Con las y los gestores sociales, Gobernación y Contraloría promoverán programas sociales

$1.000 millones para proyectos presentados por las gestoras sociales y promover con la Esap un diplomado en presentación de proyectos, propone el gobernador Jorge Rey. (Bogotá D.C., 1º de marzo de 2016) El contralor de Cundinamarca, Ricardo López, y la gestora social del departamento, Alexandra Pulido, lideraron el primer conversatorio de implementación de políticas públicas de inversión social e inclusión para la población en condición de discapacidad, actividad que se realizó con la participación de las gestoras sociales municipales. "Es fundamental que la inversión social se vea reflejada en los planes de desarrollo. Las gestoras y gestores sociales son protagonistas en la reconstrucción del tejido social y cuentan con todo nuestro respaldo en su gestión", dijo el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien asistió al cierre de la jornada, expresó todo su respaldo y compromiso con la Contraloría Departamental en el desarrollo de programas sociales que beneficien a esta población. "Pondremos a disposición de la gestión social un total de $1.000 millones para proyectos presentados por las gestoras sociales y promoveremos con la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), un diplomado para ustedes en presentación de proyectos", expresó el gobernador Jorge Rey. Dentro de los planteamientos hechos por el Contralor de Cundinamarca a los alcaldes de Cundinamarca, se destacan cuatro, principalmente: 1. El presupuesto de inversión social no puede ser inferior al del anterior cuatrienio. 2. Deben velar por la aprobación de la política pública de discapacidad. 3. Los comités municipales deben ser presididos por funcionarios con poder de decisión. 4. La inversión social será un aspecto de obligatoria auditoría. Agregó, además, que la paz no se logra con los acuerdos de La Habana (Cuba), sino que esta se refleja verdaderamente cuando los recursos públicos llegan como inversión en beneficio de la población vulnerable. A su turno, Alexandra Pulido, gestora social de Cundinamarca, explicó que con la gestión social quiere impactar en la población vulnerable y a quienes hoy más necesitan del apoyo del Gobierno departamental. "Debemos ponerle el corazón y el amor a todo lo que hacemos; eso marcará la diferencia. Debemos tener la tranquilidad que se le dará enfoque de transversalidad desde todas las secretarías para trabajar por nuestra población vulnerable", resaltó la abogada Alexandra Pulido, quien además informó que realizará una reunión por provincia y que se debe contar con la caracterización de la población vulnerable de los 116 municipios. En este mismo sentido, el secretario de Salud, Diego Escobar, presentó la política pública de discapacidad, en la que se resalta que se busca promover estrategias de inclusión social, facilidades de movilidad y accesibilidad, garantías jurídicas, participación social y política, acceso a tecnologías de información y educación incluyente. Asimismo, señaló el Secretario que los alcaldes municipales deben construir esa política pública en sus territorios para que se puedan realizar inversiones en beneficio de este grupo poblacional. Volver a vivir Entre los proyectos que se adelantarán se encuentra la entrega de ayudas técnicas y prótesis para la población con discapacidad visual, auditiva y de movilidad, además de prótesis dentales para adultos mayores. Otro de los proyectos que impactará será la inclusión de personas con discapacidad auditiva para digitalizar las historias clínicas de la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Sociedad de Sordos de Cundinamarca. Alba Patricia Palacios, representante del Ministerio de Salud, explicó que en la agenda nacional se avanza por el camino correcto y destacó que desde el Gobierno del Presidente Santos se trabaja por la inclusión laboral, educativa, social y cultural de esta población. Afirmó también que es fundamental continuar con el registro y caracterización de la población en condición de discapacidad. Erika Bohórquez, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), destacó que en el nivel internacional también existe amplia normatividad por la protección de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, que se debe tener en cuenta en los planes de desarrollo municipales, con políticas diferenciales para la población en condición de discapacidad.

Populismo desde la Derecha. Alcalde Peñálosa no se compromete

Bogotá, marzo 1 de 2016. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, salió de su despacho y llegó a la Plaza de Bolívar para conversar con los recicladores de oficio que se encontraban conmemorando el Día del Reciclador y movilizados en contra de las políticas de la actual administración. El mandatario se subió a la tarifa y, en medio de confusos gritos en contra y a favor del mandatario: Peñalosa señalo que buscara contribuir a mejorar su productividad: "Nosotros tenemos un respeto grande por lo que hacen los recicladores, los queremos, los vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que mejoren sus ingresos y ustedes junto a sus familias estén en mejores condiciones”, en un lenguaje vago y aparentemente incluyen te, pero sin comprometerse con políticas especificas. Aseguro el Alcalde que el conocía a los recicladores dijo también; que Esperaba que sean más productivos y le presten ese servicio valioso a la ciudad, como lo es reciclar” El mandatario se bajó de la tarima y, durante unos 15 minutos dio uso del más excéntrico populismo saludó a algunos y se retiro sin ningún compromiso de revisar el esquema que plantea para las basuras en la ciudad.

“Secretaría de Seguridad para Bogotá, cada vez más cerca de ser una realidad" Concejal Daniel Palacios

“Secretaría de Seguridad para Bogotá, cada vez más cerca de ser una realidad" Concejal Daniel Palacios El concejal de Centro Democrático, Daniel Palacios, ponente del proyecto de acuerdo de la Secretaría de Seguridad, celebró que esta iniciativa haya surtido su primer debate y fuera aprobada en la comisión de gobierno con 11 votos a favor, y solo dos en contra, ya que en los próximos días será sometido a votación en la plenaria del Concejo de Bogotá. La Secretaría de Seguridad tendrá como fin articular, coordinar y planear la seguridad en Bogotá, trabajando con todas las entidades que actualmente tratan temas de seguridad y que hoy se encuentran desarticuladas y se centralizará la recolección, análisis y estudio de los índices de criminalidad (información estadística) para la planeación. “El análisis estadístico de la delincuencia en la ciudad y su georreferenciación es indispensable para crear una política de seguridad sólida que responda a las necesidades reales de la ciudad. Las autoridades hoy no cuentan con herramientas metodológicas sencillas para determinar: dónde, cuándo y cómo ocurren los crímenes, y así reaccionar ante la delincuencia, los Centros de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS), que son el espacio donde se planea el servicio en las estaciones, deben contar con equipos de cómputo modernos, conexión a Internet, cartografía, pantallas, proyector, entre otras herramientas. Hoy las cámaras de vigilancia que tiene la ciudad son insuficientes e ineficientes, pues no disponen de un software que distinga patrones de delincuencia; necesitamos contar con equipos que permitan reconocimiento facial así mismo identificar amenazas” señaló el Concejal Palacios. De igual forma es indispensable que el Distrito haya tenido en cuenta las propuestas que la bancada de Centro Democrático ha venido trabajado desde campaña como es la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad, que ha sido una de las insignias de la corrupción en las últimas administraciones. Finalmente celebramos que otra de nuestras propuestas se haya incluido: la Coordinación y operación del Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE, y la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de emergencias y seguridad en el Distrito Capital.

EN BOSA BRASILIA SE REHABILITARON 393.75 m2 DE ÁREA DE UN TRAMO VIAL

Bogotá D.C., febrero 29 de 2016. La Administración Distrital, Bogotá Mejor Para Todos, a través del proyecto de ‘Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de redes de servicios públicos en los barrios’, de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), rehabilitó un tramo vial en el barrio Basilia de la localidad de Bosa. Los trabajos se efectuaron en la carrera 87J Bis desde la calle 51 Sur hasta la calle Cl 52 Sur. Las cuadrillas rehabilitaron en el punto 87.5 metros de longitud de vía, que equivalen a un área de 393.75 metros cuadrados, correspondientes a 0.13 Km/carril. Así mismo, se aplicaron 62.5 metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente, producida en la Planta de Producción de la UMV. El Programa busca a través de la rehabilitación y mantenimiento de vías en barrios periféricos de Bogotá, se mejore la accesibilidad y conectividad a estos sectores, así mismo, proveer de vías a cientos de ciudadanos que actualmente no cuentan con ellas al frente de sus casas, mejorando su calidad de vida. Es importante resaltar que la misión de la UMV es mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en beneficio de la ciudad. Las labores se realizaron en 25 días y beneficiaron a cerca de 5.000 habitantes del sector. En el tramos vial se realizó una rehabilitación completa que consiste en excavación, extendida y rajoneada de piedra rajón, instalación de sardinel, extendida y compactada de fresado estabilizado y extendida y compactada de capa asfáltica. Con la ejecución de este proyecto también pretende mejorar la calidad del aire y la salud de los niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que viven en este barrio, generando condiciones de equidad de la Bogotá moderna. La UMV trabaja día a día con el fin de ser reconocida en el 2025 a nivel distrital y nacional, por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas.

Fallo adverso contra la UP:

La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, reaccionó frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión del Tribunal Superior de Medellín que calificó a todos los homicidios contra los militantes de la Unión Patriótica (UP) como crímenes de lesa humanidad.

“Si no fue exterminio lo que ocurrió con los dirigentes y militantes de la UP, entonces qué fue”, preguntó López Obregón, tras conocer el fallo del alto tribunal que desestimó la decisión del Tribunal Superior de Medellín, que calificó como delito de lesa humanidad la desaparición por fuerzas oscuras del Estado a toda una organización política por el único “delito” de pensar diferente. La presidenta del Polo, calificó de “estrecha” la decisión de la Corte Suprema de Justicia y reiteró en interrogarse cómo se puede calificar el hecho de que entre 1984 y 1995, se estima que más de cinco mil militantes, dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes fueron asesinados por paramilitares en complicidad con agentes del Estado. A punta de bala, la UP desapareció de la vida política, señaló enfáticamente López Obregón. Expresó además que este fallo de la Corte es un negativo precedente porque deja al descubierto el abandono del Estado colombiano a todas las personas y sectores de oposición que sufren la intolerancia oficial y de sectores oscuros de la sociedad por pensar diferente.

El Senador Liberal Jaime Enrique Durán Barrera, Denuncio a la Ministra de Transporte Natalia Abello Vives

Por ejerce una persecución a los funcionarios liberales el Senador Liberal Jaime Enrique Durán Barrera denuncio y la exhortó a La Min de Transporte para que en vez de estar pidiéndole la renuncia, sin ninguna justificación a los directores regionales del Instituto Nacional de Vías, Invías, "más bien se dedique a solucionar lo del decretico del cobro de impuesto a los vehículos que le ha quedado grande por estar persiguiendo a los buenos funcionarios de esa entidad". Reclamo al Presidente El senador colombiano Durán Barrera reclamó al presidente, Juan Manuel Santos, para que tercie y cese la persecución de la Ministra de Transporte, que representa a Cambio Radical, contra los directores de Invías de los departamentos del Huila, Oscar Manrique y de Santander, César Moreno, quienes cumplen una importante labor a nivel regional, pero que se sienten hostigados para que renuncien a sus cargos. El Senador asegura, según informa el Congreso de la Republica de Colombia que: "Por el sólo hecho de ser liberales, la Ministra de Transporte, a través de la Secretaria General del Instituto Nacional de Vías, pidió la renuncia de dichos funcionarios sin ninguna justificación", sostuvo el congresista santandereano. Esto generaría posible rompimiento de la unidad Nacional "Si continua la persecución de Cambio Radical contra los funcionarios liberales que están cumpliendo una buena labor en el Gobierno del Presidente Santos, se podría romper la Unidad Nacional, porque estamos en un proceso de paz donde debe haber armonía, principalmente por parte de los diferentes partidos que la integramos", aseveró Durán Barrera.

Jornada de protesta en apoyo a los 300 pliegos del sector estatal en Colombia

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores están llamando a todos los trabajadores, estudiantes, desempleados, campesinos a salir a las calles en una sola voz, en una jornada de protesta en apoyo a los 300 pliegos del sector estatal que sirve según esta organización política como preparación y llamamiento al PARO NACIONAL del 17 de Marzo. Además de exigir la solución a los 300 pliegos estatales, esta jornada es para unificarse en contra de la guerra social de Santos contra el pueblo colombiano, según afirma el comunicado del PST: Esgrimen los Socialistas de carácter Tronquista en Colombia que: 1. El pírrico aumento del salario mínimo ya devorado por la inflación. 2. La venta de ISAGEN y amenaza de venta de ETB. 3. La situación no resuelta de la rama judicial todavía en asamblea permanente. 4. Las alzas de la canasta familiar, las pésimas condiciones laborales. 5. La desnutrición de los niños, la crisis hospitalaria que hoy se expresa en el Hospital Universitario del Caribe. 6. Hay muchas otras justas reivindicaciones deben concentrarse en una sola lucha, a pesar de los discursos no existe parlamentario ni ONG capaz de resolver los problemas del pueblo trabajador, la única forma de derrotar a Santos es en las calles con la movilización. Entorno a la Paz El Partido Socialista de los Trabajadores asegura que es muy importante que las posiciones sobre el proceso de negociación de La Habana no dividan a quienes apoyan estas reivindicaciones, Afirma esta organización política, que el deseo de la paz no debe ser un motivo para no salir a luchar. Desconfianza frente a los sectores sindicales El PST afirma que no es gratuita la desconfianza de amplios sectores frente a la dirigencia sindical luego de lo ocurrido con el paro de maestros del 2014, pero que sin embargo al tiempo que les exigimos que preparen el paro y que se comprometan con la defensa del pliego sin depositar nuestra confianza en ellos, llamamos a la más amplia unidad contra el gobierno de Santos. Esta organización Socialista, Insiste en que el paro del 17 de marzo tiene que ser preparado con asambleas de base en fábricas, empresas e instituciones educativas. Es indispensable partir de un PARO NACIONAL ESTATAL incluido el sector salud, la jornada del 25 es un indicativo de la fuerza que tendrá. Además convocan a la preparación de un PARO NACIONAL UNIVERSITARIO que pueda derrotar la arremetida de Santos-Parody contra la educación con mayor des financiación, golpes a la autonomía como el decreto de las licenciaturas, y enorme presión sobre universidades como la Universidad del Tolima y la Universidad Distrital por mencionar algunas.

Gobierno de Peñalosa y la obra de la calle 94

Bogotá, febrero 23 de 2016. Las obras en la calle 94 con avenida NQS están a nueve meses de concluir en su totalidad. La administración del alcalde Enrique Peñalosa le puso el acelerador a los trabajos con el objetivo de entregar la megaobra que desde 2009 se enfrentó a retrasos e incumplimientos.

La organización por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hizo posible que desde este fin de semana, y hasta el próximo miércoles, se adelante uno de los trabajos más complejos en materia de construcción: el empate de la red matriz del Acueducto, Tibitoc. El gigante tubo con diámetros de entre 1.85 y 1.50 metros es el encargado de suministrar agua al 40% de Bogotá y de ahí la magnitud de esta obra, con la que se busca desviar un tramo de 700 metros de la red matriz del costado occidental hacia el oriental. Se espera que este miércoles en horas de la mañana la vía esté habilitada. “Este empate es indispensable para continuar con la construcción de la intersección. Este gobierno está comprometido con la obra que ha presentado inconvenientes en su ejecución. Junto con el contratista y la interventoría se han agilizado las labores, igualmente con el apoyo de las entidades distritales involucradas en el proyecto”, aseguró la directora del IDU, Yaneth Rocío Mantilla.

El proyecto tiene cinco kilómetros de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, de los cuales se instalaron 1.5 kilómetros mediante sistema de túnel (pipe jacking) en el costado oriental de la avenida Novena en el barrio el Chicó. Se han hincado 20.000 metros lineales verticales de paredes para muros de contención para llevar a cabo la intersección a desnivel y se han reemplazado dos kilómetros de redes menores de acueducto. Actualmente, se encuentra en ejecución la construcción de los tres pasos férreos sobre la NQS. La obra tiene un avance de construcción del 75 por ciento. A medida que se han concluido intervenciones en tramos de la obra, se han ido habilitando a la ciudadanía, como la calzada oriental, es decir la carrera Novena entre calles 93 Bis y 95. Para culminar el proyecto se debe edificar la estación de bombeo, estructura que equivale a la construcción de un edificio de cuatro pisos debajo del deprimido, localizada en la intersección del paso a desnivel, que drenará las aguas lluvias del mismo. En este sentido, es necesaria la construcción de los pasos deprimidos sobre la calzada occidental. Una vez se traslade el tráfico vehicular al costado oriental se iniciarán las actividades de tablestaca y posterior excavación. Algo de historia La construcción de la intersección de la calle 94 con NQS arrancó con el acuerdo 180 de 2005, con el que se permitió adelantar una licitación por valor de $45 mil millones que fue adjudicada al consorcio Conexión, responsable de los diseños de la obra y que se vio involucrado en el carrusel de contratos. En 2010, Conexión incumplió el contrato y el IDU se vio en la obligación de multarlo y posteriormente caducarlo y liquidarlo. Cuando se declaró la caducidad del contrato los diseños estaban adelantados solo un 80%. Finalizando 2011 se abrió una nueva licitación para el proyecto por $86 mil millones que tenía como objeto terminar los diseños y posterior construcción, la cual fue adjudicada al consorcio AIA CONCAY. En 2012 inicia la etapa de complementación, cuando se terminan los diseños el contratista informa que para construir se requieren $166 mil millones. En enero de 2013 arranca la obra y en el transcurso de los trabajos se generan varios inconvenientes, uno de ellos con la comunidad por un tanque de agua de una edificación que se encuentra en espacio público, eso tarda la intervención seis meses. Luego se genera un nuevo inconveniente por la fachada de un edificio y se deben detener las obras de un frente de trabajo por tres meses. Posteriormente se presentan nuevos problemas con el traslado de redes con empresas de servicios públicos.

Casi 55.000 niños víctimas del conflicto viven en Bogotá según informe oficial

Bogotá, febrero de 2016.- En Bogotá residen 54.743 niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, según el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá (SIVIC). Llegan a la ciudad a vivir sobre todo en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, San Cristóbal y Usme. Arriban a Bogotá con sus familias, luego de haber sido víctimas en otras regiones. La mayoría elige la capital como su destino por considerar que pueden tener más oportunidades, el Distrito los atiende y de acuerdo al estado de vulnerabilidad, les brinda ayuda, que puede ir desde albergue temporal, alimentación y aseo hasta atención primaria en salud. La Administración Distrital, a través de sus centros y puntos de atención a víctimas, ha atendido 23.523 niños de 0 a 5 años, 18.951 entre 6 y 12 años y 12.681 entre 13 a 17, según el SIVIC. Con la estrategia ‘Atrapasueños’, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Secretaría de Integración los atienden en las casas de Memoria y Lúdica. Allí juegan, les enseñan teatro y danza y a través de estas actividades los expertos pueden identificar y priorizar sus necesidades en salud, educación y entorno social. Ángela Anzola, Alta Consejera para las Víctimas en Bogotá, asegura que los expertos en temas de infancia y adolescencia inmediatamente buscan información que les permita saber de primera mano qué necesidades tienen los pequeños en materia de educación, vivienda, salud y otros temas prioritarios. “Si los niños necesitan ser ubicados en instituciones educativas, pueden acceder a un cupo en el colegio más próximo al sitio donde se estén alojando”, explica. “Hay muchos modelos educativos que se usan cuando los niños llegan a la ciudad en cualquier momento del calendario escolar“, aclaró, ante la duda sobre lo que sucede si no llegan al inicio del año escolar. Con relación al tema de la salud, los menores entran en la oferta que el Distrito y la Nación tienen para garantizar una atención inmediata y oportuna, en caso que así lo requieran. De hecho, las entidades prestadoras de salud tienen la obligación de atenderlos en caso de una urgencia. Si las familias quieren retornar a su lugar de origen o reubicarse en algún otro lugar del país el Distrito, de la mano del gobierno nacional, apoya y facilita el retorno y analiza que los hechos que los victimizaron no vuelvan a ocurrir. “Un ejemplo de ello fue el retorno de la comunidad Embera, realizado a Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda). Allí, Bogotá invirtió en vivienda y proyectos productivos para garantizar la sostenibilidad del retorno”, afirmó Anzola. En Bogotá, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, da cuenta de por lo menos 600.000 personas que declararon como víctimas del conflicto armado interno, de esas un promedio de 535.000, se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas, (RUV). Las víctimas del conflicto armado que llegan a Bogotá pueden acercarse a cualquiera de los centros de atención, ubicados en las localidades que cuentan con mayor recepción de esta población en la ciudad: Ciudad Bolívar, Kennedy-Patio Bonito, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sevillana, Suba, y dos puntos adicionales que están en Mártires y Terminal de Transporte

COLOMBIA: SE UNE A LA HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA DEL PRESO POLÍTICO EL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN.

Hace ya casi tres meses que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos comunicó, a través del Alto Comisionado de Paz, su decisión de indultar a treinta guerrilleros de las FARC –EP que se encuentran en las cárceles del país cumpliendo su pena de prisión por el delito de rebelión. Así mismo, se comprometió a adelantar “la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles, a los que serían trasladados los miembros de las FARC-EP detenidos o condenados para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar como medida de preparación para su reintegración a la vida civil”. En dicho comunicado, fechado 22 de noviembre de 2015 el gobierno nacional expresaba su decisión de impulsar unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de la FARC todavía recluidos en las cárceles y penitenciarias de todo el país. Todo lo anterior con el fin de generar medidas de construcción de confianza y preparar las condiciones para el fin del conflicto. No obstante estos pronunciamientos, al día de hoy, dichas medidas no se han hecho realidad y lejos de generar confianza hacia los gestos unilaterales de paz del gobierno, lo que han suscitado es la frustración e indignación no solo de quienes serían potencialmente cobijados en ellos, sino de todas y todos las que seguimos sometidos a un sistema penitenciario indolente e inhumano que viene aplicando lenta y progresivamente la pena de muerte a la población carcelaria. Cabe recordar que el anuncio se produjo en el contexto de una jornada Nacional de protesta de carácter pacífico que desde el 9 de noviembre veníamos adelantando más de 1500 presos en diferentes centros penitenciarios con la petición única que se concediera la libertad por razones humanitarias a las y los prisioneros políticos con problemas de salud, de tercera edad, con discapacidades y mujeres o lactantes que se encuentran en situaciones inadecuadas por la vida en prisión. No fueron pocos los presos políticos que vieron en los anunciados gestos humanitarios del gobierno una estrategia para desactivar una jornada de protesta que ya se había extendido a nivel nacional en más de 20 cárceles del país. Siendo uno de los voceros de esta pacifica jornada ( condición que asumí en mi calidad de preso político que sin pertenecer a organización guerrillera alguna, he sido objeto de persecución por parte del Estado por defender los derechos a la libertad de pensamiento y disentimiento), expresé en aquel momento mi complacencia y satisfacción por este anuncio gubernamental, frente un amplio sector de la población carcelaria que veía con incredulidad y escepticismo este gesto; al mismo tiempo que compartí la iniciativa de levantar la huelga de hambre y de este modo dar un compás de espera para la materialización de estos gestos humanitarios unilaterales, los interpreté como un justo reconocimiento a las reivindicaciones que durante lustros han venido enarbolando los presos políticos. Aunque sería un despropósito desconocer la importancia que han tenido la recientes liberaciones de los 26 compañeros y compañeras presos políticos indultados, -uno de los cuales ya había recuperado su libertad por pena cumplida,- no obstante es preciso decir que las dilaciones, desinformaciones y bloqueos burocráticos que acompañaron dicho proceso tienen un espeso manto de duda e incertidumbre frente a la verdadera voluntad política del gobierno y, como los versos del poeta Horacio es oportuno decir que: del parto de los montes ha nacido un ridículo ratón. Para empezar no se ha hecho efectiva la libertad de los cuatro compañeros restantes a lo enunciado por el gobierno, a lo que se suma el grave hecho que uno de los guerrilleros indultados, Wilson Tamayo, recibió amenazas de muerte cuando se encontraba en Envigado(Antioquia) en compañía de su familia. En lo que respecta las concentraciones de presos políticos en patios especiales poco o nada ha realizado el gobierno, más allá de un publicitado anuncio. Muy por el contrario en estos más de dos meses se han incrementado las agresiones contra los guerrilleros privados de la libertad, tanto por parte de los cuerpos de custodia, como por sectores de la misma población carcelaria que actúan en convivencia con los anteriores. Los dolorosos hechos acaecidos en el penal de Arauca el pasado 24 de diciembre, donde varias decenas de presos fueron gaseados y torturados con descargas eléctricas por parte de los grupos contrainsurgentes del Inpec como del CRI ( Cuerpo de reacción Inmediata) y el COREF (Cuerpo de Remisiones Especiales), así como las agresiones de que fue objeto el compañero Gonzalo Antonio García, constituyen apenas la punta del Iceberg de una situación que podría generalizarse en buena parte de los centros reclusorios del país, si el gobierno no ofrece un pronto cumplimiento a su promesa de concentración de guerrilleros en patios especiales. Aunado a lo anterior el evidente incumplimiento del gobierno frente a las brigadas de salud, no pueden seguir viéndose como episodios intranscendentes en la cadena secular de incumplimientos a que nos han acostumbrados las élites dirigentes de este país, porque está de por medio la vida de numerosos presos políticos que requieren de una atención inmediata. Por lo pronto el guerrillero de las FARC-EP John Jairo Moreno ya no la tendrá, pue hace diez días murió en un hospital de Pereira esperando una acto de humanidad del gobierno, que ni siquiera le permitió terminar sus últimos días en compañía de su esposa y sus pequeños hijos. Aclaro que aunque jamás me he levantado en armas para derrocar el gobierno nacional, ni ha sido mi pretensión suprimir el régimen constitucional vigente, me une con estos hombres y mujeres que hoy se encuentran en huelga de hambre no solo las condiciones cotidianas de hacinamiento, ausencia de luz solar precaria alimentación, prohibiciones de contar con libros, espacios dignos de visita conyugal, servicios médicos óptimos y oportunos, entre otro tipo de vejámenes a que nos vemos sometidos las personas privadas del a libertad, sino también el compromiso de lucha y solidaridad con unos objetivos que desde una perspectiva humanista son más que justificados. En lo personal saludo la disposición expresada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP- Organización de los Estados Americanos) así como la de los funcionarios del Ministerio de Justicia, la dirección del INPEC y COMEV-Picota y Procuraduría, por allanar caminos conducentes a materializar las anunciadas brigadas de salud, sensibilizados, cierto es con la jornada de protesta pacífica que desde mediados de enero de este año, viene realizando el ERON-Picota, y a los que a la fecha se han sumado otras cárceles del país como Combita, Buen Pastor, Heliconias, Cunduy, Acacias, Palogordo, San isidro, Jamundí, Cúcuta y Villa Hermosa. Sin embargo, ante situaciones como las que han llevado a varios presos políticos en huelga de hambre, ha tomar la radical decisión de coser su boca, no puedo permanecer inmune como si se tratara de un pintoresco episodio más de la sociedad del espectáculo recreada por los medios masivos de comunicación, sino que lo asumo como un desgarrador testimonio del sentimiento de agravio e indignación de quienes han visto burladas las promesas por parte del Estado, y ven en su acción de una eminente salida a sus justas reclamaciones. No puedo dejar tampoco de observar con angustia la dramática situación de mis compañeros de presidio, quienes en el día a día, van arrastrando sus pesados cursores como si se tratara de verdaderos instrumentos de tortura ceñidos a sus cuerpos por orden de no sé qué tribunal de inquisición; otros esperando que los carceleros les suministren un medicamento vital, mientras sus cuerpos agonizan cual gotas de agua de un grifo que acaba de cerrarse; y unos más contemplando impotentes como gangrenan sus extremidades para que el cirujano solo tenga que aplicar el escalpelo para cercenar sus putrefactos vientos. Nunca antes fueron tan reales para mí, como en las cárceles colombianas, las palabras que Dante escribió a la entrada del infierno: Oh vosotros los que entráis abandonad toda esperanza. Por todo lo anterior, me resulta un imperativo ético el solidarizarme con sus peticiones. No hacerlo, sería asumir una actitud menos que inconsecuente, tanto con mi propia condición de preso político, como con mi compromiso con la defensa de un pensamiento crítico que articule la teoría con la praxis transformadora. Anuncio así que desde hoy quince (15) de febrero de 2016 me declaro en huelga de hambre indefinida en solidaridad con las justas demandas que hacen los prisioneros políticos. Con todo, sigo convencido que a través del diálogo, el entendimiento, el humanismo, las sociedades podrán alcanzar una vida más digna y justa. No obstante, frente a próximos gestos humanitarios del gobierno colombiano haré mías las prudentes palabras de la Laocoonte cuando trataba de disuadir a los troyanos de llevar a la ciudad el caballo de madera que ellos habían dejado en la playa: desconfió de los griegos cuando hacen ofrendas o presentes. Fraternalmente Miguel Ángel Beltrán Villegas Cárcel de Máxima Seguridad ERON- Picota Febrero 15 de 2016

Cundinamarca, una oración sin distinción de cultos

(Bogotá D.C.,FEBRERO 2016) Por primera vez en Cundinamarca, se sentaron en la misma mesa representantes de todas las congregaciones religiosas presentes en el departamento. El objetivo principal: aportar ideas que enriquezcan el plan de desarrollo 'Unidos Podemos Más', hoja de ruta para el próximo cuatrienio. “Para nosotros es muy importante que ustedes hagan parte de la construcción del plan de desarrollo de Cundinamarca, porque son generadores de respeto, de fe y de esperanza”, dijo Alexandra Pulido, gestora social del departamento. Los asistentes trabajaron sobre cinco ejes temáticos: aporte de las religiones a la construcción de Paz; ajustes institucionales en favor de la libertad religiosa; construcción de política pública local-nacional de libertad religiosa; educación pública y en lo público hacia la libertad religiosa; libertad e igualdad religiosa: tributos y otros tratamientos preferentes. “Tenemos que trabajar pensando en que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos, independientemente de la religión que profesemos”, señaló Mercedes Ángel de Rey, madre del Gobernador, quien lideró la discusión en una de las mesas. Participaron en la mesa técnica la Denominación Bautista Colombiana, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, la Iglesia Católica Romana (arquidiócesis de Zipaquirá), la Iglesia Presbiteriana, las Asambleas de Dios de Colombia, la Iglesia Vaisnava, la Iglesia de dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Días, la comunidad Musulmana, la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, el Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol) y la Unión de Ministros del Evangelio (Unema). La conformación de la Oficina de Asuntos Religiosos en Cundinamarca; la redacción de un manual de convivencia para los planteles educativos con énfasis en la libertad de cultos; el refuerzo de una cátedra de principios, valores y virtudes; la estructuración de una Política de Familia para el departamento; la búsqueda de espacios en medios masivos de comunicación; el acceso a la red Pública Hospitalaria y a los cementerios en igualdad de condiciones, y la práctica de diferentes cultos religiosos por parte de los servidores, son algunas de las propuestas que surgieron del trabajo articulado entre todos los asistentes. Como conclusión, el secretario de Desarrollo Social, Gratiniano Suárez, manifestó que “el gobernador Jorge Emilio Rey tiene la intención de incluir a todos los habitantes del departamento,

En foro público, Clara López alerta sobre manipulación oficial para desmontar avances de salud en Bogotá

Con lleno total del auditorio de Codema se realizó el pasado jueves 18 de febrero el Foro el Derecho a la Salud en Bogotá, en el que se hizo un detallado análisis de la situación real del sector y se hicieron varias propuestas para frenar las políticas públicas que la administración Peñalosa busca ejecutar con miras a retroceder los avances logrados en esta área fundamental durante los últimos doce años. El evento académico coordinado por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, fue convocado por la Veeduría Ciudadana conformada por integrantes de la coalición alternativa que acompañó su nombre en la pasada campaña política por la Alcaldía de Bogotá.

López Obregón al hacer el resumen del foro, alertó a la ciudadanía de la capital frente a los serios riesgos que representa la política en salud de la administración Peñalosa por cuanto está dirigida a manipular la opinión para echar para atrás los avances logrados en las últimas tres administraciones de la ciudad. La presidenta del Polo fue enfática en señalar que la causa de la crisis de la salud pública se debe a la intermediación financiera, cuya deuda con los hospitales de la ciudad asciende a más de 800 mil millones de pesos, así como a las barreras de acceso a los servicios impuestas por el desaforado ánimo de lucro. Por su parte, los panelistas, Mario Hernández, Román Vega y Claudia Naranjo, hicieron un diagnóstico del sector salud en la capital de la Repúblicas y formularon algunas propuestas. El médico salubrista y catedrático universitario, Mario Hernández, explicó que la nueva política del gobierno de Peñalosa está sustentada en la lógica del mercado y la competencia de las EPS, siguiendo los parámetros del gobierno nacional. Ello hace prever que dicha política no va a funcionar ni en Bogotá ni en ninguna parte del país porque está demostrado que con filosofía mercantilista es imposible generar un buen servicio a la ciudadanía y menos mejorar las condiciones de los servicios de salud. Por su parte, el exsecretario de Salud de Bogotá, Román Vega, destacó que durante las tres últimas administraciones en la capital se logró fortalecer el derecho a la salubridad con políticas y programas de alto impacto social a pesar de la mercantilización de la atención promovida por la Ley 100 de 1993 y las leyes 1122 del 2007 y 1438 del 2014. Explicó que gracias a los gobiernos alternativos en Bogotá se han desarrollado medidas que han mejorado el acceso a los servicios de salud, rompiendo las barreras administrativas, geográficas y culturales de las EPS, cuyo fin solo es garantizar sus ganancias económicas por encima de las necesidades de salud de la población. Se fortaleció la red pública de hospitales construyendo nuevas instituciones, ampliándolas y dotándolas de mejor equipamiento y recurso humano. Se ha impedido la privatización de los hospitales desde que en acuerdo con las comunidades se decidió en el año 2004 que los Hospitales de Suba y Engativá continuarían en manos del Distrito evitando su entrega en concesión a privados; y se han hecho esfuerzos por refinanciar los hospitales públicos con recursos de la ciudad para evitar su quiebra. Vega planteó la necesidad de defender y promover la ampliación del programa Territorios Saludables a toda la población, mejorando su calidad y capacidad resolutiva y obligando a las EPS a invertir los recursos de atención primaria que manejan en los equipos de salud para que ningún ciudadano se quede sin atención cuando la necesite. Impulsar simultáneamente la modernización y ampliación de la red de atención primaria de la ciudad (UPAS, UBAS y CAMIS), su integración con la atención hospitalaria y especializada y, sobre todo, la cualificación de las capacidades de sus trabajadores para que puedan cumplir su misión de trabajar con un enfoque familiar y comunitario. A su turno, Claudia Naranjo del Movimiento Nacional por la Salud, describió la manera progresiva como en los últimos doce años se inició en Bogotá la consolidación de un modelo alternativo en el sector sentando las bases además para proyectarlo a nivel nacional con el propósito de contrarrestar el esquema mercantilista que impuso la Ley 100 de 1993. Los avances logrados en materia de salud, dijo Naranjo, están siendo desmantelados por la administración Peñalosa con el licenciamiento de los equipos de atención primaria de los bogotanos que llegó a la totalidad en los estratos 1 y 2 y a parte importante del estrato 3. Durante el foro se hicieron varias propuestas, como las siguientes: participar activamente en las discusiones del proyecto de acuerdo que se propone reorganizar el sector salud en Bogotá que presentará a consideración del Concejo de Bogotá el gobierno de Peñalosa para desmantelar el actual sistema. Promover un cabildo abierto en el Concejo con participación de todos los sectores interesados. Coordinar todas las iniciativas que salgan de la Mesa por la Salud integrada por diversas organizaciones sociales para articular un solo movimiento en defensa de la salud en Bogotá. Atender el llamado del presidente de Anthoc, Yesid Camacho, para preparar un planteamiento unificado frente al vencimiento de la Ley 715 del Sistema General de Participación que se vence este año.

Bogotá necesita la Secretaría de Seguridad, pero muy bien estructurada" Concejal Daniel Palacios

La bancada del Centro Democrático, en el Concejo de Bogotá, en cabeza del concejal Daniel Palacios, experto en seguridad, presentó proyecto de acuerdo encaminado a complementar el proyecto que crea la Secretaría de Seguridad de la ciudad con las siguientes propuestas: 1 .La creación de un centro de atención integral de justicia (CAPIV) para cada localidad que pretende mejorar la atención a las víctimas. Estos Centros de Atención Integrales de Justicia tendrán: Fiscales, jueces, psicólogos, Medicina Legal y centro de detención. Todo con el fin de mejorar y ofrecer eficacia de justicia. '5 URI´s no son suficientes para una ciudad con 8 millones de habitantes, el hacinamiento, la demora en el proceso de denuncia y la legalización en las capturas; son los principales problemas que estas padecen' puntualizo el Concejal. 2. La inclusión de los servicios de emergencia en el Centro de Comando y Control de la Secretaría. 'Teniendo en cuenta que el proyecto del Distrito acertadamente incluye que la línea 1,2,3 (NUSE) pasará a la Secretaría de Seguridad con la creación de un Centro de Comando y Control, solicitamos que Bomberos, MEBOG y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) también pasen de estar en la Secretaría de Gobierno a ser coordinados por la Secretaría de Seguridad`, puntualizo el experto en seguridad. 3. La implementación de una Policía cívica. “Pedimos que se lidere, oriente y coordine la implementación de una policía cívica en la ciudad, consagrada en la Ley cuarta de 1991 y el Decreto 2626 de 1994, que crea una policía cívica con función pública, la cual podría ayudar a la Policía Metropolitana a reforzar el pie de fuerza', expresó el cabildante. De acuerdo con el Concejal Daniel Palacios, el propósito es buscar más plataformas de seguridad ciudadana y privada para reforzar la seguridad en las localidades, ya que la policía cívica no estaría armada y dejamos claro que esto está consagrado por la ley y lo que se propone es una policía uniformada, remunerada, desarmada, bajo el mando de la Policía Metropolitana y funcionando como apoyo a la misma”, agregó el Concejal. Además durante el debate, el Concejal Palacios presentó algunas cifras en materia de seguridad de lo que dejó la administración pasada, advirtiendo la proliferación de hechos delictivos como el hurto, el microtráfico y el homicidio. “Tenemos una ciudad en donde a diario roban a 76 personas; se presentan tres homicidios; y se hurtan 1.100 celulares, 13 carros, siete casas, siete motos y 10 bicicletas. Hoy el 83 % de los bogotanos se sienten inseguros y el 49 % considera que ha incrementado la inseguridad en Bogotá”, finalizó el cabildante