El nuevo proyecto de acto legislativo que deroga el artículo 4 del acto legislativo 01 de 2016, para la implementación del acuerdo final de paz, pasa a segundo debate en sesión plenaria.

El nuevo proyecto de acto legislativo que deroga el artículo 4 del acto legislativo 01 de 2016,

 para la implementación del acuerdo final de paz, pasa a segundo debate en sesión plenaria.

Tras una larga discusión que se prolongó por más de cuatro horas, la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

En el acto legislativo 01 de 2016, el artículo 4 exponía que la implementación de los acuerdos se pondría en marcha por un periodo de seis meses y podría ser prorrogado hasta por seis meses más.

En la discusión del nuevo proyecto de acto legislativo el senador Horacio Serpa, como ponente de la iniciativa, explicó la necesidad de garantizar que los acuerdos se sigan cumpliendo tras el cambio de Gobierno el próximo año, por lo que era necesario avanzar con esta propuesta que a diferencia de la inicial plantea “el presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

Las opiniones estuvieron divididas a raíz de la radicación de una proposición del Centro Democrático que solicitaba no dar trámite a esta nueva propuesta bajo el argumento de que viola la constitución al no respetar la decisión de los colombianos demostrada en los resultados del plebiscito el pasado 2 de octubre.

"Estaríamos dispuestos a acatar que rija esta norma hasta el 7 de agosto, de ahí en adelante otras normas serán", aseguró el Senador José Obdulio Gaviria en una de sus intervenciones.

Por su parte, la senadora Claudia López dijo que “esto me parece una 'leguleyada', es increíble nuestro nivel de desconfianza que nos obligue a que tengamos que firmar un acto legislativo para que se garantice el cumplimiento de los acuerdos, sin embargo la alianza verde respalda este proyecto ya que enmienda un error y supera un 'orangután' que era más lesivo para los colombianos porque permite reiterar el compromiso de que los acuerdos son para cumplirlos”.

A segundo debate

Luego de someter la propuesta a votación el resultado fue de 11 votos a favor y 4 en contra, la Comisión Primera dio paso a un segundo debate en sesión plenaria donde el ponente será el Senador Horacio Serpa.

Al finalizar la jornada, tanto el Senador Serpa, como el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo celebraron el consenso.

“Vamos a segundo debate en la Plenaria de Senado con un proyecto de acto legislativo que es fruto de la renegociación del acuerdo de paz después del plebiscito. Antes del 2 de octubre se había definido que todo el acuerdo ingresaba al bloque de constitucionalidad, ahora lo que señalamos acá en materia de derechos humanos es que se va a tener como parámetro de interpretación el acuerdo de paz para garantizar que las normas que se tramiten en el Congreso estén acorde con el texto y espíritu del acuerdo de paz. Y esto se hace con un tiempo definido que es durante los próximos tres gobiernos que es cuando el Estado tendrá que cumplir su obligación de implementar los acuerdos de paz”, señaló el Ministro.

Por su parte, Serpa aseguró que “esta decisión es muy importante porque se trata de que los acuerdos no se vayan a cambiar de aquí a mañana, ratifico la importancia de blindar los acuerdos de paz. Además, se deroga un artículo donde los acuerdos se incorporarían a bloque de constitucionalidad y eso ya no va a ocurrir”.

MÁS ALLA DE LA HABANA. VERDADERAS ALTERNATIVAS

Por. Jaime Araujo Renteria

El Consejo por la constituyente, miembro de la sociedad civil, quien es a su vez titular de la soberanía y del poder constituyente, observa con interés los acontecimientos nacionales e internacionales que afectan al pueblo colombiano y su futuro económico, social y político; mira positivamente, la iniciación del diálogo para la cesación del conflicto armado con el ELN y espera que uno de sus primeros frutos sea el cese bilateral del fuego. Observamos con preocupación que a pesar de que los rebeldes han manifestado que, durante todo el proceso, se harán acompañar de la sociedad civil, el gobierno, al instalar la mesa de diálogo, ha manifestado, que no está obligado por lo que decida la sociedad civil, con lo cual confirma, una vez más, su profundo desprecio por los derechos del pueblo colombiano; y constituye un pésimo antecedente, para los otros derechos que se discutirán en esa mesa, comenzando por los de las víctimas a la justicia, a la reparación, a la verdad y a la no repetición. El Consejo por la constituyente, estará acompañando ese proceso, mediante observadores nacionales e internacionales, expresando sus opiniones con toda libertad y autonomía, haciendo sentir nuestra voz, para señalar nuestras coincidencias y nuestras divergencias. Lo que sea ampliación de derechos y libertades democráticas lo apoyaremos, y lo que signifique vulneración, retroceso o privación de derechos, lo rechazaremos.

A pesar, de la buena disposición de los rebeldes en Quito, para ampliar la democracia económica y política en Colombia, la actitud opuesta del gobierno colombiano, para restringirla cada vez más; privando al pueblo colombiano de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales, impide que la cesación de este otro conflicto armado, se convierta en la verdadera paz con justicia social; y, obliga a la sociedad civil a proyectar su accionar más allá de los acuerdos de La Habana y más allá de los acuerdos de Quito. La sociedad civil ve con preocupación la estrategia de la oligarquía colombiana, de continuar dividiendo al pueblo colombiano, entre dos bloques cuyas diferencias en realidad son adjetivas, pues están unidas en lo fundamental: la defensa del modelo económico, que defienden por igual santos, Uribe y que las FARC también acepto y que esperamos que el ELN no acepte; la guerra sistemática contra los derechos del pueblo, tanto durante el gobierno de Uribe, del que hizo parte Santos y durante su propio gobierno; en borrar la diferencia que existe entre el delito político y delito común. Ambos gobiernos, han utilizado todas las formas de corrupción: que van desde formas descarnadas, hasta formas veladas y por lo mismo más perversa de corrupción, pues estas últimas son más difícil de identificar y combatir. Las descarnadas de Gabriel García Morales, Andrés Felipe Arias (Uribito), Jorge Noguera, más fácil de identificar y combatir, que la turbia, nublada y opaca, de la mermelada del gobierno, que corrompe a los políticos que a su vez han corrompido a sus electores y a una parte del pueblo colombiano: la mermelada del presidente santos, es la corrupción de los corruptos. Ambos gobiernos, financiados por contratistas corruptos, como odebrech o por los grupos económicos, que financian a los políticos, para que adopten medidas que los favorecen contra los intereses del pueblo o que impidan las que le perjudican.

La sociedad civil, está obligada a presentar una verdadera alternativa, que barra de una vez por todas las lacras que la agobian y quienes las encarnan. El árbitro supremo de la democracia, el pueblo colombiano, tiene que dejar de lado a Uribe y a Santos e ir más allá del acuerdo de La Habana, y por la actitud del gobierno del que se pueda lograr en Quito, para conseguir los derechos que éstos no contemplan. Pues no cambian el modelo económico, sino que lo perpetúa; no defiende la soberanía nacional. No le da a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad a la justicia a la reparación ni la garantía de no repetición; no le da los colombianos la verdadera paz con justicia social ni la paz con la naturaleza, no está la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. Las Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial. Por culpa del gobierno, en los acuerdos de la Habana brillan por su ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos y en los de Quito, ya los empañó cuando manifestó que no está obligado por lo que decida la sociedad civil; faltan la Creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá del acuerdo de La Habana, y ahora de de Quito, a debatirlos, antes durante y después del debate electoral, por fuera de este, dentro de las organizaciones sociales, en los lugares de trabajo, en la calle la plaza pública y a plasmarlos en una asamblea constituyente. Ese diálogo, incluido el que hagamos como observadores del proceso de Quito, tiene que pasar por el diseño de las nuevas instituciones que den más derechos al pueblo colombiano, para que este, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. 

El programa 'Adopta un monumento' arranca con la plazoleta del Rosario

-          Gracias a un programa del alcalde Peñalosa, diferentes empresas y universidades adoptarán al menos 100 monumentos durante este año en toda la ciudad.

- En la plazoleta del Rosario habrá una siembra de flores naturales, con mensajes alusivos a la importancia de restaurar el espacio público.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa ya arrancó con el programa 'Adopta un monumento', que busca encontrarles 'padrinos' a diferentes puntos históricos bogotanos de aquí a finales del 2017.

La primera 'adoptada' será la plazoleta de la Universidad del Rosario, en pleno centro de Bogotá, que tuvo una llamativa intervención a finales del año pasado y que fue recibida con aplausos por la ciudadanía. Sin embargo, a lo largo de la historia, a ese lugar se le han hecho varias intervenciones, pero la mayoría de ellas terminaron en lo mismo: un par de días después de ser embellecida, todo el entorno volvía a llenarse de grafitis vandálicos.

Por eso, Mauricio Uribe, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), se alió con la Universidad del Rosario para que el centro educativo, los estudiantes y docentes se conviertan en los ‘papás’ de este lugar y eviten que sea degradado como ocurrió en el pasado.

“Una vez restaurado, el patrimonio no se protege con un policía. Es con conciencia ciudadana, con cultura ciudadana, lo importante aquí son las campañas de sensibilización, que todos entendamos que el patrimonio cultural es colectivo”, explicó Uribe.

 El futuro de la plazoleta es clave, y esa será la misión de la universidad. El primer paso será terminar con la limpieza de los grafitis, pero la Universidad el Rosario ya arrancó con la sensibilización a sus estudiantes a través de las plantas. Cada estudiante puede elegir una de las plantas que será sembrada alrededor, y poner en ella un deseo simbólico.

Iván Piñeros, jefe de Planeación y Gestión del Campus de la Universidad del Rosario, explicó: “Vamos a realizar varias actividades para que los muchachos se apropien de este espacio, pero también todas las personas que trabajan cerca o que pasan mucho tiempo al día en esta plazoleta. Una de ellas, por ejemplo, es que vamos a disponer de plantas, y que cada quien ponga en ella lo que quiere sembrar para el futuro en este espacio público”.

Noticiero Estelar 6 de febrero del 2017

Noticiero Nacional de la Televisión Cubana

Clip para ver el noticiero. https://www.youtube.com/watch?v=zPqBjE6r6RE

Tras 26 de años, el Gobierno radica proyecto de estatuto de la oposición

En la Secretaria General del Senado de la Republica se radicó el proyecto para la creación del estatuto de la oposición, una deuda histórica del Gobierno Nacional.

Como lo contempla el artículo 112 de la Constitución de 1991 se establece que para fortalecer la democracia se creará un estatuto de la oposición, con el fin de garantizar los derechos de partidos y movimientos que se declaren en oposición al Gobierno de turno.

El senador Senén Niño Avendaño, ha participado durante los ocho meses en la mesa de trabajo y seguirá uniendo esfuerzos para que el proyecto sea aprobado prontamente en el Congreso “Hubo necesidad de que pasaran 26 años para que el artículo 112 de la Constitución Política sea reglamentado mediante una ley estatutaria, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno y que tiene como objeto establecer la protección especial para el ejercicio de la oposición política, este proyecto de ley es el producto de un trabajo colectivo de todos los partidos; por el Polo Democrático Alternativo en la redacción del texto participamos el representante Alirio Uribe y yo”, aseguró.

Sobre la ausencia del Centro Democrático en esta labor, el senador Niño Avendaño afirmó “ellos no necesitan del estatuto de la oposición, para nosotros que somos oposición democrática que estamos por fuera del statu quo, indudablemente sí lo necesitamos”.

Durante los diálogos de La Habana el Gobierno y las Farc  acordaron que este estatuto se realizaría en consenso con los partidos y movimientos políticos, y para ello se conformó la comisión de los partidos; la cual se subdividió en tres subcomisiones: estatuto de la oposición, sistema electoral y sistemas de partidos.

El articulado que trabajó la subcomisión cuenta con 12 páginas y 31 artículos que según el Gobierno garantizarían un acceso más rápido y eficaz de la oposición a medios de comunicación,  un derecho de réplica inmediata y la financiación para estos partidos y movimientos.

Según el senador del Polo Democrático Alternativo, Senén Niño Avendaño “este estatuto de la oposición, fue redactado por representantes de los partidos políticos pensando en que el ejercicio de la política contribuya a la democratización, y no a los intereses particulares de ningún sector, ni actor político alguno”.

Derechos de la oposición política

· Financiación adicional para el ejercicio de la oposición.

· Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético.

· Acceso a la información y a la documentación oficial.

· Derecho de réplica.

· Participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular.

· Día de la oposición: en cada legislatura la oposición en comisiones y plenarias de Senado y Cámara de Representantes, tendrá en 5 ocasiones el derecho a fijar el orden del día.

· Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores.

· Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular.

· Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto.

Finalmente el Senador, rescató la importante labor cumplida por Joaquín Vives y Armando Novoa, integrantes del Consejo nacional Electoral, el primero como conductor – coordinador de la comisión y el segundo por sus aportes técnico jurídicos para la construcción del proyecto de ley.   

Senador Araújo rechaza que desde Bogotá se imponga marina para Cartagena

Luego de conocer que una de las marinas que se planea construir en Cartagena tiene permiso emitido por la Dirección Marítima desde Bogotá, el senador Fernando Araújo rechazó que este tipo de decisiones se impongan desde la capital del país, sin tener en cuenta los intereses de las comunidades involucradas.

El congresista le solicitó al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, no aceptar una imposición desde la capital del país. El burgomaestre, por su parte, aclaró que el Distrito no ha dado visto bueno para la construcción de la marina.

"Todo desarrollo y apuesta productiva se debe realizar con planificación y en armonía con las comunidades y el ordenamiento territorial. Eludir la apuesta por las marinas sería un grave error para la ciudad, sin embargo, construirlas sin concertar con las comunidades involucradas y sin conservar la armonía con la planeación territorial y marítima de Cartagena es igual de grave. Cada caso se debe mirar desde la óptica de sus realidades y no se puede imponer desde Bogotá", dijo el legislador.

En ese mismo sentido, explicó que para poder apostarle a la industria de marinas en la ciudad, se debe primero generar confianza en los inversionistas, en las comunidades y en la ciudadanía en general. "Un fracaso puede minar esa confianza y a la postre impedir el sano desarrollo náutico de Cartagena. La confianza se construye con reglas del juego claras, con método, con orden, con autoridades serias".

En las grandes ciudades no hemos sido aun suficientemente consientes del enorme paso que para la sociedad colombiana significa el tener a miles de insurgentes llegando a las zonas veredales transitoria

Quizá desde las grandes ciudades no hemos sido aun suficientemente consientes del enorme paso que para la sociedad colombiana significa el tener a miles de insurgentes llegando a las zonas veredales transitorias con el ánimo de dejar sus armas y de emprender el camino de la reincorporación a una sociedad que mucha veces los privó de medios y de alternativas para llevar una vida digna en el campo.

Es pertinente reconocer la voluntad política y ánimo de cumplimiento de la organización guerrillera, que de conformidad con los acuerdos suscritos, está movilizando a la guerrillerada a los sitios donde en las siguientes semanas, deberá avanzar con ellos el proceso de inclusión como ciudadanos en la vida social, económica y política del país. Estas marchas de hombres y mujeres cuya cotidianidad durante medio siglo era la guerra, nos alegra, y reafirma la esperanza de que seamos capaces de construir una historia donde las armas no sean herramientas políticas.

Mucho se ha dicho que este proceso de negociación para la terminación del conflicto armado interno es singular en muchos aspectos, y no podría ser de otra manera si queremos que sea sostenible y duradero. Queremos creer que estamos recogiendo las lecciones aprendidas de otros procesos y sobretodo de sus errores. Particularmente en la fase inicial de desmovilización, dejación de armas e incorporación a la sociedad tenemos experiencias fallidas que nos deben ser útiles.

Nos preocupa entonces que en los últimos días se señalen de manera recurrente los atrasos en el montaje y adecuación de las zonas de transición a la normalización, que pueden estar generando dudas entre la guerrillerada. Nos preocupa que no hayamos avanzado mucho en la difícil coordinación interinstitucional, que en esta fase exige cambios en las lógicas y procedimientos institucionales, tan poco acostumbrados a coordinar acciones y a poner el máximo de sus esfuerzos en tareas comunes y urgentes.

Sabemos que estos procesos están cruzados por dificultades de distinta índole pero tambien estamos convencidos que si existe una real voluntad política para superarlas, se podrá avanzar al ritmo y en las condiciones de complementariedad que se requiere.

De otro lado volvemos a insistir en la necesidad de comprometer a las entidades territoriales (gobernaciones y municipios) que no pueden reducirse solo a hacer el monitoreo. Su primer compromiso debe estar dirigido a impedir que se recicle la violencia en las regiones y a garantizar la presencia y acción institucional, en concurso con la nación.

Así mismo las organizaciones sociales y gremiales en los territorios, son actores claves para dar sostenibilidad al proceso de reincorporación de los centenares de hombres y mujeres que quieren tener una vida digna y en paz.

Proyecto dignificaría función de personerías

Por iniciativa del senador Edinson Delgado, Presidente de la Comisión Séptima del senado, se desarrolló en las instalaciones del Salón Boyacá el Foro por la dignidad de las personerías y el respeto a sus funcionarios, este contó con la participación de la Asociación Nacional de Empleados de las Personerías de Colombia en cabeza de Patricia Lozano, representantes del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y Personeros de todo el país.

El evento dio pie para que los representantes del ministerio público, como son los personeros, promovieran la necesidad de impulsar un proyecto de ley que les de independencia administrativa desde el punto de vista presupuestal.

La intervención del senador liberal recalcó que las personerías son la estructura democrática  de un país, "a partir de esta premisa es urgente viabilizar este proyecto de ley que en materia administrativa les da independencia con respecto a las alcaldías desde el punto de vista presupuestal, y de esta forma puedan ejercer  su rol de velar por los derechos de los ciudadanos y más ahora cuando estamos en una etapa de la implementación de los acuerdos de paz, el posconflicto, las víctimas, es ahí donde va a recaer gran parte del éxito de esta iniciativa, su funcionamiento, dotarlas de instrumentos de logística del aparato legal, para que el desarrollo de sus funciones sea efectivo".

En el mismo sentido aclaró la esencia del proyecto como tal, "la fortaleza presupuestal es para todas las categorías, esto  implica autonomía en la operación de sus funciones, reforzar la parte logística, formación permanente para actualizarse y definir el vínculo entre la personería y la procuraduría quienes van a trabajar de la mano en este proceso, yo creo que ahí radica la esencia de los temas que se expusieron hoy".

Entre los participantes se destacó la intervención de la personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar quien fue enfática en afirmar "nuestro problema es de presupuesto, esa es la realidad, no podemos seguir dependiendo de los alcaldes, hay que tener autonomía".

Con educación, la Beneficencia de Cundinamarca busca traspasar las barreras de la discapacidad

Un total de 11 mujeres adultas del Centro de Protección José Joaquín Vargas, a cargo de la Beneficencia de  Cundinamarca participan en el proceso de educación por ciclos en la Institución Educativa San Benito del municipio de Sibaté, en una jornada sabatina de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

El programa es liderado por el área de Educación Especial de este centro de protección, con el respaldo de los profesionales de Terapia Ocupacional, Psicología, Educación Física y Trabajo Social, quienes realizan el acompañamiento y brindan el apoyo necesario  que requieren para la ejecución normal de las clases.

Vale recordar que en 2016 culminaron satisfactoriamente sus estudios de Ciclo III correspondiente a los grados 6° y 7° de bachillerato, logrando que las 11 fueran promovidas a Ciclo IV, donde además recibieron mención de honor por su compromiso y desempeño durante todo el año, motivándolas a continuar con el proceso durante este 2017.

Asimismo, recibieron la certificación por participar en el programa TIC familia de la Fundación Telefónica.

Recordemos que este centro de protección atiende 450 mujeres en condición de discapacidad mental y cognitiva, procedentes de los 116 municipios del departamento y del Distrito Capital, quienes además de esta condición presentan otras situaciones como vulnerabilidad personal, familiar y social.

Para este grupo, la Beneficencia de Cundinamarca y el equipo humano que los atiende representan un apoyo fundamental para superar las barreras y obstáculos que les han impedido el pleno ejercicio de sus derechos humanos y el reconocimiento de su dignidad.

EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA, PRESENTA: “INFORME DE POLÍTICA MONETARIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”

GERENTE GENERAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
 JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA

En diciembre la inflación anual siguió descendiendo, pero su nivel y expectativas, así como las medidas de inflación básica, superan el rango-meta del 2 al 4%. En efecto, al final de 2016 la inflación anual se redujo por quinto mes consecutivo y se situó en 5,75%. La desaceleración del IPC de alimentos continuó, aunque en diciembre fue algo más lenta que lo esperado. Por su parte, los precios de los bienes y servicios más impactados por la fuerte depreciación nominal pasada continúan registrando incrementos más moderados.

Las medidas de inflación básica también se han desacelerado, aunque a un ritmo más lento que la inflación total. El promedio de estas medidas, que en 2016 alcanzó su mayor nivel en julio (6,61%), descendió y se situó en diciembre en 5,6%. Algunas de las medidas de expectativas de inflación aumentaron y todas superan el rango-meta del 2 al 4%: la de los analistas a un año se situó en 4,25%; las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años se incrementaron y se sitúan entre 3,8% y 4,8%.

Cabe esperar que los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta (El Niño y la depreciación nominal) que desviaron la inflación de la meta se sigan diluyendo. Lo anterior, junto con las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento, debería de conducir la inflación al rango meta en 2017.  

2. CRECIMIENTO

Las nuevas cifras de actividad económica para el cuarto trimestre de 2016 indican que el crecimiento económico habría sido bajo, aunque algo mayor que el registrado en el tercero. Con esto, el equipo técnico redujo la estimación de crecimiento más probable del producto para todo 2016, desde 2% a 1,8%, contenida en un rango entre 1,6% y 2%. Para el mismo año los nuevos datos de comercio exterior sugieren que el déficit en la cuenta corriente habría sido algo menor que el proyectado un trimestre atrás, y se habría situado entre 4,3% y 4,7% del PIB, con 4,5% como cifra más probable.

Para 2017 se espera una recuperación de la demanda externa y de los términos de intercambio del país, en un entorno de comercio mundial con alta incertidumbre. La dinámica de la demanda interna seguiría débil, aunque algo mejor que la registrada en 2016, debido principalmente al comportamiento de la inversión. Con esto, el equipo técnico del Banco proyecta un crecimiento entre 0,7% y 2,7%, con 2% como cifra más probable; este pronóstico se sitúa en la parte baja del rango proyectado por el mercado.

 

La desaceleración del producto y el menor desbalance externo en 2016, ha sido el reflejo del ajuste requerido en la economía colombiana debido al choque negativo al ingreso nacional que el país viene enfrentando desde mediados de 2014. La estrategia de inflación objetivo de mantener un aumento bajo y estable en los precios al consumidor, con expectativas de inflación ancladas en la meta, es un factor importante que propende por la sostenibilidad del crecimiento económico. Retornar a tasas mayores y sostenibles de crecimiento del PIB per cápita requiere reformas estructurales en la economía, que no solo dependen del Banco de la República sino del Gobierno y los empresarios.

3. BALANCE DE RIESGOS Y DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA

En síntesis, la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el déficit en la cuenta corriente sigue corrigiéndose. La dinámica del producto ha sido más débil que la proyectada, la inflación se ha desacelerado y los efectos de varios de los choques transitorios de oferta que han afectado la inflación y sus expectativas siguen revirtiéndose y es probable que esta tendencia continúe. No obstante, la reversión de la inflación subyacente ha sido más lenta que la total, y algunas expectativas de inflación aumentaron y todas superan el rango meta del 2 al 4%.

Ante este contexto macroeconómico, existe consenso en la Junta de que, partiendo de un nivel posiblemente contractivo, una tasa de interés de referencia menor podría contribuir a que el producto se sitúe en su tendencia de largo plazo. Sin embargo, la postura de la política monetaria, además de tener en cuenta la debilidad proyectada de la demanda agregada, debe garantizar que la inflación subyacente y las expectativas de aumentos de precios registren una reversión robusta hacia la meta. En este entorno y con la información y pronósticos disponibles, la Junta estima adecuada una senda decreciente de la tasa de interés de referencia. No obstante, la gran incertidumbre que rodea el contexto externo y la evolución futura de las expectativas de inflación y de la actividad económica, dificulta determinar la velocidad de dicha senda.   

Por lo anterior, al evaluar el incremento de las expectativas de inflación, la mayor incertidumbre global y el comportamiento de la demanda interna, la Junta Directiva consideró conveniente mantener inalterada la tasa de interés de referencia a la espera de nueva información.

Colombia paramilitares violan una niña en San José de Apartado mientras el ministro de defensa niega que existan paramilitares…

El lunes 23 de enero, cuando se encontraba dentro de la vivienda de su familia, una menor de edad fue violada por un grupo de paramilitares que llegó hasta la vereda La Hoz del corregimiento San José de Apartadó en el Urabá antioqueño. (Lea aquí: Temor en San José de Apartadó tras incursión de grupos posdesmovilización)

La denuncia fue hecha por la Comunidad de Paz que ha sido blanco de una serie de amenazas a sus líderes, tras denunciar de manera permanente la expansión del paramilitarismo en ese corregimiento y señalar la presunta connivencia de la fuerza pública.

Una de las amenazas tuvo lugar en la vereda La Esperanza, el domingo 22 de enero, cuando paramilitares llegaron hasta la vivienda del Reinaldo Areiza y, al no encontrarlo, anunciaron que admitirán ‘sapos’ en la zona.

También advirtieron que quien “no colabore con ellos o se va o se muere, que ellos son la autoridad en la región, pues, han recibido aval de la fuerza pública, con quienes ya están desarrollando proyectos conjuntos y lo harán por encima de quien sea”, denunció en un comunicado la Comunidad de Paz.

Ese domingo, en horas de la tarde, los paramilitares hicieron presencia en la vereda Mulatos Medio; a donde regresaron el viernes 27 de enero enseñando una lista de las personas que buscan para asesinar, y amenazando a Diana Guisao por tener familiares en la Comunidad. Posteriormente se dirigieron a la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra”. Allí, además de las intimidaciones, les tomaron fotografías a los pobladores.

El recorrido terminó el domingo 28 de enero cuando, según la denuncia, cinco paramilitares entraron a territorio de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, retuvieron a dos personas durante varios minutos y nuevamente amenazaron a la población.

Anunciaron reunión de comandantes paramilitares

En un tono más ‘amable’ y desmarcado de la violencia con que vienen intimidando a la Comunidad de Paz, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han convocado reuniones en diferentes veredas de San José de Apartadó para informar a la población que ahora ellos controlan el territorio.

“Han venido diciendo: no se preocupen, no vamos a hacerles nada, no los vamos a matar, pero acostúmbrense a que nosotros vamos a estar acá”, relató un habitante del corregimiento quien pidió proteger su identidad.

“Lo miedoso de esas reuniones ¬–manifiesta esta persona– es que los paramilitares vienen diciendo: les vamos a ayudar mucho, vamos a hacer como la guerrilla que los ayudaba tanto, parar arreglarles los colegios y trabajar con las Juntas de Acción Comunal. Eso es muy importante, que estén organizadas, eso es lo que queremos nosotros, apoyarlos, que la razón de nosotros son los campesinos y el bienestar”.

La situación es preocupante, advierte el poblador, “porque uno sabía que estaban en veredas como La Esperanza, Rodoxalí y otras, pero llegaron al punto de que se han desplegado por todas partes. En la noche han llegado incluso a pasar cerca de la base del Ejército en la cabecera del corregimiento San José de Apartadó y el Ejército no hace nada”.

Cuando llegan a las veredas, los paramilitares tocan en las casas de los líderes campesinos y presidentes de juntas de acción comunal, y les ordenan que reúnan a la comunidad. En Mulatos uno de los presidentes de junta se opuso, “entonces volvieron a la casa de él y le dijeron: eso que usted está haciendo, eso genera conflicto entre la población y  nosotros, entonces organícese y acostúmbrese que nosotros vamos a mandar o váyase de acá o aténgase”, relató el habitante de la región.

Una de las últimas reuniones se realizó hace una semana entre las veredas La Hoz y La Esperanza. Ese día las AGC anunciaron a los pobladores de la zona que próximamente convocarán una reunión más amplia en la que presentarán ante los campesinos a su comandante Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán.

De acuerdo con la información de la Comunidad de Paz, esta reunión de comandantes paramilitares podría tener lugar en la vereda La Esperanza.

Campesinos son asediados en otras regiones de Antioquia

Como lo advirtieron de antemano varios sectores sociales y políticos del país, si el Estado no actúa de manera efectiva controlando los territorios que dejaron las FARC, tras firmar el acuerdo de paz, serán los paramilitares quienes se apropiarían de éstos.

En Antioquia, aparte de lo que ocurre en Urabá, se ha denunciado la expansión del paramilitarismo en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños principalmente.

En esta última subregión, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), denunció que “desde el 26 de enero de 2017, un grupo con cerca de 15 paramilitares se encuentra patrullando el corredor del Rio Bagre y la vereda La Rebatiña cerca del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre”.

El grupo paramilitar, que según la denuncia de Aheramigua se identificó como Autodefensas Gaitanistas, “viste uniformes militares, porta armas largas y amenaza selectivamente a la población”.

En el Nordeste, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz (Cahucopana), denunció que en el municipio de Segovia se han difundido “amenazas firmadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, La Nueva Generación, Héroes del Nordeste o el Clan Úsuga, por medio de las cuales decretan toques de queda y declaran objetivos militares a marihuaneros, prostitutas, población LGTB y líderes sociales”.

En el Norte, fue el mismo Frente 18 de las FARC el que denunció la situación a través de un comunicado con fecha del 30 de enero. Allí se indica que “en los municipios de Ituango, Peque, Tarazá; en el departamento de Antioquia y Sur del departamento de Córdoba; se presentan sostenidas amenazas por parte de grupos paramilitares contra los pobladores que habitan estas regiones”.

Sin embargo la zona más crítica en Antioquia parece ser Urabá, donde ya han matado a dos de los cuatro líderes sociales que han asesinados en lo corrido del año en el departamento.

El primer caso en la región ocurrió el 11 de enero cuando fue baleado José Yímer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú y líder de la Marcha Patriótica, quien fue asesinado cuando se desplazaba del corregimiento de Saiza en Tierra Alta, Córdoba, hacia el municipio de Carepa. José Yimer venía preparando a la comunidad para la implementación de los acuerdos de paz, principalmente en los puntos sobre desarrollo rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito.

El segundo crimen en Urabá fue el del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro de la asociación Tierra y Paz, asesinado entre la noche del sábado 28 de enero y la madrugada del domingo 29, luego de haber sido secuestrado por cuatro hombres armados que llegaron a su casa en la comunidad de la vereda Guacamayas del municipio de Turbo, en territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.

A estos dos asesinatos de líderes sociales, relacionados ambos con el histórico conflicto por la tierra en el país, se suman las muertes de Edmiro León Alzate, líder del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), en el Oriente antioqueño, ocurrido el 12 de enero en la vereda Llano Cañaveral del municipio de Sonsón. Y el de Alberto Suárez Osorio,administrador de la reserva Mesenia de la Fundación Colibrí, baleado en el municipio de Jardín, Suroeste antioqueño, y cuyo caso fue conocido el 22 de enero. Ambos líderes se caracterizaron por su defensa del territorio y el medio ambiente, en regiones donde existen conflictos por proyectos minero-energéticos.

Esta situación que viene ocurriendo en diferentes regiones de Colombia, ya ha sido denunciada por comunidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones del Ministerio Público y organismos internacionales. El llamado es uno solo: a que el Gobierno nacional y la pública actúen para garantizar la seguridad de las comunidades y la implementación de los acuerdos de paz.

Hoy recordamos un candidato al Concejo de Bogota " Que desarrolla actividades practicas más que promesas" Recordemos la siguiente entrevista que se emitió por Todelar

Este abogado honesto, defensor de los niños que perdieron la vista en el Hospital. EL TUNAL en el año 2004.

El Abogado Francisco Basilio Arteaga Benavides. Autor de la Demanda por el ruido del Aeropuerto el Dorado en Bogotá. Defensor de los Derechos Humanos y luchador contra la corrupción.

Clip para ver video: https://www.youtube.com/watch?v=iQLtfmAWEJM

Fiscalía prioriza 15 casos de corrupción en Córdoba

 Fiscal General de la Nación 

Estudiantes fantasmas, pagos irregulares a IPS, recursos a resguardos indígenas y corrupción en hospitales, bajo la lupa del ente acusador.

 El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, priorizó 15 investigaciones de la Unidad Anticorrupción en el departamento de Córdoba, entre las que se encuentran las pesquisas por el saqueo de los recursos de la salud, el irregular manejo de regalías y las anomalías en los contratos de infraestructura.

En el marco de la segunda Jornada de audiencia pública anticorrupción, en medio de la estrategia ‘Bolsillos de Cristal’, unos 700 ciudadanos asistieron para presentar sus denuncias de primera mano ante Martínez Neira. En total, 50 ciudadanos expresaron sus denuncias ante el fiscal y 146 fueron atendidos por personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

“En total se recolectaron 246 reportes de información ciudadana, que corresponden a 22 ejes temáticos relacionados con delitos contra la administración pública y 2 de ellos relacionados con delitos comunes, de los que se destacan los siguientes”, indicó el ente de investigación penal en un comunicado.

Los ejes temáticos en que se movieron más denuncias por casos de corrupción tienen que ver con homicidios priorizados, irregularidades en contratos de infraestructura, corrupción en hospitales del departamento, irregularidades en el manejo de recursos de la salud del departamento y recursos de resguardos indígenas de San Andrés de Sotavento.

Así mismo, se hicieron denuncias sobre irregularidades en el manejo de los recursos de regalías, restitución de tierras, corrupción en el municipio de Santa Cruz de Lorica y microtráfico en el barrio El Recuerdo, en Montería.

1. Las presuntas irregularidades en la contratación efectuada por la Secretaria de Educación del municipio de Lorica, que al parecer habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en la matrícula de 2.871 estudiantes inexistentes.

2. Las aparentes irregularidades en el procedimiento utilizado por la Secretaria de Salud de Córdoba para reconocer el pago de tratamientos, medicamentos y terapias basadas en neurodesarrollo (Síndrome de Down), no incluidas en el POS, durante los años 2014 y 2015 generando pagos favor de cuatro IPS del departamento.

3. Las supuestas irregularidades en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda, en los años 2010 y 2011, a los resguardos indígenas de San Andrés de Sotavento. Se investiga la posible y apropiación de $825.034.844 que no fueron invertidos en esa población.

4. Se investigan probables irregularidades en el marco de la celebración y ejecución del convenio de apoyo No. 4 de 2011, suscrito entre la Alcaldía del municipio de Tuchín y el representante legal de Funayuda para la construcción del acueducto y distribución de redes para varias comunidades.

5.Las irregularidades en los convenios de ciencia y tecnología financiados con partidas de regalías giradas al departamento de Córdoba.

6. Probables irregularidades en la expedición de resoluciones (vigencia 2015) a través de las cuales la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba ordenó el pago y el suministro de medicamentos No POS denominado factor VIII.

7.  Se investigan los hechos en los cuales el funcionario de la Fiscalía, Mario Alfonso Lora Correa, atacó con arma de fuego a tres personas, dos de las cuales fallecieron.

8. El homicidio de la joven Nataly Salas, cuyo cadáver fue encontrado en la laguna de Oxidación del INAT de la ciudad de Montería.

9. Las irregularidades en la suscripción y ejecución de un contrato suscrito ente la ESE Hospital San Jerónimo y la Comercializadora Nacional de Suministros y Osteosíntesis IPS SAS, que habría implicado un aparente detrimento patrimonial para el Estado.

10. Se investiga la presunta elaboración y pago de contratos de prestación de servicios inexistentes del gerente del Hospital San Francisco de Asís en Ciénaga de Oro.

11. Celebración y ejecución del contrato de aporte N° 374 del 23 de diciembre de 2014 entre el ICBF (Córdoba) y la Fundación Tierra Nuestra, que atiende a niños menores de 5 años.

12. Presuntas apropiaciones de recursos públicos por parte de funcionarios de rama judicial

13. Irregularidades en ejecución del contrato 474-2013, entre la Gobernación de Córdoba y la Unión Temporal Alto Sinú, para construir un puente sobre el Rio Sinú, en Valencia.

14. Irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciación suscrito entre la Gobernación de Córdoba y el Municipio de Montería, cuyo objeto es la construcción del coliseo Miguel 'Happy' Lora.

15. Y se investiga la pérdida de varios insumos y equipos de la Secretaría de Salud Departamental para la ejecución de programas de tratamiento y prevención de enfermedades endémicas.

Redacción. EL HERALDO