En octubre de 2009, la revista
Cambio de Colombia, denunció que el programa AGRO INGRESO SEGURO había entregado millonarios
subsidios a narcotraficantes, prestantes familias del Magdalena y del Valle del
Cauca, entre ellas la ex señorita Colombia Valerie Domínguez, su novio, su
cuñada y sus suegros.
Se conoció que una vasta cantidad de tierras que recibieron los subsidios de AIS pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de Valerie Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario). Solo la familia Dávila Jimeno sumó subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de "riego y drenaje". Según un consultor que conoce el programa, "lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito". Al verse envuelta en la polémica por ser figura pública, Valerie Domínguez renunció al subsidio.
Se conoció que una vasta cantidad de tierras que recibieron los subsidios de AIS pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de Valerie Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario). Solo la familia Dávila Jimeno sumó subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de "riego y drenaje". Según un consultor que conoce el programa, "lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito". Al verse envuelta en la polémica por ser figura pública, Valerie Domínguez renunció al subsidio.
Entre las otras prestantes
familias beneficiadas por los subsidios, están los Vives Lacoture, Lacoture
Dangond y Lacoture Pinedo, todas familias de amplia trayectoria política en el
Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima
del ex ministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200.000.000
por el mismo concepto.
El gobierno ordenó la devolución
de los dineros, sólo luego de que se desatara el escándalo y ante las evidentes
"argucias" que habían utilizado para apoderarse de más subsidios,
como el caso de la familia Dávila Jimeno. Rudolf Hommes, ex ministro de
Hacienda de Colombia, también ha cuestionado la equidad del programa del
gobierno de Uribe para el campo y argumenta que está en contravía de las
investigaciones de la reciente premio nóbel de Economía Elinor Ostrom.
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| Andres Felipe Arias condenado por la justicia colombiana a 17 años y 4 meses de prisión por peculado a favor de terceros en compañía de su jefe el actual Senador de La República de Colombia Alvaro Uribe Velez |
Sin embargo, el periodista Daniel
Coronell, y un artículo del diario El Espectador1 refutaron dichas
afirmaciones.
Durante la segunda semana del mes de noviembre de 2009 el congreso de la república citó al Ministro de Agricultura para realizarle una moción de censura, la cual finalmente no prosperó.
Durante la segunda semana del mes de noviembre de 2009 el congreso de la república citó al Ministro de Agricultura para realizarle una moción de censura, la cual finalmente no prosperó.
El 12 de octubre de 2010, la
Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra Andrés
Felipe Arias y contra el ex ministro Andrés Fernández, por "haber
incurrido en falta gravísima al no haber adoptado medidas para evitar que esos
dineros públicos fueran entregados a personas que, en realidad, no
correspondía.". El 19 de julio de 2011 la Procuraduría encontró culpable a
Arias, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ejercer cargos públicos.
El 3 de julio de 2014 la Corte
Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de
contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de
terceros por lo cual el 17 de julio lo condenó a 17 años y 4 meses de
prisión.
Actualmente y luego de estar prófugo de la
justicia, fue capturado por la Policía migratoria de Estados Unidos, donde se
le procesa y estudia la viabilidad o no de extradición.
