COLOMBIA: SE UNE A LA HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA DEL PRESO POLÍTICO EL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN.

Hace ya casi tres meses que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos comunicó, a través del Alto Comisionado de Paz, su decisión de indultar a treinta guerrilleros de las FARC –EP que se encuentran en las cárceles del país cumpliendo su pena de prisión por el delito de rebelión. Así mismo, se comprometió a adelantar “la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles, a los que serían trasladados los miembros de las FARC-EP detenidos o condenados para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar como medida de preparación para su reintegración a la vida civil”. En dicho comunicado, fechado 22 de noviembre de 2015 el gobierno nacional expresaba su decisión de impulsar unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de la FARC todavía recluidos en las cárceles y penitenciarias de todo el país. Todo lo anterior con el fin de generar medidas de construcción de confianza y preparar las condiciones para el fin del conflicto. No obstante estos pronunciamientos, al día de hoy, dichas medidas no se han hecho realidad y lejos de generar confianza hacia los gestos unilaterales de paz del gobierno, lo que han suscitado es la frustración e indignación no solo de quienes serían potencialmente cobijados en ellos, sino de todas y todos las que seguimos sometidos a un sistema penitenciario indolente e inhumano que viene aplicando lenta y progresivamente la pena de muerte a la población carcelaria. Cabe recordar que el anuncio se produjo en el contexto de una jornada Nacional de protesta de carácter pacífico que desde el 9 de noviembre veníamos adelantando más de 1500 presos en diferentes centros penitenciarios con la petición única que se concediera la libertad por razones humanitarias a las y los prisioneros políticos con problemas de salud, de tercera edad, con discapacidades y mujeres o lactantes que se encuentran en situaciones inadecuadas por la vida en prisión. No fueron pocos los presos políticos que vieron en los anunciados gestos humanitarios del gobierno una estrategia para desactivar una jornada de protesta que ya se había extendido a nivel nacional en más de 20 cárceles del país. Siendo uno de los voceros de esta pacifica jornada ( condición que asumí en mi calidad de preso político que sin pertenecer a organización guerrillera alguna, he sido objeto de persecución por parte del Estado por defender los derechos a la libertad de pensamiento y disentimiento), expresé en aquel momento mi complacencia y satisfacción por este anuncio gubernamental, frente un amplio sector de la población carcelaria que veía con incredulidad y escepticismo este gesto; al mismo tiempo que compartí la iniciativa de levantar la huelga de hambre y de este modo dar un compás de espera para la materialización de estos gestos humanitarios unilaterales, los interpreté como un justo reconocimiento a las reivindicaciones que durante lustros han venido enarbolando los presos políticos. Aunque sería un despropósito desconocer la importancia que han tenido la recientes liberaciones de los 26 compañeros y compañeras presos políticos indultados, -uno de los cuales ya había recuperado su libertad por pena cumplida,- no obstante es preciso decir que las dilaciones, desinformaciones y bloqueos burocráticos que acompañaron dicho proceso tienen un espeso manto de duda e incertidumbre frente a la verdadera voluntad política del gobierno y, como los versos del poeta Horacio es oportuno decir que: del parto de los montes ha nacido un ridículo ratón. Para empezar no se ha hecho efectiva la libertad de los cuatro compañeros restantes a lo enunciado por el gobierno, a lo que se suma el grave hecho que uno de los guerrilleros indultados, Wilson Tamayo, recibió amenazas de muerte cuando se encontraba en Envigado(Antioquia) en compañía de su familia. En lo que respecta las concentraciones de presos políticos en patios especiales poco o nada ha realizado el gobierno, más allá de un publicitado anuncio. Muy por el contrario en estos más de dos meses se han incrementado las agresiones contra los guerrilleros privados de la libertad, tanto por parte de los cuerpos de custodia, como por sectores de la misma población carcelaria que actúan en convivencia con los anteriores. Los dolorosos hechos acaecidos en el penal de Arauca el pasado 24 de diciembre, donde varias decenas de presos fueron gaseados y torturados con descargas eléctricas por parte de los grupos contrainsurgentes del Inpec como del CRI ( Cuerpo de reacción Inmediata) y el COREF (Cuerpo de Remisiones Especiales), así como las agresiones de que fue objeto el compañero Gonzalo Antonio García, constituyen apenas la punta del Iceberg de una situación que podría generalizarse en buena parte de los centros reclusorios del país, si el gobierno no ofrece un pronto cumplimiento a su promesa de concentración de guerrilleros en patios especiales. Aunado a lo anterior el evidente incumplimiento del gobierno frente a las brigadas de salud, no pueden seguir viéndose como episodios intranscendentes en la cadena secular de incumplimientos a que nos han acostumbrados las élites dirigentes de este país, porque está de por medio la vida de numerosos presos políticos que requieren de una atención inmediata. Por lo pronto el guerrillero de las FARC-EP John Jairo Moreno ya no la tendrá, pue hace diez días murió en un hospital de Pereira esperando una acto de humanidad del gobierno, que ni siquiera le permitió terminar sus últimos días en compañía de su esposa y sus pequeños hijos. Aclaro que aunque jamás me he levantado en armas para derrocar el gobierno nacional, ni ha sido mi pretensión suprimir el régimen constitucional vigente, me une con estos hombres y mujeres que hoy se encuentran en huelga de hambre no solo las condiciones cotidianas de hacinamiento, ausencia de luz solar precaria alimentación, prohibiciones de contar con libros, espacios dignos de visita conyugal, servicios médicos óptimos y oportunos, entre otro tipo de vejámenes a que nos vemos sometidos las personas privadas del a libertad, sino también el compromiso de lucha y solidaridad con unos objetivos que desde una perspectiva humanista son más que justificados. En lo personal saludo la disposición expresada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP- Organización de los Estados Americanos) así como la de los funcionarios del Ministerio de Justicia, la dirección del INPEC y COMEV-Picota y Procuraduría, por allanar caminos conducentes a materializar las anunciadas brigadas de salud, sensibilizados, cierto es con la jornada de protesta pacífica que desde mediados de enero de este año, viene realizando el ERON-Picota, y a los que a la fecha se han sumado otras cárceles del país como Combita, Buen Pastor, Heliconias, Cunduy, Acacias, Palogordo, San isidro, Jamundí, Cúcuta y Villa Hermosa. Sin embargo, ante situaciones como las que han llevado a varios presos políticos en huelga de hambre, ha tomar la radical decisión de coser su boca, no puedo permanecer inmune como si se tratara de un pintoresco episodio más de la sociedad del espectáculo recreada por los medios masivos de comunicación, sino que lo asumo como un desgarrador testimonio del sentimiento de agravio e indignación de quienes han visto burladas las promesas por parte del Estado, y ven en su acción de una eminente salida a sus justas reclamaciones. No puedo dejar tampoco de observar con angustia la dramática situación de mis compañeros de presidio, quienes en el día a día, van arrastrando sus pesados cursores como si se tratara de verdaderos instrumentos de tortura ceñidos a sus cuerpos por orden de no sé qué tribunal de inquisición; otros esperando que los carceleros les suministren un medicamento vital, mientras sus cuerpos agonizan cual gotas de agua de un grifo que acaba de cerrarse; y unos más contemplando impotentes como gangrenan sus extremidades para que el cirujano solo tenga que aplicar el escalpelo para cercenar sus putrefactos vientos. Nunca antes fueron tan reales para mí, como en las cárceles colombianas, las palabras que Dante escribió a la entrada del infierno: Oh vosotros los que entráis abandonad toda esperanza. Por todo lo anterior, me resulta un imperativo ético el solidarizarme con sus peticiones. No hacerlo, sería asumir una actitud menos que inconsecuente, tanto con mi propia condición de preso político, como con mi compromiso con la defensa de un pensamiento crítico que articule la teoría con la praxis transformadora. Anuncio así que desde hoy quince (15) de febrero de 2016 me declaro en huelga de hambre indefinida en solidaridad con las justas demandas que hacen los prisioneros políticos. Con todo, sigo convencido que a través del diálogo, el entendimiento, el humanismo, las sociedades podrán alcanzar una vida más digna y justa. No obstante, frente a próximos gestos humanitarios del gobierno colombiano haré mías las prudentes palabras de la Laocoonte cuando trataba de disuadir a los troyanos de llevar a la ciudad el caballo de madera que ellos habían dejado en la playa: desconfió de los griegos cuando hacen ofrendas o presentes. Fraternalmente Miguel Ángel Beltrán Villegas Cárcel de Máxima Seguridad ERON- Picota Febrero 15 de 2016

Cundinamarca, una oración sin distinción de cultos

(Bogotá D.C.,FEBRERO 2016) Por primera vez en Cundinamarca, se sentaron en la misma mesa representantes de todas las congregaciones religiosas presentes en el departamento. El objetivo principal: aportar ideas que enriquezcan el plan de desarrollo 'Unidos Podemos Más', hoja de ruta para el próximo cuatrienio. “Para nosotros es muy importante que ustedes hagan parte de la construcción del plan de desarrollo de Cundinamarca, porque son generadores de respeto, de fe y de esperanza”, dijo Alexandra Pulido, gestora social del departamento. Los asistentes trabajaron sobre cinco ejes temáticos: aporte de las religiones a la construcción de Paz; ajustes institucionales en favor de la libertad religiosa; construcción de política pública local-nacional de libertad religiosa; educación pública y en lo público hacia la libertad religiosa; libertad e igualdad religiosa: tributos y otros tratamientos preferentes. “Tenemos que trabajar pensando en que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos, independientemente de la religión que profesemos”, señaló Mercedes Ángel de Rey, madre del Gobernador, quien lideró la discusión en una de las mesas. Participaron en la mesa técnica la Denominación Bautista Colombiana, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, la Iglesia Católica Romana (arquidiócesis de Zipaquirá), la Iglesia Presbiteriana, las Asambleas de Dios de Colombia, la Iglesia Vaisnava, la Iglesia de dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Días, la comunidad Musulmana, la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, el Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol) y la Unión de Ministros del Evangelio (Unema). La conformación de la Oficina de Asuntos Religiosos en Cundinamarca; la redacción de un manual de convivencia para los planteles educativos con énfasis en la libertad de cultos; el refuerzo de una cátedra de principios, valores y virtudes; la estructuración de una Política de Familia para el departamento; la búsqueda de espacios en medios masivos de comunicación; el acceso a la red Pública Hospitalaria y a los cementerios en igualdad de condiciones, y la práctica de diferentes cultos religiosos por parte de los servidores, son algunas de las propuestas que surgieron del trabajo articulado entre todos los asistentes. Como conclusión, el secretario de Desarrollo Social, Gratiniano Suárez, manifestó que “el gobernador Jorge Emilio Rey tiene la intención de incluir a todos los habitantes del departamento,

En foro público, Clara López alerta sobre manipulación oficial para desmontar avances de salud en Bogotá

Con lleno total del auditorio de Codema se realizó el pasado jueves 18 de febrero el Foro el Derecho a la Salud en Bogotá, en el que se hizo un detallado análisis de la situación real del sector y se hicieron varias propuestas para frenar las políticas públicas que la administración Peñalosa busca ejecutar con miras a retroceder los avances logrados en esta área fundamental durante los últimos doce años. El evento académico coordinado por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, fue convocado por la Veeduría Ciudadana conformada por integrantes de la coalición alternativa que acompañó su nombre en la pasada campaña política por la Alcaldía de Bogotá.

López Obregón al hacer el resumen del foro, alertó a la ciudadanía de la capital frente a los serios riesgos que representa la política en salud de la administración Peñalosa por cuanto está dirigida a manipular la opinión para echar para atrás los avances logrados en las últimas tres administraciones de la ciudad. La presidenta del Polo fue enfática en señalar que la causa de la crisis de la salud pública se debe a la intermediación financiera, cuya deuda con los hospitales de la ciudad asciende a más de 800 mil millones de pesos, así como a las barreras de acceso a los servicios impuestas por el desaforado ánimo de lucro. Por su parte, los panelistas, Mario Hernández, Román Vega y Claudia Naranjo, hicieron un diagnóstico del sector salud en la capital de la Repúblicas y formularon algunas propuestas. El médico salubrista y catedrático universitario, Mario Hernández, explicó que la nueva política del gobierno de Peñalosa está sustentada en la lógica del mercado y la competencia de las EPS, siguiendo los parámetros del gobierno nacional. Ello hace prever que dicha política no va a funcionar ni en Bogotá ni en ninguna parte del país porque está demostrado que con filosofía mercantilista es imposible generar un buen servicio a la ciudadanía y menos mejorar las condiciones de los servicios de salud. Por su parte, el exsecretario de Salud de Bogotá, Román Vega, destacó que durante las tres últimas administraciones en la capital se logró fortalecer el derecho a la salubridad con políticas y programas de alto impacto social a pesar de la mercantilización de la atención promovida por la Ley 100 de 1993 y las leyes 1122 del 2007 y 1438 del 2014. Explicó que gracias a los gobiernos alternativos en Bogotá se han desarrollado medidas que han mejorado el acceso a los servicios de salud, rompiendo las barreras administrativas, geográficas y culturales de las EPS, cuyo fin solo es garantizar sus ganancias económicas por encima de las necesidades de salud de la población. Se fortaleció la red pública de hospitales construyendo nuevas instituciones, ampliándolas y dotándolas de mejor equipamiento y recurso humano. Se ha impedido la privatización de los hospitales desde que en acuerdo con las comunidades se decidió en el año 2004 que los Hospitales de Suba y Engativá continuarían en manos del Distrito evitando su entrega en concesión a privados; y se han hecho esfuerzos por refinanciar los hospitales públicos con recursos de la ciudad para evitar su quiebra. Vega planteó la necesidad de defender y promover la ampliación del programa Territorios Saludables a toda la población, mejorando su calidad y capacidad resolutiva y obligando a las EPS a invertir los recursos de atención primaria que manejan en los equipos de salud para que ningún ciudadano se quede sin atención cuando la necesite. Impulsar simultáneamente la modernización y ampliación de la red de atención primaria de la ciudad (UPAS, UBAS y CAMIS), su integración con la atención hospitalaria y especializada y, sobre todo, la cualificación de las capacidades de sus trabajadores para que puedan cumplir su misión de trabajar con un enfoque familiar y comunitario. A su turno, Claudia Naranjo del Movimiento Nacional por la Salud, describió la manera progresiva como en los últimos doce años se inició en Bogotá la consolidación de un modelo alternativo en el sector sentando las bases además para proyectarlo a nivel nacional con el propósito de contrarrestar el esquema mercantilista que impuso la Ley 100 de 1993. Los avances logrados en materia de salud, dijo Naranjo, están siendo desmantelados por la administración Peñalosa con el licenciamiento de los equipos de atención primaria de los bogotanos que llegó a la totalidad en los estratos 1 y 2 y a parte importante del estrato 3. Durante el foro se hicieron varias propuestas, como las siguientes: participar activamente en las discusiones del proyecto de acuerdo que se propone reorganizar el sector salud en Bogotá que presentará a consideración del Concejo de Bogotá el gobierno de Peñalosa para desmantelar el actual sistema. Promover un cabildo abierto en el Concejo con participación de todos los sectores interesados. Coordinar todas las iniciativas que salgan de la Mesa por la Salud integrada por diversas organizaciones sociales para articular un solo movimiento en defensa de la salud en Bogotá. Atender el llamado del presidente de Anthoc, Yesid Camacho, para preparar un planteamiento unificado frente al vencimiento de la Ley 715 del Sistema General de Participación que se vence este año.

Bogotá necesita la Secretaría de Seguridad, pero muy bien estructurada" Concejal Daniel Palacios

La bancada del Centro Democrático, en el Concejo de Bogotá, en cabeza del concejal Daniel Palacios, experto en seguridad, presentó proyecto de acuerdo encaminado a complementar el proyecto que crea la Secretaría de Seguridad de la ciudad con las siguientes propuestas: 1 .La creación de un centro de atención integral de justicia (CAPIV) para cada localidad que pretende mejorar la atención a las víctimas. Estos Centros de Atención Integrales de Justicia tendrán: Fiscales, jueces, psicólogos, Medicina Legal y centro de detención. Todo con el fin de mejorar y ofrecer eficacia de justicia. '5 URI´s no son suficientes para una ciudad con 8 millones de habitantes, el hacinamiento, la demora en el proceso de denuncia y la legalización en las capturas; son los principales problemas que estas padecen' puntualizo el Concejal. 2. La inclusión de los servicios de emergencia en el Centro de Comando y Control de la Secretaría. 'Teniendo en cuenta que el proyecto del Distrito acertadamente incluye que la línea 1,2,3 (NUSE) pasará a la Secretaría de Seguridad con la creación de un Centro de Comando y Control, solicitamos que Bomberos, MEBOG y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) también pasen de estar en la Secretaría de Gobierno a ser coordinados por la Secretaría de Seguridad`, puntualizo el experto en seguridad. 3. La implementación de una Policía cívica. “Pedimos que se lidere, oriente y coordine la implementación de una policía cívica en la ciudad, consagrada en la Ley cuarta de 1991 y el Decreto 2626 de 1994, que crea una policía cívica con función pública, la cual podría ayudar a la Policía Metropolitana a reforzar el pie de fuerza', expresó el cabildante. De acuerdo con el Concejal Daniel Palacios, el propósito es buscar más plataformas de seguridad ciudadana y privada para reforzar la seguridad en las localidades, ya que la policía cívica no estaría armada y dejamos claro que esto está consagrado por la ley y lo que se propone es una policía uniformada, remunerada, desarmada, bajo el mando de la Policía Metropolitana y funcionando como apoyo a la misma”, agregó el Concejal. Además durante el debate, el Concejal Palacios presentó algunas cifras en materia de seguridad de lo que dejó la administración pasada, advirtiendo la proliferación de hechos delictivos como el hurto, el microtráfico y el homicidio. “Tenemos una ciudad en donde a diario roban a 76 personas; se presentan tres homicidios; y se hurtan 1.100 celulares, 13 carros, siete casas, siete motos y 10 bicicletas. Hoy el 83 % de los bogotanos se sienten inseguros y el 49 % considera que ha incrementado la inseguridad en Bogotá”, finalizó el cabildante

Laureano Gomez

Continua paro de la rama judicial en Colombia

En diálogo con la secretaria del sindicato Poder De La Justicia Tatiana Beltrán. Escuche aquí la entrevista completa:

Trabajadores en Europa se movilizaran contra el TTIP