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| Por. Jaime Araujo Renteria |
El Consejo por la constituyente, miembro de la sociedad civil,
quien es a su vez titular de la soberanía y del poder constituyente, observa
con interés los acontecimientos nacionales e internacionales que afectan al
pueblo colombiano y su futuro económico, social y político; mira positivamente,
la iniciación del diálogo para la cesación del conflicto armado con el ELN y
espera que uno de sus primeros frutos sea el cese bilateral del fuego.
Observamos con preocupación que a pesar de que los rebeldes han manifestado
que, durante todo el proceso, se harán acompañar de la sociedad civil, el
gobierno, al instalar la mesa de diálogo, ha manifestado, que no está obligado
por lo que decida la sociedad civil, con lo cual confirma, una vez más, su
profundo desprecio por los derechos del pueblo colombiano; y constituye un
pésimo antecedente, para los otros derechos que se discutirán en esa mesa,
comenzando por los de las víctimas a la justicia, a la reparación, a la verdad
y a la no repetición. El Consejo por la constituyente, estará acompañando ese proceso,
mediante observadores nacionales e internacionales, expresando sus opiniones
con toda libertad y autonomía, haciendo sentir nuestra voz, para señalar
nuestras coincidencias y nuestras divergencias. Lo que sea ampliación de
derechos y libertades democráticas lo apoyaremos, y lo que signifique
vulneración, retroceso o privación de derechos, lo rechazaremos.
A pesar, de la buena disposición de los rebeldes en Quito, para
ampliar la democracia económica y política en Colombia, la actitud opuesta del
gobierno colombiano, para restringirla cada vez más; privando al pueblo
colombiano de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales, impide
que la cesación de este otro conflicto armado, se convierta en la verdadera paz
con justicia social; y, obliga a la sociedad civil a proyectar su accionar más
allá de los acuerdos de La Habana y más allá de los acuerdos de Quito. La
sociedad civil ve con preocupación la estrategia de la oligarquía colombiana,
de continuar dividiendo al pueblo colombiano, entre dos bloques cuyas
diferencias en realidad son adjetivas, pues están unidas en lo fundamental: la
defensa del modelo económico, que defienden por igual santos, Uribe y que las
FARC también acepto y que esperamos que el ELN no acepte; la guerra sistemática
contra los derechos del pueblo, tanto durante el gobierno de Uribe, del que
hizo parte Santos y durante su propio gobierno; en borrar la diferencia que
existe entre el delito político y delito común. Ambos gobiernos, han utilizado
todas las formas de corrupción: que van desde formas descarnadas, hasta
formas veladas y por lo mismo más perversa de corrupción, pues estas últimas
son más difícil de identificar y combatir. Las descarnadas de Gabriel García
Morales, Andrés Felipe Arias (Uribito), Jorge Noguera, más fácil de identificar
y combatir, que la turbia, nublada y opaca, de la mermelada del gobierno, que
corrompe a los políticos que a su vez han corrompido a sus electores y a una
parte del pueblo colombiano: la mermelada del presidente santos, es la corrupción
de los corruptos. Ambos gobiernos, financiados por contratistas corruptos, como
odebrech o por los grupos económicos, que financian a los políticos, para que
adopten medidas que los favorecen contra los intereses del pueblo o que impidan
las que le perjudican.
La sociedad civil, está obligada a
presentar una verdadera alternativa, que barra de una vez por todas las lacras
que la agobian y quienes las encarnan. El
árbitro supremo de la democracia, el pueblo colombiano, tiene que dejar de lado
a Uribe y a Santos e ir más allá del acuerdo de La Habana, y por la actitud del
gobierno del que se pueda lograr en Quito, para conseguir los derechos que
éstos no contemplan. Pues no cambian el modelo económico, sino que lo perpetúa;
no defiende la soberanía nacional. No le da a las víctimas de la violencia sus
derechos a la verdad a la justicia a la reparación ni la garantía de no
repetición; no le da los colombianos la verdadera paz con justicia social ni la
paz con la naturaleza, no está la preservación
del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y
el desempleo. Las Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma
del congreso, de la Justicia, de la educación y
la salud. La redistribución
de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la
racial. Por culpa del gobierno, en los acuerdos de la Habana brillan por su
ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos y en los de Quito, ya los
empañó cuando manifestó que no está obligado por lo que decida la sociedad
civil; faltan la Creación del estado
autonómico o federal; el derecho a
la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz
con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate
social y político y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que
ir más allá del acuerdo de La Habana, y ahora de de Quito, a debatirlos, antes
durante y después del debate electoral, por fuera de este, dentro de las
organizaciones sociales, en los lugares de trabajo, en la calle la plaza
pública y a plasmarlos en una asamblea constituyente. Ese diálogo, incluido el que
hagamos como observadores del proceso de Quito, tiene que pasar por el diseño
de las nuevas instituciones que den más derechos al pueblo colombiano, para que
este, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y
la opresión.
