luchar por una Asamblea Nacional Constituyente de carácter amplia, democrática y popular, que diseñe las nuevas instituciones que hagan realidad la anhelada paz con justicia social.
Por todo lo anterior, nos hemos constituido en el CONSEJO promotor de esa Asamblea Nacional Constituyente, y porque consideramos, al igual que otros sectores, que no le hace bien al país, ni al proceso de paz, que los resultados del plebiscito sean canalizados por la clase en el poder para zanjar sus diferencias y darle continuidad al sistema que debe modificarse por ser causa de la violencia y del conflicto que hemos padecido.
Igualmente, vemos positiva la iniciación del diálogo para la cesación del conflicto armado con el ELN, y esperamos que uno de sus primeros frutos sea el cese bilateral del fuego y observamos con optimismo que el ELN haya manifestado que durante todo el proceso se hará acompañar de la sociedad civil. Estaremos en plena disposición de acompañarlo con toda libertad y autonomía, para señalar sus coincidencias y sus divergencias; lo que sea ampliación de derechos lo respaldaremos y lo que signifique vulneración, retroceso o privación de derechos, lo rechazaremos.
El Consejo por la constituyente, con el fin de impedir esta nueva exclusión, le informa a la comunidad internacional y a la nacional, que seremos interlocutores activos en la búsqueda de la verdadera paz y que no escatimará ningún esfuerzo para dialogar con todos los actores armados (ELN, FARC, EPL), con el propio Estado y especialmente con las organizaciones de la sociedad civil, porque tiene claro que el derecho a la paz fundamental e irrenunciable que tenemos todos los colombianos, no está condicionado ni supeditado al mantenimiento del orden público que tiene el gobierno nacional.
El Consejo por la Asamblea Nacional Constituyente que hemos constituido, está abierto para que otros sectores interesados en la propuesta que levantamos se integren, participen y la fortalezcan, y así unir fuerzas.
Diálogo Nacional ya, dentro y fuera de la constituyente.
Consejo Nacional por la Asamblea Constituyente.
Bogotá, Octubre 18 de 2016
Firmas:
Unión Patriótica Bases en Rebelión
Divergentes MP
Movimiento por la Constituyente Popular-MCP-
Partido Socialista de los Trabajadores-PST-
Colectivo Nacional Sindical Clasista-GM-
Memame Colectivo Pueblo
Unes
Colectivo Vida Digna-Ciudad Bolívar-
Juventud Democrática Popular-Judep-
Comité San Juan de Todos
Jaime Araujo Rentería. Ex Magistrado CC
Editson Romero. Docente Universitario