Quizá desde las grandes ciudades
no hemos sido aun suficientemente consientes del enorme paso que para la
sociedad colombiana significa el tener a miles de insurgentes llegando a las
zonas veredales transitorias con el ánimo de dejar sus armas y de emprender el
camino de la reincorporación a una sociedad que mucha veces los privó de medios
y de alternativas para llevar una vida digna en el campo.
Es pertinente reconocer la
voluntad política y ánimo de cumplimiento de la organización guerrillera, que
de conformidad con los acuerdos suscritos, está movilizando a la guerrillerada
a los sitios donde en las siguientes semanas, deberá avanzar con ellos el
proceso de inclusión como ciudadanos en la vida social, económica y política
del país. Estas marchas de hombres y mujeres cuya cotidianidad durante medio
siglo era la guerra, nos alegra, y reafirma la esperanza de que seamos capaces
de construir una historia donde las armas no sean herramientas políticas.
Mucho se ha dicho que este
proceso de negociación para la terminación del conflicto armado interno es
singular en muchos aspectos, y no podría ser de otra manera si queremos que sea
sostenible y duradero. Queremos creer que estamos recogiendo las lecciones
aprendidas de otros procesos y sobretodo de sus errores. Particularmente en la
fase inicial de desmovilización, dejación de armas e incorporación a la
sociedad tenemos experiencias fallidas que nos deben ser útiles.
Nos preocupa entonces que en los
últimos días se señalen de manera recurrente los atrasos en el montaje y
adecuación de las zonas de transición a la normalización, que pueden estar
generando dudas entre la guerrillerada. Nos preocupa que no hayamos avanzado
mucho en la difícil coordinación interinstitucional, que en esta fase exige
cambios en las lógicas y procedimientos institucionales, tan poco acostumbrados
a coordinar acciones y a poner el máximo de sus esfuerzos en tareas comunes y
urgentes.
Sabemos que estos procesos están
cruzados por dificultades de distinta índole pero tambien estamos convencidos
que si existe una real voluntad política para superarlas, se podrá avanzar al
ritmo y en las condiciones de complementariedad que se requiere.
De otro lado volvemos a insistir
en la necesidad de comprometer a las entidades territoriales (gobernaciones y
municipios) que no pueden reducirse solo a hacer el monitoreo. Su primer
compromiso debe estar dirigido a impedir que se recicle la violencia en las
regiones y a garantizar la presencia y acción institucional, en concurso con la
nación.
Así mismo las organizaciones
sociales y gremiales en los territorios, son actores claves para dar
sostenibilidad al proceso de reincorporación de los centenares de hombres y
mujeres que quieren tener una vida digna y en paz.
