Es necesaria una reforma rápida al sistema de regalías para
recuperar la confianza de la comunidad. Propone que el 50% de las regalías sean
para regiones productoras.
Cartagena. Para recuperar la confianza
de la comunidad en la minería, tenemos que proponerles a las regiones medidas
audaces como, por ejemplo, un pago anticipado de regalías o que se puedan
activar anticipadamente obras por impuestos, para que la comunidad vea que sí
llega la inversión”, dijo Iván Duque en Cartagena, durante el
evento Colombia Genera 2018, organizado por la ANDI sobre energía, minería e
hidrocarburos.
El candidato presidencial del Centro Democrático dijo que a
las comunidades hay que responderles con inversión social, con medidas reales,
porque han perdido confianza en el sector y han sido víctimas del discurso
populista que trata de posicionar falsos dilemas como minería y medio ambiente. “Necesitamos una reforma rápida al sistema de
regalías. Yo estoy planteando que la fórmula sea 50% para las regiones
productoras y 50% para el resto del país. Vamos a demostrarle al país que sí
podemos devolverles los recursos a las regiones productoras”.
Duque dijo que sí es posible producir conservando y
conservar produciendo y que no hay que hacer en la conversación absurda de los
populistas, que, es decir, si no es Fracking aquí no se puede hacer más
petróleo, son falsos dilemas.
Duque llamó absurdo que un país con reservas para menos de
siete años haya expandido los gastos permanentes basados en una bonanza
transitoria de un producto para el cual no somos autosuficientes. Y lamentó que
el sector no haya tenido una política clara. “Ha tenido siete ministros en
menos de ocho años”.
Consultas previas
Duque lamentó que, “después de asignados muchos campos con
licenciamiento previo vienen revocatorias súbitas que generan desesperanza. No
hay una política petrolera clara frente a las adversidades”, advirtió.
“Yo creo en la licencia previa, pero no en la licencia
eterna. Una vez otorgadas las licencias ambientales y de haber adelantado las
consultas previas, debe garantizarse la estabilidad jurídica de los proyectos”,
puntualizó.
En el foro el candidato presidencial presentó su agenda
minera.
¿Cuál es la agenda minera que necesita Colombia?
1. Formalización: Unificar procesos de formalización y
sistemas de información con los que cuenta el sector minero, con base en un
registro único que incluya a los artesanales, pequeños, medianos y grandes, y
que facilite esa formalización.
2. Reforma al sistema de regalías: la última reforma a las
regalías generó un daño enorme a las regiones productoras, reduciendo del 80 al
20 por ciento la repartición de las mismas. Una reforma ideal debe dejar 50 por
ciento en las regiones productoras y 50 por ciento para una distribución
nacional.
3. Fortalecer la agenda social y ambiental: Los proyectos
mineros deben gozar de mejores estándares ambientales y sociales en diálogo con
las comunidades. El Gobierno debe mejorar las capacidades de supervisión para
evitar que se presenten afectaciones sociales y ambientales, las cuales deben
tener efectivas sanciones.
4. Estabilidad jurídica: Una vez otorgadas las licencias
ambientales y de haber adelantado las consultas previas, debe garantizarse la
estabilidad jurídica de los proyectos, advirtiendo que deben prohibirse la
explotación en zonas de alto valor ambiental.
4. Actualización normativa y transparencia regulatoria:
Colombia tiene que modernizar y actualizar la normatividad minera y no dejar
que los vacíos regulatorios se definan en los tribunales. Esos vacíos generan
incertidumbre e impiden una normatividad transparente.
5. Agenda nacional de cierre minero: Los proyectos mineros
deben fortalecer la comunicación de sus agendas de cierre y poscierre minero.
El objetivo debe ser generar proyectos de alto impacto en la transición
económica de los territorios.
6. Lucha frontal contra la minería criminal: Debe partir de
la coordinación interinstitucional de Mindefensa, Minambiente, Minminas y
organismos de control. Así atacamos la financiación de los grupos criminales y
ponemos a los servicios de las comunidades, mediante extinción de dominio
exprés, la maquinaria y los minerales confiscados.
