martes, 31 de enero de 2017

Construcción del Plan Decenal de Justicia entra en su recta definitiva

Un grupo de expertos de universidades, centros de investigación, organizaciones de usuarios y trabajadores del sector justicia, entre otros, trabajarán en 2017. 
Validación, reglamentación, divulgación, preparación e implementación. Esas son las fases del Plan Decenal de Justicia sobre las cuales el Ministerio de Justicia y del Derecho y un grupo de expertos de universidades, centros de investigación, organizaciones de usuarios y trabajadores del sector justicia, entre otros, trabajarán en 2017.

Todos estos actores se encargarán de revisar el documento técnico respectivo y enriquecer su contenido a partir de sus diferentes visiones acerca de los procesos del Plan, cuyo objetivo es entregarle a Colombia un sistema de justicia más eficiente, moderno, eficaz e incluyente entre 2017 y 2027.

En la fase de reglamentación y de manuales de implementación se incorporarán casi en su totalidad otras políticas, cuyo diseño tiene que ver con el anterior Plan Nacional de Política Criminal. Por ello la cartera de Justicia y las demás entidades involucradas en la construcción del Plan deben expedir -incluso antes del plazo final contemplado por la Ley 1753 de 2015- las normas, manuales y guías necesarias. En esta etapa, además, se deben expedir los instrumentos que garanticen la ejecución articulada del Plan, algo que debe suceder antes de junio del presente año.

Para este mismo periodo está contemplada la fase de divulgación, en la que el Ministerio, en conjunto con entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales, ejecutará una estrategia de comunicación nacional para dar a conocer la iniciativa de la cual la cartera de Justicia es coordinadora técnica.

Luego, entre junio y diciembre de 2017, vendrán las fases de preparación e implementación en las cuales las entidades involucradas diseñarán una metodología que le permitirá al Estado recolectar datos y hacer un seguimiento periódico a la percepción ciudadana de la acción gubernamental en torno al Plan Decenal. Esta información se incluirá en los programas y proyectos del Ministerio, de acuerdo con los lineamientos del Plan.

Por último, con talleres y eventos, se tiene prevista para este año la finalización de las mesas de participación territorial, las mesas étnicas, los grupos focales y las visitas a los territorios, que se iniciaron en 2016. Por tal razón, el Ministerio de Justicia invita a la comunidad en general a continuar en el desarrollo y construcción de la justicia que regirá para los próximos 10 años.


Acciones para el reconocimiento de los Derechos de las personas discapacitadas

Con RUNDIS (Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad), el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, ofrece asesoría a la población en condición de discapacidad para entender a plenitud sentencias como la T-573 de 2016, emitida por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.

Dicha sentencia aborda el tema del derecho pleno a la capacidad jurídica y toma de decisiones autónomas de las personas con discapacidad, y el consentimiento informado de esta población frente a la esterilización quirúrgica definitiva, haciendo énfasis en que esta comunidad puede decidir sobre su propio cuerpo.

Con este documento la Corte llena el vacío existente en esta línea jurisprudencial, entre las sentencias C-131 de 2014, que habla sobre la prohibición de anticoncepción quirúrgica a menores de edad en condición de discapacidad (excepción), y C-182 de 2016, que trata de los requisitos de interdicción y autorización judicial específica para esterilización quirúrgica de personas en situación de discapacidad mental, mediante el consentimiento de otra persona.

La sentencia también vincula directamente al Estado, mediante el Ministerio de Salud y Protección Social, para que garantice que las personas con discapacidad puedan acceder a información adecuada y suficiente sobre sus derechos y obligaciones, relacionados con la adopción de decisiones informadas en materia de sus derechos sexuales y reproductivos.

La T-573 de 2016 se dictó de conformidad con lo establecido en la Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Esta norma fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe anotar que el personal vinculado a los consultorios jurídicos de RUNDIS está en plena capacidad de atender y asesorar a familias y personas en condición de discapacidad.



Integración Social ‘busca’ 400 niños, niñas y adolescentes con discapacidad para sus Centros Crecer

Ingrid Rusinque
 Directora Poblacional de Integración Social.


La Secretaría Distrital de Integración Social, tras realizar el proceso de inscripción de los niños, niñas y adolescentes que asisten regularmente a los Centros Crecer de la ciudad, informa que aún hay 400 cupos disponibles en las diferentes localidades para atender a la población menor de edad con discapacidad.

Los padres que deseen acceder a la oferta institucional que ofrece la entidad, deberán realizar la preinscripción en las Subdirecciones Locales de Integración Social, donde un grupo de profesionales verificará los requisitos para poder garantizar el ingreso de los niños, niñas y adolescentes al servicio.

Es importante resaltar que la operación de los 17 Centros Crecer de la ciudad, iniciará durante la primera semana febrero, tal como se había informado a la ciudadanía en pasados días, luego que los participantes y sus cuidadores y cuidadoras entraran en el receso por vacaciones de fin de año.

 En los Centros Crecer de la capital un grupo especializado de nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales entre otros, serán los encargados de recibir con toda la alegría y afecto los niños, niñas y adolescentes.

 “Como lo señalamos el pasado 20 de enero, los Centros Crecer entrarán en operación la primera semana de febrero de forma gradual. Lo más importante en este momento es que todavía tenemos 400 cupos disponibles para los niños y niñas entre los 6 y 17 años que tengan alguna discapacidad, particularmente discapacidad cognitiva”, aseguró la doctora Ingrid Rusinque, directora poblacional de Integración Social.

“Hacemos un llamado a las familias para que se acerquen e inscriban a sus hijos. Allí encontrarán atención por parte de un grupo de profesionales calificado”, agregó la funcionaria.

Si usted está interesado en que su hijo o hija asista a un Centro Crecer o desea conocer más información puede comunicarse con la línea 3 27 97 97.
Para acceder a un cupo en los Centros Crecer se requiere copia del registro civil de nacimiento y copia de un recibo de servicios públicos, los cuales deben llevarse a la Subdirección Local más cercana a su residencia. Allí se verificarán los requisitos para acceder al servicio.


AHORA LAS MARCHAS TIENEN UN LIBRO: CIUDADANÍAS EN RESISTENCIA

 Óscar Useche Aldana
Doctor en Paz, Conflictos y Democracia
El autor, indaga por la combinación singular de las más diversas formas de resistencia social: la desobediencia, la insumisión, la no cooperación con los poderes soberanos, la resistencia civil, la indignación, el arte resistente, la acción directa no violenta, en fin, aquello que está tocado por el acontecimiento de la insurgencia civil y que va poblando el mundo de experimentos inéditos de reconfiguración política y social.

Para los resistentes, implica la emergencia de subjetividades que potencien la vida y se pongan por encima de venganzas y resentimientos. Por tanto, se trata de una revolución en los imaginarios y de una rebelión ética. En este sentido, los acontecimientos revolucionarios no violentos, son ante todo formas de transformación cultural.


En esta misma línea Useche desarrolla lo que denomina la resistencia social no violenta y la define como la política de la vida, basada en la fuerza imperativa de pequeñas revoluciones que se dan al interior del universo comunitario cotidiano. Esta se despliega mediante la transformación de las relaciones de proximidad, reconstituyendo cuidadosamente el tejido de los vínculos  más íntimos y decisivos para los colectivos, desarrollando así su capacidad para establecer puentes y conexiones entre todas las formas nuevas de vivir en emergencia.

Este nuevo libro que presenta Oscar Useche es también producto de sus vivencias y acercamientos tempranos con el movimiento campesino en la lucha por la tierra, ubicado en el Caribe colombiano, que lo llevaron con fuerza a corroborar, lo que hoy día nos sigue planteando en cuanto a que la base de cualquier cambio, provendrá de la fuerza del movimiento social, conformada por esas masas de desamparados, las que por sí solas, serían incapaces de liberar su energía contenida y emprender el camino de la liberación.


La publicación de CIUDADANÍAS EN RESISTENCIA es producto de la alianza entre UNIMINUTO y editorial Trillas.

Más de 117 toneladas de residuos recuperadas en Chapinero este fin de semana



Este fin de semana, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, logró recuperar 117 toneladas de residuos y evitar que terminen en los separadores, baldíos, áreas verdes y en los canales de la ciudad mediante la implementación de una Reciclatón en los barrios Bosque Calderón, Juan XXIII y Los Olivos de la localidad de Chapinero.

En su mayoría, se trató de colchones, restos de remodelaciones, muebles y enseres viejos de los cuales muchos ciudadanos no saben cómo deshacerse una vez dejan de ser utilizados en la casa. Según contaron los vecinos de estos barrios, había residuos con más de un año en sus hogares esperando la mejor forma de salir de ellos.

“En esta jornada le estamos explicando a los bogotanos la importancia del reciclaje y del aprovechamiento. En la medida en que los ciudadanos tengan una cultura del reciclaje y del aprovechamiento vamos a disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitarios y vamos a tener una ciudad sostenible y amigable para todos” enfatizó la directora de la entidad, Beatriz Elena Cárdenas Casas.

“Con estas jornadas, construimos una Bogotá mejor para todos” agregó. La Reciclatón se realizó el sábado en la mañana y como resultado salieron del Sector Juan XXIII, 20 toneladas con residuos, de los Olivos más de 3 toneladas y de Bosque Calderón, unas 96.

Los residuos fueron evacuados a través de volquetas, volquetas doble troque y un ampliroll dispuestos por el distrito. “Con la ayuda de vecinos, líderes y funcionarios locales evitamos que esta cantidad de residuos terminará en puntos críticos para Bogotá” finalizó la funcionaria.


La Reciclatón Distrital es un ejercicio puerta a puerta con el objetivo es concientizar a los vecinos acerca de la mejor forma de disponer estos residuos. La actividad continuará durante 2017 en todas las localidades de la ciudad.

domingo, 29 de enero de 2017

IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE HUECOS CRÍTICOS

La Administración Peñalosa, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), en el marco de su campaña ‘Salvando Vidas’, viene desarrollando el proceso de identificación e inventario de aquellos huecos críticos que existen en las vías locales con una aplicación móvil.

La aplicación se llama Collector For ArcGIS, cuya licencia y permisos de utilización fueron adquiridos por la UMV. Según el arquitecto Álvaro Sandoval Reyes, director general de la UMV, “el procedimiento para identificar un hueco hasta el año pasado (2016) era un recorrido a pie con una tabla, un mapa gigantesco y con lápices llenando documentos y el proceso era muy lento”.

Buscando una mejora, los ingenieros de la UMV desde el pasado 1 de enero de 2017, están utilizando este avance tecnológico, que permite realizar en tiempo real el diagnóstico y la georreferenciación de los huecos críticos desde los teléfonos móviles.

La Administración Distrital está optando por utilizar este tipo de aplicaciones, “con el fin de implementar nuevas tecnologías en el proceso de diagnóstico, simplificando, sistematizando y optimizando dicha actividad, que anteriormente, se venía haciendo de forma arcaica, reflejándose en buenos resultados como la reducción de costos y tiempos para atender las necesidades de la ciudad, en lo que corresponde al mantenimiento y rehabilitación vial”, agregó el arquitecto Sandoval.

Esta labor de georreferenciación dura entre uno y dos minutos, mientras que en el método tradicional esta misma tarea, se llevaba alrededor de media hora. El ahorro en costos es cercano al 84 por ciento, es decir, si un recorrido costaba 20 millones de pesos al mes, con esta aplicación sólo cuesta 3 millones de pesos.

De los resultados que arroje este ejercicio se podrá pensar, en un futuro, el diseño de una aplicación menos compleja para que la gente pueda reportarnos los huecos.

Paso a paso.
1.Previamente a la actividad, los ingenieros planean la ruta por donde se efectuará la georreferenciación.
2.  Luego a pie, recorren el rumbo seleccionado y a medida que van encontrando los huecos, y por medio de la aplicación, marcan la ubicación del bache sobre el segmento vial; posteriormente, se diligencia un formulario con información adicional como longitud, ancho, observaciones, referencia, entre otros aspectos.
3.  Terminada la captura de datos en campo, se sincroniza la información del dispositivo móvil con el sistema SIG Web, ArcGIS Online, el cual permite generar mapas, formularios, reportes, entre otros.
4.  La información sincronizada reposa en el portal web en tiempo real y a futuro es utilizada para consultas y toma de decisiones por parte de los ingenieros de la UMV, a la hora de llevar a cabo las intervenciones en vía.

Ventajas.

·       Reduce la cantidad de información impresa de documentos como lo son formatos y planos.
·       Reduce la probabilidad de errores humanos de la digitalización de la información análoga.
·       Aumenta la calidad de los procesos de georreferenciación de daños en la vía.
·       Agiliza el proceso de toma de decisiones para la programación de ejecución y mejorar los rendimientos de la Entidad.
·       Inclusión de la UMV a las nuevas tecnologías basadas en Sistema de Información Geográfica.


sábado, 28 de enero de 2017

Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 7,5% Y Reportes del Emisor

La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 7,5%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos:
En diciembre la inflación anual al consumidor y el promedio de las medidas de inflación básica disminuyeron y se situaron en 5,75% y 5,60%, respectivamente.
Las expectativas de inflación de los analistas a uno y dos años se ubicaron en 4,25% y 3,59%, respectivamente; las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años se incrementaron y se sitúan entre 3,8% y 4,8%.  Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación de la meta se siguen diluyendo. Así lo indica la desaceleración del IPC de alimentos y, en menor medida, el comportamiento reciente de los precios que más fueron impactados por la fuerte depreciación nominal pasada.  Las nuevas cifras de actividad económica mundial para finales de 2016 indican que el crecimiento promedio de los socios comerciales habría sido mayor que lo estimado un trimestre atrás. Con esto es probable que la recuperación de la demanda externa en 2017 sea algo mayor que la proyectada tres meses atrás. Las tasas de interés internacionales de largo plazo aumentaron y los términos de intercambio de Colombia se siguen recuperando. En este entorno el peso se ha apreciado frente al dólar.  La incertidumbre sobre las condiciones financieras y comerciales internacionales ha aumentado desde la última reunión de la Junta, con posible impacto sobre las tasas de interés globales y la evolución del dólar.
En Colombia, varios de los indicadores de actividad económica y de percepción para el cuarto trimestre de 2016 sugieren que la economía tuvo un dinamismo bajo, aunque algo mejor que el del tercero. Con esto, el equipo técnico redujo el crecimiento estimado más probable para todo 2016 desde 2% a 1,8%, contenido en un rango entre 1,6% y 2,0%. En 2017 el crecimiento del producto estaría entre 0,7% y 2,7%, con 2% como cifra más probable.
Las nuevas cifras de comercio exterior para finales del año pasado indican un ajuste del balance externo mayor que el pronosticado. Con esto, la nueva proyección del déficit en la cuenta corriente para todo 2016 se sitúa en 4,5% del PIB, equivalente a US 12,6 mil millones.
 Tomando en cuenta el nivel actual de las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación, varios cálculos de la tasa de interés real de política se sitúan por encima de su promedio desde 2005.
En síntesis, la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el déficit en la cuenta corriente sigue corrigiéndose. La dinámica del producto ha sido más débil que la proyectada y la inflación sigue descendiendo, aunque las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación superan la meta del 3%. Los efectos de varios de los choques transitorios de oferta que han afectado la inflación y sus expectativas siguen revirtiéndose y es probable que esta tendencia continúe. La reforma tributaria aprobada en el Congreso favorece la
inversión productiva y permite el logro de mayores niveles de ingreso en el largo plazo, además de consolidar la sostenibilidad fiscal y externa del país.
En este entorno, al evaluar el incremento de las expectativas de inflación, la mayor incertidumbre global y el comportamiento de la demanda interna, la Junta Directiva
consideró conveniente mantener inalterada la tasa de interés de referencia a la espera de nueva información.

La decisión de mantener inalterada la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de cuatro miembros de la Junta. Los tres restantes votaron por una reducción de la tasa de interés de 25 pb. 

Clip para ver Reportes del Emisor. Investigación económica. 
                                     http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/re_212.pdf

Cada año, la corrupción les roba $50 billones a los colombianos

 El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50 billones al año. Una cifra que serviría para pagar durante dos años las mesadas de los pensionados del país.

Se calcula que en Colombia las empresas pagan en promedio 17 % del valor del contrato para ganar una licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías $21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que solo en estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las manos de los corruptos.

Lea también: Alianza Verde propone gran consulta popular contra la corrupción.

Esto sin contar con los recursos que ejecutan las regiones, donde según Julio César Alonso, director del Centro Internacional de Economía y Finanzas -Cienfi- de la Universidad Icesi, no hay un seguimiento a los recursos públicos por la debilidad de los entes de control y su estrecha relación con la política.

 La Auditoría General de la República, en su más reciente informe sobre contratación, indica que el 83 % de los contratos en las regiones se entrega a dedo.

En lo social (vivienda, salud, educación) el país tiene proyectado invertir este año $118 billones y gran parte de este dinero se ejecutará a través de contratos, por lo que los colombianos se preguntan ¿a dónde irán a parar esos dineros?
El costo o impacto de la corrupción no es solo dinero perdido de los colombianos. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que, por un lado, se pierden los impuestos que paga la población y, por otro lado, pierde el país  porque las obras  quedan mal hechas, pues las coimas se deducen  del valor de los contratos.

Indira Porto, investigadora asociada del Consejo Privado de Competitividad, agrega que hay estudios que coinciden en que uno de los principales obstáculos para lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico es la corrupción.

“De hecho, según el Foro Económico Mundial, los líderes empresariales colombianos han calificado la corrupción como el factor que más restringe los negocios en 5 de los últimos 10 años. Es por eso que, en el Índice Global de Competitividad más reciente, Colombia ocupa el puesto 104 sobre 138 países en comportamiento ético de las firmas, mientras que en 2006 el país ocupaba el puesto 34 entre 122 países”.

Agregó que un entorno corrupto impacta los negocios, ya que genera desincentivos a la inversión, asigna de manera ineficiente los recursos y reduce la competencia.

Estos datos evidencian que Colombia no ha logrado avances significativos en su lucha contra este flagelo. Según Transparencia a Internacional, el país ocupa el puesto 7 en percepción de corrupción entre 18 en América Latina y la posición  83 entre 167 países.

“Este es uno de los países más corruptos del mundo y esta corrupción no es un castigo del cielo, fue promovida desde hace 50 años por los partidos tradicionales”, dice el senador Jorge Enrique Robledo, quien considera que los cambios para el país comienzan en las urnas y en las próximas elecciones.

Según cifras del año pasado del Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, solo el 25 % de los condenados por casos de corrupción en el país están en un cárcel  y la mitad de los que han sido sancionados por delitos contra la administración pública no van a prisión.

Aun así la Contraloría destaca que el año pasado se tramitaron 5341 procesos de responsabilidad fiscal por valor total de $12 billones, en especial se hizo seguimiento a los recursos que se invierten con regalías en las regiones, dineros de la salud y de la primera infancia, encontrando que se siguen haciendo obras con baja calidad, con sobrecostos, contratos amarrados y los llamados ‘elefantes blancos’.

Casos que sorprenden
 Sobrecostos
En César se dotó el Centro de Desarrollo Infantil del municipio de Codazzi con productos sobrevalorados. Se compraron 7000 pelotas para piscinas infantiles a $2900 cada una, cuando en realidad valen $280. Es decir, el costo pasó de $1,9 millones a $20 millones.

Esto mismo sucedió con los instrumentos musicales, armarios, gimnasios de espuma, entre otros artículos.

La Contraloría reportó hallazgos fiscales por $25.000 millones en la construcción del  Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar y  un detrimento de $50.538 millones en la ejecución de contratos de obra con proyectos de regalías en esta región durante el 2016.

Enfermos fantasmas
La Gobernación de Sucre pagó $3173 millones para hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con soportes aparentemente falsos.

También se habrían presentado irregularidades por pagos a pacientes con supuesta hemofilia y enfermedad de Von Willebrand. Se estima que el desfalco por esta práctica puede llegar a los $50.000 millones en esta región.

En el Valle del Cauca, la Contraloría cuestionó la adecuación del Centro Recreacional Acuaparque de Buenaventura. Las obras no se han ejecutado y se estima que hay un detrimento de $3628 millones.

Meta, el campeón
Según la Contraloría, en el segundo semestre del 2016 se detectaron problemas en contratos con regalías en el Meta por valor de $74.000 millones. Habían escuelas y hospitales construidos y abandonados, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos, vías mal diseñadas y un centro comercial para vendedores  que opera con 6 de 34 locales.

Por ejemplo, en La Macarena se construyó una  escuela y está abandonada. Asimismo,  el Centro de Atención Hospitalario de Uribe   no había prestado, hasta el año pasado, un solo día de servicio.
Con regalías se han ‘embolatado’ más de $466.000 millones en todo el país, en los últimos dos años.

Contratos a dedo, una práctica en las regiones

Durante el primer semestre del año pasado se llevó a cabo en las regiones del país una contratación por  valor de $12 billones, de los cuales $9,9 billones  (82 %) se entregaron de forma directa, es decir, a dedo,  según un informe de  la Auditoría General de la República (AGR).

La región del Eje Cafetero fue la que tuvo mayores recursos para contratar, en ese periodo, $4,1 billones, de los cuales adjudicaron directamente $3,6 billones. Los departamentos del Pacífico contrataron, en igual lapso, $1,4 billones y el 83 % se hizo a dedo ($1,2 billones).

El auditor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, explicó que otro de los problemas de la contratación detectados en las regiones es el fenómeno de las “mallas empresariales”, esto es, adjudicación de proyectos a empresas o grupos de compañías que tienen intereses en común.

Los departamentos con mayor cantidad de “mallas empresariales”, durante el primer semestre del 2016, fueron: César, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila, Cundinamarca y los departamentos que mayores recursos les han entregado a estas empresas son: Meta, Antioquia, Casanare, Santander y César.

La Auditoría detectó que entre los años 2014 y 2016 operaron en las regiones 78 mallas empresariales en diferentes sectores, de estas 10 funcionan en alimentación escolar con contratos por $418.000 millones; 8 relacionadas con salud que obtuvieron negocios por $122.000 millones. “En total, en este periodo, $8,1 billones fueron contratados por posibles mallas empresariales”.

Asimismo, la región que puso más recursos en empresas relacionadas entre sí fue Llanos  Orientales con el 36 % del total, seguido de El Caribe  con 23 %. En el Pacífico se reportaron negocios por $367.337 millones vinculados a estas mallas empresariales.

“En los territorios no están los grandes contratos, pero si se suman todos los pequeños proyectos estamos hablando de sumas cuantiosas importantes para el desarrollo y en muchas ocasiones no sabemos en qué se invierte y cuáles son los beneficios para la comunidad”, afirma el profesor de la Universidad Icesi, Julio César Alonso.


11 capturados por caso de corrupción en Cartagena

Once personas fueron capturadas en las últimas horas en Cartagena, luego de ser vinculadas a una investigación que se sigue por el delito de defraudación, luego que según las investigaciones, vendieran un predio en la zona industrial de Cartagena que iba destinado a ser propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.


Estos terrenos, estaban destinados para resarcir a 63 familias campesinas del municipio de Mompox, ya que Corelca había usado sus predios sin consentimiento para un programa de ampliación de redes. Según la Fiscalía, varios abogados, incluyendo jueces, se pusieron de acuerdo para tomar este lote en Cartagena, dividirlo y venderlo sin resarcir a los campesinos de Mompox.

Se destacan dentro de las personas capturadas, un exalcalde del municipio de El Guamo,Bolívar, y varios funcionarios de Fiduprevisora, quienes deberán responder por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, cohecho propio, fraude a resolución judicial y concusión.


Los detenidos fueron identificados como Saúl Mondol González, Elith Isabel Zúñiga Pérez, Emerson Torres Bolaño, Carmen Violeta López Cárdenas, Néstor Raúl Yepes, Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortez Pomar, Javier Alexander Colmenares Ardila, Rubén Darío Ceballos Mendoza, Javier Eduardo Angulo Romero y el veedor ciudadano de 'No a la Corrupción', Arnulfo Molina Polo, quien tramitó una acción de tutela irregular por una fuerte suma de dinero.

Sin examen médico de retiro para miembros de la fuerza pública no prescribe acción de tutela

La Corte Suprema de Justicia recordó que la prescripción de la acción de tutela no opera cuando no se realizan los exámenes médicos al momento de la desvinculación de uniformados del servicio militar activo.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria concedió así el amparo de los derechos fundamentales a la salud y debido proceso administrativo a un exsoldado regular, quien fue incorporado para prestar el servicio militar obligatorio el 11 de septiembre del año 2013 en el Ejército Nacional.
El accionante señaló que en virtud de sus funciones al interior de la institución militar sufrió un accidente en su tobillo izquierdo el 22 de febrero de 2014 en el municipio de Argelia, Cauca, lo que le impidió su movilidad.
Sin embargo, en marzo del 2015 se le suspendieron los servicios médicos asistenciales por parte de la entidad castrense, mientras fue dado de baja por parte del Ejército Nacional el 1º de junio del mismo año.
La Sala de Casación Penal señaló que el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000 consagra la obligación de practicar un examen médico de retiro, con la misma rigurosidad prevista para el examen de ingreso, a todas aquellas personas que van a ser dadas de baja del servicio militar activo para asegurar que quienes cumplieron con la labor castrense se reintegren a la vida civil en las óptimas condiciones de salud con las que ingresaron.
Pero también para determinar el tipo de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica que requieran mientras se logra su recuperación, si sufrieron algún tipo de afectación. Ello, teniendo en cuenta que aunque la atención en salud para los miembros de las fuerzas militares cesa en el momento en que ocurre la baja o la desvinculación del individuo, la prestación del servicio debe continuar cuando la lesión o enfermedad haya sido adquirida con ocasión del servicio.
“Por tanto, como los padecimientos del accionante se produjeron durante el servicio, en razón y con ocasión del mismo, resulta inaceptable que la entidad accionada interrumpa intempestivamente la atención médica que venía recibiendo, con fundamento en la terminación de su vinculación con la institución” advierte la Corte Suprema.

Por tal motivo, ordenó que dentro del término de 15 días siguientes a la notificación del fallo se le practiquen los exámenes de retiro al exsoldado regular, se convoque nueva junta médica y le sean prestados los servicios médicos por las patologías adquiridas o derivadas del servicio militar.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó el 26 de enero del presentecomo presidente encargado al magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, al tiempo que encargó al magistrado José Luis Barceló Camacho como vicepresidente de la Corporación.

El magistrado Acuña Vizcaya, abogado egresado de la Universidad Nacional, es doctor en Derecho de la Universidad de la Sapienza (Roma), magister en Historia y especialista en Derecho Penal. Cuenta con una extensa experiencia académica nacional e internacional como docente, investigador, consultor, conferencista, director de equipos de competencia internacional, director de diversas publicaciones y director de diplomados, foros y otros eventos académicos. Integra la Sala de Casación Penal desde 2016. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en donde también dirigió el área de Derecho Penal y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Dentro de sus obras más recientes se destacan Análisis de la doctrina italiana y el Código Penal colombiano; La medida pedagógica como sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes; Derecho Penal y guerra: Reconstrucción del sistema penal colombiano, y Derecho Penal y guerra: estudio dogmático de la pena en Colombia 1890-1936.

Por su parte, el doctor José Luis Barceló Camacho, vicepresidente encargado, es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada con especializaciones en Derecho Penal de distintas universidades del país. Cuenta con varios diplomados en materia penal y procesal. Durante gran parte de su trayectoria profesional ha servido a la Rama Judicial, en cargos como los de notificador, escribiente, asistente de Fiscalía Superior de Bogotá, fiscal encargado de la misma, secretario de juzgado, oficial mayor de juzgado, juez de instrucción criminal, abogado asesor de la Procuraduría Segunda Delegada en lo Penal, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y, desde 2011, magistrado de la Sala de Casación Penal. Ha sido, además, catedrático de diversos centros universitarios de Bogotá y otras ciudades.

viernes, 27 de enero de 2017

Poesia de Armando Orozco Tobar. Falleció el 25 de enero de 2017

 Clip para leer el texto" En lo alto del instante" de la Colección un libro por centavos de la Universidad Externado............
                          http://portal.uexternado.edu.co/pdf/1_decanaturaCultural/libro65.pdf



Cundinamarca celebró el natalicio de su más grande heroína

La Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), celebró en el municipio de Guaduas los 221 años del natalicio de Policarpa Salavarrieta.

Al evento asistieron el alcalde municipal, Jesús Edisson Ramírez; la gestora social del departamento,  Alexandra Pulido; la madre del gobernador de Cundinamarca, Mercedes Ángel de Rey, y la gerente del Idecut, Patricia Triviño.

Es un honor para Cundinamarca recordar que el 26 de enero de 1796 nació  una mujer guaduera, quien se convirtió en la heroína más popular de los colombianos. "Representa la imagen de la mujer luchadora, activa y valiente. Es la figura femenina que acude de inmediato a la memoria cuando nos referimos al periodo de la Independencia; por tal razón, desde la administración departamental se ha querido honrar a las mujeres, que son la representación de liderazgo y empoderamiento de los derechos humanos", expresó Patricia Triviño, gerente del Instituto rector del turismo cundinamarqués.

Ahora, más de dos siglos después del nacimiento de La Pola, la plaza de La Constitución de Guaduas se visitó de blanco. Allí se develó la estatua restaurada para que propios y turistas recuerden a una de las hijas más ilustres del municipio.

"Para el gobierno del nuevo liderazgo es un gran honor conmemorar dígnamente la memoria histórica de la heroína cundinamarquesa Policarpa Salavarrieta", agregó la gerente del Idecut.


La celebración del bicentenario es la ocasión perfecta para avivar y afianzar la identidad de los cundinamarqueses. "El objetivo es que se visibilice, recuerde y reconozca a Cundinamarca como el epicentro de la memoria histórica, que se constituye como un componente fundamental de la nacionalidad", concluyó la funcionaria.