lunes, 3 de octubre de 2016
Cinco pastores de iglesias invitan a votar por el NO en el plebiscito ( Activistas del Uribismo). El cinismo de URIBE
Satanás se viste de ángel de luz:
Este es el hombre que defienden los "Estos Pastores Protestantes"
https://www.youtube.com/watch?v=DPpx2f0BtcE&list=PL3WcHeeA43iHb0bzkX3H_aSkY9dhQ-CzD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=amyfHc911mo
Este es el hombre que defienden los "Estos Pastores Protestantes"
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https://www.youtube.com/watch?v=amyfHc911mo
¿Fracasó la izquierda latinoamericana?
Por MARTÍN CAPARRÓS 16 de septiembre de 2016
Ya no sé cuántas veces lo he visto escrito, lo he oído repetido: está por todas partes. La frase se ha ganado su lugar, el más común de los lugares, y no se discute: la izquierda fracasó en América Latina.
Es poderoso cuando un concepto se instala tanto que ya nadie lo piensa: cuando se convierte en un cliché. El fracaso de la izquierda en América Latina es uno de ellos. El fracaso de los gobiernos venezolano, argentino o brasileño de este principio de siglo es evidente, y es obvio que sucedió en América Latina; lo que no está claro es que eso que tantos decidieron llamar izquierda fuera de izquierda.
Hubo, sin embargo, un acuerdo más o menos tácito. Llamar izquierda a esos movimientos diversos les servía a todos: para empezar, a los políticos que se hicieron con el poder en sus países. Algunos, en efecto, lo eran —Evo Morales, Lula— y tenían una larga historia de luchas sociales; otros, recién llegados de la milicia, la academia o los partidos del sistema, simplemente entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero las proclamas y la realidad pueden ser muy distintas: del dicho al lecho, dicen en mi barrio, hay mucho trecho.
La discusión, como cualquiera que valga la pena, es complicada: habría que empezar por acordar qué significa “izquierda”. Es un debate centenario y sus meandros ocupan bibliotecas, pero quizá podamos encontrar un mínimo común: aceptar que una política de izquierda implica, por lo menos, que el Estado, como instrumento político de la sociedad, trabaje para garantizar que todos sus integrantes tengan la comida, salud, educación, vivienda y seguridad que necesitan. Y que intente repartir la riqueza para reducir la desigualdad social y económica a sus mínimos posibles.
Creo que, en muchos de nuestros países, poco de esto se cumplió. Pero creer y hablar es relativamente fácil. Por eso, para empezar a pensar la cuestión, importa revisar las cifras que intentan mostrar qué hay más allá de las palabras discurseadas. Por supuesto, el espacio de un artículo no alcanza para un recorrido completo: cada país es un mundo. Así que voy a centrarme en el ejemplo que mejor conozco: la Argentina del peronismo kirchnerista.
Primero, las condiciones generales: entre 2003 y 2012 el precio de la soja, su principal exportación, llegó a triplicarse. Los aumentos globales de las materias primas ofrecieron a la Argentina sus años más prósperos en décadas. Con esa base privilegiada y 12 años de discursos izquierdizantes, Cristina Fernández de Kirchner dejó su país, en diciembre pasado, con un 29 por ciento de ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas: 10 millones de pobres, dos millones de indigentes. El 56 por ciento de los trabajadores no tiene un empleo estable y legal: desempleados, subempleados, empleados en negro y en precario. Un tercio de los hogares sigue sin cloacas y uno de cada diez no tiene agua corriente. Y hay casi cinco millones de malnutridos en un país que produce alimentos para cientos de millones, pero prefiere venderlos en el exterior.
Aunque, por supuesto, el relato oficial era otro: en junio de 2015, la presidenta Fernández dijo en la Asamblea de la FAO que su país sólo tenía un 4,7 por ciento de pobres; su jefe de gabinete, entonces, dijo que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania”. Para conseguirlo, su gobierno había tomado, varios años antes, una medida decisiva: intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y obligar a sus técnicos a producir datos perfectamente inverosímiles.
Pese a los discursos, en los años kirchneristas también aumentó la desigualdad en el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. En 1996, el 24,6 por ciento de los alumnos iba a escuelas privadas; en 2003 la cifra se mantenía; en 2014 había llegado al 29 por ciento. Los argentinos prefieren la educación privada a la pública, pero no todos pueden pagarla: su uso es un factor de desigualdad importante, y creció un 20 por ciento en estos años.
En 1996 la mitad de la población contaba con los servicios médicos de los sindicatos, el 13 por ciento un plan médico privado y el resto, el 36 por ciento más pobre, se las arreglaba con la salud pública. La proporción se mantiene: entre 15 y 17 millones de personas sufren la medicina estatal, donde tanto funciona tan mal. Es la desigualdad más dolorosa, como bien pudo ver la presidenta Fernández cuando —diciembre de 2014— se lastimó un tobillo en una de sus residencias patagónicas y la llevaron al hospital provincial de Santa Cruz. Allí le explicaron que no podían curarla porque el tomógrafo llevaba más de un año roto, y la mandaron en avión a Buenos Aires, 2.500 kilómetros al norte.
Mientras las diferencias entre pobres y ricos se consolidaban, mientras la exclusión de un cuarto de la población producía más y más violencia, las grandes empresas seguían dominando. En agosto de 2012 Cristina Fernández lo anunciaba sonriente: “Los bancos nunca ganaron tanta plata como con este gobierno”. Era cierto: en 2005 se llevaban el 0,33 por ciento del Producto Interno Bruto; en 2012, más de tres veces más. Ese mismo año el Fondo Monetario Internacional informaba que la rentabilidad sobre activos de los bancos argentinos era la más grande del G-20, cuatro veces mayor que la de los vecinos brasileños. Y la economía en general siguió con la concentración que había inaugurado el menemismo: en 1993, 56 de las 200 empresas más poderosas del país tenían capital extranjero y se llevaban el 23 por ciento de la facturación total; en 2010 eran más del doble —115— y acaparaban más de la mitad de esa facturación.
Y esto sin detenerse en el sinfín de corruptelas que ya colman los tribunales de justicia con ministros, secretarios, empresarios amigos, la propia presidenta. ¿Se puede definir “de izquierda” a un grupo de personas que roba millones y millones de dineros públicos para su disfrute personal?
Ni detenerse en la locura personalista que hace que estos gobernantes –y por supuesto la Argentina– identifiquen sus políticas consigo mismos. ¿Se puede definir “de izquierda” a una persona que desprecia tanto a las demás personas como para creerse indispensable, irreemplazable?
Son más debates. Mientras tanto, sería interesante repetir la operación en otros países: comparar también en ellos las proclamas y los resultados. Quizás allí también se vea la diferencia entre el reparto de la riqueza que llevaría adelante un gobierno de izquierda y el asistencialismo clientelar que emprendió éste. Quizás entonces se entienda por qué, mientras algunos de estos gobiernos se reclamaban de izquierda, sus propios teóricos solían llamarlos populistas, una tendencia que la izquierda siempre denunció, convencida de que era una forma de desviar los reclamos populares: tranquilizar a los más desfavorecidos con limosnas —subsidios, asignaciones— que los vuelven más y más dependientes del partido que gobierna.
Pero el lugar común pretende que lo que fracasó fue la izquierda –y eso les sirve a casi todos. A aquellos gobiernos, queda dicho, o a sus restos, para legitimarse. Y a sus opositores del establishment para tener a quien acusar, de quien diferenciarse, y para desprestigiar y desactivar, por quién sabe cuánto tiempo, cualquier proyecto de izquierda verdadera.
¿Por qué se convocó a plebiscito?
Esta pregunta ronda hoy en la cabeza de muchos colombianos que todavía no entienden lo que pasó ayer, pero especialmente de los que ilusionados y entusiasmados votaron por el "SI".
Desde el Comité de Voto Nulo, dimos de antemano respuestas a esta pregunta distintas a la oficial (gobierno y FARC) que señalaba que era para saturar de legitimidad (no de legalidad) los acuerdos. Se trataba, según la versión oficial, del ejercicio de derrotar, de una vez por todas, políticamente a los enemigos del paz. Mentira. Esta respuesta fue una trampa que intentamos denunciar. Por eso a cambio del plebiscito exigimos al gobierno y al congreso que se amnistiara de la manera más generosa y amorosa posible a las FARC (para lo que no se requiere plebiscito), que les garantizara participación política y que se abrieran los caminos de una Asamblea Constituyente amplia y democrática a la que el pueblo, históricamente excluido, pudiera acceder sin la intermediación perversa de los actuales partidos políticos. En este contexto los partidos podrían abrirse a sus bases, lo que nunca han hecho, y dar paso a una verdadera democracia. No eran, ni son, las FARC y el gobierno los llamados a concertar, a espaldas del pueblo, las reformas que requiere este país sin convocarlo a participar de una manera eficaz y no de la manera mentirosa como lo hicieron abusando de instituciones como la Universidad Nacional que hoy en día, lamentablemente, no da garantías de ser espacio amable con el pensamiento libre.
Dijimos, sin ambages, que la legitimidad buscada no era para el proceso sino para la política regresiva del presidente Santos, pero no nos creyeron.
Dijimos también (quien escribe esta nota en ello fue reiterativo) que si bien el plebiscito no era necesario para amnistiar a la guerrilla si lo era para amnistiar a los agentes del estado y a los civiles que fueron los principales violadores de derechos en desarrollo del conflicto, por lo que no era éticamente posible votar por el "SI" como no lo hicimos.
Votar el "Si", tal como no lo plantearon implicaba votar a favor de una inaceptable "ley de punto final" para los militares y sus aliados. No era posible aceptar la invitación a una vergonzosa entrega del concepto del delito político.
Votar el "Si" tal como lo plantearon implicaba aceptar una mentirosa verdad histórica
Votar el "Si", tal como lo plantearon implicaba legitimar el excluyente gobierno de Santos.
¡Que quede claro! El plebiscito solo tenía tres objetivos:
Primero, era necesario para legalizar la amnistía a los militares y a sus aliados que está prohibida en la Constitución que reserva esta figura exclusivamente para los delincuentes políticos; segundo, se requería para legitimar el nefasto gobierno de Santos y; tercero, consolidaba una verdad histórica a medias sin la participación eficaz de quienes la han vivido: las víctimas ya que no fue cierto que fueron el "centro de los acuerdos".
Así que a los derrotados del "SI" le enviamos un mensaje de tranquilidad. Solo se perdieron la posibilidad de legalizar y legitimar una "ley de punto final" para los agentes del estado, el cierre abusivo de la búsqueda de la verdad histórica y, la posibilidad de legitimar el gobierno de Santos. La posibilidad de tramitar una amnistía para los guerrilleros sigue siendo constitucional, legal y legítima, como bien lo sabe Timochenko quien afirmó que las FARC seguirán en la mesa de conversaciones como siempre lo han hecho (en todos los procesos anteriores el que siempre se levantó de la mesa fue el gobierno). El proceso debe seguir adelante, pero ya sin el sapo de amnistiar a los militares, de legitimar a Santos y de limitar la búsqueda de la verdad, como se pretendió hacer con el genocidio cometido contra la UP que iba a quedar registrado en la historia oficial como una "tragedia" que el estado "no logró evitar" siendo esta su única responsabilidad y como se pretendía hacer con el genocidio cometido contra el gaitanismo al que siempre han querído borrar de la historia oficial, como bien lo denunció valientemente, por estos días Gloria Gaitán.
¡POR LA PAZ: ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA!
!POR LOS DERECHOS: ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA!
La historia se repite ... se repite, hasta cuando, hasta que hagamos memoria, no olvidemos las experiencias y aprendamos ... Por. Jeritza Merchan Díaz
Nuevamente quienes han manejado desde las "élites" de poder al pueblo, lo volvieron a enfrentar. Durante años, décadas, quienes han sido rebeldes políticos o disidentes del régimen han sido bautizados, presentados con cuantos epítetos han sido necesarios para mostrarlos como enemigos, terroristas, "come niños" , bandoleros, etc. Ocho años de una presidencia absolutamente eliminadora de la Otredad dónde se vaciaron de sentido histórico, social y político; en los últimos 6 años la ambigüedad en su tratamiento ha sido constante: terroristas, asesinos... y hoy que la gente a respondido en sintonía con esa enseñanza, el Estado en voz de algunos de sus gobernantes responsabilizan al pueblo por "no querer la paz", que infamia!!! que ignominia!!!!.
Este !NO!, también es histórico, tiene memoria, es una negación que debe leerse con el sentido de sus connotaciones , qué implica que su intensidad numérica en zonas que habían sido de tradición guerrillera como Meta, Huila y Tolima, sean tan altas?. Dónde esta la base social de esa historia, acaso, no habrá sido eliminada? Ganó en Antioquia y a primera vista uno lo explica por la fuerte tendencia uribista, pero no será que se nos está olvidando que en este departamento tuvo presencia, incidencia y representación la Unión Patriótica, y allí precisamente se registran las masacres atroces cometidas en los noventa contra esta colectividad política como perpetración del genocidio?,qué fuerzas políticas se instalaron allí luego de la perpetración de las masacres, desapariciones forzadas, exilios, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos contra Upeistas y otras identidades políticas que no pertenecían al séquito de los gamonales, terratenientes y explotadores mineros; se nos olvidan los asesinatos uno tras otro de los defensores de derechos humanos en este Departamento?, no puede ser!!!!
Este no, no es de ahora, ha sido propiciado, sistematizado, "enseñado" (léanse los manuales paramilitares, y militares, también) y aún así en menos de un mes, se pretendía cambiar el código del !no! para con el Otro, del !no! para la participación política, del !no! Para la memoria histórica, del !no! Para entender la significancia del delito político, del !no! para respetar los derechos sindicales y de asociación, del !no! para respetar los derechos humanos. Eso es absurdo por decirlo menos.
Este NO responde a la imposición de la política del miedo que lleva instalada en Colombia desde hace muchos lustros, para mencionar solo algunas cosas, recordemos a los trabajadores de Las Bananeras los asesinaron porque eran peligrosos para el desarrollo que muy generosamente traía la tropical Oil Company; a los gaitanistas y a Gaitán los sometieron a genocidio, hablo ya de este término, porque fue justo en el año del magnicidio que fue adoptada y abierta la firma y ratificación, por la Asamblea General de la ONU de la resolución 260 A (III) - Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio- este crimen de la identidad política se justificó y se sigue justificando por el peligro de las ideas gaitanistas, identificadas por uno como socialistas, otros comunistas e incluso fascistas; pasando un borrador siniestro nada se esclarece y se implementa el miedo entre conservadores y liberales porque unos son peligros con respecto a los otros; las guerrillas liberales fueron bombardeadas porque el comunismo es peligroso para las "buenas costumbres" de la tradición partidista; el enemigo interno concepto implantado por la Doctrina de Seguridad para mencionar, estigmatizar, criminalizar y eliminar a cualquiera que se presuma peligroso para el orden y las instituciones; el uribismo llamó a combatir a sangre y fuego a los terroristas peligrosos para el proyecto autoritario de la seguridad democrática, sabiendo que son campesinos, estudiantes, organización social, sindical, aún así había que eliminarlos; este proceso de paz empezó entre el "buen Estado" y los "terroristas" peligros e indeseables , y aún así de la manera más cínica y atrevida hoy se quiere juzgar a quienes lo único que han hecho es ser obedientes con lo que les han enseñado: evitar el peligro de la Otredad , esa que se apropiaría de las curules, se gastará el dinero de nuestros impuestos, nos llevará al Castro-Chavismo, no ha cesado la implementación de miedo, miedo, miedo, y luego quieren que voten sin miedo por un sí. Eso sí es desproporcionado.
El NO, de hoy representa miedo, temor, en la mayoría de casos, o preguntémonos: cómo se instaló ese NO en las regiones ya mencionadas, con invitación, con propuestas de dignidad, con asistencia y respeto a los DH, o quizá con motosierras y la implementación mafiosa que todo lo compra?. Negar estas realidades es hacerle nuevamente el juego a un Estado que por tradición ha engañado, ha cambiado los discursos y ha desvanecido las historias. Otra vez la confrontación entre el pueblo?. Otra vez el engaño?, a eso SI digámosle NO.
Por qué hacer un plebiscito sin amnistía e indulto previos?
Por qué el desvanecimiento de la categoría de delito político?
Por qué la consulta de tantos puntos que desbordaban el acuerdo de DOS partes, no de toda la sociedad?
Por qué la fiesta antes del resultado del plebiscito?
Por qué la desinformación en los resultados de las encuestas?
Por qué apenas un mes para ilustrar sobre los Acuerdos?
Pero sobre todo, por qué el interés de fragmentar, polarizar y enfrentar al mismo pueblo que, generación tras generación ha puesto los muertos y que no ha encontrado verdad, justicia , reparación y mucho menos garantías de no repetición, pero aún así , hoy se quiere mostrar como el responsable de no querer la paz, eso si ya es abominable!!!!
Pregunto, y el Estado no es responsable de ese NO?, algunos industriales, multinacionales, ejércitos legales y paraestatales, no tienen nadita que ver con ese NO????? ; y con inmenso, pero inmenso dolor me pregunto, algunas expresiones y acciones de la izquierda tampoco tiene nada que ver? . Me interrogo, será que algo incidió el que hayamos actuado más por emoción que por razón, y por eso quizá nos faltó pensar que en las regiones, en las localidades, en las zonas no era tan fácil decir SI, porque aún quienes las manejan tienen el poder de la violencia para "ordenar el NO"; o de pronto no podría esperarse que se saliera a votar SI, sin haberse sentido la inclusión de los sectores votantes en la negociación?. Por eso me sigo interrogando: cuales son los intereses reales de haber sometido un DERECHO, como lo es la paz, a votación???; cual es la razón de que aún entendiendo que no era el plebiscito la figura expedita para la ratificación de los Acuerdos, fue la adoptada???, porque sabiendo que este país se encuentra altamente polarizado se insistió, sin embargo, en seguirlo dividiendo con un SI o NO, que realmente no son opciones reales para la superación del conflicto social y armado ???
Que se quiere legitimar ahora?, lo mismo que se hizo con el Frente Nacional?, el silencio, el olvido, los pactos entre gobernantes de partidos tradicionales y la exclusión y criminalización de otras fuerzas políticas?, esta vez con el argumento de que "el pueblo lo decidió así", que horror!!!!
Espero en realidad, que la grandeza del pueblo, sea superior a la mezquindad y el engaño de sus gobernantes. Yo soy de ese pueblo y siempre, como creo la mayoría quiero la paz, la exijo y también me comprometo con ella, pero me resisto a seguir con la tradición de dejarme engañar o chantajear a nombre de este concepto, como lo hicieron con mis abuelos, padres... esos gobernantes de tradición, adueñados de este Estado excluyente y vulnerador, precisamente, para justificar y legitimar la guerra. Por eso creo, que no es el pueblo el que tiene que dar explicaciones, este NO, lo debe explicar el presidente, los asesores también, quienes manejan las encuestas otro tanto, y quienes hoy de manera irresponsable se llaman "ganadores" no se de qué _ además de las tierras de nuestros campesinos, de la paramilitación del Estado, de la instalación del terror, de la pauperización de la existencia gracias a sus políticas y acciones_ para que nos expliquen, ellos SI: cómo van a cobrar ahora esa "ganancia"?.
GANÓ LA CONSTITUYENTE Y LA SOCIEDAD CIVIL. Por: Jaime Araujo Renteria.
Conocidos los resultados del plebiscito, se observa que el 63% de los votantes y 34 millones de colombianos, en su mayoría, miembros de la sociedad civil, víctimas de la violencia del Estado y del NO Estado, consideró que Santos y Uribe eran una misma cosa; que ambos, por igual han violado sus derechos fundamentales, al trabajo, a la salud, a la educación, a la igualdad, a la libertad, a la vivienda etcétera; que ambos defienden el mismo modelo económico, han sido socios y lo serán en el futuro, en la guerra que han hecho contra los derechos del pueblo; que ambos proponían la cesación de un conflicto armado, sin justicia social. La sociedad civil sabía, que cualquiera que fuera el resultado, al día siguiente, los desempleados seguirían sin empleo; los estudiantes sin escuelas y los enfermos sin hospitales, los jóvenes sin oportunidades y las mujeres discriminadas; etcétera.
Que lo único cierto, eran los nuevos impuestos que pagaría el pueblo, especialmente su clase media, ya que los más ricos no pagan con el argumento de la seguridad inversionista de Uribe y de Santos.
Las víctimas de la sociedad civil, tenían claro, que como en el caso del proceso de “Paz” con los paramilitares, otra vez, se les iba a violar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición. Por estas razones fundamentales y por otras adicionales, fue que no acudieron a ratificar los acuerdos de La Habana, pues sabían que no era la paz con justicia social que es lo que anhelan.
Ese 63% de los colombianos, miembros de la sociedad civil con derecho a voto, es casi el doble, del 37.1% que acudió a votar el plebiscito y que representan el 13.5 por el sí; y el 13.5 por el no. La realidad entonces, es que tanto Uribe como Santos perdieron; perdieron unidos, pues el 63% es casi el doble del 37%; y perdieron también individualmente ya que el 13% de cada uno de ellos, frente al 63%, implica una diferencia del 50% (63-30=50); lo que significa que el 50% de los colombianos, miembros de la sociedad civil, los rechaza a cada uno de ellos. Es de resaltar, que entre votos nulos y votos no mercados (170.946+ 86.243= 257.189); más de un cuarto de millón de colombianos también los rechazaron.
Por eso sorprende, que tanto los rechazados Uribe como Santos, propongan como fórmula mágica, para enfrentar el rechazo de que ambos fueron objeto; un pacto para repartirse el poder y el gobierno entre ellos, otro acuerdo con exclusión del 63% de la sociedad civil, sin justicia social y con una nueva violación de los derechos de las víctimas de la sociedad civil a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. ¡La sociedad civil rechaza ese nuevo frente nacional entre Uribe y Santos!, con exclusión del 63% de los ciudadanos (cerca de 21 millones de ciudadanos) y de otros miembros de la sociedad civil. Y decimos otros miembros, ya que el número de ciudadanos es de 34.899.945; pero existen 13 millones más de compatriotas (para un total de 48 millones), que no votan, por ser menores de edad, pero como personas tienen los mismos derechos humanos que tienen los ciudadanos y por lo mismo hacen parte de la sociedad civil y deben ser tenidos en cuenta al momento de decidir sobre su destino.
El plebiscito, no era el camino, para dar una verdadera paz con justicia social; no era tampoco el escenario donde pudiera concurrir la sociedad civil, esto es, 34 millones de colombianos, que son el 250% más que los que concurrimos a votar el 2 de octubre. Si de verdad, queremos reconciliarnos a los 34 millones de colombianos, con los 13 millones que votaron el 2 de octubre, hay que hacerlo desde abajo, desde la base, y no desde la cúpula de la clase política que fue rechazada. Por este motivo el único instrumento para hacerlo es desde una verdadera Asamblea Constituyente, democrática, con representación mayoritaria de la sociedad civil, sin limitaciones, que se ocupe de todos los asuntos que interesan, precisamente, a la sociedad civil. Asamblea que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana.
Es importante recordarle a Uribe y a Santos, que muchos de los votos que obtuvieron por el sí y por el no, fueron de miembros de la sociedad civil, a quienes no se les dio otras opciones, como el voto en blanco o el voto por la constituyente, que no son amigos ni de la guerra de Uribe, ni de “La Paz” excesivamente imperfecta de Santos, pues quieren más que la cesación parcial de un conflicto armado: la paz con justicia social; esto es, con derechos humanos. Como es importante recordarles, que no deben seguirle mintiendo a la sociedad civil, ya que, si bien el presidente es responsable del orden público, no es el dueño de la paz; pues este es un derecho que ya tenemos los colombianos
en el artículo 22 y que no vamos a dejárnoslo quitar ni Uribe ni de Santos, ni de la FARC. No basta, con que el presidente reconozca su derrota; es necesario que asuma las consecuencias de la misma; como la asumió David Cameron, el primer ministro inglés cuando perdió su propuesta de continuar en la unión europea; como la asumió el general Charles de Gaulle, cuando el pueblo francés le dijo no a su propuesta; como debió asumirla también un dictador como Pinochet, cuando perdió su plebiscito en Chile y en el caso de Colombia, como quiera que el plebiscito involucró a todo el gobierno, que hicieron campaña por el sí (sin respetar la sentencia de la Corte Constitucional), todo el gobierno debe asumir su responsabilidad política; y en política, la responsabilidad se asume como la asumió Cameron, de Gaulle y Pinochet: ¡Renunciando!. Ha llegado el momento, en Colombia, de nombrar un gobierno provisional, cuyo primer acto, sea la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, con representación mayoritaria de la sociedad civil (no de la clase política); esto es de las organizaciones sociales, democrática, sin limitaciones, reitero: que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana.
Jaime Araujo Rentería.
¡ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: NUEVAS INSTITUCIONES PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA!
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