FISCALIZANDO LA ELECCION DEL FISCAL

Por: Jaime Araujo Renteria El fiscal general de la nación tiene "el terrible poder" de acusar: maneja cerca de la mitad de funcionarios de la rama judicial (23.000, sin incluir los famosos contratos de prestación de servicios), y un presupuesto cercano a los 3 billones de pesos (sin mucho control fiscal). Pasada la ‘mise in escena’ del “concurso” abierto por el titiritero mayor, se "escogió" la terna que ya se sabía antes del concurso. Inmediatamente, comenzaron las especulaciones sobre sus diferencias: Que uno tiene el respaldo de los grupos de presión económicos (que como todos sabemos defienden sus intereses particulares y no el del Estado que es el interés general); y que es "amigo" del futuro presidente, del actual presidente y de los anteriores presidentes (lo que "garantiza", que será garante de que ni sus familiares ni sus exfuncionarios vayan a la cárcel). Éstos "méritos", no prueban su idoneidad para ser fiscal, si no su ética, como dijera Adela Cortina: "Ética del camaleón", que a todo se acomodan y que pasan sin ruborizarse de un gobierno a otro distinto: de los liberales radicales de Virgilio Barco, por ejemplo, al de los que cambian radicalmente; del que "odiaba" a ‘PaZtrana’, al de éste… Sin embargo, para los derechos de los ciudadanos, es más importante ponerle atención a sus semejanzas: todos los ternados han sido o son altos funcionarios del actual gobierno, lo que NO da garantía a los ciudadanos de su independencia y su imparcialidad, atributo fundamental de todo funcionario judicial y conditio sine quanon para la existencia de un Estado constitucional de derecho. Ya lo sabían los revolucionarios franceses de 1789 cuando declararon en su artículo 16: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. Ahora bien: la independencia judicial es la más importante garantía de los derechos del pueblo. Cuando el estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un privilegio sino con el objetivo de otorgarle una garantía a los ciudadanos… La garantía de que si un ciudadano (así sea el más humilde), tiene un derecho que le ha sido violado por el más poderoso en fuerza física, material, militar, económica, etc., puede acudir a una persona independiente e imparcial (el juez) y lograr la condena del violador y el restablecimiento de su derecho. Si, por ejemplo, la madre de Soacha, a la que le cometieron el genocidio de asesinarle dos hijos, quisiera enfrentar militarmente al general que dio la orden de asesinarlos, jamás podría vencerlo por vías de hecho, ya que el general siempre tendrá más poder militar para derrotarla; y de seguro que esa madre sería el próximo "falso positivo". Pero si esa humilde madre, tiene las pruebas de que el general dio la orden, y logra llevarlo ante un tercero, verdaderamente imparcial e independiente, como debe serlo un juez, y representante del interés general y no de intereses particulares, en ese escenario, ante ese funcionario, con esas cualidades, la madre si puede vencer al general; hacer que lo condenen y que le reparen a ella sus derechos violados. Otro ejemplo: solo en el escenario judicial, ante un juez verdaderamente imparcial e independiente, representante del interés general, un humilde obrero de salario mínimo, puede derrotar al poderoso y prepotente dueño del grupo económico que lo despidió injustamente. Por otro lado, el juez es independiente en un doble sentido: (1) Que la rama jurisdiccional no está bajo las órdenes de otra rama del poder público, comenzando por la ejecutiva; y, (2) Que el juez al fallar sólo está atado a la ley (y a las pruebas); por lo mismo, no recibe ni acepta órdenes de ningún otro poder, ni siquiera al interno de la propia rama judicial. Este principio se encuentra consagrado en el art. 230 de nuestra constitución que dice: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. La independencia y la imparcialidad deben ser tanto objetiva como subjetiva, y así lo tiene consagrado los tratados de derechos humanos: La independencia debe ser al mismo tiempo objetiva y subjetiva, un tribunal o juez no solamente debe cumplir estos criterios objetivos, sino que además debe ser visto como independiente. Por lo mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que “Un juicio no será justo, no solamente si el juez no es imparcial sino que, además, si el juez no es percibido como imparcial”. Por último: como la terna de fiscal ya está integrada, y no podemos escoger entre imparciales y parciales; entre independientes y dependientes, le toca a la Corte Suprema, como a Santo Tomas de Aquino, escoger, entre 2 males el mal menor… Esto es, el menos dependiente y menos parcial. Y, ojalá, la Corte le haga a los candidatos el verdadero concurso de meritos que no le hizo el Presidente, con pruebas escritas sobre el derecho penal y las competencias del cargo al que aspiran. Con entrevistas con control social, esto es que puedan preguntar no solo los magistrados de la Corte Suprema, sino también los ciudadanos. Que estos puedan formular observaciones sobre su conducta presente y pasada; profesional, publica y personal (por ejemplo, si ejercieron la profesión con lealtad o haciendo tráfico de influencias; en defensa del interés general o de los intereses privados de los grupos económicos; si como funcionarios públicos, o particulares, respetaron los derechos humanos o los violaron; si han sido, alguna vez, demandados por pensiones alimentarias o conyugales; si tienen sociedades offshore o ayudaron a otros a constituirlas; si alguna vez han dejado de pagar una obligación personal o contractual; si se excedieron en el consumo de agua o luz en la época de racionamiento, etc.)… Que podamos saber cómo van a acabar con el cartel de los falsos testigos que utiliza la propia Fiscalía; que sepamos cuándo van a cumplir con la carrera judicial hacia el interior de la Fiscalía; que respeten el juez natural y no continúen asignando fiscales a dedo para favorecer a sus amigos o perseguir a quienes consideran sus enemigos, o enemigos del gobierno que los ternó; que respete de verdad la presunción de inocencia; que defina si de verdad la Fiscalía pertenece a la rama judicial y los fiscales puedan autónomamente, sin preguntarle al fiscal general, si detienen o no, o continuamos con el peor sistema de fiscalía del mundo, donde los ciudadanos podemos ser allanados, interceptados o detenidos por la Fiscalía, sin autorización previa de un juez (la posterior no es lo mismo de garantista de los derechos, pues, como dice el pueblo: “Después de que el ojo este afuera, no hay Santa Lucia que valga”). Todos estos temas son los que nos interesan al pueblo colombiano, y los que garantizan o vulneran nuestros derechos, y los que diferencian al Estado social de derecho de un Estado totalitario o de una banana republica. Como el “concurso” del Presidente no nos permitió conocer quien garantizaba mejor los derechos del pueblo, esperamos que el proceso de selección de la Corte Suprema, nos permita conocer quién nos los puede violar menos.

La ANI participó activamente en la Comisión Colombiana del Océano

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, participó junto a un equipo de funcionarios de la ANI, en la sesión de la Comisión Colombiana del Océano que se desarrolló en Buenaventura, liderada por el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y los ministros de transporte, entrante y saliente, Natalia Abello Vives y Jorge Eduardo Rojas. En esta sesión se hizo un seguimiento detallado de los avances y resultados de los compromisos adquiridos durante el año 2015, los cuales inciden en el desarrollo marítimo del país, además se evidenciaron las principales problemáticas que afectan a la región pacifico. En el marco de la sesión Vargas Lleras anunció que para diciembre de 2016 serán culminadas las obras públicas y por concesión que se adelantan en la vía Buga-Buenaventura. “Ya está en proceso de contratación la Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) Buga-Buenaventura, que entrará a completar los trabajos que adelanta el Gobierno Nacional en este corredor y así quedarán de doble calzada 111 kilómetros entre Buga y el Puerto de Buenaventura". La APP-IP Buga–Buenaventura tendrá una inversión de $1,07 billones. Ejecutará 26,5 kilómetros en diferentes frentes de trabajo entre las poblaciones de Buenaventura, Citronela, Altos de Zaragoza, Cisneros, Loboguerrero, Mediacanoa hasta llegar a Buga, y contempla 10 kilómetros entre el sector del Sena en Buenaventura hasta Citronela; 4,8 kilómetros desde Citronela hasta el corregimiento de Triana, municipio de Buenaventura; 4,2 kilómetros entre Triana y el corregimiento de Loboguerrero y 7,5 kilómetros entre el sector de Mediacanoa y Buga. Por su parte el presidente de la Agencia Nacional de infraestructura, Luis Fernando Andrade, resaltó que la participación de la ANI en la comisión está relacionada con el uso de los puertos y los mares, “en la comisión hablamos sobre las expansiones portuarias y el dragado del canal de acceso a Buenaventura, pues así como estamos aumentando la capacidad de los puertos, también tenemos que profundizar el canal para que puedan llegar buques mucho más grandes”. El Vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que la próxima sesión de la Comisión Colombiana del Océano se realizará el 8 de junio en Coveñas, Sucre. Cabe resaltar que la reunión que se adelantó en Buenaventura contó con el acompañamiento de delegados de 17 instituciones, entre ellas 8 Ministerios, Planeación Nacional, Parques Nacionales, la Dimar, Invemar, la Agencia de Cooperación Internacional y Colciencias; entre otras entidades vinculadas a la Comisión Colombiana del Océano (CCO). Al término de la sesión el Vicepresidente de la República, hizo además, un llamado a los congresistas para que den trámite a dos importantes proyectos de ley que buscan regular los temas de pesca ilegal y las medidas para la protección y defensa de las playas marinas y terrenos de bajamar. Señaló también que esta semana fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley de costas que busca definir la extensión y los límites de las playas marinas y terrenos de baja mar, como también la reglamentación de las concesiones marítimas y la constitución de un fondo para la recuperación y manteniendo de las playas.

Países de Iberoamérica impulsarán políticas públicas de seguridad y salud

CARTAGENA, La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, y la directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Andrea Torres Matiz, destacaron en la clausura del IX Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la región "Prevencia 2016", en Cartagena, que la región seguirá impulsando y avanzando en las políticas públicas para el progreso en materia de seguridad y salud en el ámbito laboral. Así mismo, aseguraron que el compromiso asumido por los países es mejorar los niveles de prevención de riesgos laborales de los trabajadores. Chile, Guatemala, Panamá, México y Colombia se comprometieron, que pese a que han tenido un progreso en la materia, seguirán impulsando las políticas públicas e implementarán la elaboración de encuestas nacionales. Durante el encuentro de dos días, también se planteó la necesidad de sistematizar los criterios técnicos de los órganos de regulación, inspección y control de la seguridad y salud en el trabajado en Argentina, Colombia y Chile, países conscientes de los retos que les espera en este ámbito. En el congreso participaron cerca de 1.200 delegados de los 15 países iberoamericanos como de Europa y 72 panelistas de la región. Así mismo, en esta versión del Congreso se llevaron a cabo talleres en salas especializados en donde se conocieron las experiencias sobre la cobertura de riesgos laborales para el sector rural, independientes e informales; el mejoramiento de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la micro y pequeña empresa; las buenas prácticas en la prevención de enfermedades mentales, así como el cuidado de la salud del trabajador. Temas como cero tolerancia con la siniestralidad mortal en el trabajo, modelos de prevención de accidentes, nuevas tecnologías para la gestión de la seguridad, salud y la prevención para aumentar la productividad laboral y empresarial, también fueron debatidos. La próxima semana en Cartagena también se darán cita los Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la IX Conferencia Iberoamericana, el 2 y 3 de mayo.

Código de Policía y Convivencia avanza en el Senado

Solo quince artículos quedaron pendientes para que el Senado de la República apruebe la iniciativa que establece el nuevo Código de Policía y Convivencia. “Se avanzó en los aspectos sustanciales, modificaciones de procedimiento para hacerlos mucho más rápidos y eficientes, aumento de multas, descripción de nuevas conductas que antes no estaban en un código que fue redactado en 1970”, señaló el coordinador ponente del proyecto, senador Germán Varón Cotrino. La plenaria de la corporación deberá discutir y votar los artículos que tienen que ver con los derechos fundamentales, pero con la ventaja que ya están revisados y aprobados por la Corte Constitucional. El senador Varón Cotrino destacó el avance del proyecto en la cámara alta y dijo que es un paso fundamental para que se apruebe un nuevo código en remplazo del actual que tiene 46 años y que está completamente desadaptado a la realidad nacional. Resaltó que se aprobaron temas como los procedimientos que se deben aplicar, medidas inmediatas y correctivas, en una nueva norma que está a punto de pasar a la Cámara de Representantes. “Estamos avanzando en un código que verdaderamente contiene aspectos que permiten subsanar problemas de convivencia en Colombia”, destacó el senador Varón Cotrino. Sobre el trámite del proyecto, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco señaló. "avanzamos de una manera considerable, se aprobaran 221 artículos. Se creó una Comisión de Conciliación, que nos permita lograr un acuerdo el miercoles 11 de mayo, porque el martes vamos a debatir el tema de Reficar".

“Todos meten la mano para incidir en el Plan de Ordenamiento Territorial”: senador Niño por José Francisco Palacios

- El vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado, Senén Niño, Polo Democrático Alternativo, se mostró preocupado por las respuestas dadas por el viceministro de vivienda Guillermo Herrera, donde no presenta propuestas, ni marcos normativos, para crear espacios donde los niños y adolescentes desarrollen actividades recreativas y deportivas “Todos meten la mano para incidir en el Plan de Ordenamiento Territorial”, señaló. Por su parte, la senadora Susana Correa, Centro Democrático, en el debate de control político de la COT, añadió que el entorno social, es fundamental para que los niños y adolescentes no incurran en las drogas, pandillismo y otros delitos. Según Correa, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que por cada habitante debe haber 9 metros cuadrados de área verde para distracción y práctica de deportes. El congresista liberal Álvaro Asthon, señaló que cada día se le asignan muchas responsabilidades a los alcaldes y mandatarios, pero pocos los recursos para esta población infantil. El Gobierno Nacional, a través del viceministro de vivienda Guillermo Herrera, hizo una pequeña reseña de lo que está ejecutando su cartera en cuestión de vivienda, pero no enfatizó nada sobre espacios de esparcimiento y deporte para los menores. Solo atinó d decir “El Gobierno Nacional está tratando de asignar un billón de pesos para la construcción de 50 mega colegios”. Termino la Comisión, con la intervención del subdirector de Coldeportes, Juan Carlos Peña, quien acotó que el 60 por ciento del presupuesto de la entidad, es para infraestructura de competencia y ahí está la juventud colombiana incluida, anotó que por medio de parafiscales se conseguirán más recursos para la recreación, el entretenimiento y los deportes.

Camioneros denuncian en Plenaria de Senado, incumpliendo de Gobierno Santos a compromisos con el sector

El Senador Fernando Araújo manifestó su respaldo a las peticiones de los transportadores que representa un sector que cobija a más de 350 mil familias de forma directa. - En Plenaria de Senado en sesión informal el gremio de camioneros representado por Luis Orlando Ramírez, miembro de la Cruzada Nacional Camionera, denunció que el Gobierno Nacional incumplió los compromisos pactados al dar a conocer un borrador de un decreto que contradice lo que habían acordado. En el documento presentado por el Gobierno se facultan para decidir sobre la vida útil de los vehículos y además reviven una póliza que estuvo vigente hasta 2012 que le permite al Gobierno obtener fondos millonarios para programas contenidos en el CONPES 3759 de 2013 cuya inversión no ha sido vista por el sector de los transportadores de carga. “Preocupa aún más que en el Gobierno del Presidente Santos al sector camionero le han tocado cuatro Ministros y seis Viceministros de Transporte. La semana pasada se anunció un nuevo cambio con la excusa de un gabinete “Para tiempos de paz”. Me pregunto si ¿este cambio de gabinete es una nueva excusa para incumplirle al sector y no tomar decisiones de fondo?”, precisó el Senador Fernando Nicolás Araújo quien en plenaria de Senado ya había pedido atención para este sector. Una vez más, el legislador manifestó su respaldo a las peticiones de los transportadores que representa un sector que cobija a más de 350 mil familias de forma directa y transporta el 97,4% de la carga terrestre en el país, -excluyendo carbón e hidrocarburos (2013)- y solicitó al Gobierno Nacional que en las mesas de trabajo de esta semana con el sector en cuestión se discuta el decreto y se establezcan compromisos claros que no se “queden en el aire” cada vez que se cambia el gabinete. El sector camionero ha realizado más de cuatro ceses de actividades durante el Gobierno de Santos, donde el más traumático hasta el momento fue aquel que se realizó entre el 18 de febrero hasta el 23 de marzo de 2015, el cual produjo pérdidas por más de $5.000 millones de pesos diarios a los generadores de carga, y produjo un aumento en el precio de alimentos de más del 30%, incluso en algunos casos alrededor del 100%, por la reducción en la movilización de alimentos de 90.000 toneladas a 70.000 toneladas.

Perfiles de los Nuevos Ministros para el Posconflicto

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio a conocer su nuevo gabinete para la paz. De sus 16 ministros cambió a seis, que se suman al más reciente cambio: Germán Arce -cuota del Partido Conservador-, como jefe de la cartera de Minas y Energía. Por la costa Caribe salieron dos y entraron dos, así como también quedó Tatyana Orozco de la Cruz en la dirección de Prosperidad Social. Las entrantes son María Claudia Lacouture, de Santa Marta, para el Ministerio de Comercio y Elsa Noguera, de Barranquilla, para el de Vivienda. Las salientes son María Cecilia Álvarez, de Magdalena, (Comercio) y Natalia Abello, de Barranquilla,(Transporte). Acá un breve perfil de los nuevos funcionarios. JORGE EDUARDO LONDOÑO, MINISTRO DE JUSTICIA El nuevo ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, fue gobernador de Boyacá; senador de la República por el Partido Verde –que sigue siendo su filiación política-, como también docente de la Universidad de Boyacá. En 2010, al ser elegido como congresista, la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por unas irregularidades en la adjudicación de un contrato para el suministro de dotaciones mientras fue gobernador, pero finalmente el Ministerio Público anuló el fallo en primera instancia. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en Derecho Público comparado del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Torino, Italia; y una maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional de la Universidad Alfonso X el Sabio de España. CLARA LÓPEZ OBREGÓN, MINISTRA DE TRABAJO Clara López es la actual presidenta del Polo Democrático, fue alcaldesa encargada de Bogotá durante 2011; se postuló como candidata para la Presidencia durante el 2014; y en 2015 fue candidata para la Alcaldía Mayor de Bogotá. A la nueva ministra se le ha reprochado la cercanía que tuvo con la familia Moreno; su apoyo a la campaña de Samuel Moreno y la defensa que hizo de los hermanos Moreno cuando el carrusel de la contratación en Bogotá, se empezó a conocer. López es economista de la Universidad de Harvard, abogada de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado de la Universidad de Salamanca. También ha ocupado cargos como la Secretaria Económica de la Presidencia de la República, la Contraloría y la presidencia del Concejo Distrital de Bogotá, entre otros. MARÍA CLAUDIA LACOUTURE, MINISTRA DE COMERCIO La nueva ministra de Comercio -del Partido de la U-, María Claudia Lacouture, es presidenta de ProColombia desde el 18 de agosto de 2010. Ha liderado la estrategia de Imagen País ‘Colombia es Pasión’, como también ‘Descubre Colombia a través de su corazón’. Su familia se ha visto envuelta en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, AIS, pues los Lacouture Pinedo son dueños de El Roble S.A., y Palomino S.A., empresas dedicadas a la extracción y venta de aceite de palma. Según se dijo en su momento, estas compañías habrían recibido cerca de 3.500 millones de pesos de parte de AIS. Lacouture, quien es especialista en Finanzas y Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Economía y Mercadeo de Cornell University, también trabajó como asesora de Mercadeo y Comercio Exterior y directora de Turismo de la Oficina Comercial de Estados Unidos y como vicepresidenta de Imagen País. LUIS GILBERTO MURILLO, MINISTRO DE AMBIENTE El nuevo ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, -quien ingresa al gabinete como cuota de Cambio Radical-, fue gobernador del Chocó y actualmente es coordinador del Plan Pacífico y trabajó como Director Encargado del Departamento del Medio Ambiente de Bogotá en la alcaldía de Antanas Mockus. Sin embargo, Murillo fue destituido de su cargo como gobernador del Chocó tras una decisión de la Corte Constitucional, que le puso fin a una discusión jurídica luego de que el Consejo de Estado estableciera que no podía ser elegido porque pesaba en su contra una condena por destinar de manera irregular 5 millones de pesos en 1998 para la construcción de una escuela; acción que tuvo lugar cuando fue director de la Corporación Autónoma Regional de Chocó. Murillo estudió ingeniería de minas e hizo una maestría en minas en la Universidad Estatal de la Prospección Geológica de Moscú. ELSA NOGUERA, MINISTRA DE VIVIENDA La nueva ministra de Vivienda, quien hace parte del Partido Cambio Radical, fue alcaldesa de Barranquilla, analista de Fundesarrollo y fue secretaria de Hacienda en esa misma ciudad. Noguera es economista de la Universidad Javeriana –aunque alcanzó a estudiar dos años de ingeniería industrial en la Universidad del Norte-, y tiene una maestría en Administración de Negocios especializada en finanzas de la Universidad del Norte. JORGE EDUARDO ROJAS, MINISTRO DE TRANSPORTE Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el nuevo ministro de Transporte, hace parte del Partido de la U, fue alcalde de Manizales durante el periodo 2012-2015; también fue concejal de esta ciudad, asesor de la Secretaría de Planeación en temas de Ordenamiento Territorial y Secretario de Obras Públicas de Manizales. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene una especialización en Desarrollo Gerencial de la Universidad Autónoma de Manizales.