La corrupción es el sistema

Juan Sánchez R.
CONSEJO PROCONSTITUYENTEA
La escalada de escándalos de corrupción parece no tener fin. Todos los días nos anuncian un nuevo implicado, otra investigación exhaustiva y el anuncio de drásticas sanciones. Los trabajadores y los pobres no debemos dejarnos engañar. Lo que ocurre no son hechos fortuitos o la evidencia de que hay “algunas manzanas podridas” que pueden contaminar a las demás. El sistema no se está corrompiendo, la corrupción es el sistema.
Que la transnacional brasileña de la construcción Odebrecht haya recorrido el mundo ofreciendo y entregando sobornos a funcionarios públicos –incluidos presidentes o candidatos a serlo-, o chantajeando a contratistas menores para sacarlos de la competencia o someterlos a su control, no debería extrañar a nadie. El capitalismo es así, empezando porque se basa en la apropiación de la mayor parte de la riqueza producida directamente por la clase obrera, mientras la mayoría de los trabajadores están sumidos en la miseria.
El afán de incrementar sin límite las ganancias es el principal motor de la despiadada competencia sobre la que se basa el sistema capitalista. Así que el problema no son las tácticas comerciales corruptas de un empresario, menos cuando se trata de una poderosa transnacional. Lo que han puesto de presente los escándalos es al servicio de quién se encuentran los funcionarios del Estado y se confirma que, del presidente de la república para abajo, no son más que la junta de negocios de la gran burguesía, y por lo tanto susceptibles a las presiones de los diversos sectores que la conforman y dispuestos a venderse al mejor postor.
Ahora nos piden que confiemos en que los organismos de control, las llamadas “ías” (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría), cumplirán con su papel de velar por el cumplimiento de la ley y las reglas de “la sana competencia” en beneficio de la población. Es otra vana ilusión. En el pasado reciente hemos podido comprobar que estos organismos de control no pasan de ser herramientas al servicio de la pugna entre grupos de poder, en cuya cúspide se encuentra una presidencia imperial autoritaria, más parecida a una dictadura que a un régimen democrático. Lo mismo ocurre con el resto de los poderes públicos. No podemos confiar en el Congreso de la República, monopolizado por los partidos del régimen -la absoluta mayoría de sus integrantes no son más que traficantes de votos y redactores de leyes al servicio de los mismos empresarios promotores de la corrupción- ni en el poder judicial, en cuya cúpula se encuentran magistrados de la calidad de Jorge Pretelt, o en el Consejo Nacional Electoral, al que se le asigna ahora la tarea de juzgar la limpieza en la contabilidad de los partidos; ninguna de estas instituciones merece la más mínima credibilidad.
Sólo hay una manera de erradicar definitivamente la corrupción del ejercicio de la gestión pública y es transformando estructuralmente el sistema, poniendo los medios de producción bajo el control de los productores directos, apoyados en la más amplia democracia en la toma de decisiones. Este régimen político democrático será una profunda revolución y sólo puede ser conquistado por la más amplia movilización y participación de las mayorías. El mejor ejemplo que hoy estamos recibiendo los trabajadores y los pueblos del mundo sobre cómo debemos enfrentar la profunda descomposición de esta sociedad en crisis, y de la cual la corrupción no es más que un síntoma, lo está dando el pueblo rumano que ha salido a las calles a exigir la salida del presidente de la república.
Esa revolución deberá establecer una nueva institucionalidad basada en el poder efectivo de obreros, campesinos pobres, sectores populares, indígenas, afrodescendientes, estudiantes y todas las expresiones organizadas de los marginados y los oprimidos.
En esa perspectiva la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente amplia, democrática, soberana, aparece más urgente que nunca. A esa Constituyente podremos llevar un programa que no sólo corte de tajo las raíces de la corrupción, como la supresión de la personería jurídica a todos los partidos que se han prestado para el tráfico de influencias, el saqueo del erario, o directamente para la expedición de normas que facilitan la corrupción, sino medidas urgentes que respondan a las necesidades vitales de las amplias mayorías, empezando por una reforma agraria radical, trabajo estable para todos con salarios dignos, acceso a la salud a cargo del Estado, educación gratuita para todos hasta el nivel universitario, vivienda cuyo costo sea accesible para todas las familias y las más amplias libertades políticas. En esa Constituyente debemos reivindicar la autodeterminación de nuestro país frente a los mandatos del gobierno norteamericano y los demás países imperialistas, rompiendo todos los pactos que subordinan a Colombia a sus intereses y promoviendo la unidad de los pueblos del mundo contra sus agresiones militares, en particular el llamado Paz Colombia cuyo único objetivo es seguir hundiendo a nuestro país en la violencia en beneficio de los intereses de las transnacionales.
Para propiciar esa profunda revolución debemos aunar esfuerzos todos los que hoy estamos excluidos por el régimen antidemocrático imperante, exigiendo garantías políticas para todos, no sólo para quienes han depuesto las armas a cambio de su participación política en la vida pública, sino para todos los que hemos luchado contra la desigualdad política y social a través de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones populares y los partidos políticos revolucionarios.
Los partidos políticos de izquierda que cuentan actualmente con reconocimiento político o representación parlamentaria, deberían ser los primeros en sumarse a esta exigencia, demostrando de esa manera que están verdaderamente comprometidos con la causa de las libertades políticas y la más amplia democracia.



¡Exijamos garantías democráticas para todos!




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