El Consejo de Estado ratificó la
suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada a la sociedad Carbones
del Cerrejón Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en Albania,
Guajira, y ordenó al Gobierno Nacional y a la empresa adelantar un proceso de
consulta previa con la comunidad Wayúu La Horqueta 2.
En consecuencia, la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) y la empresa minera deberán concertar con el grupo indígena
antes seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que
hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento del
Caribe.
La sociedad Carbones del Cerrejón
Limited había obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego
de que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior estableciera
que, según visitas en terreno y material fílmico y de audio, el desvío del
cauce del arroyo no afectaría a la comunidad aborigen que interpuso la acción
de tutela, por lo que no era necesaria la consulta.
Sin embargo, en mayo del 2016 una
acción de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de la Guajira ordenó
suspender provisionalmente los efectos jurídicos de dicha autorización, hasta
que no se revisara nuevamente y de manera exhaustiva la probable afectación de
los derechos de la comunidad La Horqueta 2.
Tanto el tutelante como los
accionados impugnaron la decisión, lo que llevó al Consejo de Estado a
pronunciarse. Así las cosas, la Sección Cuarta de la corporación estableció que
no solo era necesario ratificar la suspensión de los efectos jurídicos de la
licencia ambiental, sino que además ordenó adelantar el proceso de consulta
previa, al encontrar probado que los aborígenes sí se verían eventualmente
afectados por el desvío del cauce del arroyo Bruno.
Para la Sala, la posible
afectación de los intereses de esta comunidad Wayúu no podían descartarse por
el simple hecho de que esta esta se encontrara asentada fuera del área de
influencia del proyecto. A juicio de la corporación, las autoridades y empresa demandas
debieron valorar el posible impacto de acuerdo al significado ancestral de los
terrenos en controversia, la contaminación ambiental que genera la explotación
de carbón a cielo abierto y la crisis que vive La Guajira por falta de agua.
