viernes, 17 de febrero de 2017

SOBERANICIDIO: AUTORES DEL ASESINATO DEL PUEBLO: LOS PODERES CONSTITUIDOS

Jaime Araujo Renteria.

Los violentos en Colombia, han sido responsables de toda clase de homicidios (del latín homicidĭum: de homo, "ser humano", y caedere, "matar",) contra la sociedad civil; y en vez de asumir su responsabilidad y su culpa, han querido exculparse bajo cualquier pretexto: la lucha contra la subversión; la lucha contra el sistema político; la venganza, los celos, los “demonios liberados por el consumo de drogas” como quiso justificarse el autor del execrable crimen de Yuliana Andrea Samboní; a veces es contra uno solo de los miembros de la social civil, otras, contra muchos de sus miembros, como sucedió en el genocidio contra la unión patriótica o en el genocidio denominado eufemísticamente falsos positivos. Sin embargo, el país no había sufrido, la más violenta, la más execrable y abominable de todas las muertes: el Soberanicidio, el asesinato del pueblo por los poderes constituidos. El año 2016, ¡el año de la paz, nos trajo el más horrendo de los crímenes: el Soberanicidio!. En años anteriores, habíamos tenido varias tentativas de este delito; pero nunca se había consumado; ahora, bajo la excusa de la paz, no sólo se recorrió todo el íter criminis, sino que se ejecutó, con alevosía y premeditación. Los dictadores, que para camuflarse, de palabra, se autodenominan demócratas, pero que en los hechos se comportan como lo que son: verdaderos tiranos, sobre todo cuando el pueblo no actúa como ellos quieren; si no como pueblo soberano y autónomo; cuando la sociedad civil descubre, que sus intereses son distintos a los de los fementidos demócratas y que estos, en vez de proteger sus derechos, lo que hacen es violárselos y por esta razón actúa en contravía de lo que estos pseudo demócratas quieren. Se le dijo al pueblo colombiano, que por primera vez, en 60 años iba a decidir libremente sobre su propio destino; que debía adoptar la decisión más importante de su vida y que los firmantes de la cesación parcial del conflicto armado (que no es la paz), aceptarían el resultado cualquiera que fuese. Cuando el resultado fue distinto, se les cayó el disfraz de demócratas y apareció su verdadera identidad nazi fascista que siempre desconfía del pueblo, que cree que el Führer, el duce o el caudillo (Hitler, Mussolini o Franco) es superior a él pueblo, que si el pueblo no hace lo que estos quieren es porque es ignorante, tonto o imbécil. Como el estado totalitario parte del supuesto de la desigualdad de los hombres, los hombres superiores, que normalmente son los miembros del grupo gobernante, no confían en los hombres inferiores que son la gran mayoría del pueblo. El desprecio del propio pueblo, al que se considera incapaz, se traduce en la exclusión del pueblo, la eliminación del sufragio universal; la no consulta al pueblo (supresión de elecciones), y en el caso de hacerlo, en un tipo de sufragio amañado, casi siempre a través de plebiscitos. Quien no acepte la soberanía del pueblo no es demócrata; como no lo es aunque se coloque el apelativo de demócrata, quien no acepte que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Sólo se puede llamar demócrata, quien acepte que el pueblo es soberano, y que quienes lo integran son libres e iguales en derechos.
Los tres poderes constituidos (presidente, Congreso y rama judicial), sincronizadamente, procedieron a ejecutar el plan de asesinar al soberano y usurpar su poder. El primero en actuar fue el Presidente de la República: quien había prometido respetar la decisión del soberano; que además, por ser sobre un plebiscito implicaba un rechazo a su persona, a su política y a su gobierno, lo que lo obligaba a renunciar a él y a su gobierno, como sucedió recientemente en Italia, donde el primer ministro renunció, o en Inglaterra donde también renunció el primer ministro al triunfar el brexit; incumplió su promesa, sin ruborizarse, desconoció la voluntad popular, se quito el disfraz y se proclamó en alianza con el Congreso, (cuyos congresistas en su gran mayoría habían también apoyado el sí y por lo mismo habían sido también derrotados por el pueblo y por la misma razón estaban obligados a renunciar) órganos soberanos, cuando en realidad estaban usurpando la soberanía popular; y en un acto de prestidigitación y de magia, por no decir que de mafia, se atornillaron más en el poder, declarándose dueños de la soberanía y de su principal atributo el poder constituyente. Y cuando todos creíamos, que sobre el pueblo soberano, habían caído las siete plagas de Egipto, y se había consumado un hemicidio (medio muerto), apareció otro poder constituido: la rama judicial, para asestar el tiro de gracia al soberano. El primer actor judicial del Soberanicidio, fue la corte constitucional; la misma que le ha hecho fallos a la medida, a las normas también a la medida hechas por el gobierno, para disfrazar la dictadura civil del presidente Santos; olvidando que la misión fundamental de la corte constitucional, es la guarda de la integridad de la carta constitucional y la defensa de los derechos del pueblo soberano, precisamente contra los gobiernos y los congresos que son sus principales violadores; ignorando lo que dijera Manuel Gaona Cruz: “lo que la carta manda a la corte, es que guarde la carta y no que le haga la corte a quienes violan la carta”. En una palabra: que la corte sea Corte y no CORTESANA. En una actitud cortesana, con los poderes constituidos la corte constitucional, contra toda la tradición y los principios constitucionales universales y nacionales, cometió varios exabruptos jurídicos y lógicos: el primero que las decisiones del pueblo soberano y constituyente, no obligan a los poderes constituidos. Que la decisión del pueblo soberano, es apenas uno de los tantos requisitos, previos a la decisión del órgano constituido Congreso, que este puede desechar si le da la gana. 
Esta tesis cortesana, es un exabrupto jurídico y lógico pues coloca a los súbditos y dependientes del pueblo, por encima del pueblo soberano y constituyente; coloca al mandadero por encima de su mandante; es un exabrupto también contra los principios constitucionales democráticos, ya que desconoce la tradición jurídica que viene desde Aristóteles, hace 2500 años para quien la soberanía del pueblo está por encima de las leyes. Desde los griegos atenienses la democracia tiene tres elementos fundamentales: poder del pueblo (soberanía popular); libertad e igualdad de los hombres. Para Aristóteles en su libro la política era evidente que "La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes". “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo ...”. Y que todos los ciudadanos decidan todos los asuntos del estado: “En la democracia es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”.
Siendo la soberanía el máximo poder político; el único soberano que existe en la constitución colombiana es el pueblo colombiano de modo que el Presidente, el Congreso y las Cortes, actúan como súbditos, dependientes, mensajeros o mandatarios del pueblo colombiano, pero nunca están por encima de él. Si el pueblo ejerce la soberanía, como la ejerció durante el plebiscito, ningún otro poder, y mucho menos un poder constituido (llámense presidente, Congreso o Cortes) puede desconocer lo que decidió el pueblo mediante este ejercicio de la soberanía. La única manera de anular lo que el pueblo decida cuando ejerce la soberanía, es convocándolo otra vez para que éste adopte otra decisión. Jamás un órgano constituido tiene el poder para anular la decisión de un pueblo; pues solo otra decisión popular puede revocar lo que el pueblo haya decidido previamente. Mucho menos, puede desconocerlo o convertirlo en un requisito intrascendente, o en un apéndice, de la decisión que le dé la gana de adoptar al Congreso; pues esto es convertir al Congreso de esclavo del pueblo, en amo del pueblo; de empleado del pueblo en patrono del pueblo, de súbdito del pueblo, en soberano sobre el pueblo.
El otro exabrupto jurídico, consiste también como el anterior caso en invertir una relación (relación Pueblo soberano-súbdito (Congreso)), la existente entre la igualdad y la desigualdad, afirmando que el pueblo mayoritario no puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos de la sociedad; y que un órgano constituido como el tribunal constitucional, puede anular la voluntad mayoritaria del pueblo.
Ya sabemos, que uno de los pilares fundamentales de la democracia es también la igualdad. La regla general en el Estado de derecho es la igualdad formal o ante la ley. Esta igualdad significó una verdadera revolución, que sólo podemos captar en su justa dimensión cuando observamos que en la sociedad feudal los hombres no eran iguales ante la ley y que sus derechos y obligaciones dependían de la clase social a la que pertenecían de modo que el miembro de la nobleza tenía derechos mayores que los de las otras clases (clero, naciente burguesía, ciervos de la gleba, etc.) mientras la naciente burguesía tenía muchas obligaciones, y muy pocos derechos (con razón Sieyes decía que el tercer estado era todo, pero que no tenía ningún derecho). Por esta razón cuando las revoluciones burguesas hicieron a todos los hombres iguales ante la ley dieron un gran paso hacia la dignidad del hombre. La igualdad formal o ante la ley se rompe de dos maneras: a) Dándole algo a alguien, que no le damos a los demás, esto es lo que se denomina privilegios; concediendo privilegios. b) También se rompe la igualdad ante la ley cuando no le damos a algunos, lo que le doy a todos los demás; esto es lo que se denomina discriminaciones; por ejemplo, no le doy el derecho al voto a los negros, que le doy a todas las demás personas. En síntesis, La igualdad formal o ante la ley, se puede romper hacia arriba, concediendo privilegios o hacia abajo, discriminando. Queremos advertir que las formas de discriminación previstas en el artículo 13 de nuestra Constitución no son las únicas que pueden existir. Como la regla general en el estado de derecho es que los hombres son iguales y la excepción es que son desiguales. La desigualdad es la que requiere justificación; la justificación de por qué hay que tratar de forma desigual, el trato desigual requiere una justificación; una prueba y una carga argumentativa que no requiere la igualdad formal. La igualdad de trato tampoco requiere justificación; en cambio la disparidad de tratamiento necesita siempre ser justificado. 
Las mayorías, pueden decidir en el Estado de derecho, sobre todos los asuntos, con la condición de que conserven la igualdad de todos los hombres; a contrario sensu, las mayorías excepcionalmente, no pueden decidir sobre ciertos asuntos, siempre y cuando, esa decisión discrimine a las minorías. El exabrupto de la corte consiste en que convierte la excepción en regla general y la regla general en excepción. Al invertir la relación entre igualdad y desigualdad; entre regla general y excepción, la Corte Constitucional sienta un gravísimo precedente contra la democracia; pues la convierte de gobierno de las mayorías en ¡gobierno de las minorías! (Aristocracia, oligarquía, plutocracia, monarquía; o nazi fascismo, forma todas que tienen en común el desprecio por las mayorías y que se traducen en el gobierno de minorías, elites o castas). No existe duda, que en ejercicio de su derecho a la paz, que tenemos todos los colombianos, el pueblo colombiano puede decidir, entre la visión Uribista-Santista, de una paz pequeña, sin cambio del modelo económico en la que coinciden Uribe y Santos que no es más que la cesación parcial de un conflicto armado y la visión que tenemos otros de una verdadera paz con justicia social; esto es con más derechos para el pueblo, que decide por sí mismo, si quiere una paz más completa.
La falta de independencia de la corte constitucional (con la excepción de algunos magistrados), ante el gobierno, el Congreso y otros poderes constituidos, es un hecho notorio, que como tal no necesita prueba: primero, referéndum a la medida del presidente y luego plebiscito también a la medida del presidente de la República y cuando éste lo pierde, el descaro, osadía e insolencia, de declarar que el presidente y el Congreso, están por encima de la voluntad popular; para no mencionar, la muerte que le ocasionaron al voto en blanco, que había sido establecido como un mecanismo contra la corrupción, a pesar de que el acto legislativo había dicho que un voto en blanco de más era suficiente, para que el voto en blanco derrotara a todos los candidatos; desconoció el acto legislativo y contra toda regulación constitucional, exigió que el voto en blanco, para poder ganar necesitaba ahora, por obra y gracia de la corte constitucional el 50% +1 de los votos válidos; y cuyo efecto práctico fue favorecer a los corruptos, pues ahora el pueblo indignado, necesitaba mucho más votos para barrerlos del panorama político nacional; para no hablar del gravísimo precedente contra todo principio moral y ético; de que él delito si paga; de que el crimen puede ser fuente del poder político, al no anular la reelección de Uribe y de Santos; ambas con el pecado original de ser productos del delito de cohecho. ¡Qué grave para los derechos del pueblo, cuando se juntan-así sea excepcionalmente-incapacidad, corrupción y falta de independencia en la judicatura!. Una de las misiones de la próxima asamblea constituyente, debe ser precisamente buscar por todos los medios, que todos los jueces sean honestos, capaces e independientes.
Como si esto fuera poco, otros desconocedores de la soberanía popular, han solicitado ante el honorable Consejo de Estado, que se anule la decisión popular. Su argumento central, es que algunos de los promotores del NO mintieron. Con este argumento podemos estar de acuerdo; como también mintieron algunos de los promotores del sí, comenzando por el gobierno nacional. La consecuencia debería ser que renunciaran todos los que mintieron: tanto los del sí como los del no. Mintió Uribe y mintió Santos y los dos deberían renunciar; pero lo que no podemos aceptar es que se desconozcan los votos de quienes no votamos ni por el no de Uribe ni por el sí de Santos; pues votamos contra los dos; contra la guerra de Uribe y contra la guerra contra los derechos del pueblo que ha hecho Santos, porque queremos una verdadera paz con justicia social, distinta a la simple cesación del conflicto armado de Santos. Probar que Uribe y Santos mintieron, no implica necesariamente haber probado que quienes votaron por el sí, estuvieron determinados por Santos o quienes votaron por el no, estuvieron determinados por Uribe. En nuestro caso personal ni las mentiras de santos ni de la de Uribe nos determinaron a votar ni por el uno ni por el otro, ya que votamos contra ambos; y esto es válido, también para mucha gente que votó por el sí y por el no, independientemente de lo que dijeron santos o Uribe. Desde el punto de vista procesal, no sabemos si la magistrada ponente en el honorable Consejo de Estado, votó o no votó; si no lo hizo, incumplió un deber cívico y si lo hizo, sólo existían tres posibilidades: votar como nosotros, contra las mentiras de santos y Uribe; votar por el sí de santos y en ese caso, está impedida para conocer del asunto, ya que habría tomado partido por el sí; e igual situación se presentaría si votó por el no, pues estaría litigando en causa propia. Lo que no puede aceptarse bajo ningún supuesto, es que bajo el pretexto de que Uribe y santos mintieron, se anule la decisión del soberano. La tesis de quienes piden la nulidad, tiene una premisa implícita absurda; pues considera al elector, como un orate o un oligofrénico, desconociendo que somos seres racionales y por lo mismo libres y autónomos, con capacidad para discernir, cuando Uribe miente y cuando Santos miente; y cuando mienten los dos, como fue el caso del plebiscito; y precisamente por eso votamos contra los dos, por una constituyente. Como no se nos escapa tampoco, que tanto Uribe como Santos, han cometido Soberanicidio, con la complicidad de algunos congresistas; pues ambos, han desconocido la voluntad popular expresada las mediante plebiscito, como fue el caso de santos, o mediante referéndum, como fue el caso de Uribe. En ambos casos, lo que negó el pueblo tanto en el referéndum de Uribe, como en el plebiscito de Santos, contra la voluntad popular, fue introducido y aprobado por medio del Congreso; en ambos casos se desconoció la soberanía popular y en ambos casos se usurpó la soberanía por parte del Congreso; a los usurpadores de ayer y de hoy, hay que recordarles lo que dijera Rousseau “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”; o lo que plasmaron los hijos espirituales de Rousseau, los jacobinos, en varios artículos de la constitución jacobina de 1793: “Artículo 27. Que todo individuo que usurpe la soberanía sea al instante ejecutado por los hombres libres.” “Artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca deben quedar impunes. Nadie tiene derecho considerarse más inviolable que los demás ciudadanos.” “Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre. Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno sólo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido. Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.” (Subraya nuestra). Ojalá, que los órganos constituidos, que aplican la violencia de la exclusión al pueblo constituyente y soberano, no lo obliguen a ejercer sus derechos a la resistencia a la opresión, o a la insurrección, como dijera la constitución jacobina, o no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como dice el preámbulo de la carta de las Naciones Unidas de 1948.
Quienes han usurpado la soberanía, lo han hecho de la forma más burda y chabacana; deshicieron un plebiscito, por medio de una proposición, olvidándose que en el derecho, las cosas se deshacen como se hacen, de modo que los acuerdos de La Habana penden de un hilo; mañana, cuando el péndulo político cambie, bastará una proposición que diga que la proposición anterior queda sin ningún efecto jurídico, o que los acuerdos no tiene ningún valor y no debe sorprendernos que quienes aprueben la nueva proposición, sean los mismos congresistas que aprobaron la anterior; que hoy dicen estar por la paz de santos; y ayer estaban por la guerra de Uribe y mañana estarán por la nueva guerra de Vargas Lleras, de Oscar Iván o del propio Uribe; o por el fast track de alguno de ellos.
Lo más paradójico de todo lo que ha sucedido hasta ahora, es que nos presentaban los acuerdos de La Habana, como el pasaporte hacia un futuro luminoso, transparente, promisorio, hacia la tierra prometida y el retorno al paraíso perdido. Todo lo abominable del pasado: comenzando por la corrupción, las mafias en la política, la inmoralidad social y administrativa; la putrefacción y la podredumbre en la política, quedarían atrás; la deshonestidad, la depravación y la perversión social, económica y política, serían cosa del pasado; para conocerlas, tendríamos que ir al museo de los vicios del ayer. Lo paradójico, es que a los usurpadores de la soberanía popular, se les ocurrió, que los sepultureros de ese pasado abominable, ignominioso, repugnante e indigno, debían ser precisamente quienes mejor encarnaban sus vicios, su inmoralidad: la clase política y dentro de ella, el escenario donde se magnifican sus imperfecciones, degeneración y depravación: el Congreso de la República (con contadas excepciones). ¡Que paradoja, que del reino de los vicios, fuimos transportados al reino de la virtud, precisamente por quienes encarnan y simbolizan esos vicios!.
A los usurpadores de la soberanía popular, le manifestamos que la sociedad civil y el pueblo que le integra, no se la va a dejar arrebatar impunemente. Que la sociedad civil no se va a alejar dividir otra vez, entre sus verdugos Santos y Uribe o entre las marionetas de estos verdugos. Que la sociedad civil tiene un programa para una verdadera paz con justicia social; que va mucho más allá de los acuerdos de La Habana, que propone cambiar el modelo económico, político y social de Colombia y que está a años luz de distancia del programa de Uribe o de sus epígonos; que seguirá en las calles y en las plazas públicas defendiendo la constituyente popular y democrática, con refrendación popular posterior, para evitar que los órganos constituidos, vuelvan a cometer otro Soberanicidio, contra el pueblo soberano y constituyente.

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