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lunes, 2 de junio de 2025

Propuesta para Reducir el Salario de los Congresistas en Colombia

Derogatoria del Decreto 2170 de 2013

Por. Editson Romero Angulo

Productor de Contenidos Informativos

En Colombia, el salario de los congresistas, que en 2025 alcanzará aproximadamente $52 millones mensuales, se ha convertido en un símbolo de privilegio excesivo en un país marcado por la desigualdad. Una parte significativa de este salario proviene de una "prima especial de servicios" establecida por el Decreto 2170 de 2013, que representa cerca de $17 millones mensuales por parlamentario. Esta propuesta argumenta que la derogación del decreto es legalmente viable y éticamente urgente. Se analiza el contenido y origen del decreto, y se explica cómo el presidente Gustavo Petro puede eliminarlo sin necesidad de reforma constitucional.


El  Congreso Desigualdad y Desconexión 


La desigualdad socioeconómica en Colombia es una de las más altas de América Latina. En este contexto, el salario de los congresistas —que para 2025 superará los $52 millones mensuales— genera una profunda desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Esta suma incluye una prima especial de servicios establecida en 2013 mediante el Decreto 2170. Derogar esta norma se presenta como una solución concreta para reducir los ingresos excesivos de los legisladores y avanzar hacia una política pública más equitativa y responsable.

El Decreto 2170 de 2013: Origen y Efectos


El Decreto 2170 fue expedido por el presidente Juan Manuel Santos en 2013 tras la decisión del Consejo de Estado que anuló las primas de salud y localización de los congresistas. Para compensar esta pérdida, el gobierno creó una "prima especial de servicios", inicialmente fijada en $7.898.445 mensuales. Desde entonces, esta prima ha sido reajustada anualmente y, en 2025, representa aproximadamente $17 millones mensuales por parlamentario, contribuyendo significativamente al alto costo de la nómina congresional.

Posibilidad Legal de Derogación

El Decreto 2170 de 2013 es un acto administrativo de carácter reglamentario, no una ley ni una norma constitucional. Por tanto, el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, puede derogarlo mediante otro decreto, en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Esto no requiere la aprobación del Congreso ni una reforma constitucional, sino voluntad política respaldada por argumentos técnicos y financieros.

Impacto Social y Político de la Derogación


Derogar el Decreto 2170 implicaría reducir el salario mensual de los congresistas en cerca del 30%. Esta medida tendría los siguientes efectos:

  • Éticos y simbólicos: Enviaría un mensaje claro de compromiso con la austeridad, reduciendo los privilegios de una élite política percibida como desconectada de la ciudadanía.
  • Fiscales: Liberaría recursos públicos que podrían ser reasignados a sectores prioritarios como educación, salud o infraestructura.
  • Políticos: Fortalecería la legitimidad del Ejecutivo ante una ciudadanía que reclama equidad y justicia social.

Resistencia y Consideraciones Jurídicas


Aunque legalmente viable, la derogación puede enfrentar resistencia política y jurídica. Los congresistas podrían presentar demandas alegando derechos adquiridos. Por ello, es necesario que la medida esté acompañada de un concepto jurídico sólido, y de un estudio técnico que respalde su pertinencia y sostenibilidad fiscal.

Conclusión

La derogación del Decreto 2170 de 2013 es una medida urgente y legalmente posible para reducir el salario de los congresistas y responder a las demandas ciudadanas de equidad y austeridad. No requiere reforma constitucional ni legislativa, únicamente decisión del poder ejecutivo. En un país donde millones viven con menos de un salario mínimo, es inaceptable que un congresista gane más de $50 millones mensuales. Es tiempo de cerrar la brecha entre la clase política y la realidad del país.

Glosario

  • Prima especial de servicios: Bonificación mensual creada en 2013 para compensar a los congresistas por la eliminación de otras primas.
  • Decreto reglamentario: Norma expedida por el poder ejecutivo para regular asuntos de su competencia administrativa.
  • Consejo de Estado: Máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.
  • Gasto público: Recursos financieros utilizados por el Estado para cumplir sus funciones sociales y administrativas.

Bibliografía

  • Consejo de Estado. (2013). Sentencia sobre nulidad de primas de localización y salud. Bogotá: Consejo de Estado.
  • Congreso de la República. (2023). Presupuesto General de la Nación. Bogotá: Imprenta Nacional.
  • Departamento Nacional de Planeación. (2022). Informe sobre gasto público y equidad social. DNP.
  • Ocampo, J. A. (2021). Política fiscal y desarrollo. Bogotá: Universidad de los Andes.
  • Presidencia de la República. (2013). Decreto 2170 de 2013. Diario Oficial No. 48.905.

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