miércoles, 22 de marzo de 2017

Nosotros: denunciando la corrupción; otros: fomentándola, disimulándola y encubriéndola. BVBA, ¿Otro odebrecht más grande?.


POR. JAIME ARAUJO RENTERIA

Hace pocos días, un canal de televisión, reseñaba, apartes del interrogatorio que sobre la ruta del sol y Odebrecht (que ya olía ha podrido), formule al señor Tomás Uribe Moreno, el día 22 de agosto del 2011, delante del Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez, sin que este último lo conminara a responderme, cuál era su interés en la reunión con Odebrecht y ¿si era cierto, que él, era la persona que había concertado e invitado a la reunión celebrada en Panamá, sobre la ruta del sol, entre Odebrecht, Miguel Nule, Tomás Uribe y un amigo de este último?. No sobra recordar, que el procurador, no conminó a Tomás Uribe, a que me respondiera, ni le preguntó sobre odebrecht, ni sobre ningún otro tema.
Lo que el canal de televisión no reseñó, fue que Tomás Uribe ya había sido citado con anterioridad y no había comparecido y que inmediatamente tomó la palabra, manifestó que yo lo citaba, porque era enemigo de su padre. Afirmación que rechacé porque no era cierta. Mi conducta, siempre fue la misma: cuando el gobierno y el Presidente respetaban la constitución, les daba la razón; cuando la violaban, jamás les di la razón; pues ese es el rol institucional del guardián de la constitución: ser honesto, imparcial e independiente. Independencia que el gobierno del presidente Uribe, siempre me cobró muy caro, muchas veces y de distintas maneras y para no hacer una larga lista, me basta con señalar 2 a título de ejemplo, la denominada operación Amazonas de junio de 2005, que denunció entre otros, Juan Gossain, y donde quedaba claro que yo fui el objetivo de esa operación, que no era sólo espionaje e interceptación, sino que implicaba además sabotaje, desinformación y difamación, utilizando todos los medios de comunicación incluidos el Internet, Chats y páginas web que se montaban en Colombia y en el exterior; columnas de periodistas de prestigiosos periódicos nacionales desinformando por no decir que calumniándonos; Guerra jurídica en mi contra; etc. Además de la operación Amazonas, el gobierno Uribe, montó otras del mismo corte mafioso como fueron las operaciones Trasmilenio, Bahía, Arauca; Europa, etcétera etc., donde quedaba claro que el gobierno nacional de derecha, no aceptaba que la oposición existiera y mucho menos que les hubiera quitado el segundo cargo nacional, la alcaldía de Bogotá. La otra fue el acta reservada, que el DAS entregó al presidente Uribe y que aparece, en el libro intitulado: "cruzadas. Ocho años de espionaje y barbarie" de Julián F. Martínez, páginas 41 y 42, se señalan, algunos de los actos que el gobierno Uribe, realizó contra mi persona: "detectives del organismo realizaron un acta "reservada" el 12 de agosto de 2005 en el que dejaron consignadas las posturas de los magistrados de la corte constitucional frente a la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Uribe. En el cuadro se determina la posición ideológica de cada miembro, que en ese entonces, eran más quienes se oponían en la Corte, que los que estaban de acuerdo, con declarar exequible un segundo gobierno de Álvaro Uribe. El folio fue marcado por el G-3 con la evidencia manuscrita "Presidente" y fue realizado después de un trabajo de inteligencia a los magistrados de la Corte Constitucional. Así la Presidencia la República utilizaba el organismo de inteligencia estatal con fines políticos.”.
De similar visión del mundo, también violador de la constitución, y cercano al nazi fascismo, era también el procurador Ordóñez Maldonado, a quien me tocó enfrentar, primero como presidente del Consejo de Estado, pues se oponía a que los ciudadanos defendieran sus derechos por vía de la tutela y después como Procurador General de la Nación, lo denuncie públicamente y en su presencia como violador de los derechos de las mujeres, de los indígenas, de los afro descendientes, de quienes tienen preferencias sexuales distintas a la suya, etc. Y lo desenmascare en su alianza y pacto con los corruptos, y como enemigo de los sectores democráticos. Por denunciar su corrupción públicamente y en su presencia, fui objeto de su persecución; como ya lo había sido por denunciar las ilegalidades y violaciones del gobierno Uribe. Tanto el procurador como Uribe, entre otras cosas tienen en común que se hicieron reelegir por medio de la corrupción, como lo comprobaron la Corte Suprema de Justicia en el segundo caso y el Consejo de Estado en el primero.
EL BANCO BBVA ¿OTRO ODEBRECHT MAS GRANDE?. 2010: CASOS PARTIDO VERDE, LIBERAL, CONSERVADOR Y DE LA U (¿Mockus, Pardo, Ramírez y Santos?
El día 29 marzo del 2011, acudí a la asamblea general de accionistas, de la filial en Colombia, del banco extranjero, español, denominado banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), después de haber cumplido con mi deber de revisar los libros y papeles correspondientes al ejercicio del año 2010. En esa asamblea, en presencia de los directivos del banco, de los accionistas que concurrieron y de las autoridades que hicieron presencia, formule denuncia y pedí que se sancionara a ese banco extranjero, por haber violado la constitución y la ley de Colombia, al financiar a cuatro partidos políticos colombianos que tenían cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los partidos eran: el partido verde, que tenía como candidato a Antanas Mockus; el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo; el Partido Conservador por conducto de su fondo nacional económico; que tenía como candidata a Martha Lucía Ramírez; y el partido de la unidad nacional que tenía como candidato a Juan Manuel Santos.
Pasados varios días, sin obtener una respuesta oficial, a mi primera petición, formule una nueva denuncia y solicitud de sanción al superintendente financiero de Colombia doctor Gerardo Hernández Correa, donde señalo los hechos violadores, las normas jurídicas violadas y las sanciones que solicito. El superintendente, no solo violó mi derecho de petición, al no darme respuesta oportuna, a mis denuncias radicadas en esa superintendencia con los números 2011030157-000 y 2011030299-000; sino que ocho meses más tarde, por fuera de los términos, el 22 de noviembre de 2011 me informa que va iniciar una actuación administrativa. Hasta el día de hoy no he recibido una respuesta a mi denuncia; en cambio, el negligente superintendente, fue premiado y ascendido a codirector de la junta directiva del banco de la República.
Veamos algunos apartes de mis denuncias:
“Primero. -En ejercicio del poder que me fue conferido, procedí a revisar los libros y papeles a disposición de los accionistas. En la página número 398 (de 630) correspondiente a las donaciones hechas durante el ejercicio social, me encontré con que se habían hecho cuatro donaciones  a partidos políticos, durante la campaña presidencial del año 2010 así: Partido Liberal 125 millones de pesos, partido verde 125 millones de pesos, partido social de unidad nacional 125 millones de pesos; “Fondo Nacional Económico del partido cons.” 125 millones de pesos, para un gran total de 500 millones de pesos.
Segundo.-- La ley colombiana tiene establecidos, que las campañas presidenciales comienzan cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial. La primera vuelta presidencial se realizó el día 30 mayo 2010; en consecuencia la campaña presidencial se inició el 30 enero del mismo año. La autorización de la junta directiva del banco del banco BBVA, se produjo por unanimidad el día 27 abril del año 2010, según costa en el acta de la junta directiva número 1545 de esa fecha; estando en plena campaña presidencial. Esta autorización fue concedida con el voto del Presidente Dr. Carlos Caballero Argaez; del Presidente Ejecutivo Dr. Oscar Cabrera Izquierdo; del Secretario Dr. Ulises Canosa Suarez; y consta en el acta que intervinieron y decidieron este punto votando favorablemente Juan Maria Arrien Colominas y José Domingo Omaetxebarria Gainza.”
No sobra recordar, que el presidente de la junta, que autorizó a la persona jurídica extranjera banco BBVA, a financiar a cuatro partidos políticos, violando la constitución, es la misma persona que aparece en los Panamá Paper, con bienes en el exterior no declarados ante la Dian.
“Quinta.-- Existe una diferencia fundamental entre las personas físicas y las personas jurídicas, mientras las primeras todo lo pueden y su capacidad se presume, de modo que pueden realizar todos los actos o todos los contratos para los que no exista prohibición expresa; las personas jurídicas, sólo pueden realizar los actos o los contratos que estén dentro de su objeto social, de modo que para lo que no esté dentro de su objeto social, no tienen capacidad, no pueden realizarlo y les está implícitamente prohibido. En ninguna parte del objeto social del banco BBVA, está la autorización expresa para financiar campañas electorales de candidatos o partidos durante los debates electorales. Tampoco es necesaria, la financiación de campañas de partidos o candidatos para poder realizar su objeto social; es claro que el banco puede realizar su actividad financiera sin tener que participar en campañas electorales, financiar candidatos o campañas de partidos.
No sobra recordar, que los derechos políticos de elegir y ser elegidos, se reservan a las personas naturales, así como el de constituir partidos o movimientos políticos o formar parte de ellos (art. 40 Constitución política Colombiana), las personas jurídicas no son titulares de estos derechos.
Sexta.-- Lo más grave es que el banco sabía que estas prohibiciones existían y sin embargo a ciencia y paciencia procedió a violar la constitución la ley y la jurisprudencia de la corte constitucional, para lo cual acudió a una especie de fraude a la ley, que consistía en financiar las campañas, por conducto de los partidos que estaban en campaña política; sin embargo se les olvidó que esto tampoco podía hacerse.”
“Octavo.-- Como los estados financieros que hoy se presentan violan la ley, no pueden ser aprobados; las deducciones de impuestos, producto de esas donaciones, tampoco son válidas y en consecuencias ni la superintendencia financiera ni la dirección de impuestos nacionales pueden aceptarlas. Los responsables de ese acto presuntamente violatorio de la ley deben responder con su patrimonio propio, debe reintegrar la suma de 500 millones a los accionistas para que aumente su dividendo. La superintendencia financiera, debe hacer uso de todas sus facultades legales, para sancionar a los responsables, incluidas las sanciones más fuertes como la remoción de todos los que participaron en este acto. Si además existen sanciones de otra naturaleza, esto es por ejemplo penales, debe dar aviso a las autoridades competentes, esto es la Fiscalía General de la nación, con el fin de que investigue estos hechos para que establezca, si con ellos u otros hechos, se han violado la constitución y las leyes de Colombia.”
Más adelante dije:
“Además de los hechos y argumentos arriba señalados, que como ya informe fueron denunciados por mí ante la asamblea de accionistas del banco, me valgo de la ocasión para adicionar mi petición con otros:
Noveno.-La norma jurídica que hay que tener en cuenta para verificar la violación del régimen constitucional colombiano es el artículo 109 de la constitución, modificado por el acto legislativo 1 de 2009, articulo 3, en la parte pertinente, que es y era la norma vigente y por lo mismo violada, al momento que se hizo la donación ilegal por parte de la junta directiva del banco BBVA
Acto legislativo 1 de 2009
Artículo 3°. El artículo 109 de la Constitución Política quedará así:
El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.”.
Más adelante dije:
Si se observa bien el acta  del día 27 abril del año 2010, de la junta directiva número 1545 de esa fecha; que fue donde se autorizo la violación de la constitución, se observará que el subconsciente traicionó a los miembros de la junta directiva del banco BBVA, pues el numeral 5 comienza diciendo textualmente “5) En estas condiciones puede concluirse que es ILICITO hacer aportes a los partidos políticos para propósitos distintos a las campañas presidenciales…’
A pesar de conocer la ilicitud hicieron la donación prohibida por la constitución de Colombia. Esto hace su conducta mucho más reprochable.”
SINTESIS
Mientras nosotros denunciamos la corrupción, otros la fomentan, disimulan y encubren. Denunciamos la de Odebrecht, en el interrogatorio que le hicimos a Tomas Uribe Moreno, el 22 de agosto del 2011, delante del Procurador Ordoñez Maldonado, sin que este ultimo hiciera nada por investigarla. Como también habíamos denunciado, el 29 de marzo de 2011, la violación de la constitución que hizo otra persona jurídica, mucho más poderosa económicamente que Odebrecht, el banco extranjero español, BBVA, al financiar a cuatro partidos políticos colombianos que tenían cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los partidos eran: el partido verde, que tenía como candidato a Antanas Mockus; el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo; el Partido Conservador por conducto de su fondo nacional económico; que tenía como candidata a Martha Lucía Ramírez; y el partido de la unidad nacional que tenía como candidato a Juan Manuel Santos; sin que el superintendente, como el procurador, hiciera algo por sancionar a los responsables y mucho menos denunciar ante la fiscalía general de la nación, como se lo pedí; por su encubrimiento fue premiado con el premio mayor de miembro de la junta directiva del banco de la republica.
Parece, también, que a la luz de estos hechos, el perdón que Antanas Mockus, le da a Juan Manuel Santos, por la financiación ilegal que recibió Santos de la empresa persona jurídica extranjera Odebrecht, es más un auto perdón, por la financiación también ilegal que hizo la persona jurídica extranjera Banco BBVA, y que recibió la Campaña Mockus.
En nuestro último artículo decíamos:
“Hace algunos días, nos quedábamos de lo paradójico, que era el tránsito de la guerra a la paz en Colombia, del pasado al futuro, de lo deleznable y abominable a lo bueno y a lo correcto y dijimos: “Lo más paradójico de todo lo que ha sucedido hasta ahora, es que nos presentaban los acuerdos de La Habana, como el pasaporte hacia un futuro luminoso, transparente, promisorio, hacia la tierra prometida y el retorno al paraíso perdido. Todo lo abominable del pasado: comenzando por la corrupción, las mafias en la política, la inmoralidad social y administrativa; la putrefacción y la podredumbre en la política, quedarían atrás; la deshonestidad, la depravación y la perversión social, económica y política, serían cosa del pasado; para conocerlas, tendríamos que ir al museo de los vicios del ayer. Lo paradójico, es que a los usurpadores de la soberanía popular, se les ocurrió, que los sepultureros de ese pasado abominable, ignominioso, repugnante e indigno, debían ser precisamente quienes mejor encarnaban sus vicios, su inmoralidad: la clase política y dentro de ella, el escenario donde se magnifican sus imperfecciones, degeneración y depravación: el Congreso de la República (con contadas excepciones). ¡Que paradoja, que del reino de los vicios, fuimos transportados al reino de la virtud, precisamente por quienes encarnan y simbolizan esos vicios!.”.
La nueva paradoja, es que el rey de la mermelada, el presidente Santos, quien en vez de avergonzarse, por esta modalidad turbia de corrupción, descaradamente manifestaba su idea anti ética, de que seguiría ejecutando esa práctica, que la intensificaría, por lo que aumentaría el número de diabéticos en Colombia. Esta conducta maquiavélica, es otra forma velada, nublada y opaca de corrupción, la mermelada del gobierno, que corrompe a los políticos que a su vez han corrompido a sus electores y a una parte del pueblo colombiano: la mermelada del presidente santos, es la corrupción elevada a la N potencia, es corrupción de los corruptos.
¡Que paradoja, que el rey de la mermelada, sea ahora, el abanderado de la lucha contra la corrupción!.”
Hoy el Rey de la mermelada ha quedado al desnudo y ni la careta del nobel le sirve para presentarse como novel en temas de corrupción y cuando se mira al espejo, ya no ve su cara sino que encuentra una parecida: la de Uribe.

A los corruptos, muchos de los cuales tienen asiento en el gobierno y el congreso, que se apoderaron del proceso de paz y luego del tema de la corrupción, les recordamos que la sociedad civil está furiosa, indignada, que no a seguir permitiendo que los corruptos le arrebaten la soberanía y el poder constituyente; que sigan cometiendo Soberanicidio. Basta ya, solo el pueblo reunido en una constituyente popular, democrática y soberana, ratificada con posterioridad por ese mismo pueblo, por medio de un referéndum, puede diseñar las instituciones, que hagan cambios estructurales en la sociedad colombiana, incluida la verdadera lucha contra la corrupción. El fantasma de Emmanuel Sieyes, sigue presente, en este momento de crisis, que no ocasionó el pueblo, sino la corrupción de los gobiernos de Santos y de Uribe; el modelo económico, la falta de derechos, la pobreza, el olvido de la máxima kantiana de que la mejor política es la corrección; como dijera el abate Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente.

martes, 21 de marzo de 2017

Los laicistas radicales: "No Pasarán!"



En su calidad de Seretario General del Cabildo Interreligioso de Colombia, el rabino liberal Richard Gamboa Ben-Eleazar advirtió que el laicismo radical en Colombia apunta a imponer el Ateísmo de Estado bajo la fachada del estado laico, que él ha insistido en calificar de "falso e inconstitucional"
En su calidad de Seretario General del Cabildo Interreligioso de Colombia, el rabino liberal Richard Gamboa Ben-Eleazar advirtió que el laicismo radical en Colombia está imponiendo el Ateísmo de Estado bajo la fachada del estado laico, que él ha insistido en calificar de "falso e inconstitucional".
Las explosivas declaraciones del Manhíg de Shéguel se hicieron sentir el pasado jueves 16 de marzo de 2017 en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, en el marco del foro sobre "La Responsabilidad Social del Sector Religioso", convocado por el Representante a la Cámara David Rodríguez, y el director de la Red Nacional de Capellanes ASMIPAZ, Pastor Luis Eduardo Barbosa, evento al que asistieron decenas de líderes de diversas iglesias y confesiones religiosas.
Rab Gamboa advirtió que quienes defienden con fanatismo el estado laico, se niegan a reconocer el carácter teísta y aconfesional del Estado Colombiano que está en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en el artículo 2 de la Ley de Libertad Religiosa (Ley 133 de 1994). "Lo que buscan es secuestrarnos en nuestros propios templos y amordazarnos para que no denunciemos las injusticias sociales y las inmoralidades que se cometen en nuestro país", aseveró el máximo vocero del consejo interreligioso colombiano, ante las exigencias de que el Estado imponga a las iglesias y confesiones de fe un paquete de censuras y restricciones a la actividad de los líderes religiosos.
Gamboa dijo además que la acción educativa y social que adelantan las iglesias y confesiones religiosas peligra en Colombia si el laicismo radical persiste en imponer, desde la Corte Constiucional, la persecución contra la libertad religiosa mediante la dictadura absolutista del libre desarrollo de la personalidad en contraposición al sentir del Constituyente Primario, es decir, el Pueblo.
El clérigo judío liberal le envió a los laicistas radicales un desafiante mensaje: "NO PASARÁN! No dejaremos de proclamar la soberanía de Dios y la supremacía de los principios y valores éticos y morales en lo público, lo colectivo y lo individual".

El rabino Richard Gamboa se declaró "objetor de conciencia contra el estado laico" ante la sala plena de la Corte Constitucional en enero de 2016, y desde entonces ha venido socializando con la ciudadanía y las autoridades civiles de Colombia los fundamentos jurídicos, filosóficos, teológicos y sociológicos por los cuales hay que seguir protegiendo el carácter teísta y aconfesional de Colombia.

martes, 14 de marzo de 2017

Col - Entrevista al senador Alexander López sobre la Juridicción Especial para la Paz. Radio Nizkor

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo No. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

Clip aquí  para escuchar el audio.  http://www.radionizkor.org/colombia/

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.
En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.-, expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de re-victimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.
Las Fuerzas Militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.
Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...
El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.
Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.

lunes, 13 de marzo de 2017

Un 8 de marzo que retumbó en todo el mundo: internacionalista y combativo

Este 8 de marzo con enorme emoción y orgullo, tenemos que decir que las mujeres en el mundo cumplimos la tarea. Hemos retomado, y de qué manera, la tradición de lucha del día internacional de la mujer trabajadora.
Por el SI de la LIT-CI

Miles de mujeres y hombres, de oriente a occidente y de norte a sur del planeta,  tomamos las calles. Al grito de no más feminicidios; no más violencia contra la mujer;  abajo el machismo y la explotación, se sumaron todos los demás reclamos: derecho pleno y gratuito al aborto,  a trabajo igual salario igual, contra los planes de austeridad y los recortes a los derechos de las y los trabajadores, que en todos los países se están aplicando como parte de la guerra social impulsada por el imperialismo y sus gobiernos lacayos.

¡Huelga general ya! gritaban en Argentina en una Plaza de Mayo colmada hasta las calles adyacentes ¡Abajo la reforma a las pensiones, Fuera Temer!, replicaban en Brasil ¡Fuera Trump, fuera las bases imperialistas!, resonaba en Manila, Filipinas.

Movilizaciones gigantescas, en Madrid, Barcelona, Montevideo, São Paulo, México, Polonia y, por supuesto, en Buenos Aires. Concentraciones importantes en Portugal, Bélgica, Ucrania, Asunción, Santiago de Chile, y muchos otros países,  hasta pequeños mítines. Corte de rutas desde temprano como en Barcelona, paralización por algunas horas de limpiadoras y jardineras en Rivas-Vaciamadrid, paralización de turnos, asambleas y paralizaciones obreras en la zona fabril de São José dos Campos, paro docente estadual y municipal de São Paulo, paro de las madres comunitarias en Colombia,  paro de profesoras en New York,  paro de Alitalia desde las primeras horas de la mañana hasta las 21:00, paro de 24 horas del transporte público en Roma y la Toscana,  paro ferroviario, en Italia. En Argentina la lucha empezó el 6 con paros docentes, siguió el 7 con movilizaciones convocadas por las tres centrales obreras, y culminó el 8 con las movilizaciones y paralizaciones Con y Por la mujer, todas multitudinarias.

No pretendemos aquí hacer un balance profundo de la jornada. Pero sí expresar el sentimiento de alegría por la lucha, alegría por recuperar de nuevo esta fecha que nació ligada a la lucha de las obreras, de las trabajadoras explotadas y oprimidas por el capitalismo desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esa lucha histórica de la clase obrera que dio origen al 8 de marzo y al 1 de mayo, esa fecha que en 1917 dio inicio con un huelga de mujeres obreras en Petrogrado, en la Rusia zarista, a la revolución obrera más grande de la historia. Esa fecha que la burguesía mundial ha querido convertir en un día para regalar rosas y bombones, eliminando su carácter combativo y anticapitalista, su carácter de clase. Es motivo de enorme satisfacción que en países como EEUU que perdió la tradición de estas dos fechas, este 8 de marzo se expresó con movilizaciones, asambleas y actividades en distintos puntos del país, la garra de las trabajadoras para recuperar su historia;  no fueron tan espectaculares como las del 21 de enero, pero hacen parte del proceso, del renacer  de esas temidas palabras que hacen temblar de miedo a la burguesía imperialista: lucha de clases.

Este 8 de marzo fue distinto y queremos que lo siga siendo, que la lucha de las mujeres contra la enorme desigualdad social, porque son las primeras que la sienten, se siga desarrollando. Esa lucha que viene creciendo en todo el mundo junto con la lucha de los explotados, de los más oprimidos: las mujeres trabajadoras y campesinas pobres, las poblaciones marginales de las grandes urbes, los trabajadores inmigrantes, los negros, se unan en un solo haz. Porque tenemos un enemigo común, el imperialismo y los gobiernos burgueses que en todo el mundo nos quieren llevar a la barbarie. Este día mientras el mundo se levantaba contra la violencia hacia las mujeres, murieron en Guatemala víctimas de un incendio, 19 jóvenes y adolescentes de un centro de menores, cuando protestaban por los abusos sexuales y físicos que sufrían. Hechos como este alimentan nuestro coraje porque esta es la situación que viven a diario millones en el mundo y que este sistema capitalista reproduce sin cesar.

Desde la LIT-CI, queremos decir a todas las mujeres y hombres trabajadores que se movilizaron,  que tenemos gran orgullo, porque sin vacilar apoyamos el llamado al paro internacional y todas nuestras secciones en el mundo de manera unificada trabajamos incansablemente por hacer de este 8 de marzo un día memorable. Tenemos orgullo de haber contribuido para que el paro de la producción,  total o parcial en algunas empresas  fuera un hecho. Lo hicimos desde los sindicatos, exigiendo a las centrales sindicales que pararan, proponiendo que los sindicatos de mayoría femenina lo hicieran para marcar la pauta. Lo hicimos desde la madrugada a puerta de fábrica con mítines y asambleas y lo hicimos con nuestro llamado unitario  y nuestra participación en las marchas. Tenemos orgullo de ser una Internacional que está al lado de la mujer trabajadora, que hace parte de sus luchas y de las de la clase obrera y tenemos orgullo de llamarnos revolucionarios SOCIALISTAS, porque sabemos que este día no termina aquí, que tenemos una tarea enorme por delante, la tarea de todos los días de construir en cada lucha, en cada batalla, esos partidos obreros y la Internacional capaz de repetir una historia: la historia de la revolución obrera rusa de 1917  que liberó a la clase obrera de la explotación y a la mujer de la opresión.

¡Viva la lucha de la mujer trabajadora!


¡Viva la lucha de la clase obrera!

sábado, 11 de marzo de 2017

Al 30 de enero del 2017 / diecisiete (17) líderes sociales han sido asesinados desde refrendación del Acuerdo de Paz

 
Alan Jara,
Director de la Unidad para las Víctimas
Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, calificó de "masacre" los continuos asesinatos de personas interesadas en que prospere lo negociado entre Gobierno y Farc en La Habana.
  
En Colombia, 17 líderes sociales fueron asesinados en los últimos dos meses, cuando se aprobó el acuerdo de paz con las FARC que busca superar más de medio siglo de conflicto armado, según informó  el gobierno.

"Ya son 17 los líderes sociales asesinados desde el pasado 1 de diciembre, fecha en la que el Congreso de la República refrendó el Acuerdo de Paz", indicó la Unidad para las Víctimas en un comunicado.

"Estamos sumamente preocupados por la ocurrencia de estos hechos, porque la verdad es que están masacrando a los líderes sociales", dijo Alan Jara, director de esa entidad, citado en el texto.
 
Porfirio Jaramillo,
 asesinado el 28 de enero 2017 

La última víctima fue el líder de restitución de tierras Porfirio Jaramillo, asesinado el 28 de enero 2017 en el municipio de Turbo, departamento de Antioaquia, cuando cuatro hombres armados llegaron a su vivienda y se lo llevaron por la fuerza en una motocicleta.

La Policía halló el cadáver de Jaramillo, que reclamaba la devolución de un terreno ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el domingo 29 de enero de los corrientes en la madrugada en área rural de Turbo.

Jara instó a la fiscalía a priorizar las investigaciones de estos homicidios y pidió a las autoridades a que brinden a los líderes "medidas de protección pertinentes".

Las FARC han denunciado con insistencia los homicidios. El miedo de las FARC a que la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil genere violencia y muerte remite al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en 1984. 

Entonces, unos 3.000 miembros de ese movimiento político de influencia comunista, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
 

Las FARC, principal y más antigua del país, firmó en noviembre un acuerdo para terminar 52 años de conflagración, que fue refrendado por el Congreso tras el rechazo en octubre en un plebiscito al pacto original, lo que obligó a la renegociación de lo convenido luego de cuatro años de diálogos en Cuba.

Tanto las FARC como organizaciones sociales señalan a grupos paramilitares de extrema derecha como los responsables de los ataques, una versión desestimada por el gobierno, que atribuye esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha en 2006.


Según el movimiento izquierdista Marcha Patriótica, en lo que va de 2017 han sido asesinados 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos contabilizó 64 homicidios en 2016.

Mapeo de asesinatos de lideres en Colombia -2017- Observar, Analizar,Reflexionar y actuar



viernes, 10 de marzo de 2017

El Polo exige protección para Juan Yangana Palechor, gobernador del Resguardo Rio Blanco-Sotará

Juan Yangana Palechor,
Dirigente indígena del Polo Democratico
Nuestro dirigente Juan Yangana Palechor, delegado indígena al IV Congreso Nacional del PDA y gobernador del Resguardo Indígena Río Blanco-Soratá, en el departamento de Cauca, ha sido amenazado de muerte por desconocidos, junto al Vicegobernador Wilmer Narváez y al vigilante de la casa del cabildo.

Los criminales presionan para que se ponga fin a la investigación que busca esclarecer el asesinato del anterior gobernador Alexander Oime q.e.p.d. Este hecho constriñe el ejercicio democrático de construir y fortalecer las organizaciones poblacionales. El Polo Democrático Alternativo rechaza estas amenazas y le exige al gobierno nacional y las autoridades regionales garantías concretas para garantizar la vida de los dirigentes indígenas.


Juan Yangana es un hombre honesto, comprometido con las luchas reivindicativas de indígenas y campesinos y un hombre público de nuestro partido en el departamento de Cauca.

jueves, 9 de marzo de 2017

Se redujo en un 55 % el número de delitos en Cundinamarca

En desarrollo del tercer consejo de Seguridad de Cundinamarca las autoridades departamentales y de seguridad presentaron las cifras correspondientes al primer bimestre del año en relación con los delitos de mayor impacto en el departamento, así como los avances en las estrategias de reducción y control de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, territorios de paz, sistema integrado de video-vigilancia y unidades móviles para zonas de intervención.

En un balance positivo, el departamento presentó una significativa reducción del 55 % de los delitos comunes, con una diferencia de 1.216 casos menos con respecto al mismo periodo del año anterior.
En ocho de 12 delitos, los índices descendieron entre -12 y -100 puntos, encontrándose una mayor reducción en la extorsión (-83 %), el abigeato (- 89 %) y la piratería (- 100 %), seguidos de las lesiones (-82 %), el hurto al comercio (-12 %) y las lesiones por accidentes de tránsito (-14 %). Además, 97 municipios del departamento cuentan con cero homicidios.
A pesar de los esfuerzos, delitos como el hurto a residencias presentó un incremento del 19 % y aunque en todo el departamento el homicidio se redujo en 5 %, causa especial preocupación Soacha donde aumentó, pasando de 18 casos en 2016 a 32 en 2017.

“Hemos venido evaluando con las instituciones de seguridad y justicia del departamento cómo vienen dándose las cifras en materia delictiva, encontrando  importantes reducciones, lo que nos garantiza que durante estos primeros meses del año estamos haciendo las cosas bien, sin embargo vamos a hacer un plan integral más fuerte al que hemos venido desarrollando, de manera especial en Soacha, donde la tasa delictiva impacta muy fuerte las estadísticas del departamento”, explicó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Mediante un trabajo permanente en articulación con la Policía, el Ejército Nacional, la Fiscalía, unidades de investigación y otros organismos de seguridad, así como la cooperación ciudadana, se desarrollan acciones tendientes a garantiza la seguridad en el departamento, dando duros golpes a la delincuencia y en especial al microtráfico.
En cuanto a las cifras a marzo, comparando el 2017 con el año inmediatamente anterior, se redujeron las tasas de homicidio, pasando de 73 a 69 casos; 73 % en las lesiones personales, pasando de 1.499 a 407 casos y 73 % en delitos sexuales, con un reporte de 44 casos de los 164 reportados en 2016. 
Adicionalmente, la Policía departamental ha realizado 2.572 capturas, incautado 347 armas de fuego, 25.508 armas blancas y más de 525 kg de sustancias psicoactivas, además de recuperar 140 vehículos y 881 celulares.

El consejo de seguridad terminó con la presentación del contrato entre la Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Gobierno y el Fondeo de Desarrollo de Cundinamarca, Fondecuún, el cual permitirá gerenciar el sistema integral de vigilancia, que incluye alarmas comunitarias con botones de pánico, desarrollo de software para el observatorio de seguridad y convivencia del departamento, lo que garantizará el monitoreo permanente que permita la acción y respuesta inmediata de las autorizadas competentes, ampliando la cobertura a 33 municipios, con una inversión de más de $5.270 millones.


Adicionalmente, el Gobernador solicitó monitoreo sobre la percepción de seguridad de los cundinamarqueses, para orientar acciones que permitan seguir presentando resultados positivos en materia de seguridad.

Estudio revela las cuatro formas de violencia económica y patrimonial más frecuentes en mujeres


 La negación de la manutención o cuota alimentaria a la mujer, los hijos e hijas; negar a la mujer lo correspondiente a los bienes adquiridos durante la unión conyugal o marital de hecho (incluso ocultar bienes); desconocer el salario justo por el trabajo realizado y retener los documentos personales de identificación de la mujer como visas y pasaportes (en estratos altos), son las cuatro formas de violencia económica y patrimonial más frecuentes según la investigación “Violencia Económica y Patrimonial: Una aproximación a través de la atención en los municipios de Riohacha, Buenaventura y Distrito de Cartagena” liderada por Marcela Sánchez y presentada en el Foro Derechos Económicos de las Mujeres, Retos y Desafíos, organizado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, las Agencia de Cooperación Internacional de España y Korea, y la Universidad de La Salle.

Dentro de las grandes conclusiones hay una alerta a las comisarías de familia que, por desconocimiento de este tipo de violencia económica y patrimonial, pueden convertirse en entes permisivos, ya que generalmente concentran su atención en la violencia física y psicológica cerrando procesos en donde no hay garantías de los derechos de las víctimas, que en la mayoría de los casos son mujeres.



La investigación también revela que el acceso a la justicia es casi nulo con muy pocas denuncias alrededor del tema por ser un tipo de violencia desconocida para las víctimas, como para los funcionarios que deben atender las mismas. Una de las conclusiones afirma que la población no cuenta con la información suficiente frente a las rutas de atención y competencias gubernamentales, sumado a lo anterior es insuficiente la capacidad institucional para dar respuestas a las demandas frente a la problemática de las violencias contra las mujeres.

En Colombia según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el 51.6% de pobres en el país son mujeres, realidad que se complica si se tiene en cuenta que “las mujeres siguen teniendo peores indicadores que los hombres en aspectos como empleo, desempleo, subempleo; así mismo, las colombianas trabajan 10.8 horas más que los hombres (trabajo remunerado y no remunerado). Sin embargo, ganan en promedio 20% menos que los hombres cuando desempeñan la misma actividad. Las cifras demuestran la cruda realidad alrededor de la violencia económica y patrimonial para las mujeres, pero la atención aun es precaria ya que persisten practicas desde las entidades en donde re-victimizan y se convierten en barreras para una efectiva denuncia y restablecimiento de los derechos

Alcaldía Peñalosa inicia trabajos de mantenimiento en el Instituto Materno Infantil

La Alcaldía de Enrique Peñalosa inició los trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Instituto Materno Infantil en el centro de la ciudad.

Los trabajos iniciarán después de que el juzgado 37 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, ordenara a los ocupantes del complejo hospitalario que permanecen en el lugar permitir el desarrollo de las labores.
“Gracias al fallo podremos avanzar en los trabajos de saneamiento de las instalaciones del Instituto Materno Infantil. Arreglo de cubiertas, ascensor y fachadas serán algunas de las labores que se adelantarán”, señaló el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay.


AUDIO. Miguel Turbay Scretario de Gobieno 
Clip al Link  para oir el audio

https://drive.google.com/drive/my-drive



El juzgado recalcó que ellos no pueden impedir el desarrollo el proceso de remodelación que se viene adelantando en el complejo hospitalario y que beneficiará a más de 250 mujeres en estado de embarazo que asisten al lugar mensualmente.
Durante 2016 la Alcaldía de Bogotá intentó en varias oportunidades concertar con los ocupantes para adelantar las obras, pero se negaron a conversar e incluso aseguraron que no permitirían la ejecución de los trabajos.
Materno Infantil en el centro de la ciudad.
El mantenimiento de este lugar es vital para la atención de las pacientes, ya que varias zonas del instituto que habían sido clausuradas, así como los equipos que permanecen allí, presentan daños en su estructura, producto del paso del tiempo.
“Los trabajos pueden iniciar ya que después de un arduo trabajo de saneamiento predial de más de un año, se logró obtener la titularidad del complejo hospitalario para su desarrollo y el fallo del juzgado permite adelantar las obras necesarias para el mejoramiento de los servicios de salud”, afirmó Eduardo Aguirre Monroy, gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
La Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, con personal femenino de la Policía, la Personería de Bogotá y gestores de convivencia acudieron al lugar para socializar la decisión del juzgado con los ocupantes y poder iniciar las labores.

Para adelantar este trabajo sin inconvenientes la Secretaría de Gobierno hará un monitoreo permanente a las obras que estarán listas en dos meses aproximadamente.

El Escalofriante Dossier de Alvaro Uribe Velez

Clip en el Link para conocer el Dossier elaborado por: Santiago Romero.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite_la37.htm

Pa ra no olvidar lideres politicos comprometidos en casos de corrupción el caso de la Hacienda Carimagua es un predio en Colombia, en la población de Puerto Gaitán (departamento del Meta).


La Hacienda fue adjudicada a desplazados por la violencia generada por el conflicto armado colombiano, pero tras cuatro años, el 11 de febrero de 2008, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intento cambiar la adjudicación y dársela a inversionistas privados alegando que darían mejor uso a la tierra y eso representaría mayores dividendos para el estado y a su vez a los desplazados.  Los inversionistas privados pretendían cultivar Palma africana para el desarrollo de biocombustibles.
Carimagua inicialmente fue una hacienda modelo desarrollada por Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para estudiar y mejorar las técnicas de sembradíos y el impacto en el medio ambiente.

La hacienda está localizada en un humedal tipo sabana de aproximadamente 6 mil hectáreas donde nace el río Tomo (600 km de long.). El río Tomo vierte hacia el oriente, desembocando en el río Orinoco. El predio también contiene la laguna de Carimagua, que posee una diversa población de peces, anfibios y mamíferos. Carimagua además mantiene 6 mil hectáreas de bosques que bordean los caños Carimagua, Cararabo y el río Muco.




Para el año 1987, y según un estudio de la Universidad de Antioquia, el Centro de Investigación mantenía estudios exitosos sobre ganadería y agricultura pero que estaban enfocados para terrenos de aproximadamente 300 hectáreas, catalogadas Unidad familiar, pero que beneficiarían más a empresas productoras. Durante este año grupos armados irrumpieron en Carimagua y robaron recursos asignados al programa, además de asesinar empleados.
La adjudicación produjo un escándalo político en Colombia ya que un grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Incoder que incluyó al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, estaban involucrados.
Arias explicó que decidió cambiar la destinación de los beneficiarios de las 17.000 hectáreas de tierras de la hacienda Carimagua adjudicadas cuatro años atrás por el ICA al Incoder para la reubicación de desplazados por el conflicto armado colombiano. El terreno en cambio iba a ser cedido en concesión por 50 años a inversionistas privados.
El Ministro dijo inicialmente que el predio estaba muy alejado de cualquier casco urbano, sin servicios públicos ni infraestructura que permita a los desplazados desarrollar proyectos productivos. Contradictorio con lo que alegaban miembros del partido Liberal y el Polo Democrático, ya que el predio se encontraba contiguo al río Meta, uno de los principales recursos hídricos de Colombia y cerca al municipio de Orocué, que mantiene una infraestructura en transporte apta para comunicarse con el resto del país, como el aeropuerto y la carretera que lo une con Yopal, departamento del Casanare.

El entonces ministro Arias alego que en "manos privadas el predio generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados... ...es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio, porque no son tierras fértiles, solo caben 80 familias" y "con darle 11 hectáreas a una familia no se hace nada".

Para no olvidar. líderes políticos comprometido en actos de corrupción en Colombia

En octubre de 2009, la revista Cambio de Colombia, denunció que el programa AGRO INGRESO SEGURO había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes, prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la ex señorita Colombia Valerie Domínguez, su novio, su cuñada y sus suegros.

Se conoció que una vasta cantidad de tierras que recibieron los subsidios de AIS pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de Valerie Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario). Solo la familia Dávila Jimeno sumó subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de "riego y drenaje". Según un consultor que conoce el programa, "lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito". Al verse envuelta en la polémica por ser figura pública, Valerie Domínguez renunció al subsidio.

Entre las otras prestantes familias beneficiadas por los subsidios, están los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200.000.000 por el mismo concepto.

El gobierno ordenó la devolución de los dineros, sólo luego de que se desatara el escándalo y ante las evidentes "argucias" que habían utilizado para apoderarse de más subsidios, como el caso de la familia Dávila Jimeno. Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda de Colombia, también ha cuestionado la equidad del programa del gobierno de Uribe para el campo y argumenta que está en contravía de las investigaciones de la reciente premio nóbel de Economía Elinor Ostrom.

Andres Felipe Arias condenado por la justicia colombiana a
 17 años y 4 meses de prisión por peculado a favor de terceros
 en compañía de su jefe el actual Senador de La República de Colombia
 Alvaro Uribe Velez

Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura del gobierno de Alvaro Uribe y precandidato del Partido Conservador Colombiano, ha respondido ante todos estos cuestionamientos argumentando que los beneficiarios del programa AIS eran gente honesta, sin problemas con la justicia y que era falso que la mayoría de beneficiados fueron aportantes a la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez.


 Sin embargo, el periodista Daniel Coronell, y un artículo del diario El Espectador1 refutaron dichas afirmaciones.

Durante la segunda semana del mes de noviembre de 2009 el congreso de la república citó al Ministro de Agricultura para realizarle una moción de censura, la cual finalmente no prosperó.

El 12 de octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Arias y contra el ex ministro Andrés Fernández, por "haber incurrido en falta gravísima al no haber adoptado medidas para evitar que esos dineros públicos fueran entregados a personas que, en realidad, no correspondía.". El 19 de julio de 2011 la Procuraduría encontró culpable a Arias, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ejercer cargos públicos.

El 3 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros por lo cual el 17 de julio lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión.



Actualmente y luego de estar prófugo de la justicia, fue capturado por la Policía migratoria de Estados Unidos, donde se le procesa y estudia la viabilidad o no de extradición.