Reforma exprés: el riesgo de perder la tierra en silencio

Por. Editson Romero Angulo 
Periodista 

Un articulito que encendió el debate



En las últimas semanas, un pequeño artículo legislativo generó un gran ruido en la opinión pública. Su propuesta parecía técnica, pero en realidad tocaba fibras sensibles: el derecho a la tierra, la seguridad jurídica y la confianza entre ciudadanos y Estado.

El texto planteaba que, si el Estado declaraba un predio de utilidad pública o interés social, el propietario tendría apenas diez días para oponerse. Y si la administración no respondía en ese lapso, el silencio se entendería como aceptación. Resultado: el dueño debía entregar el terreno de inmediato, mientras el Estado consignaba el pago según avalúo oficial.


¿Expropiación disfrazada?

La idea se presentó como un mecanismo para agilizar la reforma agraria. Sin embargo, las críticas no tardaron en señalar el riesgo de que se convirtiera en una expropiación exprés, disfrazada bajo el ropaje de justicia social.

Lo más preocupante no era lo que decía el artículo, sino lo que omitía:

  • ¿Qué pasa si el avalúo no refleja el verdadero valor del predio?
  • ¿Qué sucede con las mejoras y la historia de vida que una familia ha invertido en su tierra?
  • ¿Cómo puede un campesino, sin recursos para un abogado, enfrentar un procedimiento tan corto y adverso?

La fragilidad del Estado

El episodio reveló un problema de fondo: la fragilidad institucional. Cuando el Estado convierte el silencio administrativo en un acto de despojo, el ciudadano queda en condición de víctima.

Colombia necesita una reforma agraria, y la necesita pronto. Pero la urgencia social no puede ser excusa para atropellar derechos fundamentales.


La tierra es más que un activo

La tierra no es solo un bien económico. Es memoria, identidad, sustento y futuro. Reducirla a un trámite exprés erosiona la confianza entre Estado y sociedad, y abre la puerta a injusticias que podrían tardar generaciones en corregirse.


Conclusión

La reforma agraria debe avanzar, sí, pero con garantías, transparencia y participación real de quienes viven el campo. Una política pública que busca justicia no puede construirse sobre la base del silencio y la prisa.

Porque cuando la tierra se pierde en silencio, no solo se pierde un predio: se pierde un país.