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MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA
Senador
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Los asesinatos que siguen
repitiéndose en Tumaco y sus alrededores, son relatos de una tragedia
anunciada. Desde meses atrás y el pasado mes de septiembre ante el
vicepresidente de la república, las comunidades han solicitado en todos los
tonos que el estado acelere los programas de erradicación concertada y
sustitución de cultivos de uso ilícito.
Los temores de las comunidades se
convirtieron ya en realidad, en hechos dolorosos que han ocasionado la muerte
de varias personas, incluidas en esta semana los asesinatos de Jair Cortés en
el caso urbano de Tumaco, y de dos indígenas del pueblo Awa que fueron
asesinados en su vivienda, en el km 83 de la vía al puerto, por disparos de
arma de fuego desde un vehículo tipo camioneta.
Lo que hemos escuchado y visto
estas semanas no es otra cosa que la ineficacia en la desarticulación de los
grupos paramilitares y bandas criminales, la inoperancia en la protección de la
vida y derechos territoriales de comunidades negras y pueblos indígenas, la
incapacidad del estado y sus instituciones para ocupar las zonas que
controlaban unos actores violentos que han sido sustituidos por otros grupos
armados, al lado de la criminalización de la protesta social ante la desidia
del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos derivados de la
negociación para la terminación del conflicto armado y el tratamiento de los
factores asociados al mismo, como es el cultivo de plantas de uso ilícito.
La Oficina de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos ha recordado su advertencia reiterada sobre “los
riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa
esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las
economías ilícitas".
Nos unimos a la exigencia de
distintas voces que reclaman una respuesta pronta del gobierno nacional y
resultados de los organismos de investigación y control a fin de identificar
los responsables de estos crímenes y su sometimiento a una justicia eficaz.
Igualmente reclamamos de las entidades concernidas la puesta en marcha de
medidas eficientes para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades
y sus líderes que ya esperaban poder vivir en paz en sus territorios.
