El lunes 23 de enero, cuando se
encontraba dentro de la vivienda de su familia, una menor de edad fue violada
por un grupo de paramilitares que llegó hasta la vereda La Hoz del
corregimiento San José de Apartadó en el Urabá antioqueño. (Lea aquí: Temor en San
José de Apartadó tras incursión de grupos posdesmovilización)
La denuncia fue hecha por la
Comunidad de Paz que ha sido blanco de una serie de amenazas a sus líderes,
tras denunciar de manera permanente la expansión del paramilitarismo en ese
corregimiento y señalar la presunta connivencia de la fuerza pública.
Una de las amenazas tuvo lugar en
la vereda La Esperanza, el domingo 22 de enero, cuando paramilitares llegaron
hasta la vivienda del Reinaldo Areiza y, al no encontrarlo, anunciaron que
admitirán ‘sapos’ en la zona.
También advirtieron que quien “no
colabore con ellos o se va o se muere, que ellos son la autoridad en la región,
pues, han recibido aval de la fuerza pública, con quienes ya están
desarrollando proyectos conjuntos y lo harán por encima de quien sea”, denunció
en un comunicado la Comunidad de Paz.
Ese domingo, en horas de la
tarde, los paramilitares hicieron presencia en la vereda Mulatos Medio; a donde
regresaron el viernes 27 de enero enseñando una lista de las personas que
buscan para asesinar, y amenazando a Diana Guisao por tener familiares en la
Comunidad. Posteriormente se dirigieron a la Aldea de Paz “Luis Eduardo
Guerra”. Allí, además de las intimidaciones, les tomaron fotografías a los
pobladores.
El recorrido terminó el domingo
28 de enero cuando, según la denuncia, cinco paramilitares entraron a
territorio de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, retuvieron a dos
personas durante varios minutos y nuevamente amenazaron a la población.
Anunciaron reunión de comandantes
paramilitares
En un tono más ‘amable’ y
desmarcado de la violencia con que vienen intimidando a la Comunidad de Paz,
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han convocado reuniones en diferentes
veredas de San José de Apartadó para informar a la población que ahora ellos
controlan el territorio.
“Han venido diciendo: no se
preocupen, no vamos a hacerles nada, no los vamos a matar, pero acostúmbrense a
que nosotros vamos a estar acá”, relató un habitante del corregimiento quien
pidió proteger su identidad.
“Lo miedoso de esas reuniones
¬–manifiesta esta persona– es que los paramilitares vienen diciendo: les vamos
a ayudar mucho, vamos a hacer como la guerrilla que los ayudaba tanto, parar
arreglarles los colegios y trabajar con las Juntas de Acción Comunal. Eso es
muy importante, que estén organizadas, eso es lo que queremos nosotros,
apoyarlos, que la razón de nosotros son los campesinos y el bienestar”.
La situación es preocupante,
advierte el poblador, “porque uno sabía que estaban en veredas como La
Esperanza, Rodoxalí y otras, pero llegaron al punto de que se han desplegado
por todas partes. En la noche han llegado incluso a pasar cerca de la base del
Ejército en la cabecera del corregimiento San José de Apartadó y el Ejército no
hace nada”.
Cuando llegan a las veredas, los
paramilitares tocan en las casas de los líderes campesinos y presidentes de
juntas de acción comunal, y les ordenan que reúnan a la comunidad. En Mulatos
uno de los presidentes de junta se opuso, “entonces volvieron a la casa de él y
le dijeron: eso que usted está haciendo, eso genera conflicto entre la
población y nosotros, entonces
organícese y acostúmbrese que nosotros vamos a mandar o váyase de acá o
aténgase”, relató el habitante de la región.
Una de las últimas reuniones se
realizó hace una semana entre las veredas La Hoz y La Esperanza. Ese día las
AGC anunciaron a los pobladores de la zona que próximamente convocarán una
reunión más amplia en la que presentarán ante los campesinos a su comandante
Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán.
De acuerdo con la información de
la Comunidad de Paz, esta reunión de comandantes paramilitares podría tener
lugar en la vereda La Esperanza.
Campesinos son asediados en otras
regiones de Antioquia
Como lo advirtieron de antemano
varios sectores sociales y políticos del país, si el Estado no actúa de manera
efectiva controlando los territorios que dejaron las FARC, tras firmar el
acuerdo de paz, serán los paramilitares quienes se apropiarían de éstos.
En Antioquia, aparte de lo que
ocurre en Urabá, se ha denunciado la expansión del paramilitarismo en las
subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños principalmente.
En esta última subregión, la
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua),
denunció que “desde el 26 de enero de 2017, un grupo con cerca de 15
paramilitares se encuentra patrullando el corredor del Rio Bagre y la vereda La
Rebatiña cerca del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre”.
El grupo paramilitar, que según
la denuncia de Aheramigua se identificó como Autodefensas Gaitanistas, “viste
uniformes militares, porta armas largas y amenaza selectivamente a la
población”.
En el Nordeste, la Corporación
Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz (Cahucopana), denunció que en el
municipio de Segovia se han difundido “amenazas firmadas por las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, La Nueva Generación, Héroes del Nordeste o el Clan
Úsuga, por medio de las cuales decretan toques de queda y declaran objetivos
militares a marihuaneros, prostitutas, población LGTB y líderes sociales”.
En el Norte, fue el mismo Frente
18 de las FARC el que denunció la situación a través de un comunicado con fecha
del 30 de enero. Allí se indica que “en los municipios de Ituango, Peque,
Tarazá; en el departamento de Antioquia y Sur del departamento de Córdoba; se
presentan sostenidas amenazas por parte de grupos paramilitares contra los
pobladores que habitan estas regiones”.
Sin embargo la zona más crítica
en Antioquia parece ser Urabá, donde ya han matado a dos de los cuatro líderes
sociales que han asesinados en lo corrido del año en el departamento.
El primer caso en la región
ocurrió el 11 de enero cuando fue baleado José Yímer Cartagena, vicepresidente
de la Asociación Campesina del Alto Sinú y líder de la Marcha Patriótica, quien
fue asesinado cuando se desplazaba del corregimiento de Saiza en Tierra Alta,
Córdoba, hacia el municipio de Carepa. José Yimer venía preparando a la
comunidad para la implementación de los acuerdos de paz, principalmente en los
puntos sobre desarrollo rural integral y sustitución de cultivos de uso
ilícito.
El segundo crimen en Urabá fue el
del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro de la asociación
Tierra y Paz, asesinado entre la noche del sábado 28 de enero y la madrugada
del domingo 29, luego de haber sido secuestrado por cuatro hombres armados que
llegaron a su casa en la comunidad de la vereda Guacamayas del municipio de
Turbo, en territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.
A estos dos asesinatos de líderes
sociales, relacionados ambos con el histórico conflicto por la tierra en el
país, se suman las muertes de Edmiro León Alzate, líder del Movimiento por la
Vida y la Defensa del Territorio (Movete), en el Oriente antioqueño, ocurrido
el 12 de enero en la vereda Llano Cañaveral del municipio de Sonsón. Y el de
Alberto Suárez Osorio,administrador de la reserva Mesenia de la Fundación
Colibrí, baleado en el municipio de Jardín, Suroeste antioqueño, y cuyo caso
fue conocido el 22 de enero. Ambos líderes se caracterizaron por su defensa del
territorio y el medio ambiente, en regiones donde existen conflictos por
proyectos minero-energéticos.
Esta situación que viene
ocurriendo en diferentes regiones de Colombia, ya ha sido denunciada por
comunidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones del
Ministerio Público y organismos internacionales. El llamado es uno solo: a que
el Gobierno nacional y la pública actúen para garantizar la seguridad de las
comunidades y la implementación de los acuerdos de paz.
