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| Alvaro Uribe Senador Colombiano |
Muchos de los cadáveres fueron
asesinatos producto de la Operación Orión que dirigió el general Mario Montoya,
quien, por órdenes del entonces presidente Uribe, realizó una cruenta retoma de
la Comuna 13.
El 29 de mayo de 2002, con el
pretexto de pacificar la comuna 13 de Medellín, una primera operación militar
–la Operación Mariscal- reunió 900 hombres de la fuerza pública y se saldó con
la muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro niños), 37 heridos y 50
detenciones arbitrarias.
La intrusión, sin embargo, sólo
duró unas horas: la población salió con banderas blancas y al mismo tiempo la
presencia de la prensa y de organizaciones de defensa de los derechos humanos
ejercieron tal presión que el ejército tuvo que detener su intervención.
Una de las primeras órdenes que
dio Álvaro Uribe como presidente, fue «retomar» la Comuna 13 –una forma de
inaugurar su dura política de «seguridad democrática»-. Tras u
na breve
operación «Antorcha» (el 15 de agosto), la operación «Orión» lanzó sobre el
barrio, el 16 de octubre, cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de
Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército,
efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el
apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (la policía política, DAS).
Más de 3.000 hombres lanzados en una operación de guerra total contra la
población.
En efecto, aunque en las primeras
horas las milicias combatieron, la
envergadura de la ofensiva las obligó a replegarse. Eso no impidió que los
helicópteros continuasen acribillando los tejados de las casas, las tanquetas siguieron disparando de forma indiscriminada
empujando a las calles una avalancha de habitantes desesperados. Durante cinco
días de «pacificación», vestidos de camuflaje, la cara cubierta con
pasamontañas negros, los «informadores» -entre ellos un tal Carlos Pesebre que
lo confesaría- guiaron a los agentes de la fuerza pública que registraron las
casas. Al final de los registros, que se llevaron a cabo sin órdenes
judiciales, se contaron 355 detenciones arbitrarias a las que se añadieron,
según el balance oficial, 39 civiles heridos, siete desaparecidos y tres
policías muertos.
La primera fase de la operación
duró hasta el 20 de octubre. La Comuna estaba completamente aislada. Nadie
tenía autorización para salir o entrar, únicamente la versión de la fuerza
pública se filtró a los medios, «se trata de una operación militar legítima
que, al perseguir a los grupos ilegales, ha devuelto la paz a la Comuna».
Una segunda fase podía comenzar:
en la Comuna 13 sólo permanecían los efectivos del ejército, de la policía y
los paramilitares del «Bloque Cacique Nutibara» que ocupaban totalmente el
territorio, lo que no habían podido hacer hasta ese momento. Desde entonces en
esa zona, presentada como un «laboratorio de paz», era raro no encontrar cadáveres en las calles.
Así fue, recurriendo a la práctica de las desapariciones forzosas, como los
paracos establecieron su control social en la Comuna hasta finales de 2003.
«Denunciamos eso desde el principio», recuerda la abogada Adriana Arboleda,
miembro de la Corporación Jurídica Libertad, «nadie nos creía, nadie nos
escuchó. Nos acusaban de ser el brazo jurídico de la guerrilla».
Doce años después sabemos un poco
más sobre lo que deberíamos llamar un crimen de Estado. Los supervivientes, los
familiares de las víctimas e incluso los exparamilitares han afirmado que
muchos desaparecidos fueron enterrados en un lugar llamado «La Escombrera». Un
vertedero 50% público y 50% privado que se extiende por 15 hectáreas en la zona
alta de la Comuna 13, en el límite del barrio El Salao y con el municipio San
Cristóbal. «Como Corporación Jurídica», continúa Adriana Arboleda, «hemos
registrado 92 desapariciones. Nunca hubo tantas en una zona urbana en tan poco
tiempo. Pero la cifra real es mucho más espantosa…»
En diciembre de 2002, dos meses
después de la operación «Orión», por iniciativa del Presidente Uribe se firmó
el pacto de Ralito, primera etapa de la vuelta a la vida civil de los
paramilitares que culminaría en julio de 2005 con la controvertida Ley Justicia
y Paz que les garantizaba una impunidad casi total. El primer grupo
desmovilizado, el 25 de noviembre de 2003, incluso antes de la aprobación de la
ley, fue precisamente el «Bloque Cacique Nutibara» en cabeza de Don Berna. .
Convertido en la época en el
principal narcotraficante de la capital antioqueña, donde controlaba también
otras actividades delictivas como secuestros y extorsiones, «Don Berna» fue
extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Allí afirmó que los
cadáveres de 300 víctimas, repartidos en un centenar de fosas comunes, se
hallaban en «La Escombrera». También precisó que la operación «Orión» fue
planificada y coordinada conjuntamente por los paramilitares y los miembros de
la IV Brigada que mandaba entonces el general Mario Montoya –nombrado después
comandante en jefe del ejército colombiano por Uribe-. El general Montoya dimitió
en noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo de los «falsos positivos».
Desde 2010 todo sigue igual.
Escandalizadas por semejante inmovilidad, las víctimas y las ONG exigen
imperiosamente el cierre inmediato de «La Escombrera». En ese vertedero de
basura, de un espesor de 70 metros, todos los días se vierten más desechos,
entre ellos numerosos productos químicos que pueden modificar los resultados de
las potenciales investigaciones futuras cuya posibilidad se aleja cada día un
poco más…
En 2005 los paramilitares
abandonaron la Comuna 13 en sus vehículos para desmovilizarse. Unos días
después volvieron en los mismos vehículos, vestidos de civiles, para seguir
controlando el barrio. Toda la ciudad ha vivido el mismo fenómeno –lo mismo que
numerosas regiones del país donde ya actúan, con los mismos modos operativos
que en el pasado, las «bandas criminales emergentes» (BACRIM)-. En el corazón
de Medellín, en las calles peatonales, centros comerciales y espacios públicos,
pululan guardias uniformados de compañías privadas de seguridad: la mayoría son
paramilitares «reinsertados».
Cuando se extraditó a «Don
Berna», en 2008, las compañías de transporte de algunos barrios organizaron un
paro laboral inmovilizando sus autobuses –con el beneplácito de la alcaldía-. Y
las violaciones de los derechos humanos continúan, «Ciertamente se puede
observar que hubo una disminución de las agresiones entre 2004 y 2006: los
paras querían legitimarse, demostrar que hacían bajar los índices de
criminalidad», que volvieron a dispararse a partir de 2009. En parte también
porque los lobos se devoran entre ellos.
Con «Don Berna» fuera del
circuito su estructura mafiosa, la Oficina de Envigado, surgida en su origen de
la red de sicarios creada por Pablo Escobar en la década de 1980, se disparó.
Algunos miembros formaron un grupo nuevo llamados los Paisas. Desde 2011, otra
banda, los Urabeños, les disputan los barrios ofreciendo a cada jefe de
pandilla, para comprar su lealtad, 35 millones de pesos y un arsenal raramente
inferior a seis fusiles de asalto. El jefe de los Urabeños, Carlos Pesebre, uno
de los principales informadores del ejército en la operación «Orión» tenía
varios combos, o bandas criminales, antes de caer preso en el 2013.
Aunque las dinámicas de esas
estructuras paramilitares no son las mismas de hace doce años, una constante
permanece: siguen amenazando abiertamente a las organizaciones comunitarias o
culturales, a los comités de acción comunal, a los militantes y dirigentes
sociales. ¿Con total impunidad? Quizá total no. Los combos han conseguido tanto
poder que no respetan a la fuerza pública y no dudan en asesinar policías. En
cambio el 8 de agosto de 2012 capturaron a Erickson Vargas Cardona, alias
«Sebastián», último jefe conocido de la Oficina de Envigado. Es obvio que no se
persigue a esos paramilitares como a los grupos guerrilleros. «Y hay que
señalar que detrás de esos actores criminales están personas que tienen tanto
poder –empresarios, políticos u hombres de negocios- que a pesar de las
detenciones las estructuras no se desestabilizan».
En Medellín, en la Comuna 13, la
situación aún es crítica. Lejos está de poder hablarse de la “pacificación” que
el general Montoya le vendió al país y al presidente Uribe como un resultado victorioso. Doce años
después es de público conocimiento que en pleno centro de Medellin la operación
Orión no fue nada distinto a una alianza entre
fuerza pública y los paramilitares de don Berna, con acuerdo ilegal que
puede terminar mandando a la cárcel al otrora exitoso general Mario Montoya. -
Las 2 Orillas, 30 – 07 - 2015 Bogotá.
