lunes, 3 de octubre de 2016
Con el triunfo del NO se abre el camino de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero que tipo de Constituyente y para que?
La Asamblea Nacional Constituyente
Por.
Editson Romero Angulo
Por.
Editson Romero Angulo
¿Qué es una Asamblea
Constituyente?
Es una reunión nacional de
delegados del pueblo—no representantes— elegidos o designados con el objetivo
específico de determinar las reglas de funcionamiento del Poder Público como
fundamento de su sistema político y plasmar a través de un pacto político en
una Constitución fijando reglas para la construcción de un nuevo Estado y de
convivencia entre éste y la sociedad.(1)
Existen dos tipos de Constituyentes:
Asamblea: Aquella surgida después
de una revolución que violenta el orden establecido, bien sea a través de un
golpe de estado o una revolución. Rompe la estructura institucionalizada, en
Colombia la última Asamblea Constituyente fue la que produjo la actual Constitución
que es considerada una Asamblea porque según
la Constitución de 1886:
“Artículo 209.- Esta Constitución
podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado en
tres debates por el Congreso en la forma ordinaria, transmitido por el
Gobierno, para su examen definitivo, a la Legislatura subsiguiente, y por ésta
nuevamente debatido, y últimamente aprobado por dos tercios de los votos en
ambas Cámaras.” No por convocatoria del pueblo como finalmente se dio.
Convención: conocida como
Asamblea Institucional es decir sin romper el orden establecido y se convoca para reformar la Constitución
vigente. El ejemplo clásico es La Convención de Filadelfia se desarrolló entre el 14 de mayo y el 17 de
septiembre de 1787.
Pero lo cierto como en el caso de
la Convención de Filadelfia que estas suelen convertirse en creadoras de nuevas
estructuras jurídicas y de gobierno.
Bien con estas breves aclaraciones
veamos la situación de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia:
·
Las Propuestas emanas desde el uribismo “Centro Democrático”
Una Constituyente que apruebe más
impunidad para los actores que violaron los derechos humanos desde la orilla
del Estado y aplicar si todo el peso de
la ley a las FARC- E.P, negando la
posibilidad del ejercicio político a los miembros de las FARC – E.P.
·
La propuesta emanada de las FARC – E.P.
En diciembre
de 2013 colocaron sobre la mesa “un gran
acuerdo político nacional”, que permitiera:
1. avanzar
hacia la construcción la paz con
justicia social,
2. a
democratización real y la reconciliación nacional.
3. El
Gran acuerdo político nacional’ que
comprometiera los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones
que les han sido conferidos”.
4. Es
una Constituyente como parte de una negociación con el Estado.
El Secvtor de los Progresistas
representado por Gustavo Petro viene
hablando de una Asamblea Constituyente, que
discuta temas esenciales para la población
y que la afectan en su vida diaria pero que no se han podido resolver por las vías
rutinarias de la institucionalidad como son de la salud, la educación, la
justicia y el territorio.
Bien, la realidad es que en las
condiciones actuales la Constituyente se convierte en una opción para salir de
esta oscura noche que apenas empieza pero para enmendar errores esta constituyente
debería ser realmente representativa debe profundizar las raíces democráticas de
nuestra población. Una organización de
la que hemos en este blog informado el denominado Partido Socialista de los
Trabajadores propone:
“La Asamblea Nacional
Constituyente significa que su composición debe reflejar la estructura social
del país. Si la mayoría -estratosoría de la población es la clase trabajadora
este sector debe tener la mayoría de constituyentes; los campesinos pobres, la
comunidad afro y los indígenas y demás participación acorde con su número. Mientras que los terratenientes y empresarios
que son la ínfima minoría tendrán una participación de entre el 1% y 2%, como
máximo, que será el reflejo de lo que son desde el punto de vista numérico en
la sociedad. En la actualidad es al revés, la inmensa mayoría no tienen
representación en el Congreso y por eso las leyes favorecen a los capitalistas
con el criterio de la ganancia. Si queremos democracia tenemos que empezar por
que esta sea real, no formal. Que sea una democracia de la mayoría de la población.
Una democracia con el sello de los trabajadores y sectores populares”(2)
Pero lo cierto es que para este
ejercicio se necesita un verdadero ejercicio de política unido al que hacer pedagógico
de la población que se pueda usar la inteligencia emocional y administrar los
sentido, si no redundara en otra derrota contra los más golpeados por la
sociedad y el conflicto.
(2)
La Constituyente que proponemos
miércoles, 28 de septiembre de 2016
CENSURA TOTAL A CAMPAÑA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS
Ante el Tribunal Superior de Bogotá se presentó una acción de tutela como primer paso de una fuerte estrategia jurídica para defender los derechos a la información, libertad de expresión y el debido proceso de la Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (Educar Consumidores) .
El 7 de septiembre esta entidad ordenó a Educar Consumidores por medio de la Resolución 59176, cesar la divulgación de la campaña “Tómala En Serio”, en un rápido proceso administrativo producto de una denuncia presentada por Postobón S.A.
En flagrante violación de la normatividad nacional e internacional que prohíbe la censura, la SIC ordenó sacar del aire un comercial que advertía sobre los efectos nocivos del consumo de bebidas azucaradas, ordenando también someter a control previo cualquier tipo de información que Educar Consumidores quisiera transmitir con relación a estos productos, lo que significa que esta organización no puede publicar en ningún medio de comunicación tradicional o digital, ni en redes sociales, información relacionada con esta materia, sin contar con la previa autorización de la SIC.
Restricciones tan severas a la libertad de expresión y al derecho a informar sólo encuentran justificación en casos en que la información que se esté divulgando vulnere derechos fundamentales de terceros, o atente contra la salud y/o la seguridad públicas. Paradójicamente, el comercial y toda la campaña “Tómala En Serio” defiende en particular el derecho fundamental a la salud, que pasa por tener acceso a información veraz sobre los productos que atentan contra ella. Nuestra campaña no vende productos, intenta salvar vidas.
Toda la información suministrada en la campaña “Tómala En Serio” cuenta con amplio respaldo científico. Es la misma OMS la que promueve en el mundo la reducción del consumo de bebidas azucaradas como una medida de salud pública para prevenir y disminuir la aparición de enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otros eventos adversos para la salud, como lo advertía el comercial.
Esta campaña es necesaria en un país que presenta más de la mitad de la población adulta en sobrepeso y obesidad, y más del 17% de sus niños en igual condición (Ensin 2010), y en el cual, el sistema de salud ha visto crecer en solo 5 años los costos de atención por enfermedades metabólicas relacionadas en 755% .
A pesar de las gravísimas consecuencias que produjo la orden de la SIC para la campaña “Tómala En Serio”, Educar Consumidores adoptó todas las medidas para dar cumplimiento a la misma, al tiempo que ha desarrollado una estrategia jurídica que llevará hasta donde sea necesario, en orden de defender el derecho del pueblo colombiano a conocer los factores de riesgo que oponen a la salud pública, los intereses económicos de unos pocos.
La acción de Postobón S.A. y la SIC busca silenciar una campaña de salud pública en un momento en el que se debate en el país la necesidad de un impuesto a productos que son perjudiciales para la salud, como las bebidas azucaradas.
La campaña de salud p´blica estuvo activa desde el primero e agosto hasta la semana del siete de septiembre en el que se tomaron las medidas correspondentes.
domingo, 25 de septiembre de 2016
El 26 de septiembre, en la ciudad de Cartagena de Indias, se desarrollará la ceremonia de firma final de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos.
La cita contará con la presencia de mandatarios de países de todo el mundo, comenzando por [Jhon Kerry, Secretario de Estado de] Barack Obama, representante del imperialismo norteamericano, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; el presidente de Cuba, Raúl Castro- invitado especial- el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y seguramente un alto representante de la Unión Europea.
El imperialismo y la burguesía se anotan otro punto
Hay que preguntarse por qué el imperialismo y burguesía le han dado tanta importancia y despliegue a estos acuerdos de paz en Colombia, y por qué la prensa mundial se ha encargado de mostrarlos en sintonía con una gran satisfacción de pueblo raso. Las encuestas le dan al SÍ en la votación del plebiscito a favor de los acuerdos, programado para el 2 de Octubre, una amplia mayoría. Con ello los plumíferos a sueldo, sostienen que el gobierno de Santos así como Obama y los Castro, todos juntos están interpretando el clamor del pueblo colombiano. El mismo presidente Juan Manuel Santos dijo: “Tal vez es el anuncio más importante que he hecho en mi vida”.
No hay que engañarse. Para el pueblo raso, para los trabajadores, la clase obrera y el campesinado pobre, los acuerdos son solo la posibilidad de parar un conflicto entre aparatos, en el que ellos son los que han puesto los muertos, los desaparecidos y los desplazados. Para el imperialismo y un gran sector de la burguesía colombiana y por supuesto la de los países vecinos, significa una gran satisfacción porque ponen fin, por la vía de incorporar a las FARC al régimen político burgués, a la guerrilla más antigua del continente, que protagonizó una guerra durante 52 años contra el régimen político colombiano. Una guerra, como decía León Trotsky sobre la guerra de guerrillas, una guerra pequeña, porque la grande, la guerra civil, nunca fue el objetivo de las FARC y porque tampoco pudo empalmar con la lucha de clases ni con el respaldo popular, campesino y obrero, que fue perdiendo en la medida en que adoptaba más y más los métodos típicos del terrorismo individual, y se alejaba de los intereses populares.
El imperialismo festeja porque finalmente su política de garrote y zanahoria rindió frutos. Intentó derrotarla varias veces por la vía militar, le asestó golpes fuertes en este terreno, eliminó a la Unión Patriótica, su expresión legal durante un intento de negociaciones de paz en el gobierno de Belisario Betancur a mediados de la década del ‘80, todo con el objetivo de llevarla a la mesa de negociación para sellar su rendición, así como lo consiguió a finales de la década del ‘80 con las guerrillas centroamericanas a través de los acuerdos de Esquipulas y Contadora. Como lo obtuvo también con otras guerrillas menores, como el EPL y el M-19 a inicios de la década del ‘90 en Colombia. Hoy el M-19 es mostrado como ejemplo de su decisión de incorporarse al régimen, porque no desistió de ello a pesar de que fue asesinado su candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, y otros cuantos dirigentes, poco tiempo después de firmar la paz en 1991 en su primera participación electoral ya desmovilizados. Eso mismo le piden hoy a las FARC ante el riesgo de que las mismas bandas paramilitares asesinen a uno o varios de sus dirigentes una vez sellados los acuerdos; las FARC están dispuestas a hacerlo.
Para el imperialismo significa eliminar una fuente de inestabilidad, un obstáculo que impedía la entrada libre de sus multinacionales a los territorios controlados por la guerrilla para instalar sus empresas de agro negocios, que impedía su control total sobre la producción y exportación de coca y que también era fuente de inestabilidad regional, por su ubicación estratégica como parte del patio trasero del imperialismo norteamericano. Para el imperialismo, para la burguesía, los terratenientes y ganaderos, es un gran avance, porque siempre tuvieron el temor de que la guerra pequeña se convirtiera en la guerra grande, que se regara como pólvora por una región a la que siempre han sometido a planes de miseria, hambre y represión.
Políticamente, llenaran páginas y páginas mostrando la “grandeza” de la restringida democracia burguesa, de su dictadura de clase, elogiando la posibilidad de que los odios, darán paso a los votos y que ellos llevarán a sus antiguos enemigos a los palacios y los parlamentos y, porque no, hasta la silla presidencial, mostrando los ejemplos de Nicaragua, de El Salvador, de Sudáfrica, de Brasil y de la propia Colombia con los ex guerrilleros del M-19 y el EPL. Con ello seguirán engañando al pueblo trabajador mientras fortalecen sus ejércitos y aplican los planes para descargar sobre las espaldas de la clase obrera y los trabajadores su profunda crisis económica mundial. Santos ya lo anunció, al tiempo que se ufana de su triunfo, aplicará una “reforma” tributaria y fortalecerá el odiado Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD (policía antimotines conocida popularmente como los “robocops”) porque los trabajadores no solo pagan la guerra sino también la paz.
El gran ganador de los acuerdos de La Habana es el imperialismo que ideó el Plan Colombia, que invirtió en recursos, asesores y armamento, y hoy se prepara para pasar la cuenta, con los famosos planes de inversión para el pos conflicto con los que sus multinacionales se beneficiarán de la rebaja de impuestos, la libertad absoluta para invertir sus capitales, saquear las riquezas y sacarán sus ganancias multiplicadas.
¿La más importante de las batallas de las FARC?
No es extraño que la dirigencia de las FARC presente la firma de los acuerdos como “la más importante de sus batallas”, así como Raúl Castro presentó el restablecimiento de las relaciones con el gobierno norteamericano, como un “gran triunfo de la revolución”. Al fin y al cabo los dos vienen del mismo tronco: el estalinismo. No es gratuito tampoco que el escenario de las negociaciones fuera La Habana. La escuela estalinista los entrenó muy bien; todas sus capitulaciones y traiciones siempre las presentaron como grandes triunfos. La verdad es que los Castro apoyados en el prestigio ganado por la revolución cubana, han restaurado el capitalismo en su país de manera silenciosa, y entablaron de nuevo relaciones, no solo diplomáticas sino comerciales y de todo tipo con su vieja enemiga la burguesía imperialista yanqui, porque tienen el interés común de impulsar el desarrollo capitalista, ahora como buenos socios. Y esta es una de las razones, la fundamental, por la cual las FARC han firmado por fin un acuerdo que no es otra cosa que su incorporación al régimen burgués.
En la segunda mitad de la década de los 80, las FARC llegaron a una encrucijada por una serie de factores. Las declaraciones de Fidel Castro frente a la revolución nicaragüense: “Nicaragua no será una nueva Cuba”, eran un mensaje para la burguesía y el imperialismo, en el sentido de que ni la burocracia cubana ni la de la URSS apoyarían un proceso de expropiación de los capitalistas nicas. Es decir, no irían a un programa de expropiación como el que tuvieron que aplicar en Cuba, presionados por la movilización de masas y por la política imperialista. Las FARC también entendieron el mensaje. En adelante el aparato estalinista apoyaría todos los procesos de paz negociados y la reincorporación a la “vida civil” de las organizaciones guerrilleras. De allí en adelante ya su programa democrático revolucionario, en especial la lucha por la tierra, cambió radicalmente. Las negociaciones de paz durante el gobierno de Belisario no prosperaron porque un sector de la burguesía colombiana y de los ganaderos, apoyándose en las bandas de paramilitares, aprovechadas también por varias multinacionales, desataron una violenta masacre selectiva y sistemática no solo contra la Unión Patriótica sino contra la vanguardia obrera y sindical que se radicalizaba en las luchas y en las huelgas, obligando a las FARC y al ELN a atrincherarse y responder militarmente a los ataques. La restauración del capitalismo, en los llamados países del “socialismo real”, terminaría por afianzar su contradicción.
Perdido el apoyo político y económico de la URSS y de Cuba, se volvía insostenible mantener un ejército de miles de combatientes. La dirigencia de las FARC comenzó un proceso irreversible de búsqueda de recursos utilizando cada vez más los métodos del secuestro y la extorsión no solo a terratenientes y ganaderos sino a campesinos medios y otros sectores pobres de la población. Al tiempo daban el paso, primero como protectores de los sembrados de coca, y después como miembros del negocio de su producción y comercialización, haciendo parte de la economía subterránea que se convertía en otra fuente de distorsión de las luchas obreras y populares y que junto con su estrategia de aparato armado, justificaban la violenta represión de un régimen antidemocrático y asesino. Estos métodos de financiación los fue degradando y aislando políticamente de la población. La burguesía y el imperialismo supieron explotar políticamente esta degradación de la guerrilla y aprovecharon para profundizar su pérdida creciente de apoyo campesino y popular, montaron las bandas de ejércitos mercenarios, paramilitares, para deshacerse no solo de guerrilleros sino también, de luchadores obreros incómodos, de dirigentes campesinos, de activistas, organizando uno de los mayores despojos de tierras, provocando un desplazamiento interno que llega a la cifra de más de 6 millones, el segundo país en desplazados después de Siria que se encuentra en guerra abierta y declarada. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha dado una cifra de 220.000 muertos durante los años de confrontación –aclarando que la cifra es aún conservadora- y 162.000 desaparecidos, amén de las más de 300 mil amenazas, producto de las cuales muchos tuvieron que dejar el país.
Está claro, la estrategia guerrillera ha demostrado su total fracaso, un fracaso que la clase obrera, los trabajadores y los campesinos pobres, tuvieron que pagar con sangre y fuego. Los socialistas siempre combatimos políticamente la estrategia guerrillera. Decía nuestro dirigente trotskista Nahuel Moreno “Si son la masas las que hacen las revoluciones, toda prédica, propagandística o práctica (a través de acciones) de que es una ínfima minoría de guerrilleros la encargada de hacer la revolución, es un factor de profunda desmovilización del movimiento de masas, va en contra de la revolución.
Peor aún, utilizan a la clase obrera, si intervienen en ella, como abastecedora de combatientes, sacando así de la clase (y enviando a la muerte) a valiosísimos activistas y luchadores y debilitando así la organización de la clase obrera.” Hoy las FARC, y su movimiento político legal, abandonan definitivamente la lucha por la tierra y contra el régimen antidemocrático, y adoptan un nuevo programa: el de los acuerdos de paz de La Habana, ese es el que se han comprometido a defender y por el cual están dispuestos a sacrificar aún más vidas. Porque mientras ellos se desmovilizan las bandas de sicarios a sueldo no lo hacen, y ya en la recta final del proceso han seguido amenazando, atentando y asesinando. Desde 2012 hasta marzo de 2016 han asesinado más de 112 activistas de la Marcha Patriótica, movimiento influenciado políticamente por las FARC.
Vamos a ver un movimiento más de los que hemos visto en varios países del planeta. Movimientos electorales que cambiaron las balas por los votos y que defienden la democracia burguesa en tanto puedan disfrutar de sus mieles, de los privilegios para unos pocos a costa del hambre, la opresión y la miseria para la inmensa mayoría, incluidas sus propias bases. No pueden decir que este nuevo programa es revolucionario, porque eso significa seguir mintiendo a la clase obrera y los trabajadores del campo y la cuidad, eso sería tanto como decir que Santos y Obama también lo son. Las FARC han firmado unos acuerdos con algunos dulces para engañar, pero en su esencia es el programa de un sector mayoritario de la burguesía colombiana y del imperialismo. Es el programa de defensa de la propiedad privada y no el de la expropiación de la revolución cubana de 1959, ya enterrada por los Castro. La gran mayoría de las organizaciones de izquierda que apoyan ese programa de la reconciliación, están haciendo de hecho explícito su abandono de la revolución, que alguna lejana vez defendieron. Al apoyar los acuerdos de paz y llamar a votar por Santos primero y ahora por el SÍ en el plebiscito, están adoptando ese mismo programa. Seguiremos combatiendo políticamente, como ayer lo hicimos con su estrategia guerrillera, el programa que hoy le ofrecen a las masas de “radicalizar la democracia”… burguesa. Seguiremos levantando aún con más fuerza el programa de la revolución socialista mundial, como una necesidad imperiosa de la clase obrera y sus aliados: las masas empobrecidas y humilladas, segregadas y explotadas.
La clase obrera y los trabajadores no tendrán paz
El ciclo de la explotación capitalista seguirá, aumentado aún más por la crisis económica mundial. Es una ley de hierro, para que los empresarios remonten la crisis, tienen que aumentar la sobreexplotación de la clase obrera de la ciudad y el campo, descargando sobre sus espaldas los planes que el FMI exige en todo el mundo. Más planes de ajuste, recorte de gastos del estado, reformas tributarias, desempleo. La borrachera de la paz se va a enfrentar con esta realidad. Ahora se abre la posibilidad de que Colombia entre en la dinámica de la lucha de clases de toda Suramérica que ha desembocado en huelgas generales, revoluciones y cambios de gobiernos y regímenes, liberada de la camisa de fuerza de la guerra de aparatos, porque lo cierto es que ya no será igual.
Los socialistas le apostamos a esta perspectiva. Le apostamos a que la lucha obrera se coloque en el centro, a que los trabajadores retomen sus métodos de lucha masiva, que asuman en sus manos la dirección de sus conflictos y de su organización, que los sectores populares estallen contra sus ominosas condiciones políticas y sociales, que el movimiento indígena se levante por sus derechos, que las mujeres víctimas de tantos abusos y vejámenes sigan exigiendo justicia y reparación, junto con las miles de víctimas del conflicto y los campesinos despojados de sus tierras. Le apostamos a la lucha de los explotados y los oprimidos, le apostamos a la lucha de clases y no al programa que los nuevos movimientos políticos le están apostando: unidad con los de arriba, reformismo sin reformas. Porque la lucha de masas organizada, sin mesías que la reemplace, abrirá la posibilidad para que el partido revolucionario, el que se juega por la clase obrera, el internacionalista, se convierta, sin plazos, en una alternativa de dirección para conseguir la verdadera paz, la que merecen los trabajadores, una sociedad sin explotación y sin opresión de ningún tipo. A esa construcción, a esa lucha y por esa alternativa, llamamos a todos los activistas que creyeron honesta pero equivocadamente en la guerrilla, que ahora le capitula a la democracia burguesa y al régimen autoritario, negociando con la corrupta burguesía pro imperialista que ha saqueado la riqueza del país y reprimido con saña la lucha de los explotados y oprimidos.
Por eso el 2 de octubre llamaremos junto con el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia (PST), nuestra sección nacional, a no votar “ni por el SÍ de Santos, ni por el NO de Uribe” en el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz. La disyuntiva no es entre el apoyo a una u otra de las facciones burguesas, la “guerrerista” de Uribe o la “democrática” de Santos. Las FARC han declarado que aunque ganara el NO, ellos no volverán a las armas y honrarán los acuerdos. La disyuntiva es entonces entre el apoyo a los planes burgueses e imperialistas posconflicto, o declararle la guerra a la guerra social para la que se prepara Santos contra la clase obrera, los campesinos pobres, los indígenas y todos los explotados. Por eso invitamos a colocar en el tarjetón: por una Constituyente amplia, libre, democrática y soberana que discuta el programa posconflicto de los de abajo, de los postergados de siempre.
Secretariado Internacional de la Liga Internacional de los Trabajadores
martes, 20 de septiembre de 2016
La Gestión de la calidad
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| Yanet Yepes |
CLIP AQUI PARA VER EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=vrlubrTWE5k&feature=autoshare
viernes, 16 de septiembre de 2016
ORDENAN SUSPENDER CAMPAÑA QUE PRETENDE SALVAR VIDAS
· La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Educar Consumidores cesar la difusión de su campaña de salud pública con la que advierte sobre los riesgos asociados con el consumo de bebidas azucaradas; los cuales también han sido señalados con evidencia científica por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos nacionales e internacionales.
· Educar Consumidores rechaza las afirmaciones de la SIC sobre la supuesta publicidad engañosa y la falta de evidencia científica que respalda la campaña.
CLIP LEA COMUNICADO DE PRENSA https://drive.google.com/drive/my-drive
CARTA ENCÍCLICA PACEM IN TERRIS DE SU SANTIDAD JUAN XXIII
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| Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad |
Clip para leer la Enciclica http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
Texto completo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
Clip paraleer losacuerdosoficiales : http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx
jueves, 15 de septiembre de 2016
DESACATO, ILUSIONES Y DELITOS DE OPINION
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| Jaime Araujo Renteria |
El que hace la
pregunta que le da la gana, también ha hecho lo que le da la gana, con otras
órdenes de la sentencia de la corte constitucional sobre el plebiscito, violándola:
la corte, en la página 337, numeral 146, trazó una distinción fundamental entre
divulgación y promoción del acuerdo, que el gobierno no ha respetado, ya que
convirtió la “divulgación” que está haciendo en todos los medios de
comunicación, en promoción a favor del sí, convirtió la información en
propaganda oficial; violando la prohibición de la corte, sin que ésta ni
ninguna otra autoridad, haya impedido que el presidente haga lo que le dé la
gana. Miremos el texto:
“146. El
artículo 5º del PLE refiere a los mecanismos de divulgación del Acuerdo
Final. Para la Corte, la
constitucionalidad de esta norma depende de una distinción conceptual básica
entre las nociones de divulgación y promoción del Acuerdo. Por divulgación debe comprenderse la
información a los ciudadanos, de manera objetiva e imparcial, de los contenidos
del Acuerdo Final, actividad que está unívocamente dirigida a permitir que las
personas se ilustren sobre la materia y de manera libre y autónoma decidan qué
postura van a asumir en la votación del plebiscito. La promoción, en cambio, es un ejercicio que
pretende convencer a los electores para que asuman una postura particular, esto
es, a favor del “sí” o del “no”.
La Sala
determina que los instrumentos previstos en el artículo 5º tienen por objeto
única y exclusivamente la labor de divulgación y de ningún modo podrán utilizarse
para la promoción, pues ella deberá ser realizada a través de las campañas del
plebiscito, reguladas en el artículo 2º del PLE y en las demás normas
estatutarias que le sean aplicables.”.
“147. Es claro
que una de las condiciones para la garantía de la libertad del elector es
contar con la información suficiente, en el caso analizado, conocer a
profundidad el contenido del Acuerdo Final como paso previo para adoptar una
postura dentro del plebiscito especial.
Por ende, la norma que obliga al Presidente a divulgar el Acuerdo es
constitucional en cuanto refleja dicho deber de información hacia los
ciudadanos que concurren al mecanismo de participación. A su vez, la libertad en comento depende de
la imparcialidad y objetividad con que sea divulgado el Acuerdo. Por ende, ante la necesidad de dar carácter
vinculante a la distinción en comento y correlativamente evitar que las reglas
de divulgación sean utilizadas en el ámbito de promoción, la Corte concluye que
el artículo 5º debe ser siempre comprendido de manera que la divulgación y
publicación del Acuerdo (i) debe estar desprovista de cargas valorativas y
estratégicas que incidan en la vocación de voto del ciudadano y (ii) la
información suministrada debe ser veraz e imparcial.” (Páginas 337 y 338).
Un simple
cotejo, entre lo ordenado por la corte y la propaganda oficial que está pasando
el gobierno en todos los medios de comunicación, demuestra, que el Presidente
no mentía, cuando decía, que él, hacía lo que le daba la gana.
Lo más grave, es
que aquí no terminan las ganas, de hacer lo que le da la gana con la sentencia
de la corte. Esta, ordenó, que la información, imparcial y objetiva
(divulgación, en la distinción que trazó la corte), debía darse, a las personas
que no se comunican en el idioma castellano (lo que cobija a todos los grupos
que no lo usan: indígenas, ROM, afro descendientes que no se comunican en este
idioma) o personas en condición de
discapacidad (sordos, ciegos, mudos; sordomudos, etcétera); lo que la corte
quiere es que se divulgue en la lengua y en la escritura, que usan cada uno de
esos grupos humanos; de modo que si en Colombia, existen cerca de 50 grupos
humanos que no utilizan el idioma castellano, si no otra lengua u otra
escritura, los acuerdos de La Habana debían de ser divulgados en cada uno de
esas lenguas; en cada una de esas escrituras; de modo que la corte exigió
múltiples divulgaciones, pues se debía tener en cuenta a todos los habitantes
del territorio y precisamente a estos grupos humanos la corte les dio un
derecho a la información reforzada, que quien hace lo que le da la gana, le ha
dado la gana de violárselos; violando de paso el artículo 10º de la
constitución que establece “las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son
también oficiales en su territorio.” Y el artículo séptimo de la misma que
dice: “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana.”. Basta con cotejar, la cantidad de lenguas y dialectos
existentes actualmente en Colombia, con la propaganda oficial, para descubrir
que no se ha publicado en sus lenguas, en sus escrituras, ni siquiera en el
lenguaje Braille; etcétera; violando la sentencia de la
corte, sin que ésta ni ninguna otra autoridad, haya impedido que el presidente
haga lo que le dé la gana. Miremos el texto, Pág. 339:
“150. Por
último, la Corte concuerda con varios de los intervinientes, en el sentido que
la divulgación debe ser idónea e incluyente. Por lo tanto, debe tener en cuenta
a todos los habitantes del territorio, incluidos aquellos que viven en las
zonas más apartadas del país, así como debe comprender un enfoque diferencial
para aquellas comunidades que no utilizan el idioma castellano, así como frente
a las personas en situación de discapacidad.
La justificación de una exigencia de este
carácter se basa, del mismo modo, en la condición de diversidad cultural y
étnica que reconoce la Constitución para la sociedad colombiana. Asumir este mandato superior desde su
perspectiva material, obliga a que se ejecute dicho enfoque diferencial, más
aún si se tiene en cuenta que tanto los grupos étnicos como las comunidades de
territorios alejados, en especial zonas rurales, han sido grupos poblacionales
gravemente afectados por el conflicto armado interno, lo que impone que tengan
una garantía reforzada de información sobre el contenido del Acuerdo, para que
puedan decidir libre y de manera informada sobre su refrendación. Esto bajo el
entendido que tales circunstancias de diversidad frente a la sociedad
mayoritaria no pueden configurar una barrera para la libertad del elector. Por ende, con el fin de evitar un déficit de
protección a dichas comunidades, la Corte condiciona la exequibilidad de la
norma analizada en ese sentido.”.
Lo más grave, es que aunque el gobierno, trate
ahora, tardíamente, de ocultar la violación de la sentencia de la corte, ya la
habrá violado, por cuanto incurrirá en la violación de otro principio
constitucional; el de la igualdad, ya que la publicación del acuerdo en idioma
castellano ya se hizo y la de las otras lenguas, se harán tardíamente; y la
protección reforzada que quería la corte para estos grupos, le dio la gana al
gobierno de no dárselas.
La violación es
más flagrante, si se tiene en cuenta, que de acuerdo con la ley, ésta exigía
que la publicación se hiciera con un mínimo de 30 días anteriores a la fecha de
votación del plebiscito y la corte amplio este plazo, ya que exigió que todas
las publicaciones se hicieran simultáneamente, con la presentación del informe
del Presidente de la República al Congreso acerca de su intención de convocar
al plebiscito; como el informe se presentó el día 25 de agosto de 2016, desde
esa fecha, al Presidente de la República, mantiene las ganas, de violarle a una
parte de la sociedad civil, a la más desprotegida (indígenas, ROM, afro
descendientes, discapacitados, etcétera), su derecho a la información. La
propaganda oficial, convoca a estos grupos humanos a que voten el si, como el
acto más importante de su vida y por otro lado, le niega la información para
que puedan decidir libremente. Dejemos que hable la sentencia de la corte su
parte resolutiva, pág. 340:
“Séptimo.- Declarar INEXEQUIBLE
la expresión “Dicha publicación se
realizará de manera permanente, con mínimo treinta (30) días de anticipación a
la fecha de votación del plebiscito” contenida en el inciso primero del
artículo 5º del proyecto de ley estatutaria examinado y EXEQUIBLE el resto del inciso, en el entendido de que la
publicación del Acuerdo Final se realizará simultáneamente con la presentación
del informe del Presidente de la República al Congreso acerca de su intención
de convocar el plebiscito.
Octavo.- Declarar EXEQUIBLE
el resto del artículo 5º del proyecto de ley estatutaria examinado, en el
entendido de que la publicación y divulgación del Acuerdo Final debe hacerse
con un criterio diferencial de accesibilidad dirigido a las personas en
condición de discapacidad y aquellas comunidades que no se comunican en
castellano.”.
La consecuencia jurídica, de todas estas violaciones de la sentencia de la
corte constitucional, es que pueden viciar el plebiscito; independientemente de
que gane el sí, él no, o el voto por la constituyente; o que la corte, que
mantiene la competencia para hacer respetar sus fallos, posponga la fecha del
plebiscito, ya que si se hace el 2 de octubre, se habrá violado la igualdad de
las publicaciones, lo que se traduce en discriminación en la información, pues
no sólo no se habrá dado la información que exigió la corte sino propaganda
oficial, sino que además, aquellas personas para quienes la corte exigió la
información reforzada, no la habrán tenido; sino al contrario, reforzadamente
disminuida, porque al gobierno no le dio la gana de dárselas, en la misma
proporción y en todos los medios de comunicación, donde se le dio a quienes se
comunican en castellano o no están discapacitados.
¿DELITOS DE OPINION?.
Los acuerdos de La Habana, en varias partes,
contempla la creación de nuevos delitos. Decimos que son nuevos, ya que se
refieren a los acuerdos de La Habana y a la cesación parcial del conflicto
armado, que ellos denominan equivocadamente paz. Como antes no existían
acuerdos ni “paz”, los delitos sobre ellos no podían existir. Debe crearse
hacia el futuro, deben respetar el principio fundamental del Estado de derecho,
de legalidad de los delitos y de las penas, del juez preexistente y del juez
natural. El principio de legalidad exige, que la conducta esté claramente
determinada, que el verbo rector sea claro; que el sujeto activo y el pasivo
estén claramente determinados, así como las circunstancias de modo tiempo y
lugar de la conducta punible; el objeto jurídico y el objeto material. De no
ser así, nos encontraríamos en un régimen totalitario, juzgando no por lo que
hace una persona, sino por lo que ella es; como en el nazismo, donde se juzgaba
a quiénes eran inocentes, de conformidad con la ley de la raza; un judío
inocente, respetuoso de la ley, podría ser condenado, no por violar la ley,
sino por pertenecer a una raza inferior; o en algunos regímenes de “izquierda”,
donde se juzgada y condenada de conformidad con la ley de la revolución, donde
personas inocentes, que no habían violado la ley, se les condenaba por la única
razón de pertenecer a la “clase burguesa”. En otros casos, los regímenes
totalitarios, han creado los delitos de opinión: que básicamente consisten en
que quien piense distinto a como quiere el gobernante de turno, a este, le da
la gana de apresarlo. Al Presidente, no le da la gana, que otros tengan ganas
de pensar distinto a como a él le da la gana y la consecuencia de tener otra
visión del mundo, es que el ciudadano puede ser privado de la libertad, o de la
vida donde existe pena de muerte. Por esta razón, nos preocupa, a quienes
pensamos distinto, a quienes tenemos otra visión distinta sobre la paz, a
quienes no queremos la paz extremadamente imperfecta de santos, si no la paz
con justicia social; esto es, con más derechos humanos para la sociedad civil,
sobremanera, lo contemplado en la página 6 de los acuerdos, que además
contempla los principios de los mismos y que por lo mismo el parámetro
interpretación de todos los acuerdos, que dice: El Punto 3 también incluye el
acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y
defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo
las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, y
la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de
los acuerdos y la construcción de la paz”.”…(Negrilla y subraya
nuestra).
Este mismo texto, se repite, en
la página 59 de los acuerdos, en el punto 3.4.; En la página 70; en la página
71; en la página 72, en el punto 3.4.3.; En la página 74, en el punto 3.4.4.; etc..
Cualquier cosa, puede ser considerada una amenaza a la
implementación de los acuerdos o a la construcción de la paz; y cualquier
persona podría ser responsable de este delito: todos los que voten el no de
Uribe; o su exigencia de que los rebeldes, sean efectivamente privados de la
libertad; el ciudadano, que considere que el
narcotráfico no era necesariamente un medio para el triunfo de la revolución o
que no era ineluctable para la revolución o para la defensa del sistema, la
violencia sexual sobre niños o niñas o el reclutamiento militar forzoso de
estos. Podría ser responsable de este delito, el ciudadano que no acepte el
mismo trato para los rebeldes, que para los miembros de las fuerzas armadas o
los industriales financiadores de grupos paramilitares. Como podríamos ser
delincuentes por pensar distinto, quienes pedimos no una cesación parcial del
conflicto armado, sino una paz con justicia social; esto es, con derechos
humanos, obedeciendo al
preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, que
deja claro que sin derechos humanos no hay verdadera paz. “Considerando que la libertad, la justicia y
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;…” Y ¿quién será, el juez de estas conductas? ¿El tribunal especial de
justicia y paz? ¿Y quién será el denunciante, de quien exija que se respete el
preámbulo de la carta de la ONU? ¿Los columnistas de anncol, anncol o el propio
gobierno?, Como ya nos sucedió a varios miembros de la sociedad civil, que por
pedir el cumplimiento de la declaración universal de los derechos humanos de la
ONU, fuimos estigmatizados, por anncol, como una amenaza para la paz, como
descontroladas fuerzas oscuras, y a quienes nos vimos obligados a responder en
una carta abierta que decía: “El columnista, a través de ANNCOL, nos pone en la mira del
gobierno al sugerirle “tomar nota” del “descontrolado coletazo” que pone en
riesgo la paz y, lo más grave, “la seguridad de los líderes revolucionarios en
movilización política”, lo que resulta gravísimo ya que nos señala como
eventuales determinadores de muertes futuras. Además, nos acusa de hacer
anuncios de guerra que no hemos hecho y de poner en riesgo la construcción de
la paz; señalando que hacemos parte de “descontroladas fuerzas oscuras que
amenazan la convivencia” y le exige al gobierno que actúe contra ellas; es
decir contra nosotros, por el único delito de pensar distinto a él. Frente a
esta última sugerencia, nos preguntamos ¿Cuál agencia estatal o paraestatal
debe tomar nota y a que procedimientos podríamos ser sometidos?”. Hoy no
sabemos todavía a cuáles procedimientos extralegales; pero leyendo los acuerdos
si sabemos a cuáles legales: seríamos responsables de un delito de opinión; del
grave delito de pensar distinto: del delito de querer una paz con justicia
social, con derechos para todos.
Si se nos convierta en delincuente, por la
única razón de tener una visión distinta de la paz mediante la guerra de Uribe,
o de la cesación parcial de un conflicto armado, sin cesación de la guerra
contra los derechos de Santos, que pena capital tendrían reservada para quienes
se atreviese a decir como Jesucristo: “No piensen que he venido a
traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Sí, he
venido a enfrentar al hijo con su
padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra; y así, el hombre tendrá como enemigos a
los de su propia casa. El que ama a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de
mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la
encontrará.”(Evangelio según San Mateo: 10:34-39); o “¿Creen que estoy aquí
para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, si no división. Porque desde ahora
en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y
dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre
contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera
contra la suegra" (Evangelio según San Lucas: 12:51-52). Por estas
palabras, los nuevos inquisidores, le habrían aplicado a Jesucristo, mil
crucifixiones.
¿PREÑADOS
DE ILUSIONES PARA PARIR DESENGAÑOS?
En anterior oportunidad, nos hemos
referido, a que el acuerdo de La Habana, no hizo más que reciclar instituciones
y normas que ya existían en el derecho colombiano: en el tema agrario, el fondo
de tierras (3 millones de hectáreas) existe desde hace muchos años; y la
adjudicación de baldíos (7 millones de hectáreas), existe en el código civil
colombiano desde hace 160 años. Los funcionarios del gobierno, en el afán de
confundir y cazar incautos para el sí; quieren de mala fe engañarnos,
presentándonos sus viejos vinos, en nuevos odres; las viejas instituciones con
nuevas palabras; y lo que más sorprende, y la pobreza de su argumentación: por
ejemplo, uno de los epígonos del actual gobierno, que lo fue también de la
anterior, pues pasan sin sonrojarse del gobierno de la guerra al gobierno de la
paz, coautor del programa de seguridad democrática de Uribe y ahora de los
delitos de opinión de La Habana, al ser preguntado esta mañana, que como
garantizaría el gobierno, la entrega de tierra los campesinos; dejó claro que
se respetaría la propiedad privada y que las fórmulas serían extinción del
dominio, para el fondo de tierras y la adjudicación de baldíos para los 7
millones de hectáreas. Los periodistas del régimen, no fueron capaces de
formular la siguiente inquietud: si las instituciones fueran nuevas, podríamos
otorgarle el beneficio de la duda; probablemente podrían funcionar. El problema
grave está en que la extinción del dominio está consagrada constitucionalmente
desde la reforma constitucional de 1936, que estableció la función social de la
propiedad, por lo que ya tiene 80 años en Colombia y la adjudicación de
baldíos, tiene 160 años en Colombia, desde el código civil de Andrés bello; la
pregunta elemental entonces es ¿si la extinción de dominio tiene 80 años y los
gobiernos, incluido el de quien hace lo que le da la gana, que lleva seis años
en el poder, no la ha aplicado, quien les garantiza a los campesinos de
Colombia, que ahora si, después de 80 años la va aplicar, el gobierno que ya no
la aplicó?; e igual duda y pregunta surge en relación con la adjudicación de
baldíos ¿si tiene 160 años y los gobiernos, incluido el actual, que lleva seis
años en el poder, no lo aplicado; quién nos garantiza que ahora si va a aplicarla?.
Igual pobreza argumentativa, exhibió el
epígono del régimen, frente a la pregunta de cómo se garantizaba que las FARC,
reparararan materialmente a las víctimas. Todos sabemos que ya los comandantes
de la FARC afirmaron que no tenían ni un peso para reparar a las víctimas, por
lo que es seguro que no harán ninguna reparación material a las víctimas de la
sociedad civil. Con el fin de engañar a las víctimas de la sociedad civil y de
obtener votos para el sí, en vez de decir la cruda verdad, que ya dijeron los
comandantes, las preña de falsas ilusiones, diciendo que el gobierno y el
fiscal (en asocio con otros países), harán uso de la extinción del dominio
sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, para entregar
esos bienes a las víctimas y garantizar su reparación material. La misma duda y
la misma pregunta, surge en relación con este tema: ¿si éste extinción de
dominio sobre bienes adquiridos ilícitamente, tiene ya cerca de 30 años, en el
derecho colombiano y no se aplicó a los bienes que ilícitamente ya tenía la
FARC, o que tuvo en el pasado, o que tiene ahora; quien les garantiza las víctimas
que ahora si se va aplicar?.
Como se puede ver, tanto los argumentos de
quienes defienden el no, como los de los epígonos del régimen, que defienden el
sí, no le han dejado a las víctimas de la sociedad civil, en la caja de
Pandora, ni siquiera la esperanza; sólo vanas ilusiones, sobre instituciones
que este gobierno no ha aplicado en seis años y sobre las cuales no existe
ninguna garantía efectiva de que las aplique en el tiempo que le falta.
Mientras las víctimas, les piden verdad y reparación; garantías de estos
derechos; ellos les responden con actos de fe; en instituciones que ellos
mismos no han aplicado y que por lo mismo, no pueden creerles de que la
aplicarán en el futuro próximo.
Esta
es una razón más para votar en el plebiscito por la constituyente, que obligue
a aplicar las instituciones que ya existen y crear las nuevas que hagan los
cambios estructurales, para que la sociedad civil tenga de verdad una paz con
justicia social, una paz con más derechos, con educación y salud para todos, donde
de verdad los discapacitados, los afro descendientes y los indígenas, tengan la
plenitud de sus derechos y no se les violen, por alguien que no entiende que el
debe ser el primero en dar ejemplo de respeto por la constitución y la ley; que
no está por encima de ellas; que la constitución nos obliga a todos los
miembros de la sociedad civil y en primer lugar a los gobernantes y que no es
el disfraz para que el gobernante de turno haga lo que se le da la gana.
miércoles, 14 de septiembre de 2016
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