lunes, 27 de marzo de 2017

Más de 300 niños y niñas beneficiados con apertura del nuevo jardín infantil ‘El Carmen’


Para avanzar en la Ruta Integral Para la Primera Infancia, RIA, la Administración del alcalde Enrique Peñalosa Londoño, puso al servicio de la comunidad el jardín Infantil El Carmen, un espacio adecuado para garantizar la atención integral de los niños y niñas de la localidad.
Luego de recibir el predio en enero de 2016 con un avance del  4% en sus obras, la Administración Distrital se puso al frente de la construcción, agilizando su entrega y realizando la dotación total y puesta en servicio.

Más de 1.300 metros cuadrados, fueron adecuados para la atención de 305 niños y niñas de la localidad que empezaron a ser atendidos  en la modalidades de sala materna; que comprende los menores de edad de 0 a 11 meses, caminadores; que están dentro de 1 año y 1 año y 11 meses, y párvulos; de 2 años a 2 años y 11 meses.
Un total de $3.704.106.917 fueron invertidos en la construcción de la obra nueva, para garantizar la atención integral de los niños y niñas de la localidad.

El Jardín El Carmen, inició con una capacidad para atender a 200 niñas y niños, pero luego de la intervención realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS, albergará un total de 305 niños y niñas ampliando su cobertura.

De esta forma, el gobierno distrital a través de la SDIS, continuará trabajando para cumplir los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo, que en materia de infancia contempla atender a más de 232 mil niños y niñas y construir 13 nuevos jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional, además de realizar reforzamiento a las estructuras y unidades operativas que sean necesarias para garantizar la atención integral a la primera infancia, ya que en lo corrido de esta administración, ‘Bogotá Mejor para Todos’ ha invertido más de 1.500 millones de pesos en mejoras a edificaciones de jardines infantiles. La inversión de los Mega jardines a construir será de 94 mil millones de pesos.


A su vez, para el Distrito es importante que la ciudadanía sepa que no se va a cerrar ningún jardín, y que por el contrario se están fortaleciendo y mejorando las infraestructuras de los ya existentes.

sábado, 25 de marzo de 2017

Hoy las madres comunitarias se encuentran en paro a nivel nacional

Se desarrolla lucha de las madres comunitarias colombianas en cabeza de SINTRACIHOBI, las cuales desde hace varios años vienen luchando por su formalización laboral y los derechos de los niños de los trabajadores.Las madres comunitarias son unas 60 mil mujeres que desde hace 30 años cuidan a los niños de las familias trabajadoras en sus propias casas, llegando a tener a su cuidado hasta 14 infantes a los cuales cuidan y enseñan, además de cocinarles y alimentarlos. El estado únicamente provee 2.700 pesos diarios para la alimentación completa de cada niño (menos de un dólar) y hasta el 2014 ni siquiera reconocía el carácter de trabajadoras de las madres, sino que se les consideraba una especie de “voluntarias” que por ser mujeres podían hacerse cargo de atender los niños.Muchas de ellas empezaron a envejecer enfermas y sin pensión, sin seguridad social ni ahorros, muchas continúan cuidando niños con 80 años de edad, e incluso han muerto durante la prestación del servicio. Su lucha es por sus derechos laborales y prestacionales, pero también por el derecho de las mujeres trabajadoras colombianas que tienen como única opción los hogares comunitarios para dejar a sus hijos mientras trabajan, y por el derecho a la nutrición de los menores. Muchos niños sobreviven a la desnutrición gracias a las madres comunitarias, quienes han llegado a poner de su propio dinero para alimentarlos.Hoy las madres comunitarias se encuentran en paro a nivel nacional, se les oye defendiendo la Sentencia de la Corte Constitucional T480. Esta sentencia les concede sus derechos al reconocer el “contrato realidad”, es decir, que su vínculo laboral siempre fue con el ICBF (instituto colombiano de Bienestar Familiar). Esta sentencia es una herramienta fundamental para la defensa de los trabajadores contra la tercerización.
Allí se reconoce el derecho que tienen a recibir su pensión. El ICBF en cabeza de Cristina Plazas ha presentado a la Corte Constitucional un recurso de nulidad acusando a las madres de querer quebrar al estado, quebrar al ICBF y por lo tanto dejar a la niñez desprotegida. ¡Nada más falso! Quienes quiebran al estado son los políticos y altos funcionarios del Estado, corruptos que se roban el presupuesto, y los intermediarios de las cooperativas.Gracias a un paro de 2013 las compañeras consiguieron tener contrato y un salario mínimo con operadores privados o asociaciones, porque antes ganaban de manera irregular un bono por menos del mínimo. El Congreso recientemente aprobó un proyecto de ley para protegerlas, pero este fue objetado por el presidente Santos con la anuencia de la ministra del trabajo Clara López, quien antes fuera candidata por el POLO y quien aún sigue posando como representante de la izquierda.
La lucha de las madres es heroica y se realiza en condiciones precarias, con pocos recursos y poca solidaridad, las centrales obreras en cabeza del Comando Nacional Unitario se limitan a emitir comunicados de vez en cuando sin realizar acciones de solidaridad efectiva, por ejemplo se desaprovechó la oportunidad de convertir el 8 de marzo en una jornada para apoyar a las compañeras. Denuncian las compañeras que el gobierno y los politiqueros intentan engañar y desmoralizar a muchas de ellas, mediante mentiras como que las van a despedir si salen al paro, haciéndoles creer que es cierto lo que dice Cristina Plazas de que ellas son las que quiebran el Estado, e incluso por medio de sindicatos propatronales.Es necesario y urgente rodear a las compañeras de la mayor solidaridad posible, todos los trabajadores debemos sentirnos llamados a defender sus derechos y los de los niños. No es el gobierno quien protege a la infancia, son cada una de estas mujeres. No son las madres comunitarias las que quiebran al Estado, sino la corrupción y los malos manejos, la deuda con ellas es grande pero la responsabilidad es del Estado.

Actualmente los partidos tradicionales actúan movidos por intereses electorales, intentando a cada paso aprovecharse de distintos sectores para conseguir votos, pero el derecho a elegir y ser elegidos únicamente es de pocos privilegiados. Los trabajadores y trabajadoras, como las madres comunitarias no tenemos este derecho y por eso nos llaman a apoyar a falsos dirigentes que supuestamente nos representan como la actual ministra del Trabajo Clara López, quien ha manifestado públicamente que las madres comunitarias no podrán ser contratadas por el Estado. Exigimos que todos los colombianos tengamos plenos derechos a elegir y ser elegidos para poder votar por nuestros verdaderos representantes.


Las madres comunitarias cumplen un central papel de formación de la primera infancia; el próximo 30 de marzo, el plantón del magisterio en Bogotá, por la dignificación de la profesión docente y de labor del conjunto de los trabajadores de la educación, debe convertirse en un paro nacional que unifique a todos los sectores rodeando a las madres comunitarias de la más amplia solidaridad.


miércoles, 22 de marzo de 2017

Editson Romero Angulo dialoga con el Rabino liberal Richard Gamboa


Control político a las Empresas Sociales del Estado (ESE) cundinamarquesas

La Duma Departamental inició el control político a los gerentes de los hospitales San Rafael, de Pacho y Santa Matilde, de Madrid en el tema de salud, con la participación de la secretaria departamental de Salud Ana Lucía Escobar y el gerente de la EPS-S Convida, Juan Carlos Mora.
Audio . Helio Rafael Tamayo

“Una de las funciones de la Asamblea de Cundinamarca es realizar control político para saber qué se está haciendo con los recursos, y cuáles de los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo de nuestro gobernador, Jorge Rey, se están cumpliendo”, manifestó, Helio Rafael Tamayo Tamayo, diputado de Cundinamarca.

En ese sentido, “pasaron al tablero” la gerente del hospital de Pacho, Blanca Eneida Russi Quiroga y el gerente del hospital de Madrid, Jorge Andrés López Quintero, quienes rindieron un informe pormenorizado de su labor a través de un cuestionario previo de elaborado por la Asamblea cundinamarquesa.

Entre los temas analizados en este proceso de control político se destacan cómo los gerentes encontraron la ESE, qué hallazgos reveló la Contraloría en las auditorías, qué hizo la entidad y de qué manera se están manejando temas como la cartera, los contratos, los empleados y las relaciones con Convida y con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, entre otros.

“Aspiramos que al terminar este periodo de citación a los gerentes de las ESE de Cundinamarca, nosotros como Asamblea y como diputados nos sentemos con el Gobernador y con la secretaria de Salud y fijemos unas políticas claras y una agenda que dé respuesta al sentimiento de la gente del departamento”, puntualizó Luis Eduardo Mambuscay López, diputado de Cundinamarca.

Este miércoles están citados para el control político los gerentes de los hospitales de; Viotá, Gachetá, Vergara, Medina y Ubaté, así como para el día jueves los de Guaduas, Carmen de Carupa, La Mesa, Cáqueza y Chocontá.



Nosotros: denunciando la corrupción; otros: fomentándola, disimulándola y encubriéndola. BVBA, ¿Otro odebrecht más grande?.


POR. JAIME ARAUJO RENTERIA

Hace pocos días, un canal de televisión, reseñaba, apartes del interrogatorio que sobre la ruta del sol y Odebrecht (que ya olía ha podrido), formule al señor Tomás Uribe Moreno, el día 22 de agosto del 2011, delante del Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez, sin que este último lo conminara a responderme, cuál era su interés en la reunión con Odebrecht y ¿si era cierto, que él, era la persona que había concertado e invitado a la reunión celebrada en Panamá, sobre la ruta del sol, entre Odebrecht, Miguel Nule, Tomás Uribe y un amigo de este último?. No sobra recordar, que el procurador, no conminó a Tomás Uribe, a que me respondiera, ni le preguntó sobre odebrecht, ni sobre ningún otro tema.
Lo que el canal de televisión no reseñó, fue que Tomás Uribe ya había sido citado con anterioridad y no había comparecido y que inmediatamente tomó la palabra, manifestó que yo lo citaba, porque era enemigo de su padre. Afirmación que rechacé porque no era cierta. Mi conducta, siempre fue la misma: cuando el gobierno y el Presidente respetaban la constitución, les daba la razón; cuando la violaban, jamás les di la razón; pues ese es el rol institucional del guardián de la constitución: ser honesto, imparcial e independiente. Independencia que el gobierno del presidente Uribe, siempre me cobró muy caro, muchas veces y de distintas maneras y para no hacer una larga lista, me basta con señalar 2 a título de ejemplo, la denominada operación Amazonas de junio de 2005, que denunció entre otros, Juan Gossain, y donde quedaba claro que yo fui el objetivo de esa operación, que no era sólo espionaje e interceptación, sino que implicaba además sabotaje, desinformación y difamación, utilizando todos los medios de comunicación incluidos el Internet, Chats y páginas web que se montaban en Colombia y en el exterior; columnas de periodistas de prestigiosos periódicos nacionales desinformando por no decir que calumniándonos; Guerra jurídica en mi contra; etc. Además de la operación Amazonas, el gobierno Uribe, montó otras del mismo corte mafioso como fueron las operaciones Trasmilenio, Bahía, Arauca; Europa, etcétera etc., donde quedaba claro que el gobierno nacional de derecha, no aceptaba que la oposición existiera y mucho menos que les hubiera quitado el segundo cargo nacional, la alcaldía de Bogotá. La otra fue el acta reservada, que el DAS entregó al presidente Uribe y que aparece, en el libro intitulado: "cruzadas. Ocho años de espionaje y barbarie" de Julián F. Martínez, páginas 41 y 42, se señalan, algunos de los actos que el gobierno Uribe, realizó contra mi persona: "detectives del organismo realizaron un acta "reservada" el 12 de agosto de 2005 en el que dejaron consignadas las posturas de los magistrados de la corte constitucional frente a la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Uribe. En el cuadro se determina la posición ideológica de cada miembro, que en ese entonces, eran más quienes se oponían en la Corte, que los que estaban de acuerdo, con declarar exequible un segundo gobierno de Álvaro Uribe. El folio fue marcado por el G-3 con la evidencia manuscrita "Presidente" y fue realizado después de un trabajo de inteligencia a los magistrados de la Corte Constitucional. Así la Presidencia la República utilizaba el organismo de inteligencia estatal con fines políticos.”.
De similar visión del mundo, también violador de la constitución, y cercano al nazi fascismo, era también el procurador Ordóñez Maldonado, a quien me tocó enfrentar, primero como presidente del Consejo de Estado, pues se oponía a que los ciudadanos defendieran sus derechos por vía de la tutela y después como Procurador General de la Nación, lo denuncie públicamente y en su presencia como violador de los derechos de las mujeres, de los indígenas, de los afro descendientes, de quienes tienen preferencias sexuales distintas a la suya, etc. Y lo desenmascare en su alianza y pacto con los corruptos, y como enemigo de los sectores democráticos. Por denunciar su corrupción públicamente y en su presencia, fui objeto de su persecución; como ya lo había sido por denunciar las ilegalidades y violaciones del gobierno Uribe. Tanto el procurador como Uribe, entre otras cosas tienen en común que se hicieron reelegir por medio de la corrupción, como lo comprobaron la Corte Suprema de Justicia en el segundo caso y el Consejo de Estado en el primero.
EL BANCO BBVA ¿OTRO ODEBRECHT MAS GRANDE?. 2010: CASOS PARTIDO VERDE, LIBERAL, CONSERVADOR Y DE LA U (¿Mockus, Pardo, Ramírez y Santos?
El día 29 marzo del 2011, acudí a la asamblea general de accionistas, de la filial en Colombia, del banco extranjero, español, denominado banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), después de haber cumplido con mi deber de revisar los libros y papeles correspondientes al ejercicio del año 2010. En esa asamblea, en presencia de los directivos del banco, de los accionistas que concurrieron y de las autoridades que hicieron presencia, formule denuncia y pedí que se sancionara a ese banco extranjero, por haber violado la constitución y la ley de Colombia, al financiar a cuatro partidos políticos colombianos que tenían cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los partidos eran: el partido verde, que tenía como candidato a Antanas Mockus; el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo; el Partido Conservador por conducto de su fondo nacional económico; que tenía como candidata a Martha Lucía Ramírez; y el partido de la unidad nacional que tenía como candidato a Juan Manuel Santos.
Pasados varios días, sin obtener una respuesta oficial, a mi primera petición, formule una nueva denuncia y solicitud de sanción al superintendente financiero de Colombia doctor Gerardo Hernández Correa, donde señalo los hechos violadores, las normas jurídicas violadas y las sanciones que solicito. El superintendente, no solo violó mi derecho de petición, al no darme respuesta oportuna, a mis denuncias radicadas en esa superintendencia con los números 2011030157-000 y 2011030299-000; sino que ocho meses más tarde, por fuera de los términos, el 22 de noviembre de 2011 me informa que va iniciar una actuación administrativa. Hasta el día de hoy no he recibido una respuesta a mi denuncia; en cambio, el negligente superintendente, fue premiado y ascendido a codirector de la junta directiva del banco de la República.
Veamos algunos apartes de mis denuncias:
“Primero. -En ejercicio del poder que me fue conferido, procedí a revisar los libros y papeles a disposición de los accionistas. En la página número 398 (de 630) correspondiente a las donaciones hechas durante el ejercicio social, me encontré con que se habían hecho cuatro donaciones  a partidos políticos, durante la campaña presidencial del año 2010 así: Partido Liberal 125 millones de pesos, partido verde 125 millones de pesos, partido social de unidad nacional 125 millones de pesos; “Fondo Nacional Económico del partido cons.” 125 millones de pesos, para un gran total de 500 millones de pesos.
Segundo.-- La ley colombiana tiene establecidos, que las campañas presidenciales comienzan cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial. La primera vuelta presidencial se realizó el día 30 mayo 2010; en consecuencia la campaña presidencial se inició el 30 enero del mismo año. La autorización de la junta directiva del banco del banco BBVA, se produjo por unanimidad el día 27 abril del año 2010, según costa en el acta de la junta directiva número 1545 de esa fecha; estando en plena campaña presidencial. Esta autorización fue concedida con el voto del Presidente Dr. Carlos Caballero Argaez; del Presidente Ejecutivo Dr. Oscar Cabrera Izquierdo; del Secretario Dr. Ulises Canosa Suarez; y consta en el acta que intervinieron y decidieron este punto votando favorablemente Juan Maria Arrien Colominas y José Domingo Omaetxebarria Gainza.”
No sobra recordar, que el presidente de la junta, que autorizó a la persona jurídica extranjera banco BBVA, a financiar a cuatro partidos políticos, violando la constitución, es la misma persona que aparece en los Panamá Paper, con bienes en el exterior no declarados ante la Dian.
“Quinta.-- Existe una diferencia fundamental entre las personas físicas y las personas jurídicas, mientras las primeras todo lo pueden y su capacidad se presume, de modo que pueden realizar todos los actos o todos los contratos para los que no exista prohibición expresa; las personas jurídicas, sólo pueden realizar los actos o los contratos que estén dentro de su objeto social, de modo que para lo que no esté dentro de su objeto social, no tienen capacidad, no pueden realizarlo y les está implícitamente prohibido. En ninguna parte del objeto social del banco BBVA, está la autorización expresa para financiar campañas electorales de candidatos o partidos durante los debates electorales. Tampoco es necesaria, la financiación de campañas de partidos o candidatos para poder realizar su objeto social; es claro que el banco puede realizar su actividad financiera sin tener que participar en campañas electorales, financiar candidatos o campañas de partidos.
No sobra recordar, que los derechos políticos de elegir y ser elegidos, se reservan a las personas naturales, así como el de constituir partidos o movimientos políticos o formar parte de ellos (art. 40 Constitución política Colombiana), las personas jurídicas no son titulares de estos derechos.
Sexta.-- Lo más grave es que el banco sabía que estas prohibiciones existían y sin embargo a ciencia y paciencia procedió a violar la constitución la ley y la jurisprudencia de la corte constitucional, para lo cual acudió a una especie de fraude a la ley, que consistía en financiar las campañas, por conducto de los partidos que estaban en campaña política; sin embargo se les olvidó que esto tampoco podía hacerse.”
“Octavo.-- Como los estados financieros que hoy se presentan violan la ley, no pueden ser aprobados; las deducciones de impuestos, producto de esas donaciones, tampoco son válidas y en consecuencias ni la superintendencia financiera ni la dirección de impuestos nacionales pueden aceptarlas. Los responsables de ese acto presuntamente violatorio de la ley deben responder con su patrimonio propio, debe reintegrar la suma de 500 millones a los accionistas para que aumente su dividendo. La superintendencia financiera, debe hacer uso de todas sus facultades legales, para sancionar a los responsables, incluidas las sanciones más fuertes como la remoción de todos los que participaron en este acto. Si además existen sanciones de otra naturaleza, esto es por ejemplo penales, debe dar aviso a las autoridades competentes, esto es la Fiscalía General de la nación, con el fin de que investigue estos hechos para que establezca, si con ellos u otros hechos, se han violado la constitución y las leyes de Colombia.”
Más adelante dije:
“Además de los hechos y argumentos arriba señalados, que como ya informe fueron denunciados por mí ante la asamblea de accionistas del banco, me valgo de la ocasión para adicionar mi petición con otros:
Noveno.-La norma jurídica que hay que tener en cuenta para verificar la violación del régimen constitucional colombiano es el artículo 109 de la constitución, modificado por el acto legislativo 1 de 2009, articulo 3, en la parte pertinente, que es y era la norma vigente y por lo mismo violada, al momento que se hizo la donación ilegal por parte de la junta directiva del banco BBVA
Acto legislativo 1 de 2009
Artículo 3°. El artículo 109 de la Constitución Política quedará así:
El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.”.
Más adelante dije:
Si se observa bien el acta  del día 27 abril del año 2010, de la junta directiva número 1545 de esa fecha; que fue donde se autorizo la violación de la constitución, se observará que el subconsciente traicionó a los miembros de la junta directiva del banco BBVA, pues el numeral 5 comienza diciendo textualmente “5) En estas condiciones puede concluirse que es ILICITO hacer aportes a los partidos políticos para propósitos distintos a las campañas presidenciales…’
A pesar de conocer la ilicitud hicieron la donación prohibida por la constitución de Colombia. Esto hace su conducta mucho más reprochable.”
SINTESIS
Mientras nosotros denunciamos la corrupción, otros la fomentan, disimulan y encubren. Denunciamos la de Odebrecht, en el interrogatorio que le hicimos a Tomas Uribe Moreno, el 22 de agosto del 2011, delante del Procurador Ordoñez Maldonado, sin que este ultimo hiciera nada por investigarla. Como también habíamos denunciado, el 29 de marzo de 2011, la violación de la constitución que hizo otra persona jurídica, mucho más poderosa económicamente que Odebrecht, el banco extranjero español, BBVA, al financiar a cuatro partidos políticos colombianos que tenían cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los partidos eran: el partido verde, que tenía como candidato a Antanas Mockus; el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo; el Partido Conservador por conducto de su fondo nacional económico; que tenía como candidata a Martha Lucía Ramírez; y el partido de la unidad nacional que tenía como candidato a Juan Manuel Santos; sin que el superintendente, como el procurador, hiciera algo por sancionar a los responsables y mucho menos denunciar ante la fiscalía general de la nación, como se lo pedí; por su encubrimiento fue premiado con el premio mayor de miembro de la junta directiva del banco de la republica.
Parece, también, que a la luz de estos hechos, el perdón que Antanas Mockus, le da a Juan Manuel Santos, por la financiación ilegal que recibió Santos de la empresa persona jurídica extranjera Odebrecht, es más un auto perdón, por la financiación también ilegal que hizo la persona jurídica extranjera Banco BBVA, y que recibió la Campaña Mockus.
En nuestro último artículo decíamos:
“Hace algunos días, nos quedábamos de lo paradójico, que era el tránsito de la guerra a la paz en Colombia, del pasado al futuro, de lo deleznable y abominable a lo bueno y a lo correcto y dijimos: “Lo más paradójico de todo lo que ha sucedido hasta ahora, es que nos presentaban los acuerdos de La Habana, como el pasaporte hacia un futuro luminoso, transparente, promisorio, hacia la tierra prometida y el retorno al paraíso perdido. Todo lo abominable del pasado: comenzando por la corrupción, las mafias en la política, la inmoralidad social y administrativa; la putrefacción y la podredumbre en la política, quedarían atrás; la deshonestidad, la depravación y la perversión social, económica y política, serían cosa del pasado; para conocerlas, tendríamos que ir al museo de los vicios del ayer. Lo paradójico, es que a los usurpadores de la soberanía popular, se les ocurrió, que los sepultureros de ese pasado abominable, ignominioso, repugnante e indigno, debían ser precisamente quienes mejor encarnaban sus vicios, su inmoralidad: la clase política y dentro de ella, el escenario donde se magnifican sus imperfecciones, degeneración y depravación: el Congreso de la República (con contadas excepciones). ¡Que paradoja, que del reino de los vicios, fuimos transportados al reino de la virtud, precisamente por quienes encarnan y simbolizan esos vicios!.”.
La nueva paradoja, es que el rey de la mermelada, el presidente Santos, quien en vez de avergonzarse, por esta modalidad turbia de corrupción, descaradamente manifestaba su idea anti ética, de que seguiría ejecutando esa práctica, que la intensificaría, por lo que aumentaría el número de diabéticos en Colombia. Esta conducta maquiavélica, es otra forma velada, nublada y opaca de corrupción, la mermelada del gobierno, que corrompe a los políticos que a su vez han corrompido a sus electores y a una parte del pueblo colombiano: la mermelada del presidente santos, es la corrupción elevada a la N potencia, es corrupción de los corruptos.
¡Que paradoja, que el rey de la mermelada, sea ahora, el abanderado de la lucha contra la corrupción!.”
Hoy el Rey de la mermelada ha quedado al desnudo y ni la careta del nobel le sirve para presentarse como novel en temas de corrupción y cuando se mira al espejo, ya no ve su cara sino que encuentra una parecida: la de Uribe.

A los corruptos, muchos de los cuales tienen asiento en el gobierno y el congreso, que se apoderaron del proceso de paz y luego del tema de la corrupción, les recordamos que la sociedad civil está furiosa, indignada, que no a seguir permitiendo que los corruptos le arrebaten la soberanía y el poder constituyente; que sigan cometiendo Soberanicidio. Basta ya, solo el pueblo reunido en una constituyente popular, democrática y soberana, ratificada con posterioridad por ese mismo pueblo, por medio de un referéndum, puede diseñar las instituciones, que hagan cambios estructurales en la sociedad colombiana, incluida la verdadera lucha contra la corrupción. El fantasma de Emmanuel Sieyes, sigue presente, en este momento de crisis, que no ocasionó el pueblo, sino la corrupción de los gobiernos de Santos y de Uribe; el modelo económico, la falta de derechos, la pobreza, el olvido de la máxima kantiana de que la mejor política es la corrección; como dijera el abate Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente.

martes, 21 de marzo de 2017

Los laicistas radicales: "No Pasarán!"



En su calidad de Seretario General del Cabildo Interreligioso de Colombia, el rabino liberal Richard Gamboa Ben-Eleazar advirtió que el laicismo radical en Colombia apunta a imponer el Ateísmo de Estado bajo la fachada del estado laico, que él ha insistido en calificar de "falso e inconstitucional"
En su calidad de Seretario General del Cabildo Interreligioso de Colombia, el rabino liberal Richard Gamboa Ben-Eleazar advirtió que el laicismo radical en Colombia está imponiendo el Ateísmo de Estado bajo la fachada del estado laico, que él ha insistido en calificar de "falso e inconstitucional".
Las explosivas declaraciones del Manhíg de Shéguel se hicieron sentir el pasado jueves 16 de marzo de 2017 en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, en el marco del foro sobre "La Responsabilidad Social del Sector Religioso", convocado por el Representante a la Cámara David Rodríguez, y el director de la Red Nacional de Capellanes ASMIPAZ, Pastor Luis Eduardo Barbosa, evento al que asistieron decenas de líderes de diversas iglesias y confesiones religiosas.
Rab Gamboa advirtió que quienes defienden con fanatismo el estado laico, se niegan a reconocer el carácter teísta y aconfesional del Estado Colombiano que está en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en el artículo 2 de la Ley de Libertad Religiosa (Ley 133 de 1994). "Lo que buscan es secuestrarnos en nuestros propios templos y amordazarnos para que no denunciemos las injusticias sociales y las inmoralidades que se cometen en nuestro país", aseveró el máximo vocero del consejo interreligioso colombiano, ante las exigencias de que el Estado imponga a las iglesias y confesiones de fe un paquete de censuras y restricciones a la actividad de los líderes religiosos.
Gamboa dijo además que la acción educativa y social que adelantan las iglesias y confesiones religiosas peligra en Colombia si el laicismo radical persiste en imponer, desde la Corte Constiucional, la persecución contra la libertad religiosa mediante la dictadura absolutista del libre desarrollo de la personalidad en contraposición al sentir del Constituyente Primario, es decir, el Pueblo.
El clérigo judío liberal le envió a los laicistas radicales un desafiante mensaje: "NO PASARÁN! No dejaremos de proclamar la soberanía de Dios y la supremacía de los principios y valores éticos y morales en lo público, lo colectivo y lo individual".

El rabino Richard Gamboa se declaró "objetor de conciencia contra el estado laico" ante la sala plena de la Corte Constitucional en enero de 2016, y desde entonces ha venido socializando con la ciudadanía y las autoridades civiles de Colombia los fundamentos jurídicos, filosóficos, teológicos y sociológicos por los cuales hay que seguir protegiendo el carácter teísta y aconfesional de Colombia.

martes, 14 de marzo de 2017

Col - Entrevista al senador Alexander López sobre la Juridicción Especial para la Paz. Radio Nizkor

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo No. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

Clip aquí  para escuchar el audio.  http://www.radionizkor.org/colombia/

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.
En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.-, expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de re-victimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.
Las Fuerzas Militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.
Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...
El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.
Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.