Por. Editson Romero Angulo
Periodista
Periodista
Una nueva tormenta política golpea al Gobierno de Gustavo Petro. Una investigación reveló que, entre 2022 y 2025, el gasto en contratación por prestación de servicios pasó de $12,1 billones a $19,3 billones, un incremento de $7,2 billones en apenas tres años. El estudio, realizado por el experto en gestión pública José David Castellanos, analizó más de 105.000 contratos registrados en las plataformas oficiales Secop I y II.
El hallazgo más explosivo: la creación de cerca de 7.000
nuevos puestos bajo la figura de contratos de prestación de servicios, lo
que configura una “nómina paralela” que crece al margen de los
mecanismos tradicionales de vinculación estatal. Castellanos advirtió que esta
expansión responde a una contratación discrecional que erosiona la
transparencia y pone en entredicho la legitimidad del discurso oficial sobre
austeridad y eficiencia.
El escándalo no solo desnuda un aumento
desproporcionado en la burocracia, sino que abre un debate incómodo: ¿se está
consolidando un aparato estatal paralelo que favorece intereses políticos más
que el servicio público?