Seguros agropecuarios son excluyentes en Colombia

• Colombia no cuenta con inspectores, ni ajustadores de riesgos agropecuarios • Los seguros agropecuarios en Colombia son excluyentes • La inspección y ajuste de riesgos agropecuarios es el cuello de botella de las aseguradoras en este sector • Los empresarios agropecuarios de Cundinamarca NO conocen sobre los subsidios del gobierno para la compra de seguros. Las anteriores son cuatro conclusiones principales de una investigación doctoral adelantada por Juan Hernando Bravo Reyes, Docente Investigador de la Universidad de La Salle, quien se dio a la tarea de abordar el mundo de los seguros en el sector rural, el nivel de conocimiento de los empresarios agropecuarios de Cundinamarca sobre los subsidios del Gobierno para la compra de éstos y la cantidad de riesgos a los que se enfrenta el pequeño empresario campesino. La investigación fue realizada con los miembros de la PEFAC (Pequeños empresarios de familia agropecuarios en Cundinamarca) que agrupa habitantes de los Municipios de Tabio, Tenjo, Subachoque y Zipaquirá, con quienes Bravo trabajó durante 18 meses para determinar los riesgos que de manera directa afectan su producción e impiden el crecimiento y desarrollo empresarial. En ese sentido, “el objetivo general fue diseñar una herramienta informática que permite administrar y asegurar los riesgos que tienen los Pequeños Empresarios de Familia (PEFAC) de los Municipios objeto de estudio, este análisis conectado con cinco dimensiones de riesgo: riesgos del macroentorno, climáticos y geológicos, políticos, de seguridad nacional y los intrínsecos a los procesos productivos”, explica Bravo. En total, la investigación contó con: • 468 Pequeños Empresarios de Familia Agropecuarios (PEFAC) • Más de 5.000 respuestas empleando el programa STATA (software estadístico creado en 1985 por StataCorp. que es utilizado principalmente por instituciones académicas y empresariales dedicadas a la investigación, especialmente en economía, sociología, ciencias políticas, biomedicina y epidemiología) • Entrevistas en profundidad a expertos de entidades públicas y privadas involucradas en los procesos productivos agropecuarios de la región y la gestión de riesgos, usando el Método Delphi • Principales resultados: 1. La Problemática se fundamenta en el desconocimiento que tiene el sector asegurador y el Gobierno Nacional de los factores determinantes que permiten la administración y el aseguramiento de los riesgos en el sector agropecuario. Lo anterior, empeora si se tiene en cuenta, los mal logrados subsidios en la prima de seguros de los que pocos conocen. 2. Los seguros agropecuarios en Colombia son excluyentes. En la actualidad están dirigidos a ciertos cultivos con preferencia al banano, café, maíz, sorgo, tabaco y papa, cultivos desarrollados por grandes empresas o ingenios, dejando por fuera a los Pequeños Empresarios de Familia como posibles clientes de las aseguradoras. 3. Por obvias razones los únicos que conocen los riesgos del sector son quienes padecen sus estragos, pero a pesar de conocer exactamente qué es lo que afecta sus procesos productivos, los Pequeños Empresarios de Familia no trasladan sus riesgos a las aseguradoras. 4. Los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional para la compra de seguros agropecuarios son desconocidos por los empresarios, y de difícil recaudo para las aseguradoras que deben enfrentar un proceso dispendioso. No existen inspectores, ni ajustadores de Riesgos Agropecuarios con cubrimiento nacional que soporten la expedición técnica de Contratos de Seguros Agropecuarios. 5. El desconocimiento que tiene el Empresario de Familia Agropecuario sobre los seguros es una constante, así como, el desinterés por conocer sobre el tema. Lo anterior, permite concluir que los esfuerzos realizados por entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO y FASECOLDA han sido poco efectivos, además de mal enfocados, lo anterior se explica con el análisis efectuado a una pequeña “cartilla” que aunque según sus creadores pretendía ser pedagógica, por cuenta del diseño y tono, terminó más dirigida a técnicos en seguros que a empresarios del campo colombiano. Es interesante señalar que al validar el conocimiento de la cartilla por parte de los 468 empresarios del campo encuestados, ninguno manifestó conocerla. 6. La oferta de productos de seguros agropecuarios es escasa y fundamentada en exclusiones. En muchos de las cláusulas las pólizas no incluyen las garantías y otras regulaciones que debe ser conocidas con precisión por el asegurado. 7. Las coberturas y amparos de los seguros agropecuarios se circunscriben con exclusividad a riesgos climáticos y geológicos, desconociendo otras dimensiones de los Municipios como el macroentorno, la misma administración de riesgos, las implicaciones políticas, por supuesto los temas de seguridad nacional y los inherentes al proceso productivo. 8. Los estudios sobre nuevos productos de seguros agropecuarios se centran en observar los eventos catastróficos. 9. Los resultados económicos del ramo agropecuario en las compañías de seguros no han sido catastróficos, lo que significa que si es un negocio atractivo para las aseguradoras. Colombia (Bravo, J. 2005; Wenner, 2005; IICA, 2006; SAC, 2011; Fasecolda, 2014; Bejarano, J. 2003; IICA. [en línea] 2008). 10. Los modelos de aseguramiento exitosos involucran a instituciones públicas como privadas, tal es el caso del modelo Español con Agroseguro a través del cual, el Gobierno busca en la ruralidad las necesidades de los productores agropecuarios y exige a las compañías de seguros el respaldo con bases técnicas justas y equilibradas.

Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá y Cundinamarca

Cerca de 45 Secretarios de Desarrollo económico, agricultura y directores de Umata de Cundinamarca participaron en la presentación del proyecto “Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá y Cundinamarca”, que busca mejorar la seguridad alimentaria del departamento y la capital, mediante el desarrollo de paquetes tecnológicos para 23 productos seleccionados de la cadena básica de alimentos. El proyecto, impulsado por la Gobernación de Cundinamarca a través de las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Agricultura; la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Universidad Nacional de Colombia, propone desarrollar 93 parcelas demostrativas, para enseñarles a los agricultores a mejorar su productividad y a ser más competitivos, además de fortalecer las economías de los productores del departamento. De acuerdo con lo manifestado por Óscar Lozano, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, “es importante contar con el apoyo de los directores de proyectos, de las Umatas y de las secretarías de desarrollo económico, para socializar el proyecto en los municipios y así tener un mayor impacto en el territorio”. En marcha primer Centro Regional para la Atención a Víctimas en Cundinamarca • Prestará servicios a la población afectada por el conflicto armado en Soacha. • Más de 50.000 personas se beneficiarán de sus servicios. (Soacha, Cundinamarca, 18 de abril de 2016) El secretario de Gobierno de Cundinamarca, Buenaventura León León, hizo entrega en este municipio del primer Centro Regional para Atención de Víctimas de Cundinamarca, acto en el que estuvo acompañado por el acalde de Soacha, Eléazar González, y del director territorial de la Unidad de Víctimas, Jorge Sánchez. El nuevo punto de atención cuenta con más de 4.000 metros cuadrados y está ubicado cerca al sector de San Mateo; cuenta con oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras entidades, además de zonas verdes, una hemeroteca, área de talleres y actividades, auditorio, zona de parqueadero y batería de baños para el servicio público. En el lugar se prestará atención a las más de 50.000 víctimas de la zona, con apoyo de las 54 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. “Este Centro Regional, que apoyará la atención a las víctimas, concentrará toda la oferta institucional, la prestación del servicio y la orientación que requieran las víctimas. Se trata de ofrecerles una atención digna y lograr el goce efectivo de sus derechos”, expresó Buenaventura León León, titular departamental de la cartera de Gobierno. En ese sentido, la administración cundinamarquesa acompañará a las entidades responsables de la atención a personas afectadas por el conflicto armado para trabajar de manera armónica ofreciendo y prestando sus servicios a las personas caracterizadas e identificadas como víctimas del conflicto armado (VCA. La entrega de las nuevas instalaciones, que tuvieron un costo cercano a 4.080 millones de pesos asumido por la Nación, el departamento y el municipio, son producto de un trabajo articulado entre la Unidad Nacional para la Atención las Víctimas, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha. Por otra parte, Jorge Sánchez, director territorial de la Unidad de Víctimas, manifestó que “Este Centro Regional surge de la necesidad tanto de las víctimas, como de las instituciones de poder contar con un sitio digno para la atención y poder concentrar en un solo lugar la oferta del Sistema Nacional de Reparación a Víctimas que beneficiaría a toda la zona sur del departamento de Cundinamarca”. Cabe resaltar que el centro es el resultado de un convenio que se suscribió hace tres años: la Unidad para las Víctimas costeó la construcción y dotación, la alcaldía de Soacha donó el terreno con los requerimientos exigidos por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca costeó estudios y diseños.

Alcaldes locales ejecutarán en 2016 $2 billones, lo equivalente al presupuesto de Barranquilla

Un llamado a los nuevos alcaldes locales de Bogotá realiza el Veedor Distrital, Jaime Torres Melo, para que ejecuten con transparencia y efectividad los recursos públicos que para la actual vigencia ascienden a $1,4 billones, cifra que es equivalente al 70% del presupuesto de una ciudad como Barranquilla, o el diseño, obra y dotación de 70 colegios para Bogotá. Los alcaldes locales entrantes tendrán en sus manos la responsabilidad de ejecutar para este año $1,4 billones incluidas las reservas por $636.117 millones del presupuesto 2015 que fueron comprometidos pero no girados. “Nuestra invitación es primero a la administración distrital y local para que ejecute bien el presupuesto, atendiendo las prioridades de cada una de las localidades, y segundo a la ciudadanía para que se empodere y haga control social a la gestión de los recursos y de los mandatarios”, señaló el Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. Asegura el Veedor que las alcaldías locales deben tomar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos, mediante una efectiva planeación de la contratación, con el fin de disminuir el monto de reservas y obligaciones por pagar al finalizar la vigencia dando cumplimiento al principio de anualidad del gasto. Pero además, utilizar este mecanismo solo de manera extraordinaria como lo indica la norma presupuestal. De acuerdo con un estudio realizado por la Veeduría Distrital a la contratación de las 20 alcaldías locales se evidencia que suscribieron un total de 4.303 contratos por valor de $599.227 millones durante el 2015. De este total el 70 por ciento, es decir 3.044 contratos, se celebraron de manera directa. La mayoría de éstos fueron de prestación de servicios profesionales (414) y de apoyo a la gestión (2.882). “Las localidades no tienen la capacidad administrativa para ejecutar el presupuesto de la vigencia y simultáneamente las obligaciones y compromisos de años anteriores; por eso la Veeduría Distrital recomienda que las Alcaldías Locales cuenten con personas expertas en contratación y usen cada modalidad de contratación como corresponde, pues cada contrato se enmarca en una tipología prevista por la Ley”, indicó el Veedor Distrital. Así mismo se invita a los alcaldes locales a que utilicen adecuadamente el mecanismo excepcional previsto en el Decreto 777 o Convenios de Asociación con Entidades sin Ánimo de Lucro y no recurran a esta figura para poder justificar una contratación directa. Para la Veeduría, la celebración de convenios de este tipo y otras formas de contratación no justificada denota falencias en las localidades y debilidad jurídica institucional. Por eso el llamado a tener mayores controles y lineamientos para mitigar este tipo de situaciones. En este sentido, el Veedor Distrital, Jaime Torres Melo, considera importante que la Secretaría de Gobierno contribuya a fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales y a dar lineamientos para la contratación de los Fondos de Desarrollo Local, FDL. Entre estos, se respaldan algunas medidas de “choque” como las fijadas por las Directivas Distritales 001 y 003 de 2016 que, entre otras medidas, obligan a remitir a la Secretaría de Gobierno los estudios previos de todos los procesos contractuales que se pretendan adelantar por los FDL. Recordando sin embargo que deben verse solo como medidas transitorias y que es urgente el fortalecimiento estructural de las Alcaldías Locales. Finalmente el buen uso de estos recursos inicia con una efectiva y amplia participación de la comunidad mediante un importante ejercicio de priorización local a través de los Encuentros Ciudadanos que se adelantan en la actualidad en las 20 localidades, donde la Veeduría Distrital invita a los ciudadanos a participar activamente.

Gobernación de Cundinamarca atiende colapso de jarillón en Simijaca

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, con el apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Simijaca, atiende con un equipo de expertos y profesionales, así como con maquinaria, el colapso de un jarillón sobre el río Suárez, que de no atenderse podría originar una inundación de aproximadamente 7.000 hectáreas en la región. Así mismo, los gobiernos departamental, municipal y organismos de socorro, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de mantenerse alerta a la evolución del evento.

Noche de Tangos

SOLICITAN A FISCALIA DE COLOMBIA DECLARAR ASESINATO DE EDUARDO UMAÑA MENDOZA - CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

[Bogotá D.C. ]Los abogados de las víctimas han solicitado a la Fiscalía General de la Nación declarar como crimen de lesa humanidad el asesinato del abogado defensor de derechos humanos JOSE EDUARDO UMAÑA MENDOZA, ejecutado hace 18 años, el día 18 de abril de 1998. Para dicha solicitud se ha tenido en cuenta los ataques sistemáticos de que fueron objeto los defensores de derechos humanos entre 1988 y 1997, que reporta la existencia de 729 agresiones en contra de este grupo poblacional, de los cuales 568 son asesinatos, 62 desapariciones forzadas y 65 amenazas, entre otros crímenes. La sistematicidad de los ataques se hace más evidente si se tiene en cuenta que previo a su asesinado, 64 abogados más habían sido asesinados. Los abogados de las víctimas han precisado a la Fiscalía General de la Nación, como en los casos donde el autor es conocido, la responsabilidad de estos crímenes corresponde en un 62% de lo casos a los paramilitares y un 36% a agentes del Estado, quienes actuaban conjuntamente. Esto demuestra que existía ya para la época una política oficial de ejecución de los ataques. “Con el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza se pretendía acallar, destruir e inmovilizar al movimiento de derechos humanos, por parte de agentes del Estado, de los cuales ya Eduardo había revelado su identidad. A pesar de haber denunciado desde febrero de 1998, que el plan para asesinarlo era orquestado desde la Brigada XX del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y Ecopetrol, es incomprensible que este crimen de lesa humanidad siga en la impunidad”, señalaron los abogados Germán Romero y Jorge Molano. “Hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación, que las investigaciones también se dirijan en contra de los integrantes del Ejército Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad y Policía Nacional, que intencionalmente ayudaron a desviar la investigación, con el propósito de favorecer a los victimarios”.

Concejal Daniel Palacios presentó ponencia Positiva con modificaciones para creación de la Empresa Metro de Bogotá

“Luego de 74 años que llevábamos en la discusión del Metro, por fin los capitalinos vamos a tener una Empresa Metro de Bogotá S.A. Porque hoy tenemos una ponencia unificada entre cuarto partidos, con un único articulado, respaldado por la administración distrital”, señaló el Concejal Daniel Palacios, ponente del Proyecto. El cabildante Palacios con el apoyo de la bancada del Centro Democrático incluyó funciones al Proyecto, algunas de esas son: - Asesorar y ofrecer servicios de consultoría a otras entidades u organizaciones con respecto a su ejercicio y especialidad. -Dirigir y coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad del metro con los organismos de seguridad pertinentes. Así como adquirir los equipos necesarios para garantizar la seguridad del sistema y sus usuarios. - Ofrecer capacitación permanente al pie de fuerza de la Policía Nacional destinado a brindar la seguridad integral en metro de Bogotá, en materias de cultura y convivencia ciudadana. - Para los fines de este Acuerdo Distrital, el área de influencia será reglamentada por la administración distrital, para que en estos espacios se generen plusvalía, turismo y comercio. - Autorizar al Gobierno Distrital a través de la Secretaría Distrital de Hacienda para asumir compromisos con cargo a presupuestos de vigencias futuras con el propósito de cofinanciar el proyecto de la Primera Línea del Metro, en los términos de los artículos 31 y 32 de la Ley 1753 de 2015 y del documento CONPES que expida el Gobierno Nacional, en cumplimiento de los requisitos legales. Para el Concejal Palacios “es necesario que en la constitución de la Empresa Metro para Bogotá se garantice la seguridad de los usuarios que utilizarían este medio transporte, ya que hoy la ciudad solo tiene 577 Cámaras de vigilancia, de las cuales se encuentran dañadas 275, según cifras del 2016 de la MEBOG, y hoy en Transmilenio hay 164 cámaras conectadas a la Policía de la ciudad”. De igual forma “la administración de Gustavo Petro adquirió 24 cámaras de video de última tecnología para identificar rostros en las estaciones de Transmilenio y cada una de estas tuvo un costo entre US$120.000 y US$130.000. Sin embargo en la actualidad no hay una base de datos o banco de rostros para cruzar esta importante información y tampoco un convenio con la Policía Metropolitana que permita ponerlas en funcionamiento”, manifestó el Ponente. Finalmente el Concejal Palacios, aseguró que “el Metro de Medellín transporta 890 mil personas diariamente y tiene 500 policías; mientras Transmilenio transporta 2.3 millones de pasajeros por día, y tiene el mismo pie de fuerza, solo con una inversión en seguridad de 2 mil millones de pesos, un presupuesto ínfimo para la seguridad en el sistema”.