Gracias a una demanda del senador
del Polo, el Consejo de Estado tumbó un concepto de la DIAN que concedía
exenciones tributarias a las mineras. Estas son las otras victorias.
Jorge Robledo es de los pocos que
se puede dar el lujo de haberle hecho oposición a los dos gobiernos de Álvaro
Uribe y a los dos de Juan Manuel Santos. Referente del Polo, se ha visto
aplastado por la aplanadora, primero la uribista, y luego la santista. Y si en
el capitolio pocas veces ha salido triunfante, en las altas cortes sí que ha
podido cantar victoria, como sucedió este lunes.
La demanda que interpuso junto a
sus colegas del Polo, Alexander López y Germán Navas Talero, y que respaldaron
la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) y los académicos Álvaro Pardo y
Guillermo Rudas, provocó que el Consejo de Estado tumbara un concepto de la
DIAN del año 2005, que de manera ilegal (según la demanda) le permitía a la
industria de extracción minera privada descontar los pagos que hicieran por
regalías de la base para liquidar el impuesto de renta. Tras la decisión,
compañías trasnacionales no seguirán gozando de una exención tributaria que
desde entonces se les había entregado.
Según el Estatuto Tributario,
solo las empresas públicas puedan descontar los pagos de las regalías. Pese a
ello la DIAN, “torciéndole el pescuezo a la ley”, en palabras de Robledo,
extendió el beneficio a las empresas privadas que explotan recursos naturales
no renovables, lo que significó que estas se quedaran entre 2005 y 2015 con
13,1 billones de pesos que debieron ir al Presupuesto General de la Nación.
Con esos recursos, dice el
senador, se hubiera podido financiar la salud de 19 millones de colombianos o
durante ocho años pagar la totalidad del presupuesto de la Universidad Nacional
de Colombia.
“En nombre de una falsa confianza
inversionista estos descuentos tributarios a las transnacionales de la
industria extractiva le han costado mucho al país y es hora de que contribuyan
lo que les corresponde a las finanzas públicas nacionales”. Robledo cuestionó a
los gobiernos de Uribe y Santos por haberles permitido a las trasnacionales
petroleras y mineras un beneficio que solo aplica para las empresas entidades
públicas.
Para el Polo Democrático la
oposición está resultando más efectiva en el palacio de Justicia que en el
capitolio. Allí, su pequeña bancada de parlamentarios nada puede hacer ante las
mayorías parlamentarias, por lo que sus pronunciamientos no pasan de ser un
saludo a la bandera, o simples constancias que quedarán para la historia.
Plan de Desarrollo 2014
Hace un año la Corte
Constitucional acogió los argumentos de los senadores Iván Cepeda y Alberto
Castilla y de los representantes Alirio Uribe y Víctor Correa. Ellos demandaron
varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que autorizaban
actividades y proyectos de explotación minera y petrolera en los páramos.
El Plan de Desarrollo incluía una
serie de disposiciones que permitían a las empresas con concesiones mineras en
zonas protegidas seguir adelantando esta actividad, a pesar de la prohibición
existente para explotar el subsuelo en esas áreas.
Prácticamente fueron los mismos
argumentos con los que la bancada del Polo Democrático intentó frenar el Plan
de Desarrollo. Los mismos que fueron desatendidos en los cuatro debates que
tuvieron lugar en el Congreso, donde los polistas fueron derrotados por una
abrumadora mayoría. Por eso llevaron el debate a la Corte Constitucional, allí
los magistrados les darían la razón.
No es la primera vez que el Polo
recurría a esta estrategia con el actual gobierno, tampoco la primera en que
conquista un triunfo.
Plan de Desarrollo y Baldíos
La seguidilla de éxitos se
remonta al año 2012. El senador Jorge Robledo, considerado el jefe de la
bancada del Polo en el Congreso, demandó tres artículos del Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 que abrían la posibilidad para que más de 15 millones de
hectáreas de terrenos baldíos de la Nación pudieran quedar en manos de
inversionistas privados.
El Plan de Desarrollo, recuerda
Robledo, pretendía tumbar una ley y un precepto constitucional de que la tierra
sólo se puede conceder a campesinos sin tierra. La Corte Constitucional le dio
la razón al congresista en agosto del 2012.
Pero la primera gran oposición
que le hizo Robledo al gobierno Santos vino por cuenta del decreto de estado de
emergencia por la ola invernal que azotó al país en el segundo semestre del
2010. Robledo fue el único senador que se opuso a los más de 20 decretos
firmados por el Gobierno y aunque no lo demandó, la Corte Constitucional los
tumbó por su cuenta, entre otras, con argumentos similares a los del senador
del Polo.
Ley Lleras 2.0
En el primer semestre del año
2012, el Congreso batió todos los récords al aprobar una ley para que entrara
en plena vigencia el TLC con Estados Unidos. Fue aprobada, de forma tan
acelerada, para que el presidente Barack Obama la recibiera en su visita a
Cartagena, durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril de ese año.
Esa ley incluía un polémico
conjunto de artículos sobre propiedad intelectual y derechos de autor sobre el
contenido publicado en internet, con disposiciones drásticas similares a las
que planteaba la ley S. O. P. A. en Estados Unidos y que abrió un polémico
debate en todo el mundo.
En Colombia se le bautizó Ley
Lleras 2.0 (pues la impulsó el entonces ministro Germán Vargas Lleras), y
Robledo la calificó “una protección desproporcionada de la propiedad
intelectual en contra del derecho fundamental de la información”.
Al senador no le hicieron caso en
el Congreso, por lo que recurrió a la Corte. Demandó la norma por vicios de
forma y de fondo, la Corte, en el año 2013, falló a favor de su demanda. La ley
se cayó.
El fuero militar
Si hubo un tema que desgastó al
Congreso en el año 2012 fue la reforma constitucional para ampliar el fuero
militar. Era un reclamo de la tropa, para tener mayor seguridad jurídica a la
hora de combatir los grupos armados al margen de la ley, pero que tuvo
múltiples críticas ante la posibilidad que conductas como los falsos positivos
pasaran de la justicia ordinaria a la penal militar y, así, pudieran quedar en
la impunidad.
El representante Germán Navas
Talero, un viejo zorro en la letra menuda de la ley, que tenía el antecedente
de haber sido el que denunció la Yidispolítica y el que destapó las
irregularidades del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe, puso
la lupa en todos los debates del fuero militar y encontró vicios de
procedimiento con los que demandó esta reforma ante la Corte Constitucional.
Esta vez Navas Talero no estuvo
solo, congresistas de otros partidos como el liberal Guillermo Rivera (hoy
ministro del Interior) y Ángela Robledo del Partido Verde, presentaron la
demanda. La Corte señaló que la aprobación del fuero penal militar violó el
reglamento del Congreso.
A Robledo y al Polo aún le queda
una batalla, la más dura quizás, una demanda contra la controvertida ley
Zidres, sancionada el año pasado por el Gobierno.
Probablemente el Gobierno haya
estado más pendiente de controlar los ímpetus de la oposición en el capitolio,
y descuidó que en el palacio de Justicia también se jugaban sus cartas. De
momento Robledo y sus amigos ya le han ganado cinco batallas al Gobierno
