​Texto completo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​

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DESACATO, ILUSIONES Y DELITOS DE OPINION

Jaime Araujo Renteria

El que hace la pregunta que le da la gana, también ha hecho lo que le da la gana, con otras órdenes de la sentencia de la corte constitucional sobre el plebiscito, violándola: la corte, en la página 337, numeral 146, trazó una distinción fundamental entre divulgación y promoción del acuerdo, que el gobierno no ha respetado, ya que convirtió la “divulgación” que está haciendo en todos los medios de comunicación, en promoción a favor del sí, convirtió la información en propaganda oficial; violando la prohibición de la corte, sin que ésta ni ninguna otra autoridad, haya impedido que el presidente haga lo que le dé la gana. Miremos el texto:

“146. El artículo 5º del PLE refiere a los mecanismos de divulgación del Acuerdo Final.  Para la Corte, la constitucionalidad de esta norma depende de una distinción conceptual básica entre las nociones de divulgación y promoción del Acuerdo.  Por divulgación debe comprenderse la información a los ciudadanos, de manera objetiva e imparcial, de los contenidos del Acuerdo Final, actividad que está unívocamente dirigida a permitir que las personas se ilustren sobre la materia y de manera libre y autónoma decidan qué postura van a asumir en la votación del plebiscito.  La promoción, en cambio, es un ejercicio que pretende convencer a los electores para que asuman una postura particular, esto es, a favor del “sí” o del “no”.

La Sala determina que los instrumentos previstos en el artículo 5º tienen por objeto única y exclusivamente la labor de divulgación y de ningún modo podrán utilizarse para la promoción, pues ella deberá ser realizada a través de las campañas del plebiscito, reguladas en el artículo 2º del PLE y en las demás normas estatutarias que le sean aplicables.”.

“147. Es claro que una de las condiciones para la garantía de la libertad del elector es contar con la información suficiente, en el caso analizado, conocer a profundidad el contenido del Acuerdo Final como paso previo para adoptar una postura dentro del plebiscito especial.   Por ende, la norma que obliga al Presidente a divulgar el Acuerdo es constitucional en cuanto refleja dicho deber de información hacia los ciudadanos que concurren al mecanismo de participación.  A su vez, la libertad en comento depende de la imparcialidad y objetividad con que sea divulgado el Acuerdo.  Por ende, ante la necesidad de dar carácter vinculante a la distinción en comento y correlativamente evitar que las reglas de divulgación sean utilizadas en el ámbito de promoción, la Corte concluye que el artículo 5º debe ser siempre comprendido de manera que la divulgación y publicación del Acuerdo (i) debe estar desprovista de cargas valorativas y estratégicas que incidan en la vocación de voto del ciudadano y (ii) la información suministrada debe ser veraz e imparcial.” (Páginas 337 y 338).

Un simple cotejo, entre lo ordenado por la corte y la propaganda oficial que está pasando el gobierno en todos los medios de comunicación, demuestra, que el Presidente no mentía, cuando decía, que él, hacía lo que le daba la gana.

Lo más grave, es que aquí no terminan las ganas, de hacer lo que le da la gana con la sentencia de la corte. Esta, ordenó, que la información, imparcial y objetiva (divulgación, en la distinción que trazó la corte), debía darse, a las personas que no se comunican en el idioma castellano (lo que cobija a todos los grupos que no lo usan: indígenas, ROM, afro descendientes que no se comunican en este idioma) o personas en condición de discapacidad (sordos, ciegos, mudos; sordomudos, etcétera); lo que la corte quiere es que se divulgue en la lengua y en la escritura, que usan cada uno de esos grupos humanos; de modo que si en Colombia, existen cerca de 50 grupos humanos que no utilizan el idioma castellano, si no otra lengua u otra escritura, los acuerdos de La Habana debían de ser divulgados en cada uno de esas lenguas; en cada una de esas escrituras; de modo que la corte exigió múltiples divulgaciones, pues se debía tener en cuenta a todos los habitantes del territorio y precisamente a estos grupos humanos la corte les dio un derecho a la información reforzada, que quien hace lo que le da la gana, le ha dado la gana de violárselos; violando de paso el artículo 10º de la constitución que establece “las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en su territorio.” Y el artículo séptimo de la misma que dice: “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.”. Basta con cotejar, la cantidad de lenguas y dialectos existentes actualmente en Colombia, con la propaganda oficial, para descubrir que no se ha publicado en sus lenguas, en sus escrituras, ni siquiera en el lenguaje Braille; etcétera; violando la sentencia de la corte, sin que ésta ni ninguna otra autoridad, haya impedido que el presidente haga lo que le dé la gana. Miremos el texto, Pág. 339:

“150. Por último, la Corte concuerda con varios de los intervinientes, en el sentido que la divulgación debe ser idónea e incluyente. Por lo tanto, debe tener en cuenta a todos los habitantes del territorio, incluidos aquellos que viven en las zonas más apartadas del país, así como debe comprender un enfoque diferencial para aquellas comunidades que no utilizan el idioma castellano, así como frente a las personas en situación de discapacidad.

 La justificación de una exigencia de este carácter se basa, del mismo modo, en la condición de diversidad cultural y étnica que reconoce la Constitución para la sociedad colombiana.  Asumir este mandato superior desde su perspectiva material, obliga a que se ejecute dicho enfoque diferencial, más aún si se tiene en cuenta que tanto los grupos étnicos como las comunidades de territorios alejados, en especial zonas rurales, han sido grupos poblacionales gravemente afectados por el conflicto armado interno, lo que impone que tengan una garantía reforzada de información sobre el contenido del Acuerdo, para que puedan decidir libre y de manera informada sobre su refrendación. Esto bajo el entendido que tales circunstancias de diversidad frente a la sociedad mayoritaria no pueden configurar una barrera para la libertad del elector.  Por ende, con el fin de evitar un déficit de protección a dichas comunidades, la Corte condiciona la exequibilidad de la norma analizada en ese sentido.”.

 Lo más grave, es que aunque el gobierno, trate ahora, tardíamente, de ocultar la violación de la sentencia de la corte, ya la habrá violado, por cuanto incurrirá en la violación de otro principio constitucional; el de la igualdad, ya que la publicación del acuerdo en idioma castellano ya se hizo y la de las otras lenguas, se harán tardíamente; y la protección reforzada que quería la corte para estos grupos, le dio la gana al gobierno de no dárselas.

La violación es más flagrante, si se tiene en cuenta, que de acuerdo con la ley, ésta exigía que la publicación se hiciera con un mínimo de 30 días anteriores a la fecha de votación del plebiscito y la corte amplio este plazo, ya que exigió que todas las publicaciones se hicieran simultáneamente, con la presentación del informe del Presidente de la República al Congreso acerca de su intención de convocar al plebiscito; como el informe se presentó el día 25 de agosto de 2016, desde esa fecha, al Presidente de la República, mantiene las ganas, de violarle a una parte de la sociedad civil, a la más desprotegida (indígenas, ROM, afro descendientes, discapacitados, etcétera), su derecho a la información. La propaganda oficial, convoca a estos grupos humanos a que voten el si, como el acto más importante de su vida y por otro lado, le niega la información para que puedan decidir libremente. Dejemos que hable la sentencia de la corte su parte resolutiva, pág. 340:

“Séptimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Dicha publicación se realizará de manera permanente, con mínimo treinta (30) días de anticipación a la fecha de votación del plebiscito” contenida en el inciso primero del artículo 5º del proyecto de ley estatutaria examinado y EXEQUIBLE el resto del inciso, en el entendido de que la publicación del Acuerdo Final se realizará simultáneamente con la presentación del informe del Presidente de la República al Congreso acerca de su intención de convocar el plebiscito.   

Octavo.- Declarar EXEQUIBLE el resto del artículo 5º del proyecto de ley estatutaria examinado, en el entendido de que la publicación y divulgación del Acuerdo Final debe hacerse con un criterio diferencial de accesibilidad dirigido a las personas en condición de discapacidad y aquellas comunidades que no se comunican en castellano.”.

La consecuencia jurídica, de todas estas violaciones de la sentencia de la corte constitucional, es que pueden viciar el plebiscito; independientemente de que gane el sí, él no, o el voto por la constituyente; o que la corte, que mantiene la competencia para hacer respetar sus fallos, posponga la fecha del plebiscito, ya que si se hace el 2 de octubre, se habrá violado la igualdad de las publicaciones, lo que se traduce en discriminación en la información, pues no sólo no se habrá dado la información que exigió la corte sino propaganda oficial, sino que además, aquellas personas para quienes la corte exigió la información reforzada, no la habrán tenido; sino al contrario, reforzadamente disminuida, porque al gobierno no le dio la gana de dárselas, en la misma proporción y en todos los medios de comunicación, donde se le dio a quienes se comunican en castellano o no están discapacitados.

¿DELITOS DE OPINION?.

Los acuerdos de La Habana, en varias partes, contempla la creación de nuevos delitos. Decimos que son nuevos, ya que se refieren a los acuerdos de La Habana y a la cesación parcial del conflicto armado, que ellos denominan equivocadamente paz. Como antes no existían acuerdos ni “paz”, los delitos sobre ellos no podían existir. Debe crearse hacia el futuro, deben respetar el principio fundamental del Estado de derecho, de legalidad de los delitos y de las penas, del juez preexistente y del juez natural. El principio de legalidad exige, que la conducta esté claramente determinada, que el verbo rector sea claro; que el sujeto activo y el pasivo estén claramente determinados, así como las circunstancias de modo tiempo y lugar de la conducta punible; el objeto jurídico y el objeto material. De no ser así, nos encontraríamos en un régimen totalitario, juzgando no por lo que hace una persona, sino por lo que ella es; como en el nazismo, donde se juzgaba a quiénes eran inocentes, de conformidad con la ley de la raza; un judío inocente, respetuoso de la ley, podría ser condenado, no por violar la ley, sino por pertenecer a una raza inferior; o en algunos regímenes de “izquierda”, donde se juzgada y condenada de conformidad con la ley de la revolución, donde personas inocentes, que no habían violado la ley, se les condenaba por la única razón de pertenecer a la “clase burguesa”. En otros casos, los regímenes totalitarios, han creado los delitos de opinión: que básicamente consisten en que quien piense distinto a como quiere el gobernante de turno, a este, le da la gana de apresarlo. Al Presidente, no le da la gana, que otros tengan ganas de pensar distinto a como a él le da la gana y la consecuencia de tener otra visión del mundo, es que el ciudadano puede ser privado de la libertad, o de la vida donde existe pena de muerte. Por esta razón, nos preocupa, a quienes pensamos distinto, a quienes tenemos otra visión distinta sobre la paz, a quienes no queremos la paz extremadamente imperfecta de santos, si no la paz con justicia social; esto es, con más derechos humanos para la sociedad civil, sobremanera, lo contemplado en la página 6 de los acuerdos, que además contempla los principios de los mismos y que por lo mismo el parámetro interpretación de todos los acuerdos, que dice: El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.”…(Negrilla y subraya nuestra).

Este mismo texto, se repite, en la página 59 de los acuerdos, en el punto 3.4.; En la página 70; en la página 71; en la página 72, en el punto 3.4.3.; En la página 74, en el punto 3.4.4.; etc..

Cualquier cosa, puede ser considerada una amenaza a la implementación de los acuerdos o a la construcción de la paz; y cualquier persona podría ser responsable de este delito: todos los que voten el no de Uribe; o su exigencia de que los rebeldes, sean efectivamente privados de la libertad; el ciudadano, que considere que el narcotráfico no era necesariamente un medio para el triunfo de la revolución o que no era ineluctable para la revolución o para la defensa del sistema, la violencia sexual sobre niños o niñas o el reclutamiento militar forzoso de estos. Podría ser responsable de este delito, el ciudadano que no acepte el mismo trato para los rebeldes, que para los miembros de las fuerzas armadas o los industriales financiadores de grupos paramilitares. Como podríamos ser delincuentes por pensar distinto, quienes pedimos no una cesación parcial del conflicto armado, sino una paz con justicia social; esto es, con derechos humanos, obedeciendo al preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, que deja claro que sin derechos humanos no hay verdadera paz. “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;…” Y ¿quién será, el juez de estas conductas? ¿El tribunal especial de justicia y paz? ¿Y quién será el denunciante, de quien exija que se respete el preámbulo de la carta de la ONU? ¿Los columnistas de anncol, anncol o el propio gobierno?, Como ya nos sucedió a varios miembros de la sociedad civil, que por pedir el cumplimiento de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, fuimos estigmatizados, por anncol, como una amenaza para la paz, como descontroladas fuerzas oscuras, y a quienes nos vimos obligados a responder en una carta abierta que decía: “El columnista, a través de ANNCOL, nos pone en la mira del gobierno al sugerirle “tomar nota” del “descontrolado coletazo” que pone en riesgo la paz y, lo más grave, “la seguridad de los líderes revolucionarios en movilización política”, lo que resulta gravísimo ya que nos señala como eventuales determinadores de muertes futuras. Además, nos acusa de hacer anuncios de guerra que no hemos hecho y de poner en riesgo la construcción de la paz; señalando que hacemos parte de “descontroladas fuerzas oscuras que amenazan la convivencia” y le exige al gobierno que actúe contra ellas; es decir contra nosotros, por el único delito de pensar distinto a él. Frente a esta última sugerencia, nos preguntamos ¿Cuál agencia estatal o paraestatal debe tomar nota y a que procedimientos podríamos ser sometidos?”. Hoy no sabemos todavía a cuáles procedimientos extralegales; pero leyendo los acuerdos si sabemos a cuáles legales: seríamos responsables de un delito de opinión; del grave delito de pensar distinto: del delito de querer una paz con justicia social, con derechos para todos.

Si se nos convierta en delincuente, por la única razón de tener una visión distinta de la paz mediante la guerra de Uribe, o de la cesación parcial de un conflicto armado, sin cesación de la guerra contra los derechos de Santos, que pena capital tendrían reservada para quienes se atreviese a decir como Jesucristo: “No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra;  y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará.”(Evangelio según San Mateo: 10:34-39); o “¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, si no división. Porque desde ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra" (Evangelio según San Lucas: 12:51-52). Por estas palabras, los nuevos inquisidores, le habrían aplicado a Jesucristo, mil crucifixiones.

¿PREÑADOS DE ILUSIONES PARA PARIR DESENGAÑOS?

En anterior oportunidad, nos hemos referido, a que el acuerdo de La Habana, no hizo más que reciclar instituciones y normas que ya existían en el derecho colombiano: en el tema agrario, el fondo de tierras (3 millones de hectáreas) existe desde hace muchos años; y la adjudicación de baldíos (7 millones de hectáreas), existe en el código civil colombiano desde hace 160 años. Los funcionarios del gobierno, en el afán de confundir y cazar incautos para el sí; quieren de mala fe engañarnos, presentándonos sus viejos vinos, en nuevos odres; las viejas instituciones con nuevas palabras; y lo que más sorprende, y la pobreza de su argumentación: por ejemplo, uno de los epígonos del actual gobierno, que lo fue también de la anterior, pues pasan sin sonrojarse del gobierno de la guerra al gobierno de la paz, coautor del programa de seguridad democrática de Uribe y ahora de los delitos de opinión de La Habana, al ser preguntado esta mañana, que como garantizaría el gobierno, la entrega de tierra los campesinos; dejó claro que se respetaría la propiedad privada y que las fórmulas serían extinción del dominio, para el fondo de tierras y la adjudicación de baldíos para los 7 millones de hectáreas. Los periodistas del régimen, no fueron capaces de formular la siguiente inquietud: si las instituciones fueran nuevas, podríamos otorgarle el beneficio de la duda; probablemente podrían funcionar. El problema grave está en que la extinción del dominio está consagrada constitucionalmente desde la reforma constitucional de 1936, que estableció la función social de la propiedad, por lo que ya tiene 80 años en Colombia y la adjudicación de baldíos, tiene 160 años en Colombia, desde el código civil de Andrés bello; la pregunta elemental entonces es ¿si la extinción de dominio tiene 80 años y los gobiernos, incluido el de quien hace lo que le da la gana, que lleva seis años en el poder, no la ha aplicado, quien les garantiza a los campesinos de Colombia, que ahora si, después de 80 años la va aplicar, el gobierno que ya no la aplicó?; e igual duda y pregunta surge en relación con la adjudicación de baldíos ¿si tiene 160 años y los gobiernos, incluido el actual, que lleva seis años en el poder, no lo aplicado; quién nos garantiza que ahora si va a aplicarla?.

Igual pobreza argumentativa, exhibió el epígono del régimen, frente a la pregunta de cómo se garantizaba que las FARC, reparararan materialmente a las víctimas. Todos sabemos que ya los comandantes de la FARC afirmaron que no tenían ni un peso para reparar a las víctimas, por lo que es seguro que no harán ninguna reparación material a las víctimas de la sociedad civil. Con el fin de engañar a las víctimas de la sociedad civil y de obtener votos para el sí, en vez de decir la cruda verdad, que ya dijeron los comandantes, las preña de falsas ilusiones, diciendo que el gobierno y el fiscal (en asocio con otros países), harán uso de la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, para entregar esos bienes a las víctimas y garantizar su reparación material. La misma duda y la misma pregunta, surge en relación con este tema: ¿si éste extinción de dominio sobre bienes adquiridos ilícitamente, tiene ya cerca de 30 años, en el derecho colombiano y no se aplicó a los bienes que ilícitamente ya tenía la FARC, o que tuvo en el pasado, o que tiene ahora; quien les garantiza las víctimas que ahora si se va aplicar?.

Como se puede ver, tanto los argumentos de quienes defienden el no, como los de los epígonos del régimen, que defienden el sí, no le han dejado a las víctimas de la sociedad civil, en la caja de Pandora, ni siquiera la esperanza; sólo vanas ilusiones, sobre instituciones que este gobierno no ha aplicado en seis años y sobre las cuales no existe ninguna garantía efectiva de que las aplique en el tiempo que le falta. Mientras las víctimas, les piden verdad y reparación; garantías de estos derechos; ellos les responden con actos de fe; en instituciones que ellos mismos no han aplicado y que por lo mismo, no pueden creerles de que la aplicarán en el futuro próximo.

 Esta es una razón más para votar en el plebiscito por la constituyente, que obligue a aplicar las instituciones que ya existen y crear las nuevas que hagan los cambios estructurales, para que la sociedad civil tenga de verdad una paz con justicia social, una paz con más derechos, con educación y salud para todos, donde de verdad los discapacitados, los afro descendientes y los indígenas, tengan la plenitud de sus derechos y no se les violen, por alguien que no entiende que el debe ser el primero en dar ejemplo de respeto por la constitución y la ley; que no está por encima de ellas; que la constitución nos obliga a todos los miembros de la sociedad civil y en primer lugar a los gobernantes y que no es el disfraz para que el gobernante de turno haga lo que se le da la gana.

TRANSMI - CABLE

Clip aqui para ver video https://youtu.be/-SudG9bN9JA

'Bogotá luchará por la reducción del machismo y la violencia contra la mujer', anuncia el alcalde Peñalosa

 Enrique Peñalosa.
 Alcalde Mayor de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá se unió a la campaña HeForShe, un movimiento global que busca comprometer a los hombres en la defensa de la igualdad de género.

El alcalde Enrique Peñalosa, en un emotivo discurso, se comprometió a combatir el machismo y dijo que la capital trabajará para reducirlo a su máxima expresión con el fin de alcanzar la igualdad de género. Igualmente, Peñalosa destacó que, en el primer semestre del año, los asesinatos de mujeres se redujeron en un 18 por ciento.

"La reducción del machismo nos beneficia a todos. El machismo es la peor plaga de nuestra sociedad. Estamos trabajando una campaña para contrarrestarlo porque este fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres. Los hombres tratan de vivir una caricatura de lo que deberían ser los hombres. Queremos que ambos géneros tengan más libertad para desarrollarse", dijo Peñalosa.

"Estoy muy orgulloso que en Bogotá nos unamos a esta campaña porque las bogotanas representan el 16 por ciento de la población del país", afirmó el Alcalde.

El mandatario pidió que este pacto HeForShe trascienda y se vuelva un compromiso permanente. "Buscamos que Bogotá dé oportunidades para las mujeres. La adhesión al pacto por parte de la Alcaldía es un paso que se deriva por un compromiso de construir equidad de género. La voz de las mujeres es una herramienta clave en la construcción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial", afirmó el Alcalde.

Actualmente, en la Administración Distrital, hay 10.799 puestos ocupados por mujeres: 442 son directivas, 215 son asesoras, 4.350 son profesionales, 1.061 técnicas y 4.501 cumplen labores asistenciales.

La secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, también habló del machismo y lo describió como un compendio de imaginarios. "Los estereotipos hay que romperlos. Los hombres a veces crecen eludiendo responsabilidades de padre o también crecen pensando que son quienes deben proveer el hogar y hay que comenzar por cambiar esos roles. Los hombres también son víctimas de violencia. Queremos invitarlos a construir una Bogotá más equitativa. Hombres y mujeres debemos luchar por la equidad de género".

Durante la adhesión de Bogotá a He For She, Peñalosa y los secretarios del Distrito se comprometieron con las mujeres de la ciudad para que haya cero tolerancia institucional a la violencia contra ellas.

ONCES AL PARQUE​.

La administración del alcalde Enrique Peñalosa continúa motivando e integrando a empresas privadas y al sector público en general a sus jornadas de recuperación  y embellecimiento de los parques  de la ciudad.

La cita de hoy fue en el  Parque Aparicio y Tamayo, ubicado Carrera 5 entre calle 68 y 69 donde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, convocó a empresarios, dueños de restaurantes y habitantes del sector para  trabajar en esta actividad.

Alianzas publico privadas para recuperar y embellecer los
 parques de la ciudad.Agregar leyenda

La Jornada, denominada ONCES AL PARQUE, incluyó recuperación y embellecimiento del parque y su entorno, barrido, limpieza y pintura de postes.

“No se requiere grandes presupuestos, ni gran infraestructura  para  tener cuidado de nuestros parques y vías, se requiere  creatividad y trabajo en equipo”, dijo Beatriz Elena Cárdenas, directora de la UAESP, quien  encabeza esta jornada de trabajo.

El Jardín Botánico fue encargado de aportar cerca de 500 plantas ornamentales para embellecer el parque .Viviana Barberena, directora de esta entidad calificó de positiva la participación de la comunidad.

Por el sector privado y restaurantes de la zona  participaron  Vitto, Grazia, Casa Gaitán, Spinning Center Gym, , Philippe, Camila Marulanda y  Starbucks. Estas empresas dieron  la hidratación para  los voluntarios de esta tarea de responsabilidad social, onces y bonos de descuento.

Hacia el mediodía se firmó  un compromiso denominado: QUÉ PROPONE  PARA MEJORAR SU ENTORNO y  al concluir la jornada, la UAESP entregó  certificados a los garantes del cuidado y mantenimiento del Parque Aparicio y Tamayo

Se espera que estas sencillas, pero claves alianzas público-privadas se extiendan por toda la ciudad para garantizar escenarios limpios y  seguros para  el disfrute de los ciudadanos. 

“LA PAZ DE SANTOS ES LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ES PRIVATIZAR LAS EMPRESAS, ES ADELANTAR LAS LOCOMOTORAS QUE ESTÁN AGREDIENDO POR INTERMEDIO DE LA POLICÍA Y LAS FUERZAS MILITARES A LOS CAMPESINOS, A LOS INDÍGENAS, A LOS NEGROS, A TODA LA POBLACIÓN COLOMBIANA”

Entrevista a  Sebastián González, de las Bases en Rebelión de la Unión Patriótica de Colombia, que reclaman la personería jurídica. Viernes 26 de agosto de 2016

“decirle al pueblo colombiano y al mundo que no sólo existe la opción del sí, que es eminentemente la propuesta de Juan Manuel Santos Calderón y su contraparte que es la del Señor Álvaro Uribe Vélez” dijo González a Radio Centenario. Asimismo declaró

“Nosotros con esta propuesta que hemos presentado como derecho de petición, decimos que por una constituyente vamos entonces a invitar al pueblo colombiano a votar nulo, porque esa es una tercera opción”.

A continuación escuche aquí la entrevista completa:

 http://mx.ivoox.com/es/contacto-sebastian-gonzalez-colombia-26-de-audios-mp3_rf_12702029_1.html

Ángeles: Bueno, nos vamos a Colombia, tenemos contacto con Sebastián González, por suerte tenemos esta posibilidad de cada semana entrar en contacto con Colombia donde están pasando tantas cosas.

Colombia ha sido, en estas últimas horas, tema central de las noticias internacionales. Lo que ha pasado por los anuncios que se han hecho, el mundo entero habla de Colombia, felicitan unos, plantean preocupaciones, pero nos gustaría saber qué se dice en Colombia. Cuál es el clima que hay en Colombia con todo este tema de la paz de Colombia.

Diego: Exactamente.

Estamos con Sebastián González de las Bases en Rebelión de la Unión Patriótica que reclaman la personería jurídica. González, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario como siempre

Sebastián: Diego Martínez, tenga usted muy buenos días y todos sus compatriotas en el Uruguay y en toda América.

Diego: Bien, González, la pregunta es obvia, se ha hecho un acuerdo, se ha terminado finalmente con el período de negociaciones, por lo menos así fue anunciado. ¿Qué evaluación se puede hacer sobre lo que ha ocurrido en La Habana en estos días?

Sebastián: Yo consideraría que primero que todo tenemos que agradecerle a la isla de la libertad, a Cuba, que fue una gran anfitriona para que se adelantaran las conversaciones iniciales de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno del señor representante de la oligarquía genocida colombiana Juan Manuel Santos Calderón.

Creo que ese es un paso muy importante, se ha avanzado mucho, pero yo me remonto a hace 32 años que se inició el mismo proceso con una ley de amnistía general donde en 1986, después de nuestro primer congreso, cuando se dieron las garantías políticas y aparece la Unión Patriótica (UP) que aun sigue siendo víctima de genocidio político contra la UP, obtuvimos una sábana parlamentaria  de 6 senadores, 9 representantes, 19 diputados y 357 concejales.

Diego: Bien, se viene un plebiscito, o por lo menos así fue anunciado. Cuénteme un poquito, usted algo adelantaba ya el viernes pasado cuando conversábamos sobre la posición que ustedes tienen como organización política. Pero me gustaría refrescar la memoria de la gente y las razones por las cuales ustedes resuelven tomar la decisión que toman

Sebastián: Efectivamente compañero Diego, nosotros, el día lunes de esta semana presentamos un derecho de petición a la Presidencia de la República, a la Registraduría nacional y al Consejo Nacional Electoral.

Creemos que ese derecho de petición, que lo presentamos a nombre de 5 ciudadanos, Jaime Araújo Rentería, Jeritza Merchán Díaz, Jorge Ignacio Salcedo Galán, Juan Sánchez y Ricardo Pérez González, debemos tener una respuesta para los primeros días del mes de setiembre, según lo dice la Constitución Nacional. Porque vemos la algarabía, el jolgorio que se ha presentado en el país, pero yo creo que sería necesario entonces decirle al pueblo colombiano y al mundo que no sólo existe la opción del sí, que es eminentemente la propuesta de Juan Manuel Santos Calderón y su contraparte que es la del Señor Álvaro Uribe Vélez.

Nosotros con esta propuesta que hemos presentado como derecho de petición, decimos que por una constituyente vamos entonces a invitar al pueblo colombiano a votar nulo, porque esa es una tercera opción. Para que no se nos convierta, como escribió Carlos Marx en su momento, en el desecho (...) de Luis Bonaparte, que la historia se vive como tragedia y se repite como una comedia.

Porque incluso aquí en muchos programas de radio y en muchos comentarios, se dice que se va a demorar más para que el pueblo colombiano que casi no lee, lea las 390 y pico de páginas de los acuerdos al tiempo que se demoraron dialogando en La Habana.

Diego: Bien.

González el mundo obviamente, cuando habla de Colombia en estos días, habla de lo que ocurre en La Habana, habla de lo que va a pasar con el plebiscito, pero me gustaría que usted que obviamente es una persona políticamente muy activa, nos cuente cuáles son los problemas de Colombia hoy, de los colombianos, de los trabajadores colombianos, cómo está la situación del país, para también entender el marco en el que se da todo esto y cuáles son las cosas que profundamente le preocupan al pueblo

Sebastián: Bueno, tengo la garantía casi que única y exclusiva de inmiscuirme con los lustrabotas, con los vendedores ambulantes, con la gente de la calle, de los limpiaderos, de los villares, los desempleados, los desplazados, los habitantes de la calle que en este momento se están muriendo en las puertas de los hospitales, de toda la gente del común.

Y realmente la credibilidad que tiene el gobierno es bajísima, por no decir que casi nula. Entonces, el comentar que la gente es, como lo diría el Chapulín Colorado: "¿Y ahora quién podrá defendernos?"

E igualmente la gente plantea que, si esta oligarquía genocida, ladrona, ampona y entreguista, lo que están haciendo con los TLC no reacciona ante las armas, por mucho menos, yo diría que ya con un pueblo prácticamente desamparado.

Entonces, mientras que las fuerzas paramilitares, los militares y la policía genocida no se desarmen, creo que va a ser muy complicado. Y por el contrario, vemos cómo en los eventos y con la presencia de la ONU que no es bienvenida aquí a América y mucho menos a Colombia. Lo mismo que la presencia del Papa Francisco, hay condiciones que realmente muestran que la paz de Santos es la violación de los derechos humanos, es acabar con las empresas, es privatizar las empresas, es adelantar las locomotoras que están agrediendo por intermedio de la policía y las fuerzas militares a los campesinos, a los indígenas, a los negros, a toda la población colombiana.

Diego: Bien.

Me gustaría también, para seguir dando a conocer un poco cuál es el proyecto que se está haciendo ver, mostrando a través de ustedes González, ¿cómo viene el lanzamiento de los compañeros que iban a estar encabezando un poco este proyecto político? Usted la semana pasada nos adelantó los nombres de ellos. ¿Qué ha avanzado en estos últimos días en relación a este tema?

Sebastián: Mire, nosotros consideramos que la resultante hace 33 años del proceso del cese al fuego, tregua y paz que es la Unión Patriótica que el 4 de julio del 2013, ante un fallo del Consejo de Estado, eso no se puede dejar de lado y que es la primer vez que en Colombia y en el mundo se reconoce un genocidio político.

Y por ende, mientras que en este momento con mucha algarabía y con toda la comunicación mediática, se está adelantando el plebiscito y que el cese, el "Sí" del plebiscito es uno de los ex presidentes que impuso la apertura económica y nos dijo bienvenidos al futuro, Cesar Gaviria Trujillo. Ha ido a acompañar también Belisario Betancur, mejor dicho, ese plebiscito está repartido entre los ex presidentes genocidas por acción o por omisión contra el delito autónomo de genocidio contra la Unión Patriótica.

Entonces, nosotros consideramos que un acto de solidaridad, no sólo de las organizaciones democráticas del país sino del pueblo colombiano, es tener en cuenta a la Unión Patriótica para que jamás, ni en Colombia ni en el mundo, se vuelva a repetir un genocidio como el que nos toca hasta hoy seguir afrontando por parte de esta oligarquía genocida colombiana.

Ángeles: ¿González, ustedes son optimistas con respecto a los tiempos que vienen? ¿De qué manera se están parando ustedes frente a esto?

Sebastián: Mire, mientras que la gente aquí anda muy eufórica, de mi parte yo me encuentro muy escéptico, porque la experiencia que tengo, y desafortunadamente tengo que manifestarle que en este genocidio contra la UP a mí es al que más compañeros y camaradas me han asesinado. Y entonces conociendo las tres experiencias anteriores, cuando los gobiernos de Belisario Betancur, de Virgilio y César Gaviria y Andrés Pastrana Arango, han roto los avances, los acuerdos a los que se había llegado inculpando a la guerrilla, creo que, como lo dijo en uno de los comunicados el comandante Santrich "hasta no ver, no creer dijo un ciego". Y yo diría, amanecerá y veremos. Y creo que mientras las condiciones del pueblo colombiano que son de represión, que son de privatización, de entrega total de nuestras riquezas naturales, no podrá haber paz.

Y que esa es una consigna que se escucha en las calles de la gente de a pie, porque nosotros tenemos que manifestar que esta oligarquía colombiana es la más criminal de América y del mundo.

Ángeles: Sí, sin duda, sin duda que América Latina tiene que recoger esa historia que han tenido que vivir ustedes por allí

Sebastián: Mire, nosotros como militantes de Base en Rebelión de la Unión Patriótica también estamos clamando por la paz. Pero no la paz que nos está proponiendo Juan Manuel Santos Calderón, que es una paz donde los responsables del genocidio político, los actores intelectuales y materiales van a quedar en completa impunidad.

Mientras que Belisario Betancur Cuartas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastor Arango, Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente no sean judicializados por el delito de genocidio político, con sus generales, con sus coroneles oficiales, con los empresarios, con sus asesores internacionales de EE.UU., de Alemania, de Inglaterra, de Israel como el caso de (...), creemos que va a ser muy complicado entonces que se pueda cristalizar una paz verdadera donde el pueblo colombiano que es el constituyente primario y el que manda, tenga plenas garantías.

La paz significa trabajo, salud gratuita, educación gratuita, y eso no se da actualmente en Colombia.

Ángeles: Exactamente.

Diego: Bueno, le queremos agradecer, como siempre, por estos minutos. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que vaya ocurriendo en Colombia. Le agradecemos Sebastián González integrante de las Bases en Rebelión de la Unión Patriótica por la recuperación de la personería jurídica el contacto con Radio Centenario que estamos realizando ya desde hace algunos días

Sebastián: Compañero Diego, quiero también manifestar que en este momento nos disponemos a salir de aquí a la carrera séptima frente al Banco de la República, vamos a hacer una protesta coordinada por los compañeros del sindicato del Banco de la República (...) con las organizaciones hermanas que han venido acompañando. Aquí estoy viendo pasar en el hotel a los compañeros de Brasil, los compañeros del Uruguay, los compañeros de Chile, los compañeros de Argentina, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica, y obviamente los compañeros dirigentes bancarios de acá de la República de Colombia que han tenido un evento sumamente autocrítico donde manifestaron que debido a las traiciones que hicieran antiguos dirigentes sindicales aquí en Colombia como es el caso de Angelino Garzón y Lucio Garzón que terminaron en el Ministerio del Trabajo, pues eso ha causado mucho daño a la clase obrera colombiana.

Entonces, también quisiera resaltar este grandioso evento de la segunda conferencia latinoamericana y del Caribe realizado aquí en la ciudad de Bogotá y en la cual nosotros hicimos presencia solidaria.

Diego: Muy bien, un fuerte abrazo González, que pase muy bien...

Sebastián: Que estén muy bien compañeros y espero que podamos seguir comunicándonos. Un abrazo a todos ustedes...

Diego: Claro que sí, un abrazo, hasta luego...

Sebastián: Abrazos upeístas.

EL PLEBISCITO POR LA PAZ ES PRÁCTICAMENTE UN EMBELECO DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA” Contacto con Sebastián González, desde Colombia

Sebastian Gonzales. Dirigente U.P. Bases en Rebelión

"El plebiscito es prácticamente un embeleco (engaño, mentira) del presidente de Colombia", dijo Sebastián González dirigente de Bases en Rebelión de la Unión Patriótica; en contacto con CX36 desde Colombia. Señaló que “el estado general de Colombia es de guerra” y dio detalles de lo que sucede a lo largo y ancho de su país, con la brutal represión del gobierno a las movilizaciones de trabajadores contra las privatizaciones en las principales ciudades colombianas incluso la capital, el bombardeo continuo a los indígenas en el Cauca y la lucha de los negros en el Chocó. Transcribimos esta nota que Usted puede volver a escuchar aquí:

http://www.ivoox.com/contacto-sebastian-gonzalez-colombia-19ago16-audios-mp3_rf_12625188_1.html

Diego Martínez: El contacto que tenemos ahora es con Colombia, con Sebastián González, integrante de las Bases en Rebelión de la Unión Patriótica por la recuperación de la personería jurídica, a quien le agradecemos muchísimo este segundo contacto.

¿Qué tal? Bienvenido, buen día González.

Sebastián González: Compañero Diego Martínez, tenga usted muy buenos días, abrazos upeístas para todo el pueblo americano.

DM: En Colombia hay en ciernes un plebiscito, cuál es el debate que se está dando en torno a este tema vinculado a la paz.

SG: Bueno, nosotros tenemos que manifestar que estamos por una nueva Constituyente. Y en cuanto al plebiscito, ese es prácticamente un embeleco del presidente de Colombia. Por consiguiente, después del debate que se dio en la Corte Constitucional donde dos de sus miembros pero fundamentalmente Jorge Ignacio Pretelt está muy cuestionado en este momento el Congreso porque es un hampón. Creemos que lo que determina en este momento por parte de nosotros es que no vamos a estar con el "Sí" de Juan Manuel Santos, y mucho menos con el "No" del tal Álvaro Uribe Vélez.

Por consiguiente nosotros estamos invitando a votar a todos los colombianos por una constituyente, colocándola ahí y con derechos.

DM: ¿Cómo se proyectan  de cara a las elecciones que están pensadas para dentro de un año y medio más o menos?

SG: Compañero Diego Martínez, creo que le vamos a dar la primicia a Radio Centenario de Montevideo. Nosotros obviamente, y apoyándonos con el artículo del maestro James Petras, al cual ustedes entrevistan permanentemente también, donde dice que aparte de las dos opciones que presentan en EE.UU. con la Clinton y con el Trump, aquí también en Colombia nosotros estamos planteando que aparte de los candidatos de la derecha, que ya sabemos quiénes son y no los quiero mencionar, y los de la falsa izquierda, nosotros como Bases también tenemos unas candidaturas que son una dupla excelente. Son en ese efecto para el 2018 el compañero Jaime Araújo Rentería para la Presidencia y la Vicepresidencia de una negra enorme, la negra olímpica María Isabel Urrutia Ocoró, que como lo decíamos en la entrevista pasada se solidarizó y nos ayudó a recuperar la personería jurídica de la Unión Patriótica.

DM: O sea que ya tienen a los compañeros que van a estar encabezando políticamente de acá al 2018.

SG: Sí, nosotros tenemos entonces ese equipo como le digo, para la Presidencia, para las elecciones presidenciales del 2018 al 2022, al ex magistrado Jaime Araújo Rentería con quien ya hicimos ejercicio en el 2010 y su fórmula vicepresidencial la compañera María Isabel Urrutia.

DM: ¿Cuál es el estado general de Colombia hoy?

SG: El estado general de Colombia es de guerra.

Y permítame, aprovecho para hacer una cita del poeta alemán Bertolt Brecht cuando dijo: "Cuando los de arriba hablan de paz el pueblo llano sabe que habrá guerra". Creo también conveniente recordar al comandante guerrillero Simón Bolívar cuando planteaba que le temía más a los tiempos de paz que a los tiempos de guerra.

Mire, en este momento el alcalde privatizador de Bogotá, el tal Enrique Peñalosa, aparte de que está en pos del hospital San Juan de Dios y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ha creado por segunda vez un caos aquí en la ciudad capital de Bogotá con los habitantes de la calle.

En anterior oportunidad del Cartucho los han sacado, después nos daremos cuenta a cuántos asesinaron y ahora es con la calle del Bronx. Entonces los habitantes de la calle que son responsabilidad del Estado colombiano, porque el alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el tratamiento que le tienen que dar no es de represión sino un tratamiento médico.

En estos días entonces los desplazaron hacia la calle sexta con carrera 30 y hubo una avalancha donde en este momento no se sabe cuántos desaparecidos hay. Eso en la ciudad capital en Bogotá.

En el norte del país, en La Guajira, los caribígenas, los niños, los indios Wayuu también tienen graves problemas.

En el Arauca también los campesinos han tenido que ir ante las trasnacionales a protestar. Allí desarmaron a los policías genocidas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y se los entregaron al personero.

En el Paujil, Caquetá también los campesinos están protestando contra una trasnacional petrolera.

Los indígenas en el Cauca. El Cauca es un departamento que pareciera que fuera Irak, Libia o Afganistán que están permanentemente siendo bombardeados.

En el departamento del Chocó los negros están peleando y están clamando y llamando a la solidaridad del resto del pueblo colombiano.

O sea que la frase de Belrtolt Brecht y la de Simón Bolívar en este momento están al orden del día aquí en Colombia.

DM: Allí  hay movimientos en contra del tema de la minería que son permanentes en Latinoamérica. ¿Qué importancia tiene este tema también en la realidad de los pueblos?

SG: El orden de la minería, porque es una de las locomotoras del tal Juan Manuel Santos, está al orden del día.

Le puedo comentar al respecto que los compañeros del departamento de Tolima se aprestan a realizar un referéndum, un plebiscito para rechazar que las trasnacionales sigan devastando, no sólo al departamento del Tolima sino a todo Colombia.

Pero aparte de eso permítame también comentarle que en el mismo sentido de la guerra quiero resaltar que tenemos en Colombia 10.000 prisioneros políticos. Que el compañero Miguel Ángel Beltrán, un profesor sociólogo como el maestro James Petras de la Universidad Nacional, en este momento se encuentra en una cárcel en unas condiciones infrahumanas. Y desde acá reclamamos su inmediata libertad porque él está bajo las acusaciones del tal famoso computador que en el Ecuador le encontraron al comandante Raúl Reyes.

Entonces vemos que la situación es realmente muy compleja en Colombia y es una situación concretamente de guerra.

DM: Muy bien, González, primero saludar que hayan podido definir a sus compañeros candidatos para las próximas elecciones, vamos a seguirlo esto en las próximas charlas, conocer un poquito más de ellos, que nos cuente usted quiénes son, su trayectoria y por qué los eligieron. Y bueno, también seguir conociendo un poco de la realidad de este país que para nosotros es tan importante.

Le mandamos un fuerte abrazo y como siempre muchas gracias.

SG: Compañero Diego, permítame antes de despedirnos recordar unas fechas de categórica importancia para nosotros los colombianos.

Hace 30 años la Unión Patriótica se presentó a la contienda electoral y eligió un grupo parlamentario de 6 senadores y 9 representantes. En marzo de 1986 llegaron los compañeros al Congreso de la República. Y ese mismo año fue asesinado el 30 de agosto de 1986, o sea que (...) que nuestro primer representante a la Cámara en el Municipio de Barrancabermeja, puerto petrolero, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza y a los dos días, en el municipio de Villavicencio, departamento en los llanos orientales, caía asesinado nuestro primer senador el compañero Pedro Nel Jimenez Obando. Así se iniciaba y continuaba con esos magnicidios el genocidio autónomo político que aun se sigue cometiendo contra la Unión Patriótica.

Nosotros planteamos que mientras que los autores intelectuales materiales sigan en las calles, como lo son el presidente Belisario Betancur, Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y el actual Juan Manuel Santos deben ser judicializados por delito, por acción o por omisión.

Muchas gracias compañero Diego Martínez y abrazos upeístas para toda América.

DM: Por favor, a usted, un abrazo y gracias como siempre.

SG: Compañero Diego, muy amable, muchas gracias. Saludos a la compañera Sandra y a todo el equipo de la emisora Centenario allá en Montevideo.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

Por una Asamblea Nacional Constituyente

El Conflicto de las dificultades ( Fragmento)

CLIP  El conflicto de las dificultades (fragmento)

Iniciemos algunas reflexiones

Kant - Fernando Savater - Aventura del pensamiento

Emanuel Kant

El pueblo chocoano señala el camino Contra la guerra social: lucha y movilización

Organizaciones políticas en favor de la lucha organizada del pueblo chocoano exigiendo acciones del estado frente a su situación, la siguiente es la declaración política de P.S.T. Colombia:

El Partido Socialista de los Trabajadores, se solidariza con el paro cívico del pueblo chocoano que da ejemplo de lucha contra el Estado actualmente en manos del gobierno de Santos y contra la corrupción generalizada que se apodera del presupuesto para la inversión social y termina en el bolsillo de particulares a través de contratos que desfalcan el presupuesto que pagamos a través de onerosos impuestos.

El paro cívico del Chocó responde al límite al que ha llegado la población negra sumida en la miseria histórica a la que la burguesía colombiana la ha condenado. Chocó siendo uno de los departamentos más ricos en recursos, es uno de los más pobres en nivel de vida, donde las mínimas condiciones de supervivencia les han sido negadas por el saqueo de recursos y la corrupción rampante con que los gobiernos locales y nacionales han desangrado al departamento. Por eso los chocoanos se alzan nuevamente por exigencias como Acueducto, alcantarillado, vías de acceso, salud, educación, empleo y comunicaciones, exigencias históricas ante las cuales los gobiernos responden con promesas que luego incumplen, como ha sido la tradicional respuesta a las luchas de los sectores explotados y oprimidos del país.

El Chocó es el departamento con mayor porcentaje de personas en la pobreza con un escandaloso 62%, con un 79% de necesidades básicas insatisfechas y la mayor tasa de desempleo del país, el 18% de los niños están desnutridos y 35 de cada 100 mil mueren de hambre, la mortalidad materna supera las cifras de África subsahariana con 357 mujeres muertes por 100 mil nacidos vivos.

La vía principal que comunica el departamento con el resto del país debió entregarse reparada hace tres años, a causa de eso 13 personas murieron por un derrumbe el 9 de junio; demoras similares han impedido la entrega del nuevo acueducto, el hospital San Francisco de Asís está en liquidación y se han llegado a adeudar hasta 2000 millones de pesos en salarios, la intermediación lo llevó a la quiebra; la minería ilegal y la industria maderera amenazan el patrimonio ambiental, mientras que los planes de Santos para el posconflicto lo que hacen es reforzar la entrega de los territorios a los “empresarios” nacionales y extranjeros en detrimento de los derechos de las comunidades.

Esta crisis social no es exclusiva del Chocó. En la Guajira los niños siguen muriendo de hambre, según el tiempo en lo que lleva el año ya son 43, en Putumayo y Caquetá las protestas contra el gobierno vienen en aumento, en la costa Caribe, la crisis por los servicios públicos, especialmente por la electricidad --como en el caso de Barranquilla--, producen continuamente alzamientos de la población.

A esta crisis de las regiones más olvidadas del país se suma el colapso del sistema de salud que aqueja a usuarios y a los precarizados trabajadores de la salud. Día a día millones de usuarios padecen la falta de atención y de medicamentos, mientras continúan los paseos de la muerte. Ante la creciente amenaza de recesión económica el costo de vida, el desempleo, el subempleo, la precarización y la inestabilidad crecen.

El Paro cívico del Chocó es expresión del descontento social que ya se ha manifestado en distintas formas de protesta de distintos sectores: salud, educación, indígenas, comunidad afro y universitarios, recibiendo como respuesta la represión, la criminalización de la protesta y el incumplimiento sistemático de acuerdos y promesas ante los sectores que salen a luchar. Pero las direcciones de las centrales obreras y de sindicatos como Fecode, se niegan abiertamente a concretar un paro cívico nacional que centralice todas estas luchas contra el gobierno Santos. Su llamado a movilizarse contra las políticas económicas del gobierno no son más que demagogia pues su principal interés es garantizarle la paz social, es decir la ausencia de conflictos y luchas contra el gobierno, para no perjudicar a Santos y su campaña por el SI en el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana.

Las políticas económicas y sociales de Santos y aceptadas por Las Farc, condensadas en los acuerdos de La Habana y que el plebiscito busca ratificar, no harán más que perpetuar la miseria del pueblo chocoano, terminando de entregar sus recursos a los grandes empresarios nacionales y de multinacionales de la agroindustra y la minería. Y desde la ultraderecha uribista ligada al paramilitarismo y los terratenientes que han despojado a millones de sus tierras, los que impulsan el NO, querrán aprovechar el descontento para usarlo en su disputa contra el sector de Santos.

Por eso hay que seguir el ejemplo del pueblo chocoano y desbordar a las burocracias sindicales. En el plebiscito no apoyar ni al bandido de Uribe con su No, ni al bandido de Santos con su Sí. Las soluciones a los problemas históricos causantes de la miseria del pueblo chocoano y colombiano no están en los acuerdos de La Habana. Debemos exigir una asamblea constituyente amplia, democrática y soberana que se encargue de dar salida a la grave crisis social que atravesamos los trabajadores y el pueblo colombiano.

Farc deben deponer las armas antes del plebiscito”: Corte Constitucional.

La esperada sentencia de la Corte Constitucional que da luz verde al plebiscito y fija reglas para el mismo trae un bemol que podrán en apuros a la mesa de negociación de La Habana. El tribunal en su fallo (conocido este fin de semana) ordena que previo a la cita en las urnas la guerrilla debe dejar las armas. “Es deber del Estado garantizar que ninguna amenaza, en particular aquella de carácter armado, limite el ejercicio de libertad. Esto supone, como es apenas natural, que el grupo armado ilegal con quien se negoció el contenido del acuerdo deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular”, dice la sentencia cuyo ponente fue el magistrado Luis Ernesto Vargas.

El lío del asunto es que la guerrilla ha dicho que sólo marchará a las zonas de concentración para deponer las armas cuando esté lista la amnistía para las tropas pero el gobierno no puede expedir esta ley pues el acto legislativo que la contiene sólo entrará en vigor tras la refrendación popular del Acuerdo Final, es decir, del plebiscito. Resolver este dilema será tarea de las partes que negocian en Cuba.

No quiero amnistía penal y disciplnaria para los agentes del Estado que delinquierón con ocación del conflicto armado

No quiero amnistía  penal y disciplinaria para los agentes del Estado
que delinquieron con ocasión del conflicto armado.

Por .

Jorge Salcedo

Ante el absurdo de que si voto en el plebiscito, marcando "SI",   para que  amnistíen a las FARC, con lo que estoy de acuerdo; votaría también para que  amnistíen penal y disciplinariamente  a los agentes del estado y civiles que cometieron directa o indirectamente delitos en el marco del conflicto armado,  con lo que no estoy de acuerdo; anularé de manera consciente mi voto bajo los lineamientos del comité que acabamos de conformar según el comunicado anexo.

Para que se entienda mi actitud quiero precisar que para amnistiar a delincuentes políticos, en este caso a las FARC, no se requiere modificar la Constitución, ni mi voto por el "SI" en el plebiscito. Simplemente se debe tramitar la respectiva Ley en el Congreso, lo que aún no se ha hecho de manera inexplicable.* 

Por el contrario, la amnistía (así se le cambie de nombre) para los agentes del estado y a lo civiles está prohibida por la Constitución que restringe tal figura para los delincuentes políticos, por lo que Santos requiere   del "SI" del plebiscito vinculante  que al parecer le negó la Corte (falta conocer el fallo que al parecer todavía están redactando) para poder amnistiar, con un poder constituyente especial delegado para el caso, no a los guerrilleros sino   a los militares y civiles lo que implicaría  un retroceso político y ético inaceptable. 

El  fracasado proceso de Belisario empezó con la  Ley de amnistía aprobada  y hoy nos dicen que nunca se había avanzado tanto.

A continuación, el llamamiento para la realización de la campaña.

Voto por la Constituyente
(por los derechos: salud, educación, tierra para quien la trabaja,
amplias libertades políticas y derechos para todas las minorías)

La Corte Constitucional, en sentencia hecha a la medida del gobierno, sólo dejó tres opciones política y jurídicamente relevantes para votar en el plebiscito que convocará el Presidente para validar sus acuerdos con las FARC: el NO de Uribe, el SI de la paz imperfecta –a la medida de Santos– y elvoto exigiendo la convocatoria a una Constituyente o por los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la tierra para el campesinado pobre, a amplias libertades políticas, etc.

Al negar la posibilidad de voto en blanco, la Corte obligó –de hecho– a que una opción distinta de la del NO y del SI sea contabilizada como un voto nulo. Quienes convocamos a una campaña por la Constituyente, que no respalda ni el SI ni el NO, exigimos al gobierno y a los organismos electorales plenas garantías para su impulso. El total de votos nulos (escribiendo CONSTITUYENTE sobre la papeleta el día de la votación) será entonces el resultado alterno, contrapuesto e independiente del SI y del NO.

El plebiscito es, dentro de los mecanismos de participación popular, uno de los más antidemocráticos; no sólo por el uso que de él han hecho las dictaduras (Hitler, Napoleón, Pinochet, etc.) sino además porque no permite debatir y decidir separadamente sobre cada uno de los aspectos de un problema. Como ejemplo, algún colombiano podría estar de acuerdo con la negociación, incluido el tema difícil de que los rebeldes no paguen ni un día de cárcel, pero objetar que puedan ser elegidos inmediatamente a cuerpos colegiados. Otro colombiano podría estar de acuerdo con lo primero, e ir más lejos, por considerar que inmediatamente pueden participar en política, elegir y ser elegidos. Un tercer ciudadano podría estar de acuerdo con el segundo, pero en desacuerdo con que a los rebeldes que han cometido delitos políticos se les dé el mismo trato que a los agentes del Estado, que violaron derechos humanos, a tal punto de cometer genocidio –caso Unión Patriótica–, por considerar que existe una diferencia entre una actitud altruista y una actitud egoísta; lo que traza una línea divisoria entre delito político y delito común como las recoge la Constitución en el Artículo 150 numeral 17.

El plebiscito sobre el cese del conflicto armado entre el gobierno y las FARC tiene el defecto de que mete en una sola pregunta todos estos temas; y obliga al ciudadano, que está de acuerdo con muchas de las cosas del proceso, pero que no está de acuerdo con unas pocas, a violentar lo más grande que tiene el ser humano, esto es su conciencia, a votar por el sí sobre cosas que de estar separadas, las votaría el 99% afirmativamente y sólo votaría una negativamente. Situación similar se presenta para quienes sólo votarían negativamente unas pocas cosas, pero que son obligados a votar todo negativamente.

En el momento actual, alineados en torno al SI y al NO, aparece otro “paquete”, obligando a los colombianos a alinearse en torno al gobierno actual o al gobierno anterior; los dos igualmente nefastos para los derechos del pueblo e igualmente guerreristas contra los trabajadores, los indígenas, los afro descendientes, las mujeres, los jóvenes, los pensionados, violadores ambos de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente sano; ambos responsables del genocidio denominado falsos positivos; en una palabra aliados incondicionales del gran capital, y de las multinacionales en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Alinearse al lado de uno u otro (Santos o Uribe) es caer en una verdadera trampa mortal.

En lo fundamental, Santos y Uribe son iguales. No por casualidad han sido socios y han pertenecido al mismo gobierno; sus intereses económicos son fundamentalmente iguales; sus diferencias son adjetivas; los dos son amigos de la guerra económica y social contra el pueblo; ambos formaron parte del gobierno del genocidio de los falsos positivos; uno como Presidente y el otro como ministro de defensa; ambos, bajo pretexto de la paz, han tenido contactos, directos o indirectos, con el paramilitarismo –Uribe  al negociar con ellos la denominada Ley de Justicia y Paz y Santos reuniéndose con Carlos Castaño, planeando un golpe de Estado, para lograr “la paz”.

La campaña que nos proponemos realizar y a cuyo respaldo llamamos a todos los colombianos, especialmente a los trabajadores, explotados, oprimidos, comunidades indígenas, afro-colombianos, nos permite no caer en la trampa letal de Santos vs. Uribe, defendiendo una propuesta que abra nuevas perspectivas para solucionar los graves problemas que aquejan a millones de colombianos, no sólo el conflicto armado.

Nuestro llamado a organizar y desarrollar la campaña “Ni el SI de Santos, ni el NO de Uribe; por la Constituyente con derechos” y el Comité Provisorio que hemos conformado, está abierto a la participación de las fuerzas políticas y sociales y de las organizaciones democráticas y populares que coincidan en que no podemos caer en el falso dilema de respaldar o rechazar la totalidad de los acuerdos del gobierno con las FARC; quedando hipotecado a los planes de uno u otro –planes que son básicamente coincidentes. Gane el NO o gane el SI, la negociación y los acuerdos con las FARC seguirán adelante porque ya ellas manifestaron que no retornarán a la lucha armada y negociarán para reintegrarse a la actividad política legal; por lo que en realidad el cese del conflicto no está en juego, como lo afirman Santos y Uribe para polarizar y amedrentar a los colombianos.

La Constituyente, cuya convocatoria exigiremos y reclamaremos a lo largo de la campaña, es la opción más democrática en el momento actual para que los colombianos podamos discutir y decidir sobre los graves problemas que nos aquejan. Por eso es necesario aprovechar el Plebiscito para pronunciarse a favor de ella.

Comité Provisional de la Campaña“Ni el SI de Santos, ni el NO de Uribe; por la Constituyente con derechos”

Jaime Araujo Rentería – Ex Presidente Corte Constitucional
Jorge Ignacio Salcedo Galán – Abogado – Profesor universitario
Jeritza Merchán Díaz
Partido Socialista de los Trabajadores – PST-C
Sebastián González - Unión Patriótica - Bases en Rebelión
Juan de la Cruz Sánchez Ramírez – Profesor universitario

Editson Romero Angulo - Profesor Universitario - Periodista