A Pesar de que, desde la expedición del Estatuto
Anticorrupción, hace un lustro, las autoridades tienen más ‘dientes’ para la
lucha contra este flagelo, lo cierto es que en la actualidad solo el 25 % de
los condenados como corruptos están purgando detención intramural. Así lo
revela el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República.
Mediciones del Observatorio
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. indican que de 1.850 sanciones que se han
logrado por delitos contra la administración pública, la mitad de los
implicados no paga cárcel y del porcentaje restante, el 25% logra que le den
casa por cárcel.
El panorama es más desolador si se tiene en cuenta que, al
constatar los registros del Inpec, se tiene que el promedio de las penas para
los delincuentes de cuello blanco es de apenas 24 meses y en muchas ocasiones
es un periodo que se purga en pabellones especiales que les ofrecen privilegios
con relación a los presos del común.
“Tenemos grandes artífices de escándalos que terminan
saliendo libres en muy poco tiempo y ese es un mensaje equivocado. Por eso el
Presidente le dio un mensaje al nuevo fiscal (Néstor Humberto Martínez Neira)
diciéndole que revise el régimen de beneficios de colaboración con la justicia,
el principio de oportunidad y los demás beneficios por trabajo y estudio, que
se han convertido en instrumentos que generan consecuencias nefastas para la
sociedad”, le dijo a Portafolio.co el ‘zar’ anticorrupción, Camilo Enciso.
El Observatorio ha hecho otros cálculos que dan luces ante
la pregunta de qué tan corruptos somos los colombianos, basado en las
actuaciones de los organismos de control estatales.
Entre el 2008 y el 2015, la Contraloría General de la
República falló 784 procesos con responsabilidad fiscal, por un monto de 2,7
billones de pesos, mientras que, desde el 2009, las contralorías territoriales
emitieron 1.911 sentencias por 228.000 millones de pesos.
Antes del Estatuto, el monto promedio anual de las
decisiones fiscales fue de 59.000 millones y después se incrementó a un
promedio de 699.000 millones. Así mismo, las sanciones pasaron de 345 a 840 por
año. Enciso enfatiza en que esto habla bien de la mejoría en la eficacia de las
normas. No obstante, solo el 31% de las multas fueron efectivamente pagadas
(43.000 millones de pesos).
El 68% de los procesos se originaron en una auditoría, 15%
de denuncias ciudadanas y 14% de indagaciones preliminares. Las multas
impuestas.
En el campo penal, del 2008 al 2013 se emitieron 2.458
sanciones por delitos contra la administración pública, siendo también la
tendencia favorable, pues hasta el 2011 fueron 234 y después la cifra ha venido
creciendo a un ritmo anual del 61%. El cohecho (soborno) fue el delito que más
se cometió, con 1.045 personas sancionadas, mientras que el peculado por uso es
la conducta con más alto castigo, con 7 años de pena en promedio, según el
Observatorio.
Y aunque las cifras pueden mostrar una situación alarmante,
para Enciso, la tendencia es positiva, en la media de que reflejan las acciones
para moralizar la conducta de los servidores públicos y los particulares.
En el 2013 el Gobierno formuló un Conpes anticorrupción que
de acuerdo con Enciso ha tenido avances indiscutibles: “A junio 30 del 2014
estábamos en un cumplimiento del 28%. A diciembre 31 de ese mismo año fue 45%,
a junio 30 del 2015 se llegó al 55%, y a diciembre 31 del 2015 fue el 63%. Hoy
calculamos que estamos llegando al 80%”, dijo.
Entre los componentes de ese plan están el fortalecimiento a
las oficinas de control interno de las entidades públicas, la expedición de la
Ley antisoborno y la ley de lucha contra el contrabando, así como las normas
sobre transparencia en el acceso a la información pública y la implementación
del manual único de rendición de cuentas al ciudadano.
Fuera de eso, se creó el comité de coordinación contra la
corrupción, integrado por la Policía, la Unidad de Información y Análisis
Financiero (Uiaf), la Dijín y la Presidencia. Igualmente, hoy existen un
comando anticorrupción en el que están todos los órganos de control y 32
comisiones regionales de moralización en las que los órganos de vigilancia de
los departamentos coordinan acciones.
La Oficina de Transparencia dice que prefiere no emitir
datos sobre cuánto le cuesta la corrupción al país, pero existen otros cálculos
según los cuales podrían ser cerca de 4 puntos del Producto Interno Bruto, es
decir más de 20 billones de pesos.
Fuente. Portafolio
