#TransporteJustoCundinamarca Gobernador de Cundinamarca pide control frente a alzas en tarifas de transporte intermunicipal
Periodista cundinamarqués
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel solicitó la intervención inmediata de la Superintendencia de Transporte ante los incrementos superiores al 30 % en las tarifas de algunas rutas intermunicipales, situación que ha generado inconformidad ciudadana y el anuncio de bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del departamento.
Contexto de la problemática
Durante la última semana, usuarios denunciaron que
al menos tres empresas transportadoras que operan en corredores de la Sabana de
Occidente, el centro del departamento y la provincia de Gualivá, aplicaron
aumentos que superan el 30 %. Estos incrementos han despertado preocupación y
malestar entre los pasajeros, quienes advierten que la medida afecta
directamente su economía y la movilidad cotidiana.
Competencias y responsabilidades
La Gobernación aclaró que no tiene competencia para fijar las tarifas del transporte intermunicipal, pues estas son definidas por las empresas prestadoras del servicio bajo el esquema de libertad tarifaria establecido en la normatividad vigente. No obstante, la ley exige que cualquier ajuste esté sustentado en estudios técnicos que justifiquen las nuevas tarifas y que dichos documentos sean publicados para conocimiento de los usuarios.
Llamado a la Superintendencia
Ante este panorama, el mandatario departamental
reiteró su llamado a la Superintendencia de Transporte para que verifique si
los incrementos cumplen con los requisitos legales, si existen los estudios
técnicos correspondientes y si estos han sido debidamente socializados. El
objetivo es determinar posibles incumplimientos o abusos que puedan afectar a
los usuarios y garantizar que las medidas adoptadas por las empresas se ajusten
a la normativa.
Mensaje a transportadores y
usuarios
La Gobernación exhortó a las empresas
transportadoras a actuar con responsabilidad y transparencia frente a la
ciudadanía, y pidió a los usuarios mantener los canales de diálogo
institucional mientras las autoridades competentes adelantan las
investigaciones necesarias. El propósito, según el comunicado oficial, es
proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar una adecuada prestación del
servicio de transporte intermunicipal en el departamento.