Por. JAIME ARAUJO RENTERIA
Miembro del Consejo Nacional Pro Constituyente.
Miembros de la sociedad civil colombiana, le informamos al resto de ella y a la comunidad internacional que nos hemos constituido, como Consejo promotor de la Asamblea Nacional constituyente, para que ella pueda diseñar las nuevas instituciones que hagan realidad la anhelada paz con justicia social. Para enfrentar la profunda desigualdad social, es necesario hacer cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad y distribución de la riqueza, que afectan fundamentalmente a la población más pobre que no cuenta con plenas libertades democráticas, ni derechos fundamentales como el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos, que les son negados o recortados, configurándose una profunda desigualdad social.
Asumimos el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU, como uno de los objetivos de la constituyente: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”… y que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, en desarrollo de este mandato de toda la humanidad, se hace imperioso, ir más allá del acuerdo de La Habana, en el tema de los derechos humanos, en principio para que las víctimas de la violencia en Colombia, tengan de verdad, derecho a la reparación, a la justicia, a la verdad y a la no repetición; y para que la sociedad civil, toda, tenga una verdadera paz con justicia social; esto es, con más derechos humanos.
La sociedad civil, titular de la soberanía y del poder constituyente, mira positivamente, la iniciación del diálogo para la cesación del conflicto armado con el ELN y esperamos que uno de sus primeros frutos sea el cese bilateral del fuego, observamos con optimismo que este grupo beligerante haya manifestado que, durante todo el proceso, se hará acompañar de la sociedad civil. De nuestra parte estaremos acompañando ese proceso expresando nuestras opiniones con toda libertad y autonomía, haciendo sentir nuestra voz, para señalar nuestras coincidencias y nuestras divergencias. Lo que sea ampliación de derechos y libertades democráticas lo apoyaremos, y lo que signifique vulneración, retroceso o privación de derechos, lo rechazaremos.
La sociedad civil, dueña del poder constituyente, denuncia ante la opinión pública internacional y nacional, la estrategia del Santismo y del Uribismo, de impedirle al pueblo colombiano reunirse en una Asamblea Constituyente, amplia y democrática, que cuente con la participación mayoritaria de las organizaciones sociales, con el fin de abrirle camino a la paz con justicia social desde abajo, como el instrumento idóneo de una verdadera reconciliación.
Coincidimos con el ELN y otros sectores que han afirmado que no le hace bien al país, ni al proceso de paz, que los resultados del plebiscito sean canalizados por la clase en el poder para zanjar sus diferencias y darle continuidad a un sistema político perversamente excluyente, el cual, sin duda alguna debe modificarse por ser causa principal de la violencia y del conflicto sociopolítico que hemos tenido en nuestra historia reciente.
Algunos miembros del Consejo por la Constituyente, con el fin de impedir esta nueva exclusión, le informa a la comunidad internacional y a la nacional, que será interlocutor activo en la búsqueda de la verdadera paz y que no escatimará ningún esfuerzo para dialogar con todos los actores armados (ELN, FARC, EPL), con el propio Estado y especialmente con las organizaciones de la sociedad civil, porque tiene claro que el derecho a la paz, fundamental e irrenunciable que tenemos todos los colombianos, es superior y no está condicionado ni supeditado al mantenimiento del orden público que tiene el gobierno nacional.
Cuando los bandidos pelean, los honestos salen ganando, ya que los primeros al mismo tiempo mienten y dicen la verdad: mienten respecto de lo que dicen de ellos y dicen la verdad en lo que afirman de los contrarios; miente Uribe, cuando dice que no hizo trampas en el plebiscito y dice la verdad cuando afirma que Santos también las hizo y dice la verdad santos, cuando afirma que Uribe hizo trampas, y miente cuando declara que él no las hizo en el plebiscito. Como mintió también las FARC, antes o después del plebiscito, cuando dijo que aceptaba el resultado del mismo y ahora no lo acepta (mintió antes o miente ahora).
Para los abstencionistas, o quienes votaron por la constituyente, en el plebiscito, resulta profundamente paradójico, que muchos de los que votaron por el sí o por el no, en el plebiscito, y nos daban lecciones de democracia, ante la crisis que crearon ellos mismos, propongan como fórmula para salir de ella soluciones antidemocráticas; de espaldas al pueblo soberano y constituyente, excluyendo a las mayorías; cuando la solución es precisamente la contraria; inyectarle más democracia a la famélica democracia colombiana. No puede ser la cúpula de la oligarquía colombiana (Uribista y Santista) la que resuelva la crisis, sino el pueblo colombiano, pues, como dijera Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Este principio se encuentra plasmado en nuestra constitución en el “Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público...”.
MÁS ALLA DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA
El árbitro supremo, el pueblo colombiano, tiene que dejar de lado a Uribe y a Santos e ir más allá del acuerdo de La Habana, para conseguir los derechos que éste no contempla. Santos y Uribe, defienden el mismo modelo económico; ambos han realizado una guerra sin cuartel contra los derechos del pueblo; ambos han sido amanuenses de poderes y gobiernos extranjeros en contra de intereses colombianos.
Los acuerdos de La Habana, tampoco cambian el modelo económico, sino que lo perpetúa; no defiende la soberanía nacional. No le da a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad a la justicia a la reparación ni la garantía de no repetición; no le da los colombianos la verdadera paz con justicia social ni la paz con la naturaleza, no está la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. Las Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial. En los acuerdos de la Habana brillan por su ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos, la Creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá del acuerdo de La Habana, a debatirlos y a plasmarlos en una asamblea constituyente.
Ese diálogo, tiene que pasar por el diseño de las nuevas instituciones que den más derechos al pueblo colombiano, para que este, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, de ahí que reiteremos que el escenario natural para realizarlo es la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser convocada inmediatamente y exigida en todos los escenarios públicos o privados.
El Consejo por la Asamblea Nacional Constituyente que hemos constituido, está abierto para que otros sectores interesados en la propuesta, participen, y juntos la hagamos realidad.
Diálogo ya, dentro y fuera de la Constituyente.
