Ante la inminente aprobación
parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo No. 02/17 (Senado), "Por
medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la
Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor,
Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su
posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco
de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.
Clip aquí para escuchar el audio. http://www.radionizkor.org/colombia/
El senador Alexander López
explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha
llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende
aprobar.
En relación con el proceso penal
y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de
desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura,
etc.-, expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales...
Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública
incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de
re-victimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa,
rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería
garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.
Las Fuerzas Militares, estando
incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el
conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta
reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares
procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de
paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia
transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y
diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha
sido negociado por fuera del proceso de La Habana.
Es así como se incluyó un
Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos
aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de
responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta
responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho
este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables
militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales
e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional.
Otro aspecto de gran preocupación
es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas
al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas
"graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la
participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación
integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos
disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del
informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que
se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada
víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de
reparación integral...
El senador plantea también otro
aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo
transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y
revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a
violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las
condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como
la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero,
los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían
ser revocadas y llevar a la impunidad.
Por último, el Senador Alexander
López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre
las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos
y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de
ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea",
manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y
como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a
llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza
pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y
reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no
a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y
el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.
Se trata pues de una normativa
que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos
muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.
