Afiliación institucional: Docente y Periodista Analista Político
Este artículo analiza el proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, desde su origen en la Corte Suprema de Justicia hasta la reciente sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá en octubre de 2025. Se examinan los fundamentos jurídicos de las decisiones judiciales, el debate sobre la legalidad de las pruebas, y los posibles escenarios jurídicos y políticos que se abren tras el fallo. El caso se inscribe en una tensión estructural entre el ejercicio del poder político y los límites del derecho penal en contextos de alta polarización institucional.
Abstract (English):
This article analyzes the
criminal proceedings against former Colombian President Álvaro Uribe Vélez for
the crimes of bribery in criminal proceedings and procedural fraud, from their
origin in the Supreme Court of Justice to the recent acquittal by the Bogotá
Superior Court in October 2025. It examines the legal foundations of the
judicial decisions, the debate over the admissibility of evidence, and the
possible legal and political scenarios that emerge after the ruling. The case
reflects a structural tension between the exercise of political power and the
limits of criminal law in contexts of high institutional polarization.
1. Introducción
El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los más significativos en la historia reciente del derecho colombiano, no solo por tratarse del primer expresidente investigado penalmente, sino por la complejidad jurídica y política que ha rodeado cada etapa del caso. La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de primera instancia y absolvió al exmandatario, reabre el debate sobre la eficacia del sistema penal frente a figuras de poder y sobre los estándares probatorios exigidos en delitos contra la administración de justicia.
Este artículo propone una lectura jurídica del
caso, sin perder de vista su dimensión simbólica y política. Se parte de una
reconstrucción procesal rigurosa, se analizan los fundamentos de las decisiones
judiciales y se proyectan escenarios jurídicos y políticos que podrían
derivarse del fallo absolutorio.
2. Antecedentes procesales: de la Corte Suprema a
la justicia ordinaria
El caso se originó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos en procesos relacionados con vínculos con grupos paramilitares. En 2020, tras su renuncia al Senado, el caso pasó a la fiscalía general de la Nación, lo que implicó un cambio de jurisdicción y de enfoque procesal.
Durante la etapa de instrucción, se recolectaron
interceptaciones telefónicas, testimonios de testigos como Juan Guillermo
Monsalve y Carlos Enrique Vélez, y documentos que sugerían la existencia de una
estrategia para desacreditar testigos clave. En julio de 2023, el Juzgado 44
Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Uribe a 12 años de
prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude
procesal.
3. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá
(octubre de 2025)
El 21 de octubre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, revocó la condena de primera instancia y absolvió a Uribe Vélez. Los argumentos centrales del fallo fueron:
- Inexistencia
de dolo directo: El
tribunal consideró que no se probó la intención directa de Uribe de
inducir a error a la justicia mediante la manipulación de testigos.
- Debilidad
probatoria: Se
cuestionó la validez de las interceptaciones telefónicas, al considerar
que se basaron en errores de identificación y no fueron debidamente
autorizadas.
- Principio
de in dubio pro reo: Ante la existencia de dudas razonables sobre la participación del
acusado como determinador de los hechos, se optó por la absolución.
El fallo fue recibido con reacciones encontradas:
mientras sectores afines al expresidente lo celebraron como una reivindicación
política, otros actores jurídicos y sociales expresaron preocupación por los
estándares probatorios aplicados.
4. Implicaciones jurídicas
- Estándares
probatorios en delitos contra la administración de justicia: El fallo refuerza la
necesidad de pruebas directas y robustas para sustentar una condena,
especialmente cuando se trata de figuras públicas.
- Control
de legalidad sobre interceptaciones: Se reabre el debate sobre los límites
constitucionales de la prueba obtenida mediante interceptación y su
eventual exclusión por violación de garantías.
- Tensión
entre justicia y política: El caso evidencia cómo los procesos penales
pueden convertirse en escenarios de disputa simbólica y política, desdibujando
los fines preventivos y retributivos del derecho penal.
Además, se plantea la necesidad de revisar los
mecanismos de protección a testigos, la independencia de la Fiscalía General de
la Nación y la relación entre justicia ordinaria y justicia especial en casos
de alto impacto.
5. Escenarios a futuro
A pesar de la absolución, el caso no está cerrado.
Se vislumbran al menos tres escenarios:
- Recurso
de casación ante la Corte Suprema de Justicia: La Fiscalía o las víctimas
podrían interponer este recurso, lo que reabriría el debate jurídico en
sede de cierre.
- Reactivación
política de Uribe Vélez: Tras el fallo, el expresidente ha anunciado
su intención de participar en las elecciones de 2026, lo que podría
reconfigurar el mapa político nacional.
- Reformas
al sistema penal acusatorio: El caso podría motivar propuestas
legislativas para ajustar los estándares de prueba, los controles sobre la
Fiscalía y la protección de testigos.
Estos escenarios no solo tienen implicaciones jurídicas, sino también institucionales y democráticas, en tanto redefinen el papel del derecho penal frente al poder político.
6. Conclusión
El caso Álvaro Uribe Vélez no solo ha sido un hito jurídico, sino también un espejo de las tensiones estructurales entre justicia, poder y opinión pública en Colombia. Su desenlace, lejos de cerrar el debate, invita a una reflexión profunda sobre los límites del derecho penal como herramienta de control institucional y sobre la necesidad de fortalecer las garantías procesales en contextos de alta exposición mediática y política.
La judicialización del poder, cuando se enfrenta a
figuras emblemáticas, exige del sistema penal no solo rigor técnico, sino
también independencia institucional y sensibilidad democrática. El caso Uribe,
en ese sentido, seguirá siendo un referente para pensar el derecho penal
colombiano en clave crítica y transformadora.
Por
supuesto, Editson. Aquí tienes un glosario jurídico especializado, elaborado
para acompañar el artículo sobre el caso Álvaro Uribe Vélez. Incluye conceptos
clave del derecho penal colombiano, con definiciones precisas y
contextualizadas para facilitar su comprensión en el marco del análisis
académico:
Glosario
jurídico expandido
Actuación penal
Conjunto
de diligencias que conforman el proceso penal, desde la investigación hasta la
sentencia. En Colombia, bajo el sistema acusatorio (Ley 906 de 2004), se
estructura en etapas: indagación, investigación, formulación de imputación,
acusación, juicio oral y sentencia. En sistemas como el francés (inquisitivo
mixto), la instrucción judicial tiene mayor protagonismo.
Dolo directo
Voluntad consciente de realizar
la conducta típica y antijurídica. En el caso Uribe, el Tribunal concluyó que
no se probó el dolo directo como elemento subjetivo del tipo penal. En doctrina
alemana, Claus Roxin distingue entre dolo directo de primer grado (intención) y
de segundo grado (conocimiento), lo que permite matices en la imputación penal.
Interceptación telefónica
Medida de obtención de prueba
que afecta derechos fundamentales. En Colombia requiere autorización judicial
previa (art. 235 CPP). En el caso Uribe, se cuestionó la legalidad de las
interceptaciones por errores en la identificación del abonado. En EE. UU., el
estándar es más flexible bajo la doctrina de “expectation of privacy” (Katz v.
United States, 1967).
Fraude
procesal
Delito que consiste en inducir
en error a una autoridad judicial mediante maniobras engañosas, con el fin de
obtener una decisión favorable (art. 453 CP). Comparativamente, en España se
tipifica como “estafa procesal” cuando se engaña al juez para obtener
resolución injusta.
Soborno en
actuación penal
Conducta que implica ofrecer o
entregar dádivas para alterar el curso de un proceso penal (art. 444 CP). En el
caso Uribe, se alegó que terceros ofrecieron beneficios a testigos para cambiar
su versión. En sistemas anglosajones, se clasifica como “obstruction of
justice” o “witness tampering”.
Principio
de in dubio pro reo
Norma de interpretación que
ordena absolver ante la duda razonable sobre la responsabilidad penal. En
Colombia, está consagrado en el artículo 7 del CPP. En derecho comparado, se
vincula al principio de presunción de inocencia (art. 6 CEDH, art. 14 PIDCP).
Manipulación
de testigos
Conducta ilícita que busca
alterar el testimonio de un testigo mediante presión, engaño o soborno. En el
caso Uribe, se alegó que testigos fueron contactados para retractarse. En EE.
UU., se sanciona como “witness intimidation” y puede implicar cargos federales.
Presunción
de inocencia
Garantía
constitucional que protege a toda persona acusada de un delito, estableciendo
que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia
firme. En Colombia, está consagrada en el artículo 29 de la Constitución. En
Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una
jurisprudencia robusta sobre su alcance (caso Allenet de Ribemont v. France,
1995).
Casación
penal
Recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia que busca corregir errores de
derecho en las decisiones judiciales. No constituye una tercera instancia, sino
un mecanismo de control de legalidad. En Francia, la Cour de Cassation cumple
función similar, pero con mayor énfasis en la uniformidad jurisprudencial.
Judicialización
del poder
Proceso
mediante el cual actores políticos son sometidos a control judicial, especialmente
penal. En el caso Uribe, se evidencia cómo el sistema penal puede convertirse
en escenario de disputa simbólica. En América Latina, este fenómeno ha sido
estudiado como parte de la “judicialización de la política” (Sieder, 2002), con
implicaciones democráticas y de legitimidad institucional.
Tribunal
Superior de Bogotá
Órgano
judicial de segunda instancia que revisó la sentencia condenatoria contra Uribe
y dictó el fallo absolutorio en octubre de 2025. Su decisión se basó en
criterios de insuficiencia probatoria y aplicación del principio de in dubio
pro reo.
Referencias
Corte Suprema de Justicia.
(2018). Auto de apertura de
investigación contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
Sala de Instrucción Penal.
El Espectador. (2023, julio
12). Juzgado condena a Álvaro
Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. https://acortar.link/uribe2025
El Tiempo. (2025, octubre 21). Tribunal Superior de Bogotá absuelve a
Álvaro Uribe Vélez en caso de manipulación de testigos. https://acortar.link/uribe-argumentos
González, J. F. (2021). El derecho penal frente al poder político:
límites, excesos y garantías. Editorial Universidad Externado de
Colombia.
Martínez, L. A. (2020). La prueba ilícita en el sistema penal
acusatorio colombiano. Revista de Derecho Penal y Criminología,
41(2), 115–142. https://acortar.link/umanizales-doc
Merchán Gutiérrez, M. A.
(2025). Sentencia de segunda
instancia en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Penal.
Zaffaroni, E. R. (2013). La palabra de los muertos: conferencias sobre criminología cautelar. Ediciones Colihue. https://acortar.link/zaffaroni-libro
Ficha editorial
- Título
del artículo: El
caso Álvaro Uribe Vélez: judicialización del poder y límites del derecho
penal colombiano
- Autor: Editson Romero Angulo
- Afiliación
institucional: Periodista judicial
Docente y asesor institucional en comunicación. Tecnólogo en Gestión Bibliotecaria y Archivista.
- Correo electrónico: elhumanitario.7183@gmail.com
- Palabras
clave:
Derecho penal colombiano, fraude procesal, soborno en actuación penal,
judicialización del poder, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de
Bogotá
- Área
temática:
Derecho penal, criminología política, justicia transicional
- Tipo
de artículo:
Artículo de investigación jurídica
- Fecha
de envío: octubre
de 2025