El Concejo de Bogotá en sesión
no presencial de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, aprobó en primer
debate el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se buscan crear los lineamientos
en políticas públicas para la lucha contra la trata de personas, actualizar y
fortalecer el protocolo de atención para víctimas y estrategias de prevención;
de autoría de la concejal Gloria Díaz.
La iniciativa, tal como lo señaló la concejal, no ha contado con el compromiso de las administraciones distritales pasadas, ni de la actual, pues en las propuestas iniciales de los Planes de De
sarrollo presentados por parte de las respectivas administraciones ha sido inexistente la disposición de una meta de manera taxativa que aborde el fenómeno. Sin embargo, tal como señaló la concejal Díaz, “tanto en el Plan de Desarrollo del 2016 como en del año en curso hemos realizado todos los esfuerzos para introducir artículos encaminados a promulgar una política pública que atienda este fenómeno, y se ha logrado, pero por iniciativa del Concejo de la ciudad.La administración anterior
avanzó en algo, pero no cumplió en la construcción misma de la política. Por
ello, este proyecto se ha presentado 15 veces, en su mayoría por unanimidad de
manera positiva”.
El negocio de la trata de
personas es una problemática aún invisible a los ojos de los ciudadanos, que
afecta en su gran mayoría a las mujeres y niñas (quienes son el 80% de las
víctimas) y se ha convertido en el tercer negocio ilícito más rentable en el
mundo después del tráfico de estupefacientes y de armas. Uno de los elementos
más importantes de este proyecto es que impacta el reclutamiento forzado, una
práctica sistemática y habitual de los grupos ilegales que han sido actores del
conflicto armado colombiano, y que hoy desconocen esta realidad, como lo
afirman las declaraciones de Sandra Ramírez, segunda vicepresidenta del Senado.