Implicaciones Jurídico-Políticas del “Tarimazo” en Medellín: Análisis de la Demanda de Pérdida de Investidura contra la Senadora Isabel Cristina Zuleta

Por. Editson Romero Angulo
Periodista

Resumen


En junio de 2025, la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, participó en un acto público en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín junto al presidente Gustavo Petro y varios cabecillas de estructuras criminales trasladados desde prisión. Este evento, denominado “Por la Paz Urbana”, ha desencadenado una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, interpuesta por el abogado William Francisco Quintero Villarreal. El presente artículo analiza las implicaciones jurídicas, políticas y éticas del caso, así como los límites del ejercicio parlamentario frente a la función pública y la representación política.

La pérdida de investidura es una figura jurídica contemplada en la Constitución Política de Colombia y desarrollada por la Ley 144 de 1994, que busca preservar la ética y legalidad en el ejercicio del cargo público. En este contexto, la demanda contra la senadora Isabel Zuleta plantea interrogantes sobre el tráfico de influencias, la extralimitación de funciones y el conflicto de intereses en el marco de iniciativas gubernamentales de paz urbana.

Contexto del Caso

El 21 de junio de 2025, se realizó el evento “Por la Paz Urbana” en Medellín, con participación del presidente Petro, la senadora Zuleta y nueve cabecillas de bandas criminales trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí. La solicitud de traslado fue gestionada por Zuleta mediante correo electrónico, según consta en documentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El abogado William Francisco Quintero Villarreal interpuso una demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que la senadora incurrió en tráfico de influencias y uso indebido de su investidura legislativa. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda el 10 de julio de 2025, dando inicio al proceso judicial.

Análisis Jurídico

Tráfico de Influencias

El artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 establece que el uso de la investidura para influir en decisiones administrativas constituye causal de pérdida de investidura. La participación de Zuleta en la gestión del traslado de reclusos podría configurar esta conducta, al exceder sus competencias como congresista.

Extralimitación de Funciones

La senadora actuó como coordinadora de la mesa de paz urbana, pero no tenía facultades para ordenar traslados penitenciarios. Según el demandante, esta acción vulnera el principio de legalidad y afecta el normal desempeño de funcionarios públicos.

Conflicto de Intereses

El doble rol de Zuleta como legisladora y promotora de políticas del Ejecutivo ha sido cuestionado por el concejal Alejandro de Bedout, quien presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Se argumenta que esta dualidad compromete la autonomía funcional del Congreso.



Implicaciones Políticas

Este caso pone en evidencia los riesgos de la instrumentalización política de iniciativas de paz. La presencia de cabecillas criminales en actos públicos genera tensiones entre la búsqueda de reconciliación y el respeto por la institucionalidad. Además, plantea dilemas sobre el papel de los congresistas en procesos de diálogo con actores armados.

Conclusión

La demanda contra Isabel Zuleta representa un precedente relevante en la relación entre función legislativa y participación en políticas gubernamentales. El Consejo de Estado deberá determinar si hubo una vulneración de los principios constitucionales que rigen el ejercicio del cargo público. Más allá del fallo, el caso invita a reflexionar sobre los límites éticos y legales de la representación política en contextos de paz y justicia transicional.

Glosario

  • Pérdida de investidura: Sanción jurídica que implica la destitución de un congresista por violaciones a la ley o la Constitución.
  • Tráfico de influencias: Uso indebido del cargo público para obtener beneficios o influir en decisiones administrativas.
  • INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad encargada de la administración de las cárceles en Colombia.
  • Tarimazo: Evento público en el que participaron líderes políticos y cabecillas criminales, generando controversia nacional.
  • Conflicto de intereses: Situación en la que un funcionario público actúa en beneficio propio o de terceros, comprometiendo su imparcialidad.

Bibliografía

  • Constitución Política de Colombia (1991)
  • Ley 144 de 1994
  • Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)
  • Consejo de Estado, Auto de admisión de demanda, julio 2025

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