La ETB No Se Vende

De la ofensiva privatizadora de empresas estatales, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) es una de las pocas que no han podido entregar a los capitalistas para que usufructúen de su riqueza. En 18 años ha habido 14 intentos para feriarla y no lo han logrado. Pero hoy, el alcalde Peñalosa, vuelve a insistir por acabar con un patrimonio que produce recursos para la inversión social.

Peñalosa en su administración anterior logró vender el 15.6%. Hoy está dispuesto a feriar el 84.4% restante. El argumento que utiliza es el mismo que se ha usado para vender las demás empresas estatales: que la empresa sólo da pérdidas, que es mejor invertir en otros negocios o en obras públicas. En este caso quiere vender la empresa para entregar el dinero a los comerciantes de la educación y la salud, diciendo que es para la construcción de 30 colegios y 4 hospitales. La Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones y Afines (Atelca), argumenta que manteniendo la empresa estatizada, con los ingresos de los próximos cinco años, se podrían construir 65 colegios y 22 hospitales del mismo nivel que el Alcalde promete. Además los colegios que piensa construir los entregará, en concesión, a los empresarios privados. La ETB también financia a la Universidad Distrital con un aporte promedio por año de 1 millón de dólares. Entre 2002 y 2014 la ETB le transfirió 13.8 millones de dólares a esta universidad pública. Entre 2016 y 2020 la financiaría con 3,5 millones de dólares. Pero con la venta esto se perdería. La ETB tiene en Bogotá 53 portales interactivos y capacita en tecnología, gratuitamente, a la población. Pero ya comenzaron a cerrar varios: 14 en Ciudad Bolívar y 4 en Sumapaz. Como la empresa ya hizo una gran inversión en tecnología, ahora comienza a producir las ganancias, lo que significa que se consolidará. El gran negocio de la venta precisamente es ese. Quien la compre no tiene que invertir, sólo recibir ganancias. La ETB la quieren vender no porque sea una empresa en crisis produciendo pérdidas. Es por todo lo contrario. Porque está produciendo ganancias y en el próximo periodo se van a multiplicar significativamente. La tercerización laboral La empresa tiene 2.300 trabajadores directos, todos sindicalizados en Sintrateléfonos y Atelca, 500 por prestación de servicios y 10.000 tercerizados. Si bien es cierto Petro no privatizó la empresa e invirtió en tecnología, a los trabajadores les dio el mismo trato que cualquier gobierno neoliberal. A cambio de pasar a planta, con contrato permanente a los 10.000 trabajadores tercerizados, los dejó desprotegidos, en manos de los empresarios privados, sin estabilidad laboral. Esa fue la política que tuvo Petro con el resto de los trabajadores del Distrito. Por eso ha llegado Peñalosa y ha despedido a buena parte de la planta de personal que laboraba en las distintas dependencias. Con una planta de 13 mil trabajadores con contrato directo y los sindicatos (Sintrateléfonos y Atelca) fortalecidos con más afiliados luchando, la venta sería más difícil. En ese sentido, Petro dejó unas condiciones favorables para que Peñalosa venda la ETB. Campaña sucia para privatizarla La ETB es una empresa que tiene presencia nacional y hace años dejó de ser una telefónica para convertirse en una empresa de comunicaciones con servicios como telefonía fija, telefonía móvil 4G, televisión, Internet y Data center y tiene fibra óptica desde hace más de 20 años. En la administración de Petro se invirtió 2.1 billón de pesos para modernizarla. La empresa quedó como la más moderna entre las empresas de comunicaciones, con mayor capacidad instalada, con la segunda antena de televisión más moderna de Latinoamérica después de la de Brasil, y brinda más seguridad que las otras empresas porque sus servidores están en Colombia, y a diferencias de las que tienen servidores en Estados Unidos, no sufre tantos ciberataques. A pesar de todo lo anterior, la actual administración tiene un plan nefasto. Prácticamente ha suspendido o reducido en extremo la instalación de los servicios domiciliarios. Argumentan que no tienen instalada la red en el barrio o localidad pero que pronto lo harán, cuando la realidad es que las redes ya están instaladas en prácticamente toda la ciudad. Para sabotear la misma empresa, su actual administración acabó con un grupo de trabajadores que fue capacitado para instalación de fibra óptica, argumentando que ya no los necesitaban para ese oficio. Hay una campaña de desprestigio de la empresa y vendrá otra contra los trabajadores y los sindicatos, como lo han hecho con otras empresas para privatizarlas, con el objetivo de devaluarla artificialmente para venderla, pero además a precio de ganga. Antes que privatizar hay que volver a estatizar La lucha en estos momentos es por evitar que se venda y privatice la ETB, pero esa lucha hay que extenderla por la reestatización de todas las empresas de servicios públicos, de la salud y la educación. Esta es una razón más para que en el encuentro nacional obrero y popular, que han convocado las centrales obreras para los días 8 y 9 de julio, se vote un paro nacional. Es la única forma de enfrentar la crisis en los distintos servicios y expulsar a los comerciantes que se enriquecen a costa de las necesidades de la población. Peñalosa y el presidente de la ETB mienten Según Sintrateléfonos y Atelca, están presentando informes financieros falsos. Están utilizando el llamado método de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), que es una herramienta utilizada para distorsionar la información al servicio de la privatización y para favorecer al sector financiero. Con ese método sustentan que la empresa tiene pérdidas por 36 mil millones de pesos, cuando lo que tiene son ganancias por 370 mil millones de pesos. Por ejemplo, con el método de las Niff se presenta la información de depreciación de equipos calculando un tiempo mucho menor de lo que sucede en la realidad. Ante esto, los sindicatos han pasado un derecho de petición para que se entregue un informe financiero con el método tradicional, pero se han negado a contestarlo. Se niegan cuando tiene la obligación de presentarlo con los dos métodos. Como parte de la política de esconder la información, a las reuniones de accionistas han impedido la presencia de miembros de los sindicatos. De esta forma mantienen una campaña con información falsa, confunden y tratan de ganar opinión para que la venta de la empresa tenga aceptación de la población.

Con cartas el Polo Democrático Alternativo pide a Senador ser candidato presidencial

El Polo Democrático Alternativo de Risaralda y líderes cívicos firmaron un documento en el cual solicitaron al senador de la República Jorge Enrique Robledo, que sea el candidato presidencial por la colectividad.

Pidieron al congresista que considere proponer su nombre para las elecciones del 2018, puesto que están seguros que con él pueden atender “el reclamo de polistas y diversos sectores de la sociedad, que desde la región viene coincidiendo en este deseo”, señala el comunicado. Petición “Dadas sus características democráticas, valor civil y reconocimiento, sumado a la coherencia sostenida a lo largo del tiempo, manifestamos sin temor a equivocarnos, que su candidatura con un programa amplio del Polo Democrático nos permitirá aglutinar a diversos sectores democráticos para obtener la presidencia de Colombia”, dice el documento. Además los solicitantes argumentan que tanto el país como Risaralda necesitan un candidato que haya mantenido coherencia en la oposición a los gobiernos neoliberales de César Gaviria y de los que han proseguido como el de Uribe y el de Santos. “La actual baraja presidencial que agita el sonajero del 2018 no vislumbra a ningún colombiano que pueda sacar al país del oscuro atraso económico y la corrupción que hace metástasis en cada región y municipio”, agrega la misiva. Firmantes Quienes realizaron la solicitud fueron el actual concejal de Pereira Carlos Alfredo Corsthwaite; Adriana González, abogada y líder cívica de la ciudad de Pereira; Jhonny Garcés, concejal del municipio de Quinchía y Adonías Zúñiga, concejal de Mistrató. Igualmente Jesús Guevara, líder cafetero y ambiental de Risaralda y Quinchía; Arley Bonilla, directivo sindical de Sintrainagro, afiliado a la CUT, y Juan Escobar Ríos, escritor y docente. Denuncia del concejal De otra parte, el concejal polista Carlos Alfredo Crosthwaite elevó otra petición a la Asociación de Ingenieros para revocar la licitación para la construcción del restaurante de la plaza interior del Bioparque Ukumarí. Envió la carta a Carlos Emilio Arango Buitrago, presidente de AIR, a quien le expone la crisis que sufre esta profesión por la corrupción, lo cual considera que ha generado que profesionales de la ingeniería y de otras profesiones liberales, que tienen como destino ofertar sus servicios al sector público y privado, hayan preferido retirarse del ejercicio de sus profesiones, “y mucho menos prestarse para el diabólico juego de los procesos licitatorios con pliegos sastre o mucho menos ofrecer su firma para avalar los contratos del ya famoso Flavio”, dijo. El cabildante denuncia que ha puesto en conocimiento a los organismos de control, los cuales no se han pronunciado. “Recurro a usted para que la AIR acompañe una petición presentada el pasado viernes, de revocatoria del proceso de L.P. nro. 055-2016, cuyo objeto es ‘construcción restaurante plaza interior para el parque temático de flora y fauna de Pereira’, concurso convocado con un grosero pliego sastre, y que no obstante múltiples solicitudes, el señor alcalde de Pereira se negó a enmendar y corregir este esperpento”, finalizó.

La mujer más peligrosa del mundo

Por Marisa Avigliano A 76 años del fallecimiento de

“Si querés pan y no te lo dan, agarralo”, les decía Emma Goldman a los miles de hambrientos que se manifestaban con ella en 1893. La rusa que encabezaba la marcha con una bandera roja asustaba en Norteamérica a quien tenía que asustar, era visible, era peligrosa. La judía de Kovno (Kaunas, Lituania) había llegado a los Estados Unidos unos años antes escapando de un padre que le había arreglado un matrimonio. “Ahogada en el Nevá antes que esposa”, dijo la hija de hotelero y cruzó el mundo. Trabajó en una fábrica textil y a los veinte años sólo tenía cinco dólares en el bolsillo, una máquina de coser y un matrimonio roto y sin amor con un inmigrante como ella. El amor llegó después y dos veces: Sasha (Alexander Berkman) y Ben Reitman. El primero, escritor y anarquista, fue su compañero durante toda la vida; el segundo, una pasión ilusionada –“salían llamas de las puntas de sus dedos y yo suplicaba ser consumida por ese fuego”– que la deshizo cuando él se fue con una mujer más joven. Pero volvamos a Emma: la cautiva de otras pasiones, volvamos a la sacerdotisa de la anarquía que la violencia bautizó el día que vio colgados a los obreros de la revuelta de Haymarket. Aquellos cuerpos suspendidos en el aire rancio fueron sus padres intelectuales y la razón por la que defendió y promovió sus ideales anarquistas. Cuando condenaron a Sasha a 22 años de cárcel por haber intentado matar al empresario Henry Frick (dos tiros baldíos y una navaja sin puntería) quisieron también encerrar a Emma pero, como no pudieron encontrar pruebas que la vincularan con el intento, la atraparon por agitadora. Cuando salió (después de estudiar enfermería y de leer a Emerson y a Thoreau) una multitud la estaba esperando. “Fui presa por hablar”, gritó la rusa en las puertas del encierro y fue eso lo que siguió haciendo, hablar. Sólo que ahora también hablaba de sexo, de independencia femenina y de control de natalidad. Se había vuelto inaceptable no sólo para el status quo sino también para los que se decían progresistas. Pero Emma, la feminista molesta, tendría que seguir atravesando mundos hostiles. El próximo lo capitanearía León Czolgosz, el joven que mató a William McKinley, el antecesor de Roosevelt. “Me inspiraron las palabras de Goldman”, dijo León cuando lo condenaron. A él le tocó la silla eléctrica, a ella, que el movimiento la dejara atrás. “Como anarquista me opongo a la violencia pero si se quiere terminar con los asesinos se debe acabar con las condiciones que dan lugar a los asesinos”, dijo Emma en alegatos que nadie se atrevía a escuchar. Sin identidad y apartada de sus raíces, fue a los 32 años otra mujer, la enfermera E. G. Smith. Pero la cofia blanca no le duró mucho y volvió a la calle a hablarles a cientos de obreros, intelectuales y artistas que celebraban su oratoria. Instalada en Nueva York, publicó una revista mensual, Madre Tierra, buscando ser la voz sin miedo de las causas populares. Emma volvía a molestar y Hoover estaba encantado con la posibilidad de cazarla. Deportada a Rusia junto a Sasha, quien había salido de la cárcel después de 14 años, ya nunca más volvió a la Norteamérica que sentía propia. Fue entonces cuando vivió el periplo sombrío de sus últimos años que se inició con el deslumbramiento y desencanto leninista y continuó con un auspicio Guggenheim en Saint Tropez (sin el glamour de los brochures turísticos) hasta que llegó la muerte canadiense como consuelo de frontera. “¿Por qué la vida es tan larga? ¿Para quién? ¿Para qué?”, se preguntaba la mujer que llamaba “hogar de los perros perdidos” a su casa neoyorquina. Su inclemencia temporal, su sabiduría adelantada, rugen en una historia que todavía la hostiga. Queda el cine, diría Cabrera Infante recordando que Maureen Stapleton ganó un Oscar como mejor actriz de reparto personificándola en Reds (1981) y si es verdad que queda el cine habría que decirle a Frances McDormand que trasborde a la luz del set a esa mujer de sombrero y ojos desafiantes para que esta vez sea la protago

“La reelección presidencial fue producto del delito”: Jaime Araújo

Así responde el exmagistrado a la Corte Constitucional, que negó esta semana su solicitud de declarar nulas las reelecciones de Uribe y Santos. Tanto el demandante como el togado Mendoza se basan en que la reforma que permitió la reelección inmediata de los presidentes se obtuvo gracias a la compra. Tomado de EL ESPECTADOR “La reelección presidencial fue producto del delito”: Jaime Araújo

Usted solicitó a la Corte Constitucional declarar nula la figura de la reelección presidencial que les permitió a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos duplicar sus gobiernos. ¿Cómo recibió la decisión de rechazar sus argumentos asegurando, con votación casi unánime (8-1), que su demanda era extemporánea, pese a que quien estudió su escrito le dio la razón? La recibí como una más de las muchas decisiones de la Corte Constitucional, pero... esta vez resulta inconstitucional: el artículo 228 de la Carta establece, claramente, que lo sustancial prevalece sobre lo procesal. El derecho sustancial penal (en la Corte Suprema) demostró que la reelección fue producto no de uno, sino de varios delitos. Y este derecho debe prevalecer sobre cualquier consideración procesal, no importa el nombre que se le quiera poner: término de caducidad o prescripción. Contra la supremacía de la Constitución no puede haber caducidad y la corrupción y el delito no pueden ser, jamás, un tema adjetivo. Es absurdo aceptar que una vez comprobados los delitos, no pueden destruirse los efectos jurídicos derivados de esos delitos por un asunto procesal. ¿Cuáles fueron sus argumentos para presentar, ahora, petición de nulidad de la reelección, doce años después de aceptada como constitucional por la misma Corte? La razón es muy simple: el delito de cohecho requiere dos partes y es un imposible jurídico que se cometa cohecho de yo con yo. Solo cuando la Corte Suprema de Justicia condenó, el año pasado, a la otra parte del cohecho y de los otros delitos es decir, a los exministros (Sabas Pretelt y Diego Palacio) y al exsecretario general de la Presidencia (Alberto Velásquez), se cerró el círculo (iniciado con la condena a Yidis Medina) y se “perfeccionó” el delito y su prueba. A partir de ese momento es claro que no hay ningún obstáculo para la nulidad y correlativamente también, que mi petición no era extemporánea. ¿Sugiere que los magistrados que votaron en contra de su demanda por extemporaneidad violaron la Carta siendo ellos los guardianes de la misma? Sí: el artículo primero, que establece que Colombia es un Estado social de derecho. Una característica de este tipo de estados es que no existe ninguna persona, por poderosa que sea política, económica o militarmente, que esté por encima de la Constitución y la ley. Este fallo viola ese artículo, pues permite que los presidentes de la República lleguen a su cargo utilizando lo más deleznable: la corrupción y el delito. Y lo que es más grave, le envía a la juventud el mensaje perverso de que el crimen y el delito sí pagan y que la ley es para los de ruana. Supongo que la Corte no solo pensó en temas procesales, sino en la denominada estabilidad jurídica de la nación, que significa que una vez haya un fallo, este debe tener validez permanente… En realidad lo que existe detrás de estos temas es un debate ya resuelto en la filosofía del derecho entre dos valores: la seguridad jurídica y la justicia. Lo ideal es que las normas den seguridad y al mismo tiempo sean justas, pero cuando existe conflicto entre los dos conceptos, debe prevalecer la justicia. Doy un ejemplo: si a una persona la condenan por homicidio y, una vez condenada, aparece vivo el presunto asesinado, sería absurdo que a esa persona no se le revisara su condena con el argumento de que ya existe una sentencia definitiva. Lo que ordena la justicia en estos casos es que se ponga en libertad al condenado y se anule la sentencia. La prevalencia de la seguridad jurídica ha sido el instrumento de las dictaduras (ver parte superior de la página). Quienes dicen que anular ahora la reelección presidencial acaba con la seguridad jurídica y que un término procesal le impide a la Corte estudiar la nulidad de sus sentencias, lo que en realidad proponen es que el delito perdure, no que el orden jurídico se restablezca. Se podría razonar al contrario: si no se respetan las normas procesales, no hay garantía de justicia… Lo que sostengo es que la justicia debe prevalecer. Y una acotación marginal: no es cierto, desde el punto de vista estrictamente procesal, que este tema esté absolutamente claro en el caso referido, como dice la Corte. Reitero, quienes afirman que no se puede hacer nada, hacen mucho pero a favor del delito y de los delincuentes, e impiden que prevalezca la justicia como máximo principio constitucional. Si la situación que usted pinta fuera tan clara, ¿por qué ocho magistrados estuvieron en contra de su demanda y solo uno a favor? Valoro que no hayan estado todos en contra. Y recuerdo que la ética nos enseña que los valores no dependen del número de personas. La justicia existe aunque uno solo crea en ella y lo injusto es injusto así muchos defienden la injusticia. Lo mismo puede predicarse de la verdad y en este caso de la verdad jurídica que tuvo el magistrado (Gabriel Eduardo) Mendoza y no quienes votaron contra ella. La reelección de los expresidentes Uribe y Santos tienen el mismo pecado original: la corrupción y el delito y por lo mismo son contrarias a la Constitución y nulas, así la mayoría de la Corte diga lo contrario. Junto con el acto legislativo que permitió la reelección, usted solicitó anular por lo menos veinte sentencias que se referían al tema. ¿Ese masivo “reversazo” de decisiones de la Corte puede también haber incidido en la negativa a aceptar sus pretensiones? Mi deber era demandar todos los actos que le daban validez a la reelección, pues con uno solo que quedara vivo se podían perpetuar los efectos del delito y la corrupción. Da la impresión de que los magistrados no quisieron revolver el avispero político, como se dice coloquialmente. ¿No cree que tienen cierta razón cuando piensan que “tumbar” la legalidad de dos gobiernos completos es demasiado peso para cualquier nación? Lo importante de los jueces no es lo que piensen, sino cómo se comportan: deben ser capaces, honestos y, lo que es más relevante, imparciales e independientes. Sobre todo, esta última característica debe estar presente en todos, sin excepción, puesto que es la garantía de los derechos de los ciudadanos. A algunos de ellos les faltó independencia ante los dos presidentes de la República y ante la clase política. Cuando el Estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un privilegio. El fin es otorgarles una garantía a los ciudadanos: la garantía que tiene cualquier persona –así sea la más humilde– de que si uno de sus derechos le ha sido violado por el más poderoso física, material, militar, política o económicamente, este pueda ser llevado ante un juez independiente e imparcial que logre condenar al violador y restablecerle su derecho. Por supuesto usted tiene razón, pero tampoco se puede ignorar el enorme efecto que, en la práctica, hubiera tenido su tesis si hubiera sido aprobada, sobre los segundos gobiernos de Uribe y Santos y, además, sobre la futura candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. ¿Puede haber incidido este hecho extrajurídico en la votación? No lo sé y no quisiera especular al respecto. Entonces hablemos en términos generales: en lo que usted conoce, ¿los jueces –y los magistrados son jueces de mayor rango– son susceptibles y temerosos del embrujo del poder? En realidad, la imparcialidad o la independencia de los jueces se puede quebrar de distintas maneras: a veces por corrupción, a veces por politiquería, a veces por amistad o la enemistad, a veces por temor. Con su demanda, usted revivió la solicitud que la Corte Suprema le hizo, el año pasado, a la Constitucional cuando condenó a los exministros Pretelt y Palacio, y decidió enviar esos fallos a la guardiana de la Carta “para los fines que estime pertinentes”, por cuanto “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional”. ¿Se abre una brecha entre las dos corporaciones? Lo que sé es que la Sala Penal de la Corte Suprema tiene, como todo juez penal, la posibilidad de anular los efectos jurídicos que se hayan derivado de delitos probados. En consecuencia, no tiene que pedirle a Corte Constitucional que anule las sentencias sobre la reelección para que este acto sea retirado del orden jurídico colombiano. La Sala Penal puede ella, como consecuencia de su sentencia sobre estos delitos, declarar motu proprio y sin pedirle permiso a la Constitucional, la nulidad de la reelección presidencial. Lo que sorprende es que no lo hubiera hecho ya. No quiere decir que no lo pueda hacer en el futuro. Los tres exfuncionarios del gobierno Uribe condenados, y que usted mencionó en su demanda, han intentado tomar varias vías para pedir la revisión de sus sentencias a pesar de que son definitivas. ¿Podrían usar la actual decisión de la Constitucional para iniciar nuevas acciones? Lo fundamental, para mí, no son los casos particulares, sino que la Sala Penal de la Corte Suprema declare la nulidad de la reelección autónomamente –como he sostenido– sin pedir permiso, puesto que no lo necesita. Es necesario tener en cuenta que, además de los ocho magistrados que se opusieron a sus pretensiones, una universidad y la Procuraduría consideraron que usted no podía pedir esa nulidad, entre otras razones, porque era miembro de la Corte Constitucional cuando se discutió la figura de la reelección en 2004. Parece un argumento fuerte… En el momento de la sentencia penal contra los exministros y el exsecretario general, en 2015, yo era un ciudadano común y si usted leyó mi solicitud, así lo dije: “obrando exclusivamente en mi calidad de ciudadano colombiano”. Pero ya que toca un tema procesal, sería importante conocer la respuesta a ciertos aspectos con incidencias procesales y sustanciales: ¿cuántos de los que hacen esa afirmación han sido beneficiarios directos o indirectos, incluido su núcleo familiar, de los mandatarios cuya reelección está en entredicho o del vicepresidente que también hubiera resultado afectado? De mi parte, declaro que fui ternado para la Corte Constitucional por el Consejo de Estado; que mi familia jamás recibió puestos ni contratos de ningún gobierno ni funcionario público y que mi oficina de abogado siempre estuvo cerrada. Sería bueno que quienes hacen esta declaración sobre mí, hablen sobre sí mismos. El mismo día en que la Corte negó su solicitud, se inhibió de estudiar a fondo una demanda que, curiosamente, buscaba lo contrario a la suya y para el futuro: que la reelección presidencial –que fue eliminada para los próximos presidentes en la reforma “de equilibrio de poderes”– pudiera ser revivida por el Congreso. ¿La presentación de las dos demandas, casi de manera simultánea, es casualidad o esta última se dio como reacción a la suya? Solo sé que los dos temas quedaron abiertos: el de la nulidad de la reelección por causa del delito cometido, porque cualquier día la Corte Constitucional puede volver sobre el tema; o el de la Sala Penal de la Corte Suprema que, como le dije, puede declarar directamente la nulidad de la reelección presidencial. La ponencia del magistrado Rojas sobre el acto legislativo de 2015 (equilibrio de poderes) no constituye precedente, ya que inhibirse jurídicamente equivale a no pronunciarse sobre el tema. ¿Cree que existen personas que simplemente ponen su nombre en demandas de este tipo para ocultar a los verdaderos interesados en el asunto, en este caso expresidentes que quisieran tener la posibilidad de volver a ser jefes de Estado? En mi caso no, puesto que no es mi estilo y la presenté con mi identidad. No sé si los demandantes del caso que abordó el magistrado Rojas estaban prestando su nombre. Desde el punto de vista exclusivamente histórico, está demostrado que más de un expresidente no se resigna a serlo. * * * "Una vela a Dios y otra al diablo” ¿Qué magistrados estaban impedidos de conocer su solicitud de nulidad de la reelección presidencial? Cada quien conoce su condición. Yo digo la mía y sería sano que se conociera la situación de todos los miembros de la Corte para que se sepa si tienen garantía de independencia e imparcialidad. En la Corte Suprema de EE. UU., cuando un ciudadano se acerca a un magistrado para plantearle un asunto referido a sus funciones, el magistrado tiene la obligación de anotar en un libro que esa persona le tocó el tema, independientemente de que haya contestado o no. Ese acto da garantía de total transparencia e independencia de los jueces. Es un mecanismo que debería activarse en Colombia. Tres magistrados presentarán aclaración del voto sobre el rechazo a su solicitud. ¿Es un consuelo? El voto es lo que importa, no la aclaración. No se puede prender una vela a Dios y otra al diablo. ¿Era preferible salvar voto y dejar posición contraria a la mayoritaria? Por supuesto, ¿cómo se aprobó la constitucionalidad de las Convivir?: por no hacer salvamento de voto sino una aclaración, ese voto hizo la mayoría. Le repito, no se puede prender una vela a Dios y otra al diablo. ¿Es más importante la seguridad jurídica (mantener los fallos) o la necesidad de hacer justicia? A la discusión sobre si debe prevalecer la seguridad jurídica o la justicia hay que responder con el ejemplo de los criminales nazis que se defendían diciendo que ellos eran inocentes, pues lo único que hacían era cumplir con las leyes -la seguridad jurídica- de Hitler. A esto respondió el gran jurista Gustavo Radbruch demostrando que la justicia prevalece sobre la seguridad y que donde hay injusticia no hay derecho. De similar modo, si los jueces no tienen independencia y autonomía, los ciudadanos no cuentan con las garantías de que alguien defenderá sus derechos cuando se los violen los poderosos. Si, por ejemplo, la madre de Soacha a la que le asesinaron a sus dos hijos, quisiera enfrentar militarmente al general que dio la orden de matarlos, jamás podría vencerlo por vías de hecho, ya que el general siempre tendría el poder militar para derrotarla. Pero si esa humilde madre tiene las pruebas de que el general dio la orden, y logra llevarlo ante un tercero verdaderamente imparcial, como deber ser un juez, en ese escenario, ante ese funcionario y con esas cualidades, la madre puede vencer al general, hacer que lo condenen y que le reparen a ella sus derechos violados.

Distrito estudiará una posible conciliación en el caso de Rosa Elvira Cely

a secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Dalila Astrid Hernández, anunció este lunes que el Distrito revisará de nuevo todo el proceso del caso de Rosa Elvira Cely y estudiará la posibilidad de una conciliación con sus familiares.

“Como Distrito vamos a revisar todo el proceso desde el inicio, cuando los familiares presentaron una solicitud de conciliación prejudicial, y vamos a revisar todos los argumentos de por qué no se concilió el año pasado, y evaluar si se puede llegar a la misma en este momento”, aseguró la Secretaria General del Distrito. La funcionaria manifestó que, aunque ya se avanza en una etapa judicial, todavía es posible llegar a una conciliación y por esta razón el Distrito estudiará todas las alternativas. “Vamos a evaluar la posibilidad de poder conciliar y esto implica unos estudios previos, pero para una consolidación se necesita que las partes estén de acuerdo”, afirmó Hernández. Manifestó a su vez que este mismo lunes radicarán ante el juez que lleva el caso la solicitud para que el argumento presentado por las abogadas de la Secretaría de Gobierno no sea tenido en cuenta en el proceso. “También en cumplimiento de las instrucciones del Alcalde quiero informar que de manera inmediata estamos actuando en reestructurar el equipo jurídico que atiende el caso”, señaló la funcionaria. Así mismo, recordó que el Distrito adelanta alrededor de 36 mil procesos y por esta razón las oficinas jurídicas de cada Secretaría y entidad asumen los procesos de su competencia. La funcionaria reiteró en nombre del Distrito el rechazo a los argumentos presentados como defensa en la demanda presentada por Rosa Elvira y ratificó el compromiso de la Administración de luchar por los derechos de las mujeres. “Como ciudadanos sentimos que dichos argumentos no consultaron la realidad nacional y rechazamos todos los actos de violencia contra las mujeres”, concluyó la funcionaria.

¡NI CON EL ALCALDE PEÑALOSA, NI CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO MIGUEL TURBAY LAS MUJERES ESTAMOS SEGURAS!

Se cumplen cuatro años de la brutal violación y asesinato de Rosa Elvira Cely

. Hoy no podemos decir que se haya hecho justicia a pesar de que su violador y asesino haya sido condenado. Y no podemos decir que se haya hecho justicia porque aunque se haya promulgado la ley contra el feminicidio en memoria de Rosa Elvira, miles de mujeres siguen siendo, asesinadas, desfiguradas con ácido y violentadas en todos los ámbitos sociales del país y del mundo. La Secretaría Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, regida por el señor Miguel Turbay, ante la demanda interpuesta por la familia, emitió el concepto de que Rosa Elvira había sido culpable de lo que le sucedió por haber salido con su asesino, la abogada de esta entidad, Luz Stella Boada declaró que “Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”. ¡No faltaba más que ahora las víctimas de abuso sexual, asesinato o de ataques con ácido son las responsables de los actos criminales de sus victimarios! ¡No faltaba más que las mujeres no tengamos derecho a salir, divertirnos, vestir como se nos antoje, estudiar o a realizar cualquier actividad a la hora que nos parezca porque somos las culpables de que en esta sociedad machista los hombres puedan hacer lo que les plazca con nosotras! ¿Acaso Diana Turbay, madre del secretario, fue culpable de su propio secuestro y muerte por ir a una supuesta entrevista, trampa que le tendió el grupo de los “Extraditables”? ¿Es así, señor secretario? En Bogotá estamos como en Nueva Delhi, India, cuando una joven fue violada y asesinada por varios hombres en un bus; el gobierno Distrital piensa igual que uno de los criminales quien declaró fríamente: "Una mujer decente no deambula por ahí a las 9 de la noche. Una chica es mucho más responsable de una violación que un chico”. "El trabajo doméstico es para las mujeres, no andar circulando por discos o bares de noche haciendo cosas equivocadas, usando la ropa inadecuada. Sólo el 20% de las mujeres son buenas". Por pensamientos similares al de la Secretaría de Gobierno, igual suerte tuvieron las jóvenes turistas argentinas asesinadas en Ecuador. ¡Ahora resulta que en Bogotá, las mujeres no podremos volver a salir y tendremos que quedarnos en las casas haciendo el oficio y cuidando los niños para que no nos pase nada porque la Secretaría de Gobierno del alcalde Peñalosa opina que las mujeres somos responsables de que nos violen o nos asesinen! ¡Llamamos a todas las mujeres y personas indignadas a manifestarse en contra de la alcaldía, que con esta clase de declaraciones avala los crímenes machistas en la ciudad! ¡Responsabilizamos directamente al alcalde Peñalosa y su secretario de Gobierno, Miguel Uribe, de los crímenes que contra las mujeres se cometan a causa de estas declaraciones!

Una tormenta académica en la U. Distrital En el centro de la crisis que vive la Universidad Distrital, y al paro que los estudiantes mantienen en varias sedes, está la cuestionada gestión del rector encargado Roberto Vergara.

Desde el lunes pasado un grupo importante de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Distrital comenzó un paro general para pedir que se derogue la reforma estructural impuesta por el Consejo Superior en 2009, y exigir la salida del rector encargado, Roberto Vergara Portela y de algunos de los directivos. Los señalan de ser los responsables del caos y el desgreño administrativo que vive este centro superior. El paro es el capítulo más reciente de la anormalidad académica que comenzó hace varias semanas, cuando las facultades Tecnológica y de Medioambiente suspendieron sus clases porque decenas de estudiantes y profesores comenzaron un bloqueo para frenar la reforma, lo que hoy tiene a más de 30.000 estudiantes, en su mayoría de estratos bajos de Bogotá, al borde de que se les cancele el semestre. La reforma busca fusionar algunas facultades y eliminar la posibilidad de que los alumnos graduados de tecnólogos puedan obtener título universitario con estudiar cuatro semestres más. Sus críticos consideran que no soluciona los problemas reales de la universidad, como el déficit de profesores o la mala calidad de las carreras, y por el contrario permite más burocracia. Ante estas críticas el rector encargado dijo a SEMANA que “la reforma, –de la que no hizo parte–, no elimina ninguna carrera y fue pensada para mejorar la actividad académica del claustro”.

Para tratar de resolver la crisis, el propio alcalde Gustavo Petro convocó el jueves al consejo superior al Palacio Liévano. Al final, se abrió la posibilidad de congelar la reforma hasta que se adelante una consulta en la comunidad. Sin embargo, la decisión se postergó hasta la próxima semana. No obstante, más allá de que se levante el paro y se salve el semestre académico, lo que quedó de nuevo en evidencia es que esta institución, que maneja más de 250.000 millones de pesos al año, está sumida en un desgreño administrativo desde que algunos sectores históricos, como los exrectores, pensionados y políticos se tomaron el consejo superior y la administración para gobernarla a su antojo. Ni el alcalde ni el Ministerio de Educación, que la financian y tienen asiento en el consejo, han podido reorientarla y han visto sus propuestas derrotadas por estos grupos. Entre las numerosas denuncias de corrupción sobresale lo ocurrido con la obra de la nueva sede en Bosa. Meses antes de abrirse la licitación por 70.000 millones de pesos, el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, advirtió que se estaba manipulando el proceso en favor del Consorcio ZGC El Porvenir. Y pese a que varios concejales y algunos medios demostraron esas y otras supuestas irregularidades, las directivas adjudicaron la obra al proponente cuestionado. Ahora el tema está en manos de la Fiscalía. En el centro de todos los conflictos que aquejan a la Distrital está el consejo superior y en especial el rector encargado Roberto Vergara, que desde 1986 viene ocupando posiciones en el plantel: ha sido decano, director de planeación, vicerrector administrativo, y varias veces vicerrector y rector encargado, entre otros. Su carrera solo fue interrumpida en noviembre de 2005 cuando la Procuraduría lo sancionó con dos años y seis meses sin ejercer funciones públicas y con cinco años sin firmar contratos con el Estado. En septiembre de 2010 Vergara asumió la rectoría en calidad de encargado y el 11 de octubre de 2010 firmó un contrato con la Secretaría de Integración de Bogotá por 2.200 millones de pesos. Sus contradictores señalan que estaba impedido, pues le faltaban siete días para culminar su inhabilidad, lo que le abriría nuevas sanciones. Frente a esto, el rector dijo a SEMANA que “no estaba inhabilitado, pues no firmó a título personal sino como representante legal de la universidad”. También dijo que la Contraloría Distrital había avalado esas actuaciones. Si algo está claro es que la crisis de la universidad no es de recursos sino de una administración que desde hace años, amparada en la autonomía universitaria, la ha gobernado sin control alguno. La polémica está abierta y el único que puede hacer algo es el Ministerio de Educación.

La localidad de Bosa, en el sur de la ciudad, están estrenando dos nuevas vías

Bogotá. Los habitantes de la Urbanización Caldas, en la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad, están estrenando dos nuevas vías que fueron construidas y dadas al servicio por la Administración Distrital, Bogotá Mejor Para Todos, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).

La primera tiene 45 metros de longitud y está ubicada en la carrera 90 desde la calle 54DBisSur hasta la Cl54FSur. En la segunda se edificaron 64,8 metros de longitud y se encuentra situada en la carrera 90 desde la calle 54C Sur hasta la calle 54DBisSur. En total fueron 109,8 metros de tramo vial urbanizados.

Según el arquitecto Álvaro Sandoval Reyes, director general (e) de la UMV, “Estos dos tramos se encontraban en tierra, es decir, que no existían y la UMV las hizo nuevas, en total 579,42 metros cuadrados de área, que equivalen a 0.2 Km/carril, beneficiando a cerca de dos mil personas habitantes del sector”.

Además, en el tramo se instalaron 88,5 metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente, producida por la UMV en su recién inaugurada planta de asfalto. El alto funcionario aclaró que “con este proyecto se pretende mejorar la calidad del aire y la salud de niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, generando condiciones de equidad de la Bogotá moderna”. La UMV trabaja día a día con el fin de ser reconocida en el 2025 a nivel distrital y nacional, por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas.

Senador Juan Manuel Galán, invita a liberales a no salir de La Unidad Nacional

Senador Juan Manuel Galán, invita a liberales a no salir de La Unidad Nacional Por Prensa S. Juan Manuel Galán Senador Juan Manuel Galán, invita a liberales a no salir de La Unidad Nacional Estos y otros temas serán de profunda disertación que hará Galán en la Asamblea Nacional Liberal durante los días 13,14 y 15 de mayo en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en la capital del país. Bogotá D.C., 05 de mayo de 2016 . (Prensa Senador J.M Galán ).-Frente al revuelo político que despertó el anuncio del Codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, para que la colectividad se retire de la Unidad Nacional, El Senador Juan Manuel Galán invitó a los liberales, continuar apoyando al Gobierno en su empeño por firmar la paz y acabar con un conflicto de más de 50 años. Recordó que el Ejecutivo ha sido coherente con los principios liberales, como es el cambio en la visión de la lucha contra las drogas, la aprobación de la Ley de Víctimas y la Ley de Restitución de Tierras. "No es responsable con el país salir corriendo cuando el Gobierno tiene un bajo nivel en las encuestas. Ni tampoco, hacer creer a la opinión pública que no nos sentimos representados porque no nos dan puestos". Así mismo, espera que sean las bases del Partido en la Convención quienes expresen su mandato de seguir respaldando al presidente Santos en su meta por sacar adelante el proceso de paz. "El verdadero mensaje del Partido debe salir de la Convención, que estatutariamente es la máxima autoridad, y es quien debe otorgar un mandato claro y definir cuál será la postura política del liberalismo". Con relación al pronunciamiento de Cambio Radical, manifestó su preocupación por que se da en un momento crítico para el proceso de paz, que necesita la aprobación de varios proyectos de ley que van a permitir poner en práctica rápidamente los acuerdos. "Si se llega en medio de una crisis de mesas directivas, de pugnas y rompimiento de acuerdos, va a ser muy traumático para la agenda legislativa y para el proceso de paz".

Colombia debe prepararse para el posconflicto, a través del perdón: Mauricio Lizcano

Así lo señaló el senador Mauricio Lizcano (Partido de la U), en el marco del Foro reconciliación y perdón organizado por la Fundación Buen Gobierno, que contó con la presencia de la ex candidata presidencial y víctima del secuestro por las Farc Ingrid Betancourt “Colombia debe prepararse para el posconflicto con discusiones de fondo, a través del perdón. Discusiones que permitan explorar diferentes perspectivas, que permitan alimentar la reconciliación el perdón”. Así lo señaló el senador Mauricio Lizcano (Partido de la U), en el marco del Foro reconciliación y perdón organizado por la Fundación Buen Gobierno, que contó con la presencia de la ex candidata presidencial y víctima del secuestro por las Farc Ingrid Betancourt “Más allá del histórico esfuerzo que adelanta el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para encontrar la paz, los ciudadanos debemos ser conscientes de que se trata, de una responsabilidad compartida”, dijo “Nuestra responsabilidad compartida es que se hagan públicas las demandas de las víctimas, la necesidad de evitar el olvido. Para que haya de los victimarios reparación, verdad y no repetición, es preciso suscribir un nuevo pacto; el reconstruir la institucionalidad y las reglas de la democracia. Un pacto para generar confianza y legitimidad, inclusive, hasta en la propia justicia”, señaló el senador Lizcano, cuyo padre y hermano fueron secuestrados por las Farc. “El perdón posee muchas virtudes. Una de las principales es que suspende la condición de víctima. Y digo eso como una experiencia propia, resultado de la angustia existencial que vivió mi familia, con el secuestro de mi padre, quien estuvo cautivo de las Farc durante casi 9 años. Como si fuera poco, justo cuando llevábamos seis años en esa pesadilla, el EPL secuestro a mi hermano, para extorsionarnos económicamente”, anotó En palabras del senador Mauricio Lizcano, el perdón y la reconciliación son una virtud política para generar nuevas sociedades. El perdón jamás impide el desarrollo de la justicia”, subrayó “Al ver a mi papá en este foro en la ciudad de Bogotá,, puedo comprender en toda su dimensión que odiar a las Farc, era seguir secuestrados. Decidimos liberarnos a través del perdón. Por ello me siento en la autoridad para desafiar y convocar a los colombianos a la reconciliación y al perdón como una responsabilidad compartida”, manifestó

En Mistrató y Pueblo Rico están sembrando mucha coca": Álvaro Uribe

"Pueblo Rico y Mistrató estarían invadidos nuevamente de cultivos de coca", dijo en Pereira el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta denuncia y otra sobre el presunto reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos subversivos para sembrar este cultivo ilícito, fueron dos de los llamados que hizo el senador a la fuerza pública. Indicó el expresidente que lo más grave es el reclutamiento de menores y de campesinos para que se vayan a estos grupos subversivos a cultivar coca, lo que no solo ocasiona problemas por la mano de obra en la agricultura, sino también porque pone en riesgo a las comunidades especialmente indígenas. "Reclutan a los trabajadores del campo y los están forzando a sembrar coca y afectan muchos cultivos como la caficultura porque no se pueden hacer labores de mantenimiento de las plantaciones ni de recolección de la cosecha lo que es muy grave para el país", dijo. Durante su intervención, Uribe indicó que Colombia pasó de tener 43 mil hectáreas sembradas de coca a 200 mil en los últimos tres años. "La aceptación que tuvo el gobierno sobre el delito de narcotráfico y que sería conexo con el político dio vía libre a la siembra de coca en el país, por eso se incrementó en los últimos tres años el número de hectáreas sembradas", aseveró. Explicó el senador que muchos de los cafeteros del país están de acurdo con la utilización del glifosato, pues es la única manera de contrarrestar al narcotráfico y sus cultivos de coca que están dejando sin mano de obra al campo, pues es más rentable en este momento hacer parte de los cultivos ilícitos.

Revuelo por capturas en Nariño por presunto fraude en trámites

Uno de los detenidos es el director del Instituto Departamental de Salud Por: Redacción EL TIEMPO COMPARTIDOS Entre desconcierto y escándalo provocó en Nariño la sorpresiva captura del director del Instituto Departamental de Salud, Ómar Andrés Álvarez Mejía, y otras seis personas. La detención se hizo efectiva en la tarde del miércoles en la capital nariñense por miembros de la Dirección de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía Nacional. Los siete detenidos fueron, de inmediato, trasladados a Bogotá, donde la Fiscalía 135 de esa capital adelanta una investigación por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento por la presunta expedición de certificaciones falsas por intermedio de una firma encargada del trámite de documentos para conductores. Álvarez Mejía asumió el cargo en la Salud Departamental el pasado 1 de enero ante el gobernador de Nariño, Camilo Romero; es médico de profesión y sobrino del senador liberal Javier Tato Álvarez. El funcionario en el año 2014 había instaurado una acción judicial contra la mencionada firma, por el presunto uso de su firma digital para certificar algunos documentos. Sus abogados argumentarían en su defensa que Álvarez en la época de los hechos ya se había desvinculado de la compañía y sostienen que es inocente de los cargos. Entre las personas capturadas también figuran una funcionaria de la Contraloría Departamental y otro funcionario de la Subsecretaría de Tránsito del Departamento, quienes también fueron trasladados a la capital de la República para ser sometidos al proceso de judicialización. Los dos funcionarios también se declararían inocentes de los cargos de la Fiscalía. Ante esas capturas, el gobernador de Nariño (encargado), Mario Viteri, a través de un comunicado manifestó que “en ningún momento fui notificado de investigación alguna en contra del doctor Álvarez, quien al momento de ser designado y realizadas las respectivas verificaciones, no estaba incurso en ninguna inhabilidad que le impidiera tomar posesión de su cargo”. Igualmente, el mandatario seccional aclaró que la investigación en contra del funcionario no tiene ninguna relación con las funciones que el doctor Álvarez ha desempeñado como director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, ni con la labor de la actual administración departamental. “Esta situación corresponde a hechos anteriores a su nombramiento”, enfatiza luego el gobernador encargado. Según Viteri los abogados que defienden a Álvarez “han manifestado tener todas las pruebas para demostrar su inocencia y afirman que comprobarán en las próximas horas que él no tiene ninguna relación con los hechos de los que se le acusa”. Mientras se resuelve la situación jurídica del funcionario la administración departamental designó como directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño en calidad de encargada a Bibiana Mena Criollo.

La exrehén de Farc Ingrid Betancourt vuelve a Colombia a suplicar paz y perdón

Ingrid Betancourt, la exrehén de las Farc cuyo cautiverio de más de seis años en la selva despertó interés internacional, volvió a Colombia luego de años de ausencia para suplicar al país paz y perdón tras medio siglo de conflicto armado. "Le formulo hoy a Colombia una sola súplica: que tenga la audacia de confiar en sí misma y abrazar con todas las fuerzas de su alma el grandioso prospecto de la paz", dijo este jueves al participar en el foro "Reconciliación, más que realismo mágico". En un discurso durante el cual la emoción le pudo a la voz en más de una ocasión, Betancourt recordó algunas experiencias que vivió durante su secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc, comunistas), en la recta final de un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, y pidió al país abrirle la puerta a la reconciliación. La excongresista colombiana, quien tiene además nacionalidad francesa, fue secuestrada en 2002 cuando era candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno y liberada en 2008 junto a otros rehenes en un operativo militar conocido como "Operación Jaque", dirigida por Santos, entonces ministro de Defensa, y de gran repercusión mediática. "No hay nada más fuerte que el perdón para detener la deshumanización" que ha afectado a todos los colombianos en estos más de 50 años de violencia, dijo Betancourt, al relatar cómo en un momento difícil de su cautiverio un guerrillero le pidió perdón por algo que le había dicho y ese hecho le ayudó a superar el "mal momento" que atravesaba. "Para que la reconciliación sea posible, el resultado de pedir perdón y de conceder perdón no puede ser igual a cero (...) todos los colombianos deben ganar más con la paz que con la guerra", aseveró. En una rueda de prensa posterior al foro, dijo estar "lista para abrazar" a sus victimarios. "Sinceramente yo creo que en este momento puedo decir con toda honestidad que estoy lista para abrazar a aquellos que me separaron de mi familia durante seis años y medio", aseguró Betancourt, madre de Lorenzo y Melanie, niños aún cuando fue retenida por la guerrilla. A las Farc: "tengan grandeza" Sobre el proceso de paz que avanza en Cuba desde 2012 con las Farc, la exrehén dijo que tanto las "ambiciones" de justicia que tiene la sociedad como las de "seguridad jurídica" a las que aspira la guerrilla son compatibles. "Nosotros como sociedad aspiramos a que no haya impunidad, ellos, los de las Farc, requieren seguridad jurídica. Ambas ambiciones son justas y no son incompatibles: la posibilidad de una justicia transicional es una propuesta creativa y madura para resolver esta ecuación", aseguró. A los negociadores de las Farc, en tanto, les dijo: "Los estamos mirando con respeto, los seguimos (...) tengan grandeza en este momento y, sobre todo para la reconciliación, no puede haber egos, no puede haber sentimientos de que le deben a uno sino simplemente tener una gran generosidad por Colombia". Omnipresente en los medios colombianos en las últimas horas desde su regreso al país, Betancourt reconoció que cometió "varios errores" de cara al país, como haber demandado una reparación material, que ahora cree que no necesariamente le correspondía porque además de víctima ella era una "figura política". "Me faltó medir y sintonizarme con el país para entender que utilizar el recurso de la reparación, por más que mis compañeros de cautiverio lo utilizaran, era totalmente diferente en mi caso", dijo en una entrevista con el diario El Espectador publicada este jueves. Este viaje a Colombia, país del que se fue luego de su liberación para vivir en Europa, le permitió a la Betancourt reencontrarse también con su compañera de secuestro y antigua fórmula vicepresidencial Clara Rojas, de quien había estado muy distanciada y con quien coincidió este jueves en el foro. "Yo con Clara no necesito reconciliación, ella fue mi compañera. La reconciliación es con los victimarios", dijo. El conflicto interno colombiano, iniciado como una sublevación campesina en 1964, ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.