Inicio Noticias CREACIÓN COMISIÓN ACCIDENTAL ESTUDIO REFORMA ESTRUCTURAL TRIBUTARIA CREACIÓN COMISIÓN ACCIDENTAL ESTUDIO REFORMA ESTRUCTURAL TRIBUTARIA

El Representante a la Cámara y Presidente de la Comisión Tercera Constitucional Dr. ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO, en su condición de presidente, propuso la creación de la subcomisión para el estudio y seguimiento de la futura Reforma Estructural Tributaria”.

En ese sentido la comisión en pleno autorizó su creación para trabar de la mano con el gobierno nacional, además de los sectores económicos y sociales con el fin de profundizar en los planteamientos y propuestas de la Comisión de Expertos creada por decreto 0327 de 2015 y ley 1739 de 2014. Para tal efecto se estableció que sea conformada por los Honorables Representantes Lina María Barrera Rueda, Jack Housni Jaller, León Darío Ramírez Valencia, Ciro Alejandro Ramírez Cortes, Elda Lucy Contento Sanz, Germán Alcídes Blanco Álvarez, Hernando José Padaui Álvarez, David Alejandro Barguil Assis, Mauricio Gómez Amín, Christian José Moreno Villamizar, Bayardo Gilberto Betancour Pérez y Alejandro Carlos Chacón Camargo.

Comisiones Primeras aprobaron proyecto que evita excarcelación masiva

Por vía legislativa, a través de un proyecto de ley con mensaje de urgencia, las Comisiones Primeras del Congreso, aprobaron en la noche de este lunes 23 de mayo, una iniciativa que evita la excarcelación de más de 14 mil reclusos. Decisión que se tomó bajo la Presidencia de senador Manuel Enriquez Rosero con la presencia del Ministro de Justicia Jorge Londoño y el Fiscal General (e) Jorge Fernando Perdomo.

Dcichas Células Legislativas estudiaron y debatieron los cuatro artículos del proyecto de ley, al que se le adicionó uno nuevo, que invita a la Fiscalía a rendir un informe cada tres meses al Congreso, sobre el estado de los procesos de personas privadas de a libertad en Colombia, como una forma de contribuir a la descongestión judicial. Para el ponente de la iniciativa, el senador Carlos Fernando Mottoa, el proyecto de ley –a lo largo de la sesión- originó un grande debate con las bancadas del Centro Democrático, Alianza Verde y Polo Democrático, quienes cuestionaron las bondades del proyecto de ley y la aplicación de la justicia en el país. La tesis fue compartida por los senadores Alexander López, Claudia López y José Obdulio Gaviria. ”Delitos contra la libertad sexual, corrupción y justicia especializada. El Congreso, se tenía que pronunciar en torno a estos tres delitos y lo ha hecho Prorrogado la vigencia de la norma que estaba para el 6 de julio de 2016”, enfatizó el senador vallecaucano Carlos Fernando Mottoa. Adicionalmente, frente a un catálogo de delitos del Código Penal, entrarán a regir a partir del 6 de julio –bajo el marco de la detención preventiva- “El Congreso de Colombia y en particular las Comisiones Primeras le cumplieron al país, al salir al paso por vía legislativa a una excarcelación masiva”, comentó. En la actualidad, todos los delitos en el país, tiene como máximo un año de detención preventiva, excepto los delitos sexuales, de corrupción y justicia especializada, así como cuando se registra se captura a dos o más personas con medida de aseguramiento vigente. Al proyecto de ley en su tránsito en el Congreso, le resta el debate en plenaria de Cámara y Senado.

“Panamá nos está tomando del pelo como en el pasado”, senador Rodrigo Villalba

El Congresista aseguró que el acuerdo existente entre Colombia y Panamá carece de compromiso por parte del vecino país para facilitar información que permita conocer a ciencia cierta todo lo relacionado con los "Papeles de Panamá".

Bogotá D.C. (Prensa Senado).- Con el fin de obtener información que despeje todas las dudas sobre los colombianos que aparecen en los llamados "Papeles de Panamá" y las medidas que sobre el particular se han tomado desde el Gobierno Nacional para tener mayor información y claridad sobre cuáles y cuántos firmas colombianas figuran en este listado, fue aprobada una proposición presentada por el senador Liberal, Rodrigo Villalba, mediante la cual se citan a debate de control político en la Comisión Tercera, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; al director de la Dian, Santiago Rojas; a la directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero – Uiaf, Carmen Maritza González, y al fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo. "Queremos tener información especialmente sobre el reciente convenio que ha anunciado el Gobierno y que ha celebrado con la República de Panamá, necesitamos conocer los términos. Yo sospecho que eso es una tomadura de pelo como en el pasado, porque parece que no exige cumplimiento automático de la información sino a partir del 2018", aseguró el Senador. Añadió que Panamá está calculando que desde este momento a esa fecha ya hay cambio de Gobierno y los términos cambiarían.

La ETB No Se Vende

De la ofensiva privatizadora de empresas estatales, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) es una de las pocas que no han podido entregar a los capitalistas para que usufructúen de su riqueza. En 18 años ha habido 14 intentos para feriarla y no lo han logrado. Pero hoy, el alcalde Peñalosa, vuelve a insistir por acabar con un patrimonio que produce recursos para la inversión social.

Peñalosa en su administración anterior logró vender el 15.6%. Hoy está dispuesto a feriar el 84.4% restante. El argumento que utiliza es el mismo que se ha usado para vender las demás empresas estatales: que la empresa sólo da pérdidas, que es mejor invertir en otros negocios o en obras públicas. En este caso quiere vender la empresa para entregar el dinero a los comerciantes de la educación y la salud, diciendo que es para la construcción de 30 colegios y 4 hospitales. La Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones y Afines (Atelca), argumenta que manteniendo la empresa estatizada, con los ingresos de los próximos cinco años, se podrían construir 65 colegios y 22 hospitales del mismo nivel que el Alcalde promete. Además los colegios que piensa construir los entregará, en concesión, a los empresarios privados. La ETB también financia a la Universidad Distrital con un aporte promedio por año de 1 millón de dólares. Entre 2002 y 2014 la ETB le transfirió 13.8 millones de dólares a esta universidad pública. Entre 2016 y 2020 la financiaría con 3,5 millones de dólares. Pero con la venta esto se perdería. La ETB tiene en Bogotá 53 portales interactivos y capacita en tecnología, gratuitamente, a la población. Pero ya comenzaron a cerrar varios: 14 en Ciudad Bolívar y 4 en Sumapaz. Como la empresa ya hizo una gran inversión en tecnología, ahora comienza a producir las ganancias, lo que significa que se consolidará. El gran negocio de la venta precisamente es ese. Quien la compre no tiene que invertir, sólo recibir ganancias. La ETB la quieren vender no porque sea una empresa en crisis produciendo pérdidas. Es por todo lo contrario. Porque está produciendo ganancias y en el próximo periodo se van a multiplicar significativamente. La tercerización laboral La empresa tiene 2.300 trabajadores directos, todos sindicalizados en Sintrateléfonos y Atelca, 500 por prestación de servicios y 10.000 tercerizados. Si bien es cierto Petro no privatizó la empresa e invirtió en tecnología, a los trabajadores les dio el mismo trato que cualquier gobierno neoliberal. A cambio de pasar a planta, con contrato permanente a los 10.000 trabajadores tercerizados, los dejó desprotegidos, en manos de los empresarios privados, sin estabilidad laboral. Esa fue la política que tuvo Petro con el resto de los trabajadores del Distrito. Por eso ha llegado Peñalosa y ha despedido a buena parte de la planta de personal que laboraba en las distintas dependencias. Con una planta de 13 mil trabajadores con contrato directo y los sindicatos (Sintrateléfonos y Atelca) fortalecidos con más afiliados luchando, la venta sería más difícil. En ese sentido, Petro dejó unas condiciones favorables para que Peñalosa venda la ETB. Campaña sucia para privatizarla La ETB es una empresa que tiene presencia nacional y hace años dejó de ser una telefónica para convertirse en una empresa de comunicaciones con servicios como telefonía fija, telefonía móvil 4G, televisión, Internet y Data center y tiene fibra óptica desde hace más de 20 años. En la administración de Petro se invirtió 2.1 billón de pesos para modernizarla. La empresa quedó como la más moderna entre las empresas de comunicaciones, con mayor capacidad instalada, con la segunda antena de televisión más moderna de Latinoamérica después de la de Brasil, y brinda más seguridad que las otras empresas porque sus servidores están en Colombia, y a diferencias de las que tienen servidores en Estados Unidos, no sufre tantos ciberataques. A pesar de todo lo anterior, la actual administración tiene un plan nefasto. Prácticamente ha suspendido o reducido en extremo la instalación de los servicios domiciliarios. Argumentan que no tienen instalada la red en el barrio o localidad pero que pronto lo harán, cuando la realidad es que las redes ya están instaladas en prácticamente toda la ciudad. Para sabotear la misma empresa, su actual administración acabó con un grupo de trabajadores que fue capacitado para instalación de fibra óptica, argumentando que ya no los necesitaban para ese oficio. Hay una campaña de desprestigio de la empresa y vendrá otra contra los trabajadores y los sindicatos, como lo han hecho con otras empresas para privatizarlas, con el objetivo de devaluarla artificialmente para venderla, pero además a precio de ganga. Antes que privatizar hay que volver a estatizar La lucha en estos momentos es por evitar que se venda y privatice la ETB, pero esa lucha hay que extenderla por la reestatización de todas las empresas de servicios públicos, de la salud y la educación. Esta es una razón más para que en el encuentro nacional obrero y popular, que han convocado las centrales obreras para los días 8 y 9 de julio, se vote un paro nacional. Es la única forma de enfrentar la crisis en los distintos servicios y expulsar a los comerciantes que se enriquecen a costa de las necesidades de la población. Peñalosa y el presidente de la ETB mienten Según Sintrateléfonos y Atelca, están presentando informes financieros falsos. Están utilizando el llamado método de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), que es una herramienta utilizada para distorsionar la información al servicio de la privatización y para favorecer al sector financiero. Con ese método sustentan que la empresa tiene pérdidas por 36 mil millones de pesos, cuando lo que tiene son ganancias por 370 mil millones de pesos. Por ejemplo, con el método de las Niff se presenta la información de depreciación de equipos calculando un tiempo mucho menor de lo que sucede en la realidad. Ante esto, los sindicatos han pasado un derecho de petición para que se entregue un informe financiero con el método tradicional, pero se han negado a contestarlo. Se niegan cuando tiene la obligación de presentarlo con los dos métodos. Como parte de la política de esconder la información, a las reuniones de accionistas han impedido la presencia de miembros de los sindicatos. De esta forma mantienen una campaña con información falsa, confunden y tratan de ganar opinión para que la venta de la empresa tenga aceptación de la población.

Con cartas el Polo Democrático Alternativo pide a Senador ser candidato presidencial

El Polo Democrático Alternativo de Risaralda y líderes cívicos firmaron un documento en el cual solicitaron al senador de la República Jorge Enrique Robledo, que sea el candidato presidencial por la colectividad.

Pidieron al congresista que considere proponer su nombre para las elecciones del 2018, puesto que están seguros que con él pueden atender “el reclamo de polistas y diversos sectores de la sociedad, que desde la región viene coincidiendo en este deseo”, señala el comunicado. Petición “Dadas sus características democráticas, valor civil y reconocimiento, sumado a la coherencia sostenida a lo largo del tiempo, manifestamos sin temor a equivocarnos, que su candidatura con un programa amplio del Polo Democrático nos permitirá aglutinar a diversos sectores democráticos para obtener la presidencia de Colombia”, dice el documento. Además los solicitantes argumentan que tanto el país como Risaralda necesitan un candidato que haya mantenido coherencia en la oposición a los gobiernos neoliberales de César Gaviria y de los que han proseguido como el de Uribe y el de Santos. “La actual baraja presidencial que agita el sonajero del 2018 no vislumbra a ningún colombiano que pueda sacar al país del oscuro atraso económico y la corrupción que hace metástasis en cada región y municipio”, agrega la misiva. Firmantes Quienes realizaron la solicitud fueron el actual concejal de Pereira Carlos Alfredo Corsthwaite; Adriana González, abogada y líder cívica de la ciudad de Pereira; Jhonny Garcés, concejal del municipio de Quinchía y Adonías Zúñiga, concejal de Mistrató. Igualmente Jesús Guevara, líder cafetero y ambiental de Risaralda y Quinchía; Arley Bonilla, directivo sindical de Sintrainagro, afiliado a la CUT, y Juan Escobar Ríos, escritor y docente. Denuncia del concejal De otra parte, el concejal polista Carlos Alfredo Crosthwaite elevó otra petición a la Asociación de Ingenieros para revocar la licitación para la construcción del restaurante de la plaza interior del Bioparque Ukumarí. Envió la carta a Carlos Emilio Arango Buitrago, presidente de AIR, a quien le expone la crisis que sufre esta profesión por la corrupción, lo cual considera que ha generado que profesionales de la ingeniería y de otras profesiones liberales, que tienen como destino ofertar sus servicios al sector público y privado, hayan preferido retirarse del ejercicio de sus profesiones, “y mucho menos prestarse para el diabólico juego de los procesos licitatorios con pliegos sastre o mucho menos ofrecer su firma para avalar los contratos del ya famoso Flavio”, dijo. El cabildante denuncia que ha puesto en conocimiento a los organismos de control, los cuales no se han pronunciado. “Recurro a usted para que la AIR acompañe una petición presentada el pasado viernes, de revocatoria del proceso de L.P. nro. 055-2016, cuyo objeto es ‘construcción restaurante plaza interior para el parque temático de flora y fauna de Pereira’, concurso convocado con un grosero pliego sastre, y que no obstante múltiples solicitudes, el señor alcalde de Pereira se negó a enmendar y corregir este esperpento”, finalizó.

La mujer más peligrosa del mundo

Por Marisa Avigliano A 76 años del fallecimiento de

“Si querés pan y no te lo dan, agarralo”, les decía Emma Goldman a los miles de hambrientos que se manifestaban con ella en 1893. La rusa que encabezaba la marcha con una bandera roja asustaba en Norteamérica a quien tenía que asustar, era visible, era peligrosa. La judía de Kovno (Kaunas, Lituania) había llegado a los Estados Unidos unos años antes escapando de un padre que le había arreglado un matrimonio. “Ahogada en el Nevá antes que esposa”, dijo la hija de hotelero y cruzó el mundo. Trabajó en una fábrica textil y a los veinte años sólo tenía cinco dólares en el bolsillo, una máquina de coser y un matrimonio roto y sin amor con un inmigrante como ella. El amor llegó después y dos veces: Sasha (Alexander Berkman) y Ben Reitman. El primero, escritor y anarquista, fue su compañero durante toda la vida; el segundo, una pasión ilusionada –“salían llamas de las puntas de sus dedos y yo suplicaba ser consumida por ese fuego”– que la deshizo cuando él se fue con una mujer más joven. Pero volvamos a Emma: la cautiva de otras pasiones, volvamos a la sacerdotisa de la anarquía que la violencia bautizó el día que vio colgados a los obreros de la revuelta de Haymarket. Aquellos cuerpos suspendidos en el aire rancio fueron sus padres intelectuales y la razón por la que defendió y promovió sus ideales anarquistas. Cuando condenaron a Sasha a 22 años de cárcel por haber intentado matar al empresario Henry Frick (dos tiros baldíos y una navaja sin puntería) quisieron también encerrar a Emma pero, como no pudieron encontrar pruebas que la vincularan con el intento, la atraparon por agitadora. Cuando salió (después de estudiar enfermería y de leer a Emerson y a Thoreau) una multitud la estaba esperando. “Fui presa por hablar”, gritó la rusa en las puertas del encierro y fue eso lo que siguió haciendo, hablar. Sólo que ahora también hablaba de sexo, de independencia femenina y de control de natalidad. Se había vuelto inaceptable no sólo para el status quo sino también para los que se decían progresistas. Pero Emma, la feminista molesta, tendría que seguir atravesando mundos hostiles. El próximo lo capitanearía León Czolgosz, el joven que mató a William McKinley, el antecesor de Roosevelt. “Me inspiraron las palabras de Goldman”, dijo León cuando lo condenaron. A él le tocó la silla eléctrica, a ella, que el movimiento la dejara atrás. “Como anarquista me opongo a la violencia pero si se quiere terminar con los asesinos se debe acabar con las condiciones que dan lugar a los asesinos”, dijo Emma en alegatos que nadie se atrevía a escuchar. Sin identidad y apartada de sus raíces, fue a los 32 años otra mujer, la enfermera E. G. Smith. Pero la cofia blanca no le duró mucho y volvió a la calle a hablarles a cientos de obreros, intelectuales y artistas que celebraban su oratoria. Instalada en Nueva York, publicó una revista mensual, Madre Tierra, buscando ser la voz sin miedo de las causas populares. Emma volvía a molestar y Hoover estaba encantado con la posibilidad de cazarla. Deportada a Rusia junto a Sasha, quien había salido de la cárcel después de 14 años, ya nunca más volvió a la Norteamérica que sentía propia. Fue entonces cuando vivió el periplo sombrío de sus últimos años que se inició con el deslumbramiento y desencanto leninista y continuó con un auspicio Guggenheim en Saint Tropez (sin el glamour de los brochures turísticos) hasta que llegó la muerte canadiense como consuelo de frontera. “¿Por qué la vida es tan larga? ¿Para quién? ¿Para qué?”, se preguntaba la mujer que llamaba “hogar de los perros perdidos” a su casa neoyorquina. Su inclemencia temporal, su sabiduría adelantada, rugen en una historia que todavía la hostiga. Queda el cine, diría Cabrera Infante recordando que Maureen Stapleton ganó un Oscar como mejor actriz de reparto personificándola en Reds (1981) y si es verdad que queda el cine habría que decirle a Frances McDormand que trasborde a la luz del set a esa mujer de sombrero y ojos desafiantes para que esta vez sea la protago

“La reelección presidencial fue producto del delito”: Jaime Araújo

Así responde el exmagistrado a la Corte Constitucional, que negó esta semana su solicitud de declarar nulas las reelecciones de Uribe y Santos. Tanto el demandante como el togado Mendoza se basan en que la reforma que permitió la reelección inmediata de los presidentes se obtuvo gracias a la compra. Tomado de EL ESPECTADOR “La reelección presidencial fue producto del delito”: Jaime Araújo

Usted solicitó a la Corte Constitucional declarar nula la figura de la reelección presidencial que les permitió a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos duplicar sus gobiernos. ¿Cómo recibió la decisión de rechazar sus argumentos asegurando, con votación casi unánime (8-1), que su demanda era extemporánea, pese a que quien estudió su escrito le dio la razón? La recibí como una más de las muchas decisiones de la Corte Constitucional, pero... esta vez resulta inconstitucional: el artículo 228 de la Carta establece, claramente, que lo sustancial prevalece sobre lo procesal. El derecho sustancial penal (en la Corte Suprema) demostró que la reelección fue producto no de uno, sino de varios delitos. Y este derecho debe prevalecer sobre cualquier consideración procesal, no importa el nombre que se le quiera poner: término de caducidad o prescripción. Contra la supremacía de la Constitución no puede haber caducidad y la corrupción y el delito no pueden ser, jamás, un tema adjetivo. Es absurdo aceptar que una vez comprobados los delitos, no pueden destruirse los efectos jurídicos derivados de esos delitos por un asunto procesal. ¿Cuáles fueron sus argumentos para presentar, ahora, petición de nulidad de la reelección, doce años después de aceptada como constitucional por la misma Corte? La razón es muy simple: el delito de cohecho requiere dos partes y es un imposible jurídico que se cometa cohecho de yo con yo. Solo cuando la Corte Suprema de Justicia condenó, el año pasado, a la otra parte del cohecho y de los otros delitos es decir, a los exministros (Sabas Pretelt y Diego Palacio) y al exsecretario general de la Presidencia (Alberto Velásquez), se cerró el círculo (iniciado con la condena a Yidis Medina) y se “perfeccionó” el delito y su prueba. A partir de ese momento es claro que no hay ningún obstáculo para la nulidad y correlativamente también, que mi petición no era extemporánea. ¿Sugiere que los magistrados que votaron en contra de su demanda por extemporaneidad violaron la Carta siendo ellos los guardianes de la misma? Sí: el artículo primero, que establece que Colombia es un Estado social de derecho. Una característica de este tipo de estados es que no existe ninguna persona, por poderosa que sea política, económica o militarmente, que esté por encima de la Constitución y la ley. Este fallo viola ese artículo, pues permite que los presidentes de la República lleguen a su cargo utilizando lo más deleznable: la corrupción y el delito. Y lo que es más grave, le envía a la juventud el mensaje perverso de que el crimen y el delito sí pagan y que la ley es para los de ruana. Supongo que la Corte no solo pensó en temas procesales, sino en la denominada estabilidad jurídica de la nación, que significa que una vez haya un fallo, este debe tener validez permanente… En realidad lo que existe detrás de estos temas es un debate ya resuelto en la filosofía del derecho entre dos valores: la seguridad jurídica y la justicia. Lo ideal es que las normas den seguridad y al mismo tiempo sean justas, pero cuando existe conflicto entre los dos conceptos, debe prevalecer la justicia. Doy un ejemplo: si a una persona la condenan por homicidio y, una vez condenada, aparece vivo el presunto asesinado, sería absurdo que a esa persona no se le revisara su condena con el argumento de que ya existe una sentencia definitiva. Lo que ordena la justicia en estos casos es que se ponga en libertad al condenado y se anule la sentencia. La prevalencia de la seguridad jurídica ha sido el instrumento de las dictaduras (ver parte superior de la página). Quienes dicen que anular ahora la reelección presidencial acaba con la seguridad jurídica y que un término procesal le impide a la Corte estudiar la nulidad de sus sentencias, lo que en realidad proponen es que el delito perdure, no que el orden jurídico se restablezca. Se podría razonar al contrario: si no se respetan las normas procesales, no hay garantía de justicia… Lo que sostengo es que la justicia debe prevalecer. Y una acotación marginal: no es cierto, desde el punto de vista estrictamente procesal, que este tema esté absolutamente claro en el caso referido, como dice la Corte. Reitero, quienes afirman que no se puede hacer nada, hacen mucho pero a favor del delito y de los delincuentes, e impiden que prevalezca la justicia como máximo principio constitucional. Si la situación que usted pinta fuera tan clara, ¿por qué ocho magistrados estuvieron en contra de su demanda y solo uno a favor? Valoro que no hayan estado todos en contra. Y recuerdo que la ética nos enseña que los valores no dependen del número de personas. La justicia existe aunque uno solo crea en ella y lo injusto es injusto así muchos defienden la injusticia. Lo mismo puede predicarse de la verdad y en este caso de la verdad jurídica que tuvo el magistrado (Gabriel Eduardo) Mendoza y no quienes votaron contra ella. La reelección de los expresidentes Uribe y Santos tienen el mismo pecado original: la corrupción y el delito y por lo mismo son contrarias a la Constitución y nulas, así la mayoría de la Corte diga lo contrario. Junto con el acto legislativo que permitió la reelección, usted solicitó anular por lo menos veinte sentencias que se referían al tema. ¿Ese masivo “reversazo” de decisiones de la Corte puede también haber incidido en la negativa a aceptar sus pretensiones? Mi deber era demandar todos los actos que le daban validez a la reelección, pues con uno solo que quedara vivo se podían perpetuar los efectos del delito y la corrupción. Da la impresión de que los magistrados no quisieron revolver el avispero político, como se dice coloquialmente. ¿No cree que tienen cierta razón cuando piensan que “tumbar” la legalidad de dos gobiernos completos es demasiado peso para cualquier nación? Lo importante de los jueces no es lo que piensen, sino cómo se comportan: deben ser capaces, honestos y, lo que es más relevante, imparciales e independientes. Sobre todo, esta última característica debe estar presente en todos, sin excepción, puesto que es la garantía de los derechos de los ciudadanos. A algunos de ellos les faltó independencia ante los dos presidentes de la República y ante la clase política. Cuando el Estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un privilegio. El fin es otorgarles una garantía a los ciudadanos: la garantía que tiene cualquier persona –así sea la más humilde– de que si uno de sus derechos le ha sido violado por el más poderoso física, material, militar, política o económicamente, este pueda ser llevado ante un juez independiente e imparcial que logre condenar al violador y restablecerle su derecho. Por supuesto usted tiene razón, pero tampoco se puede ignorar el enorme efecto que, en la práctica, hubiera tenido su tesis si hubiera sido aprobada, sobre los segundos gobiernos de Uribe y Santos y, además, sobre la futura candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. ¿Puede haber incidido este hecho extrajurídico en la votación? No lo sé y no quisiera especular al respecto. Entonces hablemos en términos generales: en lo que usted conoce, ¿los jueces –y los magistrados son jueces de mayor rango– son susceptibles y temerosos del embrujo del poder? En realidad, la imparcialidad o la independencia de los jueces se puede quebrar de distintas maneras: a veces por corrupción, a veces por politiquería, a veces por amistad o la enemistad, a veces por temor. Con su demanda, usted revivió la solicitud que la Corte Suprema le hizo, el año pasado, a la Constitucional cuando condenó a los exministros Pretelt y Palacio, y decidió enviar esos fallos a la guardiana de la Carta “para los fines que estime pertinentes”, por cuanto “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional”. ¿Se abre una brecha entre las dos corporaciones? Lo que sé es que la Sala Penal de la Corte Suprema tiene, como todo juez penal, la posibilidad de anular los efectos jurídicos que se hayan derivado de delitos probados. En consecuencia, no tiene que pedirle a Corte Constitucional que anule las sentencias sobre la reelección para que este acto sea retirado del orden jurídico colombiano. La Sala Penal puede ella, como consecuencia de su sentencia sobre estos delitos, declarar motu proprio y sin pedirle permiso a la Constitucional, la nulidad de la reelección presidencial. Lo que sorprende es que no lo hubiera hecho ya. No quiere decir que no lo pueda hacer en el futuro. Los tres exfuncionarios del gobierno Uribe condenados, y que usted mencionó en su demanda, han intentado tomar varias vías para pedir la revisión de sus sentencias a pesar de que son definitivas. ¿Podrían usar la actual decisión de la Constitucional para iniciar nuevas acciones? Lo fundamental, para mí, no son los casos particulares, sino que la Sala Penal de la Corte Suprema declare la nulidad de la reelección autónomamente –como he sostenido– sin pedir permiso, puesto que no lo necesita. Es necesario tener en cuenta que, además de los ocho magistrados que se opusieron a sus pretensiones, una universidad y la Procuraduría consideraron que usted no podía pedir esa nulidad, entre otras razones, porque era miembro de la Corte Constitucional cuando se discutió la figura de la reelección en 2004. Parece un argumento fuerte… En el momento de la sentencia penal contra los exministros y el exsecretario general, en 2015, yo era un ciudadano común y si usted leyó mi solicitud, así lo dije: “obrando exclusivamente en mi calidad de ciudadano colombiano”. Pero ya que toca un tema procesal, sería importante conocer la respuesta a ciertos aspectos con incidencias procesales y sustanciales: ¿cuántos de los que hacen esa afirmación han sido beneficiarios directos o indirectos, incluido su núcleo familiar, de los mandatarios cuya reelección está en entredicho o del vicepresidente que también hubiera resultado afectado? De mi parte, declaro que fui ternado para la Corte Constitucional por el Consejo de Estado; que mi familia jamás recibió puestos ni contratos de ningún gobierno ni funcionario público y que mi oficina de abogado siempre estuvo cerrada. Sería bueno que quienes hacen esta declaración sobre mí, hablen sobre sí mismos. El mismo día en que la Corte negó su solicitud, se inhibió de estudiar a fondo una demanda que, curiosamente, buscaba lo contrario a la suya y para el futuro: que la reelección presidencial –que fue eliminada para los próximos presidentes en la reforma “de equilibrio de poderes”– pudiera ser revivida por el Congreso. ¿La presentación de las dos demandas, casi de manera simultánea, es casualidad o esta última se dio como reacción a la suya? Solo sé que los dos temas quedaron abiertos: el de la nulidad de la reelección por causa del delito cometido, porque cualquier día la Corte Constitucional puede volver sobre el tema; o el de la Sala Penal de la Corte Suprema que, como le dije, puede declarar directamente la nulidad de la reelección presidencial. La ponencia del magistrado Rojas sobre el acto legislativo de 2015 (equilibrio de poderes) no constituye precedente, ya que inhibirse jurídicamente equivale a no pronunciarse sobre el tema. ¿Cree que existen personas que simplemente ponen su nombre en demandas de este tipo para ocultar a los verdaderos interesados en el asunto, en este caso expresidentes que quisieran tener la posibilidad de volver a ser jefes de Estado? En mi caso no, puesto que no es mi estilo y la presenté con mi identidad. No sé si los demandantes del caso que abordó el magistrado Rojas estaban prestando su nombre. Desde el punto de vista exclusivamente histórico, está demostrado que más de un expresidente no se resigna a serlo. * * * "Una vela a Dios y otra al diablo” ¿Qué magistrados estaban impedidos de conocer su solicitud de nulidad de la reelección presidencial? Cada quien conoce su condición. Yo digo la mía y sería sano que se conociera la situación de todos los miembros de la Corte para que se sepa si tienen garantía de independencia e imparcialidad. En la Corte Suprema de EE. UU., cuando un ciudadano se acerca a un magistrado para plantearle un asunto referido a sus funciones, el magistrado tiene la obligación de anotar en un libro que esa persona le tocó el tema, independientemente de que haya contestado o no. Ese acto da garantía de total transparencia e independencia de los jueces. Es un mecanismo que debería activarse en Colombia. Tres magistrados presentarán aclaración del voto sobre el rechazo a su solicitud. ¿Es un consuelo? El voto es lo que importa, no la aclaración. No se puede prender una vela a Dios y otra al diablo. ¿Era preferible salvar voto y dejar posición contraria a la mayoritaria? Por supuesto, ¿cómo se aprobó la constitucionalidad de las Convivir?: por no hacer salvamento de voto sino una aclaración, ese voto hizo la mayoría. Le repito, no se puede prender una vela a Dios y otra al diablo. ¿Es más importante la seguridad jurídica (mantener los fallos) o la necesidad de hacer justicia? A la discusión sobre si debe prevalecer la seguridad jurídica o la justicia hay que responder con el ejemplo de los criminales nazis que se defendían diciendo que ellos eran inocentes, pues lo único que hacían era cumplir con las leyes -la seguridad jurídica- de Hitler. A esto respondió el gran jurista Gustavo Radbruch demostrando que la justicia prevalece sobre la seguridad y que donde hay injusticia no hay derecho. De similar modo, si los jueces no tienen independencia y autonomía, los ciudadanos no cuentan con las garantías de que alguien defenderá sus derechos cuando se los violen los poderosos. Si, por ejemplo, la madre de Soacha a la que le asesinaron a sus dos hijos, quisiera enfrentar militarmente al general que dio la orden de matarlos, jamás podría vencerlo por vías de hecho, ya que el general siempre tendría el poder militar para derrotarla. Pero si esa humilde madre tiene las pruebas de que el general dio la orden, y logra llevarlo ante un tercero verdaderamente imparcial, como deber ser un juez, en ese escenario, ante ese funcionario y con esas cualidades, la madre puede vencer al general, hacer que lo condenen y que le reparen a ella sus derechos violados.