🩺 Artículo analítico y crítico: Inversión en salud en Cundinamarca, ¿avance estructural o alivio puntual?
Periodista e Investigador
La reciente firma de convenios por más de $6.132 millones por parte del gobernador Jorge Rey para fortalecer hospitales y centros de salud en Cundinamarca representa, sin duda, un paso significativo en la mejora de la infraestructura sanitaria del departamento. Sin embargo, al analizar esta inversión en el contexto de la política pública nacional, los retos estructurales del sistema de salud y las comparaciones interdepartamentales, surgen interrogantes sobre su alcance real, sostenibilidad y equidad territorial.
📊 Radiografía de la inversión: ¿impacto localizado o estrategia integral?
La distribución de los recursos muestra una clara intención de atender necesidades urgentes en municipios históricamente rezagados como San Bernardo, Une y Carmen de Carupa. La dotación de equipos biomédicos de última tecnología para áreas críticas como urgencias, odontología y laboratorio clínico es un avance concreto que puede traducirse en diagnósticos más oportunos y atención más digna.
Por otro lado, los estudios y diseños para ampliar hospitales en Zipaquirá y Soacha —con incrementos de capacidad hospitalaria de hasta 250%— apuntan a una transformación más ambiciosa. Soacha, por ejemplo, pasaría de 52 a 183 camas, lo que representa una respuesta proporcional a su densidad poblacional y demanda acumulada.
No obstante, el hecho de que gran parte de los recursos se destinen a estudios y diseños, y no a ejecución directa de obras, plantea dudas sobre los tiempos reales de implementación y la capacidad institucional para llevarlos a término.
🏥 Comparación con otras inversiones departamentales
Aunque los $6.132 millones anunciados son relevantes, palidecen frente a la inversión global de $350.000 millones que la misma Gobernación de Cundinamarca proyectó para 2025 en el fortalecimiento de 57 infraestructuras hospitalarias. Esto sugiere que los convenios firmados son apenas una fracción de un plan más amplio, cuya ejecución dependerá de múltiples factores: cofinanciación, gestión técnica, voluntad política y articulación intermunicipal.
En contraste, departamentos como Antioquia y Valle del Cauca han adoptado modelos de inversión más descentralizados, priorizando la atención primaria en salud (APS) y la territorialización de servicios, en línea con la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud. Esta norma redefine la gestión territorial integral y promueve la articulación intersectorial, la participación comunitaria y el enfoque diferencial, elementos que no se evidencian con claridad en el anuncio de Cundinamarca.
⚖️ ¿Equidad territorial o concentración estratégica?
La selección de municipios beneficiados revela una mezcla entre zonas rurales dispersas y centros urbanos estratégicos. Sin embargo, la ausencia de intervenciones en regiones con alta vulnerabilidad sanitaria como Sumapaz, Gutiérrez o Ubalá, plantea la necesidad de revisar los criterios de priorización. ¿Se está invirtiendo donde más se necesita o donde más se ve?
Además, el modelo de salud pública colombiano está migrando hacia una gestión por subregiones funcionales, que busca cerrar brechas entre lo urbano y lo rural. En ese sentido, la inversión debería estar alineada con los nuevos esquemas de planeación territorial, garantizando continuidad, cobertura y sostenibilidad.
🧠 Reflexión crítica: ¿Qué falta para que la inversión sea transformadora?
Aunque el anuncio representa un alivio para miles de familias, la transformación estructural del sistema de salud requiere más que dotaciones y diseños. Se necesita:
- 📌 Ejecución efectiva y seguimiento técnico de los proyectos.
- 🧑⚕️ Formación y retención de talento humano en salud.
- 🧾 Digitalización de historias clínicas y fortalecimiento de redes de atención.
- 🤝 Participación comunitaria en la planeación y evaluación de servicios.
- 🔄 Articulación con el Plan Decenal de Salud Pública y el nuevo PIC (Plan de Intervenciones Colectivas).
🧭 Conclusión
La inversión anunciada por Jorge Rey es un paso necesario, pero no suficiente. Representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de salud más equitativo, resolutivo y territorializado. Sin embargo, su impacto dependerá de la capacidad de convertir los convenios en obras concretas, de integrar la participación ciudadana y de alinear las acciones con los nuevos marcos técnicos nacionales. En salud pública, los números cuentan, pero los procesos transforman.
