Paloquemao bajo presión: denuncias de persecución a vendedores y el trasfondo de un megoperativo distrital

 Por. Editson Romero Angulo Periodista 

 Bogotá

¿Qué pasó?

El 4 de junio de 2025, varias entidades del Distrito (Secretaría de Seguridad, DADEP, Alcaldía Local de Los Mártires, Policía Metropolitana y Migración Colombia) ejecutaron un megoperativo de “recuperación de espacio público” en el sector de la Plaza de Paloquemao. Autoridades y cronistas locales reportaron que la intervención comenzó de madrugada y se enfocó en desmontar estructuras metálicas, carpas y techos fijados al pavimento en los alrededores de la plaza. Según el Distrito, la acción obedeció al cumplimiento de una orden judicial dentro de una acción popular.

Las cifras y los argumentos oficiales

  • Las autoridades informaron la recuperación de más de 1.800 m² de espacio público en el entorno de Paloquemao (zona de Plaza Miraflores).
  • El DADEP y la Secretaría de Gobierno enmarcaron la operación en la necesidad de garantizar movilidad y seguridad, y en el cumplimiento de la orden del juez en la acción popular.


Lo que denuncian los vendedores

Vendedores y comerciantes informales de la zona denuncian persecución y estigmatización, argumentando que “no son delincuentes” y que la intervención afecta su sustento diario. Señalan que, aunque hubo anuncios de caracterización y posibles alternativas, persisten vacíos de reubicación efectiva, especialmente para quienes llevaban años ocupando andenes alrededor de la plaza.

Contexto ampliado

  • El entorno de Paloquemao ha vivido tensiones históricas entre ocupación del espacio público y control institucional. La Plaza de Mercado (un ícono arquitectónico y alimentario de Bogotá) convive con un ecosistema de vendedores formales e informales, bodegas, descargue de alimentos y alto flujo vehicular.
  • A la par de los controles, el Distrito ha anunciado rutas de organización para vendedores informales a través del IPES y ferias de servicios en la misma plaza (acceso a microcréditos, incentivos y acompañamiento para formalización). Estas acciones, no obstante, no suplen de inmediato los ingresos de quienes fueron retirados y requieren soluciones de transición claras.

Derechos en juego

El caso pone en tensión:

  1. Derecho al trabajo y al mínimo vital de vendedores y sus familias.
  2. Derecho a la movilidad y al uso común del espacio público para peatones y residentes.
  3. Debido proceso administrativo: notificaciones previas, caracterización real y opciones de reubicación o transición antes de operativos, especialmente para ocupaciones de larga data.


Lo que muestran los videos ciudadanos

Las piezas audiovisuales compartidas a El Humanitario documentan escenas de intervención nocturna/madrugadora con presencia de funcionarios y fuerza pública en el perímetro de la plaza. Estos registros refuerzan las denuncias de trato hostil y pérdida abrupta de medios de trabajo. (El material fue revisado por esta redacción; por protección de las personas, omitimos identidades faciales).


Vacíos y preguntas que siguen abiertas

  • ¿A cuántos vendedores se les ofreció cupo en plazas o corredores comerciales y cuántos aceptaron?
  • ¿Hubo compensaciones, almacenamiento temporal de mercancía o apoyo logístico durante el desmonte de estructuras?
  • ¿Qué indicadores usará el Distrito para medir el impacto del operativo en ingresos familiares, seguridad alimentaria y conflictividad local en los próximos meses?
  • ¿Cómo se garantizó la notificación previa, el derecho de defensa y la documentación de cada caso?

Recomendaciones de política pública

  1. Transparencia de datos: publicar listados anonimizados de caracterización y un tablero de seguimiento post-operativo.
  2. Puentes de transición: paquetes temporales (módulos en plazas, bodega/guardado, capital semilla) para evitar pérdida inmediata del ingreso.
  3. Mesas de diálogo con veeduría independiente (academia, organizaciones sociales, iglesias).
  4. Enfoque diferencial: priorizar mujeres cabeza de hogar, migrantes en regularización y adultos mayores.
  5. Urbanismo táctico: ordenamiento de flujos de descargue y comercio en horarios escalonados y corredores peatonales garantizados.

Conclusión

El operativo en Paloquemao no es un episodio aislado: condensa el pulso entre derechos sociales y gestión del espacio urbano en Bogotá. Hay una base jurídica (acción popular y orden judicial) y una necesidad urbana (movilidad y seguridad); pero también vidas concretas que dependen del rebusque diario. La discusión pública no debe quedarse solo en el desmonte de estructuras: exige transparencia, reparación transitoria y rutas claras de formalización para que nadie quede atrás.