sábado, 14 de enero de 2017

Vuelta al ruedo en la Santamaría es una orden de la Corte Constitucional

Por. Lucia Batidas
Concejal de Bogota.

Este 22 de enero vuelven los toros a la Plaza Santamaría de Bogotá y es bueno que los bogotanos tengan claras las circunstancias que llevaron a la ciudad a autorizar la temporada taurina, a pesar de que al alcalde Enrique Peñalosa no le gustan las corridas y además defiende el derecho de la mayoría de ciudadanos que se expresan en el mismo sentido.

El primer punto que hay que tener en cuenta es que desde el 2 de septiembre del 2014, la Corte Constitucional ordenó “a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la plaza de toros de Santamaría de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión”.

Esta orden del máximo órgano constitucional del país se dio como respuesta a la prohibición de las corridas que el exalcalde Gustavo Petro impuso durante su gobierno, cuando en junio del 2012 revocó el contrato de arrendamiento que tenía el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con la empresa privada que manejaba las corridas en la Plaza Santamaría.
Plaza de Toros de La Santa Maria
Bogotá.

El cumplimiento de esa orden constitucional se aplazó durante la administración pasada que argumentó fallas estructurales en la plaza, y solo a finales del 2015 adjudicó el contrato para realizar las obras.

De ahí que el segundo punto que deben conocer los bogotanos es que la administración del alcalde Enrique Peñalosa, como era su obligación, se dedicó en los últimos meses a garantizar que se ejecutara el contrato de reforzamiento estructural de la plaza que fue adjudicado en el 2015 por un valor 6.240 millones de pesos. Y actuando con responsabilidad, agregó otras obras para la modernización y el cumplimiento de las normas actuales en redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, y así garantizar la seguridad y el funcionamiento del inmueble, para un mejor servicio al público.

Y el tercer punto para entender este tema es que, para cumplir el mandato constitucional de retornar los toros a la Plaza, el actual Gobierno tuvo que licitar la operación de la temporada taurina que fue adjudicada al consorcio Colombia taurina.

Dicho esto, es preciso que los bogotanos tengan presente que, si bien la primera obligación del alcalde fue cumplir la constitución y la ley, él ha manifestado en varias oportunidades que no le gustan las corridas de todos y que en Bogotá es evidente que hay una inmensa mayoría de personas que tampoco las quieren.

Por eso no es extraño que, actuando con transparencia, el Alcalde apoyó en el 2016 la radicación de un proyecto de ley con el senador Carlos Fernando Galán que busca explorar el camino legal y respetuoso con las normas para prohibir el maltrato a los animales en la ciudad, y eso incluye a los toros.


Quienes promueven el proyecto, al que el alcalde le dio su respaldo, consideran que si hoy la Corte Constitucional está obligando a la ciudad a volver a abrir la plaza Santamaría para los toros, también es posible que el Congreso tenga la libertad de promover y lograr la aprobación de leyes que eviten el maltrato animal.
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