Por. Editson Romero Angulo
Periodista
Los
partidos Cambio Radical, La U y Oxígeno han formalizado una coalición de centro
derecha con miras a las elecciones legislativas de 2026, marcando un nuevo
capítulo en la reconfiguración política de Bogotá. Esta alianza, que se
presenta como una alternativa frente al desgaste institucional y la
polarización nacional, busca consolidar una propuesta que recupere la confianza
ciudadana en el Congreso y en los gobiernos locales. Los líderes de estas
colectividades han coincidido en que la capital enfrenta una “crisis de
desinstitucionalidad”, reflejada en el debilitamiento de las entidades
públicas, la fragmentación del poder político y la falta de respuestas eficaces
ante los desafíos urbanos.
La
coalición también se propone abordar de manera directa los problemas
estructurales que afectan a Bogotá, como la inseguridad creciente en barrios
populares y el desempleo que golpea especialmente a jóvenes y mujeres. En sus
primeras declaraciones, los voceros de esta alianza han señalado que impulsarán
una agenda legislativa centrada en el fortalecimiento de la justicia local, el
apoyo a emprendimientos urbanos y la recuperación del espacio público. Además,
han manifestado su intención de abrir canales de diálogo con sectores
independientes y movimientos ciudadanos, con el objetivo de ampliar su base social
y construir una plataforma electoral competitiva frente a las fuerzas
progresistas que dominan el escenario político actual.
Gobierno Petro bajo presión
El presidente Gustavo Petro enfrenta nuevas
críticas tras el escándalo de la UNGRD, con investigaciones de la Fiscalía
que involucran a exministros por presunta corrupción.
El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó la política de “paz total”,
señalando que ha fortalecido a las disidencias armadas y debilitado la
capacidad institucional. Además, el gobierno rechazó recursos ofrecidos por la
Alcaldía para aumentar el pie de fuerza policial en Bogotá, generando
controversia en materia de seguridad.
Congreso en debate la tributaria
Contexto nacional
Durante el año preelectoral en Colombia, se ha
intensificado la violencia política con una alarmante serie de atentados y
asesinatos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y
representantes comunitarios. Estos hechos no solo han enlutado regiones
históricamente vulnerables como el Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar,
sino que también han generado un clima de temor y desmovilización en sectores
que tradicionalmente han sido pilares de la participación ciudadana. La falta
de garantías para el ejercicio político y social ha sido denunciada por
organizaciones nacionales e internacionales, que advierten sobre el
debilitamiento del tejido democrático en zonas rurales y urbanas.
A esta situación se suman graves denuncias sobre
la presunta infiltración de disidencias armadas en organismos de seguridad del
Estado, incluyendo el Ejército y la Policía. Estas acusaciones, aún en proceso
de investigación, han encendido las alarmas en el Congreso y en la opinión
pública, profundizando la crisis de confianza institucional. El gobierno ha
respondido con llamados a la prudencia y promesas de depuración interna, pero
sectores opositores y analistas independientes señalan que la “paz total”
podría estar siendo instrumentalizada por actores ilegales para ganar terreno
político y militar. En este contexto, la transparencia, la protección a líderes
sociales y el fortalecimiento de las instituciones se convierten en desafíos
urgentes para preservar la legitimidad democrática de cara a las elecciones de
2026.
Visión editorial.
“Entre alianzas y desconfianza: Colombia rumbo a un 2026
decisivo”
El
panorama político colombiano revela no solo una coyuntura electoral en
construcción, sino también una profunda fragilidad institucional que se ha
venido acumulando en los últimos años. Las alianzas estratégicas en Bogotá
muestran la necesidad de los partidos tradicionales de reagruparse frente a un
escenario de polarización, pero también evidencian la dificultad de ofrecer propuestas
renovadoras que respondan a las demandas ciudadanas. La presión sobre el
gobierno Petro, atravesada por escándalos de corrupción y cuestionamientos a la
política de paz total, refleja un desgaste que amenaza con minar la
credibilidad de las instituciones democráticas. En este contexto, los debates
en el Congreso se convierten en un campo de disputa más por la supervivencia
política que por la construcción de consensos sólidos en torno a los grandes
problemas nacionales.
La
violencia política y la desconfianza institucional no son fenómenos aislados,
sino síntomas de un sistema que enfrenta serias tensiones entre la legitimidad
formal y la eficacia real de sus estructuras. El año preelectoral de 2026 se
perfila como un terreno donde la ciudadanía deberá decidir entre continuar con
proyectos que han mostrado fisuras o apostar por nuevas alternativas que aún
carecen de claridad programática. El reto crítico está en que las elecciones no
se reduzcan a un simple juego de poder entre élites, sino que logren abrir
espacios de participación genuina y protección efectiva para líderes sociales y
comunidades históricamente marginadas. De lo contrario, la democracia
colombiana corre el riesgo de convertirse en un escenario cada vez más formal y
menos sustantivo, incapaz de responder a las urgencias de seguridad, empleo y
confianza que exige la sociedad.