El contralor general de la República, Edgardo
Maya Villazón, dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50
billones al año. Una cifra que serviría para pagar durante dos años las mesadas
de los pensionados del país.
Se calcula que en Colombia las
empresas pagan en promedio 17 % del valor del contrato para ganar una
licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías
$21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de
Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que solo en
estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las
manos de los corruptos.
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propone gran consulta popular contra la corrupción.
Esto sin contar con los recursos
que ejecutan las regiones, donde según Julio César Alonso, director del Centro
Internacional de Economía y Finanzas -Cienfi- de la Universidad Icesi, no hay
un seguimiento a los recursos públicos por la debilidad de los entes de control
y su estrecha relación con la política.
La Auditoría General de la República, en su
más reciente informe sobre contratación, indica que el 83 % de los contratos en
las regiones se entrega a dedo.
En lo social (vivienda, salud, educación)
el país tiene proyectado invertir este año $118 billones y gran parte de este
dinero se ejecutará a través de contratos, por lo que los colombianos se
preguntan ¿a dónde irán a parar esos dineros?
El costo o impacto de la
corrupción no es solo dinero perdido de los colombianos. Juan Martín Caicedo,
presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que, por
un lado, se pierden los impuestos que paga la población y, por otro lado,
pierde el país porque las obras quedan mal hechas, pues las coimas se
deducen del valor de los contratos.
Indira Porto, investigadora
asociada del Consejo Privado de Competitividad, agrega que hay estudios que
coinciden en que uno de los principales obstáculos para lograr un mayor
crecimiento y desarrollo económico es la corrupción.
“De hecho, según el Foro
Económico Mundial, los líderes empresariales colombianos han calificado la
corrupción como el factor que más restringe los negocios en 5 de los últimos 10
años. Es por eso que, en el Índice Global de Competitividad más reciente,
Colombia ocupa el puesto 104 sobre 138 países en comportamiento ético de las
firmas, mientras que en 2006 el país ocupaba el puesto 34 entre 122 países”.
Agregó que un entorno corrupto
impacta los negocios, ya que genera desincentivos a la inversión, asigna de
manera ineficiente los recursos y reduce la competencia.
Estos datos evidencian que
Colombia no ha logrado avances significativos en su lucha contra este flagelo.
Según Transparencia a Internacional, el país ocupa el puesto 7 en percepción de
corrupción entre 18 en América Latina y la posición 83 entre 167 países.
“Este es uno de los países más
corruptos del mundo y esta corrupción no es un castigo del cielo, fue promovida
desde hace 50 años por los partidos tradicionales”, dice el senador Jorge
Enrique Robledo, quien considera que los cambios para el país comienzan en las
urnas y en las próximas elecciones.
Según cifras del año pasado del
Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República,
solo el 25 % de los condenados por casos de corrupción en el país están en un
cárcel y la mitad de los que han sido
sancionados por delitos contra la administración pública no van a prisión.
Aun así la Contraloría destaca
que el año pasado se tramitaron 5341 procesos de responsabilidad fiscal por
valor total de $12 billones, en especial se hizo seguimiento a los recursos que
se invierten con regalías en las regiones, dineros de la salud y de la primera
infancia, encontrando que se siguen haciendo obras con baja calidad, con
sobrecostos, contratos amarrados y los llamados ‘elefantes blancos’.
Casos que sorprenden
Sobrecostos
En César se dotó el Centro de
Desarrollo Infantil del municipio de Codazzi con productos sobrevalorados. Se
compraron 7000 pelotas para piscinas infantiles a $2900 cada una, cuando en
realidad valen $280. Es decir, el costo pasó de $1,9 millones a $20 millones.
Esto mismo sucedió con los
instrumentos musicales, armarios, gimnasios de espuma, entre otros artículos.
La Contraloría reportó hallazgos
fiscales por $25.000 millones en la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar
y un detrimento de $50.538 millones en
la ejecución de contratos de obra con proyectos de regalías en esta región
durante el 2016.
Enfermos fantasmas
La Gobernación de Sucre pagó
$3173 millones para hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos
mentales, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con
soportes aparentemente falsos.
También se habrían presentado irregularidades
por pagos a pacientes con supuesta hemofilia y enfermedad de Von Willebrand. Se
estima que el desfalco por esta práctica puede llegar a los $50.000 millones en
esta región.
En el Valle del Cauca, la
Contraloría cuestionó la adecuación del Centro Recreacional Acuaparque de
Buenaventura. Las obras no se han ejecutado y se estima que hay un detrimento
de $3628 millones.
Meta, el campeón
Según la Contraloría, en el
segundo semestre del 2016 se detectaron problemas en contratos con regalías en
el Meta por valor de $74.000 millones. Habían escuelas y hospitales construidos
y abandonados, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se
pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos, vías mal diseñadas y
un centro comercial para vendedores que
opera con 6 de 34 locales.
Por ejemplo, en La Macarena se
construyó una escuela y está abandonada.
Asimismo, el Centro de Atención
Hospitalario de Uribe no había prestado,
hasta el año pasado, un solo día de servicio.
Con regalías se han ‘embolatado’
más de $466.000 millones en todo el país, en los últimos dos años.
Contratos a dedo, una práctica en
las regiones
Durante el primer semestre del
año pasado se llevó a cabo en las regiones del país una contratación por valor de $12 billones, de los cuales $9,9
billones (82 %) se entregaron de forma
directa, es decir, a dedo, según un
informe de la Auditoría General de la
República (AGR).
La región del Eje Cafetero fue la
que tuvo mayores recursos para contratar, en ese periodo, $4,1 billones, de los
cuales adjudicaron directamente $3,6 billones. Los departamentos del Pacífico
contrataron, en igual lapso, $1,4 billones y el 83 % se hizo a dedo ($1,2
billones).
El auditor general de la
República, Carlos Felipe Córdoba, explicó que otro de los problemas de la
contratación detectados en las regiones es el fenómeno de las “mallas
empresariales”, esto es, adjudicación de proyectos a empresas o grupos de
compañías que tienen intereses en común.
Los departamentos con mayor
cantidad de “mallas empresariales”, durante el primer semestre del 2016,
fueron: César, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila, Cundinamarca y los
departamentos que mayores recursos les han entregado a estas empresas son:
Meta, Antioquia, Casanare, Santander y César.
La Auditoría detectó que entre
los años 2014 y 2016 operaron en las regiones 78 mallas empresariales en
diferentes sectores, de estas 10 funcionan en alimentación escolar con
contratos por $418.000 millones; 8 relacionadas con salud que obtuvieron
negocios por $122.000 millones. “En total, en este periodo, $8,1 billones
fueron contratados por posibles mallas empresariales”.
Asimismo, la región que puso más
recursos en empresas relacionadas entre sí fue Llanos Orientales con el 36 % del total, seguido de
El Caribe con 23 %. En el Pacífico se
reportaron negocios por $367.337 millones vinculados a estas mallas
empresariales.
“En los territorios no están los
grandes contratos, pero si se suman todos los pequeños proyectos estamos
hablando de sumas cuantiosas importantes para el desarrollo y en muchas
ocasiones no sabemos en qué se invierte y cuáles son los beneficios para la comunidad”,
afirma el profesor de la Universidad Icesi, Julio César Alonso.
