viernes, 3 de febrero de 2017

Colombia paramilitares violan una niña en San José de Apartado mientras el ministro de defensa niega que existan paramilitares…

El lunes 23 de enero, cuando se encontraba dentro de la vivienda de su familia, una menor de edad fue violada por un grupo de paramilitares que llegó hasta la vereda La Hoz del corregimiento San José de Apartadó en el Urabá antioqueño. (Lea aquí: Temor en San José de Apartadó tras incursión de grupos posdesmovilización)

La denuncia fue hecha por la Comunidad de Paz que ha sido blanco de una serie de amenazas a sus líderes, tras denunciar de manera permanente la expansión del paramilitarismo en ese corregimiento y señalar la presunta connivencia de la fuerza pública.

Una de las amenazas tuvo lugar en la vereda La Esperanza, el domingo 22 de enero, cuando paramilitares llegaron hasta la vivienda del Reinaldo Areiza y, al no encontrarlo, anunciaron que admitirán ‘sapos’ en la zona.

También advirtieron que quien “no colabore con ellos o se va o se muere, que ellos son la autoridad en la región, pues, han recibido aval de la fuerza pública, con quienes ya están desarrollando proyectos conjuntos y lo harán por encima de quien sea”, denunció en un comunicado la Comunidad de Paz.

Ese domingo, en horas de la tarde, los paramilitares hicieron presencia en la vereda Mulatos Medio; a donde regresaron el viernes 27 de enero enseñando una lista de las personas que buscan para asesinar, y amenazando a Diana Guisao por tener familiares en la Comunidad. Posteriormente se dirigieron a la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra”. Allí, además de las intimidaciones, les tomaron fotografías a los pobladores.

El recorrido terminó el domingo 28 de enero cuando, según la denuncia, cinco paramilitares entraron a territorio de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, retuvieron a dos personas durante varios minutos y nuevamente amenazaron a la población.

Anunciaron reunión de comandantes paramilitares

En un tono más ‘amable’ y desmarcado de la violencia con que vienen intimidando a la Comunidad de Paz, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han convocado reuniones en diferentes veredas de San José de Apartadó para informar a la población que ahora ellos controlan el territorio.

“Han venido diciendo: no se preocupen, no vamos a hacerles nada, no los vamos a matar, pero acostúmbrense a que nosotros vamos a estar acá”, relató un habitante del corregimiento quien pidió proteger su identidad.

“Lo miedoso de esas reuniones ¬–manifiesta esta persona– es que los paramilitares vienen diciendo: les vamos a ayudar mucho, vamos a hacer como la guerrilla que los ayudaba tanto, parar arreglarles los colegios y trabajar con las Juntas de Acción Comunal. Eso es muy importante, que estén organizadas, eso es lo que queremos nosotros, apoyarlos, que la razón de nosotros son los campesinos y el bienestar”.

La situación es preocupante, advierte el poblador, “porque uno sabía que estaban en veredas como La Esperanza, Rodoxalí y otras, pero llegaron al punto de que se han desplegado por todas partes. En la noche han llegado incluso a pasar cerca de la base del Ejército en la cabecera del corregimiento San José de Apartadó y el Ejército no hace nada”.

Cuando llegan a las veredas, los paramilitares tocan en las casas de los líderes campesinos y presidentes de juntas de acción comunal, y les ordenan que reúnan a la comunidad. En Mulatos uno de los presidentes de junta se opuso, “entonces volvieron a la casa de él y le dijeron: eso que usted está haciendo, eso genera conflicto entre la población y  nosotros, entonces organícese y acostúmbrese que nosotros vamos a mandar o váyase de acá o aténgase”, relató el habitante de la región.

Una de las últimas reuniones se realizó hace una semana entre las veredas La Hoz y La Esperanza. Ese día las AGC anunciaron a los pobladores de la zona que próximamente convocarán una reunión más amplia en la que presentarán ante los campesinos a su comandante Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán.
De acuerdo con la información de la Comunidad de Paz, esta reunión de comandantes paramilitares podría tener lugar en la vereda La Esperanza.

Campesinos son asediados en otras regiones de Antioquia

Como lo advirtieron de antemano varios sectores sociales y políticos del país, si el Estado no actúa de manera efectiva controlando los territorios que dejaron las FARC, tras firmar el acuerdo de paz, serán los paramilitares quienes se apropiarían de éstos.

En Antioquia, aparte de lo que ocurre en Urabá, se ha denunciado la expansión del paramilitarismo en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños principalmente.

En esta última subregión, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), denunció que “desde el 26 de enero de 2017, un grupo con cerca de 15 paramilitares se encuentra patrullando el corredor del Rio Bagre y la vereda La Rebatiña cerca del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre”.

El grupo paramilitar, que según la denuncia de Aheramigua se identificó como Autodefensas Gaitanistas, “viste uniformes militares, porta armas largas y amenaza selectivamente a la población”.

En el Nordeste, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz (Cahucopana), denunció que en el municipio de Segovia se han difundido “amenazas firmadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, La Nueva Generación, Héroes del Nordeste o el Clan Úsuga, por medio de las cuales decretan toques de queda y declaran objetivos militares a marihuaneros, prostitutas, población LGTB y líderes sociales”.

En el Norte, fue el mismo Frente 18 de las FARC el que denunció la situación a través de un comunicado con fecha del 30 de enero. Allí se indica que “en los municipios de Ituango, Peque, Tarazá; en el departamento de Antioquia y Sur del departamento de Córdoba; se presentan sostenidas amenazas por parte de grupos paramilitares contra los pobladores que habitan estas regiones”.

Sin embargo la zona más crítica en Antioquia parece ser Urabá, donde ya han matado a dos de los cuatro líderes sociales que han asesinados en lo corrido del año en el departamento.

El primer caso en la región ocurrió el 11 de enero cuando fue baleado José Yímer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú y líder de la Marcha Patriótica, quien fue asesinado cuando se desplazaba del corregimiento de Saiza en Tierra Alta, Córdoba, hacia el municipio de Carepa. José Yimer venía preparando a la comunidad para la implementación de los acuerdos de paz, principalmente en los puntos sobre desarrollo rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito.

El segundo crimen en Urabá fue el del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro de la asociación Tierra y Paz, asesinado entre la noche del sábado 28 de enero y la madrugada del domingo 29, luego de haber sido secuestrado por cuatro hombres armados que llegaron a su casa en la comunidad de la vereda Guacamayas del municipio de Turbo, en territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.

A estos dos asesinatos de líderes sociales, relacionados ambos con el histórico conflicto por la tierra en el país, se suman las muertes de Edmiro León Alzate, líder del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), en el Oriente antioqueño, ocurrido el 12 de enero en la vereda Llano Cañaveral del municipio de Sonsón. Y el de Alberto Suárez Osorio,administrador de la reserva Mesenia de la Fundación Colibrí, baleado en el municipio de Jardín, Suroeste antioqueño, y cuyo caso fue conocido el 22 de enero. Ambos líderes se caracterizaron por su defensa del territorio y el medio ambiente, en regiones donde existen conflictos por proyectos minero-energéticos.


Esta situación que viene ocurriendo en diferentes regiones de Colombia, ya ha sido denunciada por comunidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones del Ministerio Público y organismos internacionales. El llamado es uno solo: a que el Gobierno nacional y la pública actúen para garantizar la seguridad de las comunidades y la implementación de los acuerdos de paz.
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