Dentro de las grandes conclusiones hay una alerta a las comisarías de familia que, por desconocimiento de este tipo de violencia económica y patrimonial, pueden convertirse en entes permisivos, ya que generalmente concentran su atención en la violencia física y psicológica cerrando procesos en donde no hay garantías de los derechos de las víctimas, que en la mayoría de los casos son mujeres.
La investigación también revela que el acceso a la justicia es casi nulo con muy pocas denuncias alrededor del tema por ser un tipo de violencia desconocida para las víctimas, como para los funcionarios que deben atender las mismas. Una de las conclusiones afirma que la población no cuenta con la información suficiente frente a las rutas de atención y competencias gubernamentales, sumado a lo anterior es insuficiente la capacidad institucional para dar respuestas a las demandas frente a la problemática de las violencias contra las mujeres.
En Colombia según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el 51.6% de pobres en el país son mujeres, realidad que se complica si se tiene en cuenta que “las mujeres siguen teniendo peores indicadores que los hombres en aspectos como empleo, desempleo, subempleo; así mismo, las colombianas trabajan 10.8 horas más que los hombres (trabajo remunerado y no remunerado). Sin embargo, ganan en promedio 20% menos que los hombres cuando desempeñan la misma actividad. Las cifras demuestran la cruda realidad alrededor de la violencia económica y patrimonial para las mujeres, pero la atención aun es precaria ya que persisten practicas desde las entidades en donde re-victimizan y se convierten en barreras para una efectiva denuncia y restablecimiento de los derechos
